Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio

– El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 0216 del 5 de marzo de 2026, que busca modificar parcialmente el Decreto 2147 de 2016 para establecer condiciones y requisitos específicos para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales destinadas al desarrollo de infraestructura y actividades ferroviarias. La norma se enmarca en la política del Gobierno de utilizar el régimen de zonas francas como un instrumento para atraer inversión nacional y extranjera, impulsar la generación de empleo y promover el desarrollo regional mediante proyectos de infraestructura estratégica.

El decreto introduce ajustes regulatorios orientados a facilitar la creación de zonas francas vinculadas a proyectos ferroviarios, definiendo criterios para su autorización, operación y seguimiento dentro del régimen vigente de zonas francas. Con ello, el Gobierno busca fortalecer el desarrollo de proyectos ferroviarios en el país, promover economías de escala y mejorar la competitividad logística e industrial, al tiempo que se simplifican procedimientos asociados al comercio de bienes y servicios en estas áreas especiales.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un proyecto de resolución para comentarios hasta el 19 de marzo de 2026 que busca reglamentar el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en el sector salud, así como derogar la Resolución 2275 de 2023 y sus modificaciones, con el fin de ajustar el funcionamiento del mecanismo de facturación electrónica en salud. La iniciativa pretende consolidar el marco operativo que integra la factura electrónica exigida por la DIAN con la información clínica y administrativa reportada por los prestadores y proveedores de tecnologías en salud, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los servicios prestados, estandarizar los soportes de facturación y optimizar los procesos de cobro entre prestadores y entidades responsables de pago.

El proyecto también introduce ajustes al alcance y a los actores obligados a reportar información, excluyendo algunas actividades que no se financian con recursos del sistema de salud, como centros de cirugías estéticas, centros de investigación, centros de reconocimiento de conductores y servicios de medicina alternativa no financiados con recursos públicos. Adicionalmente, busca armonizar los campos y estructuras de la factura electrónica en salud con los estándares técnicos definidos por la DIAN, aclarar el manejo de ciertos datos dentro del anexo técnico de la FEV e incorporar nuevas operaciones del sector, como las facturas asociadas a compras conjuntas de medicamentos y tecnologías en salud por parte de las EPS, con el fin de mejorar la validación y control de la información dentro del sistema.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios hasta el 19 de marzo de 2026 un proyecto de resolución que busca delimitar el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de San Juan, en el departamento del Chocó,. La iniciativa pretende reconocer esta subregión como un territorio estratégico para la política minera del país, con el objetivo de ordenar la actividad extractiva, promover la formalización minera, fortalecer la gobernanza territorial y generar encadenamientos productivos que diversifiquen la economía local, particularmente en zonas donde la minería ha sido una actividad histórica y de alto impacto social y ambiental. El proyecto establece la delimitación geográfica del distrito minero y los lineamientos para su implementación, incluyendo la articulación entre entidades del Gobierno nacional, autoridades territoriales y comunidades locales para impulsar procesos de formalización, asistencia técnica, sostenibilidad ambiental y desarrollo de actividades económicas complementarias a la minería. Asimismo, plantea que el distrito funcione como un instrumento de planificación y coordinación institucional para promover inversiones, mejorar las condiciones socioeconómicas de la región y avanzar en esquemas de producción minera más responsables, integrando estrategias de desarrollo productivo, reconversión económica y fortalecimiento de capacidades en el territorio.

● Tributario – Asuntos financieros

– El documento de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana – Una década de cambios en la pobreza monetaria en Colombia del Banco de la República analiza la evolución de la pobreza monetaria en Colombia durante la última década y busca identificar los factores que explican sus cambios, especialmente después del choque económico de 2020. A partir de una

descomposición de los ingresos de los hogares, el estudio encuentra que la reducción de la pobreza entre 2012 y 2019 estuvo asociada principalmente a cambios demográficos y al aumento del empleo formal. En contraste, la fuerte caída observada entre 2021 y 2024 se explica sobre todo por la recuperación del mercado laboral, que impulsó nuevamente los ingresos laborales de los hogares, incluso en un contexto de reducción de las transferencias gubernamentales.

El análisis también muestra que estos avances no han sido homogéneos en el territorio. La reducción reciente de la pobreza se ha concentrado principalmente en las grandes áreas urbanas, mientras que varias ciudades de la región Caribe presentan rezagos. En las zonas rurales, en cambio, la disminución de la pobreza depende en mayor medida del desempeño de la agricultura y de fuentes de ingreso no laborales. En conjunto, el estudio evidencia que los determinantes de la reducción de la pobreza han cambiado en el tiempo y que persisten importantes brechas regionales en sus dinámicas.

• Laboral

– El Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 0234 de 2026 que modifica el marco reglamentario del sector laboral al subrogar el Capítulo 7 del Título 2 del Decreto 1072 de 2015. La norma establece lineamientos para la negociación colectiva unificada por niveles entre organizaciones sindicales y empleadores en el sector privado y con trabajadores oficiales, con el objetivo de ordenar y coordinar los procesos de negociación colectiva en distintos ámbitos. El decreto se fundamenta en la Constitución Política y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Colombia, particularmente aquellos relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva.

La regulación introduce criterios para la organización de la negociación en diferentes niveles —como empresa, sector, rama de actividad o ámbito territorial— y define reglas sobre representatividad sindical, conformación de comisiones negociadoras, procedimientos de coordinación entre niveles y registro de los acuerdos ante el Ministerio del Trabajo. Asimismo, busca facilitar la concertación entre las partes y mejorar la eficacia de los acuerdos colectivos, estableciendo mecanismos para articular las negociaciones sectoriales con las que se desarrollan a nivel de empresa.

● Alimentos

– El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha puesto en consulta, hasta el 19 de marzo de 2026, el proyecto de resolución que propone declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Cogua, en la provincia de Sabana Centro (Cundinamarca). La medida se sustenta en la necesidad de proteger suelos con alta aptitud agropecuaria y contribuir a la seguridad alimentaria, en línea con compromisos constitucionales y acuerdos internacionales relacionados con el derecho a la alimentación y la adaptación al cambio climático. La declaratoria busca reconocer estos territorios como una determinante del ordenamiento territorial, orientada a preservar su uso para actividades agrícolas y evitar procesos de transformación que reduzcan su capacidad productiva.

La propuesta establece que el municipio de Cogua deberá considerar esta declaratoria al regular el uso del suelo dentro de su jurisdicción, manteniendo su autonomía administrativa, mientras que el Ministerio de Agricultura —con apoyo de la UPRA— realizará evaluaciones periódicas sobre el impacto de estas áreas en la producción de alimentos. Asimismo, la iniciativa contempla la elaboración de un plan de acción para garantizar la producción agroalimentaria en el área protegida, el respeto de los derechos adquiridos y la coordinación con autoridades locales y departamentales.