Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio
  

El Ministerio de Comercio, expidió una circular que establece los parámetros para la administración y distribución del contingente de vehículos bajo el Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Automotor y de la Seguridad Vial (IAMAS) para 2026, en desarrollo del Decreto 1898 de 2023. El contingente aplica a la importación de vehículos clasificados en partidas 8701 a 8706 y opera como un cupo máximo, en número y valor, al que se le puede aplicar diferimiento arancelario, con un tope fiscal aprobado por el CONFIS de $124.404 millones para 2026. La asignación se distribuye 60% por criterio de inversión (con base en la inversión realizada en 2025 y hasta un máximo del 20% de dicha inversión) y 40% por criterio de producción (según la producción 2025, con límites del 10% de unidades producidas y hasta el 15% del valor FOB frente a la producción nacional).

Podrán participar empresas que fabriquen o ensamblen vehículos en las categorías M y N, cuenten con autorización de ensamble y pertenezcan al Régimen de Transformación y/o Ensamble o al PROFIA, y cumplan los requisitos de inversión y/o producción. Las solicitudes de asignación inicial deberán presentarse entre el 5 y el 12 de marzo de 2026, y los montos autorizados se publicarán el 20 de marzo en la VUCE. La circular también regula el uso del cupo (que se entiende utilizado con el levante de la declaración de importación), la devolución voluntaria en mayo, la reasignación en octubre para quienes no utilicen al menos el 70% del cupo, y la verificación posterior por parte de la autoridad administradora, con reporte a la DIAN. El cupo no es acumulable y solo puede utilizarse dentro de la vigencia 2026.

• Salud
  

La ADRES expidió la Resolución 0030446 de 2026, mediante la cual modifica la Resolución 165 de 2022 relacionada con la conciliación de cuentas maestras de recaudo de las EPS-EOC y los requisitos para la apertura de cuentas de recaudo en el marco del SGSSS. El ajuste se enfoca específicamente en los criterios técnicos utilizados para evaluar y seleccionar las entidades financieras que administran los recursos del sistema, con el fin de garantizar que los parámetros estén alineados con los lineamientos vigentes de la Superintendencia Financiera de Colombia y reflejen adecuadamente las condiciones del mercado.

En concreto, la resolución traslada los criterios de “calificación de riesgo externo” y “calificación del modelo interno de riesgo” (antes contenidos directamente en el articulado) a anexos técnicos, lo que permite su actualización más ágil sin modificar el cuerpo principal de la norma. Se establecen rangos mínimos de calificación crediticia otorgados por agencias reconocidas (como AAA en largo plazo y F1+/equivalente en corto plazo) y se detallan los indicadores del modelo interno (CAMEL, solvencia, calidad de activos, rentabilidad, liquidez y participación en PILA) con sus respectivas ponderaciones.

• Minero energético
  

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios, hasta el 25 de febrero, un proyecto de resolución mediante el cual se delimita el “Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva” en el Norte del Cauca. La iniciativa desarrolla lineamientos de política minera orientados a organizar territorialmente la actividad extractiva, promover su formalización y articularla con estrategias de desarrollo productivo regional, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental y coordinación con autoridades locales.

El proyecto define el ámbito geográfico del distrito, establece criterios para la priorización de proyectos mineros y fija lineamientos para la asistencia técnica, la trazabilidad de minerales, el acceso a instrumentos de fomento y la articulación con planes de ordenamiento territorial. Asimismo, contempla mecanismos de coordinación interinstitucional y seguimiento, con el fin de fortalecer la legalidad, mejorar las condiciones socioeconómicas de la región y promover una minería con mayores estándares ambientales y sociales.

• Tributario –  Asuntos financieros
  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió una medida tributaria en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026. La norma crea un impuesto extraordinario al patrimonio de personas jurídicas, como mecanismo temporal para atender el impacto fiscal de la emergencia, estimado preliminarmente en $8,3 billones, ante la insuficiencia del Presupuesto General de la Nación 2026.

En lo sustancial, se establece que el hecho generador es la posesión de patrimonio a 1° de marzo de 2026, se fija una tarifa general transitoria del 0,5% y se dispone una tarifa incrementada del 1,6% para entidades financieras y otros casos especiales definidos en la norma. Además, se regula la base gravable del impuesto al patrimonio, incluyendo exclusiones para evitar doble imposición —como en el caso de acciones, cuotas o partes de interés— y se incorpora un régimen sancionatorio específico por inexactitud, conforme al cual serán sancionables los ajustes contables o fiscales que no correspondan a operaciones reales y que disminuyan artificialmente el patrimonio líquido o el impuesto a pagar.

• Laboral
  

El estudio “Informalidad laboral y volatilidad macroeconómica” del Banco de la República  analiza el papel de la informalidad laboral en la volatilidad macroeconómica en economías pequeñas y abiertas, utilizando un modelo DSGE calibrado para Colombia. A diferencia de enfoques previos centrados en la informalidad a nivel de empresa, el estudio modela la informalidad a nivel de los trabajadores, distinguiendo entre empleados formales e informales, con diferencias en productividad, acceso a mercados financieros y rigideces salariales. Con base en evidencia para 60 países entre 1990 y 2020, los autores documentan que mayores niveles de informalidad se asocian con mayor volatilidad del consumo, la inversión y la inflación, así como con menores niveles de inclusión financiera. El modelo logra reproducir estos hechos estilizados y cuantifica que la informalidad explica una proporción significativa de la relación observada entre informalidad y volatilidad macroeconómica.

El mecanismo central identificado muestra que, ante choques de productividad, las rigideces salariales en el sector formal generan ajustes más pronunciados en empleo e ingresos, mientras que los trabajadores informales —con menor productividad y sin acceso al crédito— no pueden suavizar su consumo. Aunque la informalidad puede amortiguar parcialmente el ajuste del empleo a nivel individual, la interacción entre segmentación laboral, restricciones financieras y diferencias de productividad amplifica la volatilidad agregada del consumo y la inversión.

• Alimentos
  

La Resolución No. 276 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece los requisitos sanitarios que deben cumplir el agua potable tratada envasada y el hielo destinados al consumo humano en el territorio nacional, y deroga la Resolución 12186 de 1991. Su objeto es fijar condiciones técnicas, físicas, químicas y microbiológicas, así como disposiciones sobre tratamientos permitidos, envasado, rotulado y control del producto, con el fin de garantizar la inocuidad y proteger la salud de los consumidores. La norma se fundamenta en estándares internacionales como el Codex Alimentarius y en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, adoptando criterios reconocidos en materia de seguridad sanitaria.

La resolución también define el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario aplicable, asignando competencias al INVIMA y a las entidades territoriales de salud para verificar su cumplimiento. Asimismo, fija límites máximos de sustancias químicas, plaguicidas, contaminantes y parámetros como cloro residual, pH y otros componentes, además de regular los tratamientos autorizados (como cloración, ozonización o rayos ultravioleta) y establecer un régimen de medidas sanitarias y sanciones en caso de incumplimiento.