Alertas Regulatorias, Alianza De AmCham Colombia Con El Apoyo De Orza, Relacionamiento Estratégico -  AmCham Colombia
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Alertas regulatorias, alianza de AmCham Colombia con el apoyo de Orza, relacionamiento estratégico

26 de marzo de 2026

Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

  • Comercio

– Colombia y Ghana firmaron un memorando de entendimiento en cooperación portuaria que busca fortalecer su relación bilateral y abrir nuevas oportunidades comerciales entre América Latina y África. El acuerdo, impulsado con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, se enfoca en el intercambio de conocimientos en gestión aduanera, eficiencia logística y modernización de infraestructura, con el objetivo de facilitar el comercio, reducir costos y tiempos operativos, y mejorar la competitividad de ambos países. Asimismo, contempla el desarrollo de rutas marítimas directas y la consolidación de puertos como hubs regionales, tomando como referencia experiencias como el puerto de Tema.

Más allá de lo técnico, el memorando representa una apuesta estratégica de Colombia por diversificar sus alianzas internacionales y consolidar su presencia en África, identificando a Ghana como un socio clave para acceder a nuevos mercados. Aunque productos como café y cacao ya tienen un lugar en la relación comercial, existe potencial de expansión en sectores agrícolas como arroz, azúcar y vegetales. El acuerdo también refleja afinidad política en escenarios multilaterales, con apoyos recíprocos en iniciativas internacionales, lo que refuerza una relación basada en cooperación, confianza y proyección conjunta en la economía global.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un proyecto de resolución para comentarios hasta el 4 de abril de 2026 que establece el porcentaje de apropiación de los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones en salud para la vigencia 2026. En concreto, propone mantener en 70% el porcentaje que pueden apropiar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Adaptadas (EA), siguiendo la línea de años anteriores. La decisión se sustenta en que los costos asociados al recaudo, incluyendo gestión de cobro, manejo de información y servicios financieros, continúan siendo superiores a los rendimientos generados, lo que justifica no modificar el esquema vigente.

Adicionalmente, el proyecto reconoce cambios operativos derivados de la administración de estas cuentas por parte de la ADRES, que han impactado positivamente los rendimientos, pero no lo suficiente para alterar el porcentaje. También introduce un tratamiento diferencial para las EPS en liquidación, que solo podrán apropiarse del 20% de dichos rendimientos.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40163 de 2026 que adopta medidas transitorias para garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de gas natural y, con ello, la seguridad energética del país, en un contexto de estrechez de oferta. En particular, habilita el uso de la infraestructura de regasificación asociada a plantas térmicas para que el gas importado pueda ser comercializado en el mercado secundario, siempre que no sea requerido para la generación eléctrica. Asimismo, introduce nuevos esquemas contractuales (CGNIGT) y lineamientos operativos que buscan aumentar la disponibilidad de gas, mejorar la flexibilidad del sistema y asegurar el suministro continuo tanto para la demanda de gas como para el sector eléctrico. Adicionalmente, la resolución incorpora mecanismos complementarios para expandir la oferta, como la posibilidad de sustituir gas natural por GLP importado en plantas térmicas, liberando volúmenes para otros usos, y la habilitación de comercialización de gas adicional bajo condiciones de firmeza. Estas medidas tienen carácter temporal mientras la CREG expide la regulación definitiva (en un plazo de hasta seis meses), y responden a la necesidad de mitigar riesgos de desabastecimiento, optimizar el uso de la infraestructura existente y garantizar la prestación eficiente de un servicio público esencial.

● Tributario – Asuntos financieros

– El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 4 de abril un proyecto de decreto que busca reactivar la participación del país en la Red Egmont, tras la suspensión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La iniciativa busca restablecer los canales de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante el cumplimiento de estándares internacionales en el manejo e intercambio de información financiera.

Como parte de este proceso, el proyecto también contempla la suspensión del uso del software Pegasus, uno de los factores que habría generado cuestionamientos en el ámbito internacional. Con estas medidas, el Gobierno pretende recuperar la confianza de la Red

Egmont, garantizar mayores niveles de protección de datos y fortalecer la capacidad institucional del país para enfrentar delitos financieros, en línea con las exigencias de cooperación global.

● Alimentos

– El Ministerio de Agricultura publicó para comentarios hasta el 9 de abril un proyecto de resolución que declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí (Santander), protegiendo cerca de 84.662 hectáreas con alta aptitud agrícola, reconocidas históricamente como la despensa alimentaria del departamento. La medida convierte esta zona en una determinante de ordenamiento territorial de nivel 2, lo que significa que los municipios, el departamento y los agentes públicos y privados deberán tenerla en cuenta obligatoriamente en sus planes de ordenamiento territorial (POT/PBOT/EOT), sin que ello elimine la autonomía local para reglamentar los usos del suelo dentro de esos límites.

El fundamento de la declaratoria es garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, consagrado tanto en normas internacionales como en la Constitución Política (artículos 64 y 65) y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. La resolución aclara que el APPA no restringe qué producir ni limita el desarrollo rural, sino que busca dotar a los campesinos de herramientas técnicas para proteger el suelo productivo frente a usos que puedan afectar su vocación agroalimentaria