Alertas Regulatorias, Alianza De AmCham Colombia Con El Apoyo De Orza, Relacionamiento Estratégico -  AmCham Colombia
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Alertas regulatorias, alianza de AmCham Colombia con el apoyo de Orza, relacionamiento estratégico

19 de febrero de 2026

Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

  • Comercio

– La DIAN expidió la Resolución 000005, mediante la cual actualiza el Formato 3300 – Versión 02 y su anexo técnico para el reporte en XML de las declaraciones de importación relacionadas con el IPUSUI (Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso), tributo creado por la Ley 2277 de 2022 que grava los plásticos de un solo uso utilizados para envasar, empacar o embalar bienes. En línea con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el impuesto aplica a todas las importaciones, incluyendo tanto plásticos para comercialización como bienes terminados que los contengan. Aunque el impuesto es de causación instantánea, se declara de manera anual mediante el Formulario 330 y se paga a través del Formulario 490. Para el año gravable 2025, el IPUSUI causado deberá declararse y pagarse a más tardar el 13 de febrero de 2026, y el Formato 3300 podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2026. Los importadores deben reportar la totalidad de los gramos de plástico gravado con soporte en certificación del proveedor o transportador (o bajo gravedad de juramento si no se cuenta con ella), así como informar los gramos no causados o excluidos. El incumplimiento de estas obligaciones formales genera una sanción equivalente al 20% del impuesto dejado de pagar, y el anexo técnico establece las validaciones y especificaciones del archivo XML.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social tiene abierto hasta el 5 de marzo el periodo de comentarios del proyecto de resolución que adopta el Plan de Atención del Sector Salud para la Población Migrante, Refugiada, Retornada y Comunidades de Acogida 2025–2031 y crea la Mesa Técnica de Migración y Salud. La iniciativa busca fortalecer la respuesta institucional frente a los flujos migratorios mixtos, armonizar las acciones territoriales con lineamientos nacionales y garantizar el derecho fundamental a la salud de esta población, incorporando el Plan de manera obligatoria en los Planes Territoriales de Salud.

– El proyecto establece la creación de una Mesa Técnica nacional para articular, orientar y hacer seguimiento a la implementación del Plan, así como la obligación de que las entidades territoriales creen o fortalezcan mesas técnicas locales y designen un referente de migración y salud en un plazo definido. Con ello, se pretende consolidar una respuesta coordinada, con enfoque diferencial y articulación con actores nacionales e internacionales, que permita atender de manera integral las necesidades en salud derivadas de la dinámica migratoria en el país.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía tiene abierto a comentarios el proyecto de resolución que reglamenta el Decreto 0972 de 2025 y define las reglas operativas del programa Colombia Solar, orientado a promover la autogeneración y el acceso a soluciones solares fotovoltaicas, especialmente en hogares vulnerables y zonas priorizadas. La iniciativa establece los criterios de focalización de beneficiarios, las condiciones técnicas mínimas de los sistemas, los esquemas de financiación y cofinanciación, y los lineamientos para la estructuración, ejecución y seguimiento de los proyectos, con el fin de ampliar cobertura energética y reducir costos para los usuarios. Entre los aspectos más relevantes, el proyecto delimita las responsabilidades de entidades ejecutoras y operadores, fija requisitos de habilitación técnica, mecanismos de verificación y reporte, y define cómo se articularán los recursos públicos con otras fuentes de financiación. Asimismo, incorpora criterios de priorización territorial y sostenibilidad de los sistemas instalados, buscando garantizar trazabilidad, control del gasto y permanencia en el tiempo de las soluciones energéticas implementadas bajo el programa.

● Tributario – Asuntos financieros

– El documento de trabajo “La Efectividad de los Fondos de Recursos Naturales: Evidencia para Colombia” del Banco de la República analiza si las transferencias provenientes de regalías y fondos de recursos naturales han logrado traducirse en mejores resultados económicos y sociales a nivel municipal. Utilizando evidencia empírica para Colombia y métodos econométricos comparativos, el estudio evalúa el impacto de estos recursos sobre indicadores como inversión pública, desempeño fiscal, crecimiento local y bienestar.

– Los hallazgos muestran que, aunque los municipios que reciben mayores recursos tienden a aumentar la inversión pública, los efectos sobre crecimiento económico y desarrollo social son limitados y heterogéneos. En varios casos se identifican problemas de eficiencia, capacidad institucional y calidad del gasto que reducen el impacto esperado de estos fondos. El documento concluye que la disponibilidad de recursos naturales no garantiza mejores resultados si no está acompañada de fortalecimiento institucional, buena gestión pública y mecanismos adecuados de seguimiento y control.

● TIC

– La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó una guía sobre integridad de la información en contextos electorales que busca orientar a los distintos actores del ecosistema digital y de comunicaciones frente a los riesgos de desinformación, manipulación informativa y uso indebido de plataformas durante procesos electorales. El documento no crea nuevas obligaciones regulatorias, sino que compila lineamientos, buenas prácticas y estándares internacionales para fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la protección del debate público.

La guía identifica riesgos como la difusión de noticias falsas, campañas coordinadas de desinformación, uso de inteligencia artificial para alterar contenidos y publicidad política opaca. En este marco, propone recomendaciones dirigidas a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, plataformas digitales, medios de comunicación y ciudadanía, incluyendo medidas de autorregulación, mecanismos de reporte y atención de contenidos, mayor claridad en la publicidad política y fortalecimiento de la alfabetización mediática. En conjunto, el documento busca contribuir a procesos electorales más transparentes y confiables, promoviendo la corresponsabilidad entre autoridades, sector privado y usuarios. La CRC enfatiza la importancia de la cooperación institucional y del equilibrio entre la libertad de expresión y la mitigación de riesgos asociados a la desinformación en entornos digitales.