Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

El Gobierno nacional de Colombia reactivó el Certificado de Reembolso Tributario (CERT), un instrumento que llevaba más de 14 años inactivo con el objetivo de diversificar e impulsar las exportaciones de bienes industriales con mayor valor agregado y servicios basados en conocimiento, alineado con la política de reindustrialización y la modernización de la economía. Mediante el Decreto 0566 de 2025, aprobado por los ministerios de Comercio y de Hacienda con apoyo del DNP, el CERT reembolsa parte de los impuestos indirectos pagados en la producción y exportación, y estará vigente para las exportaciones realizadas en 2025 y 2026.

Hasta la fecha, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha recibido alrededor de 600 solicitudes y ya resolvió las primeras 100, con reconocimientos cercanos a $26.000 millones, principalmente en sectores como automotor, alimentos, construcción, metalmecánica, salud, papel, química, plásticos, caucho y textil-confección. El reembolso equivale al 3 % del valor FOB o del Valor Agregado Nacional de bienes y puede negociarse en bolsa o usarse para pagar impuestos ante la DIAN, aunque no se entrega dinero en efectivo.

El CERT busca estimular la inversión, la producción y la generación de empleo, priorizando productos y servicios con mayor transformación e innovación tecnológica, y está disponible para cerca de 5.200 subpartidas arancelarias en diversos sectores. No aplica para exportaciones desde o hacia zonas francas ni para las dirigidas a países de la Comunidad Andina o Venezuela.

● Minero energético

El Ministerio de Minas y Energía anunció medidas extraordinarias para atender a las comunidades y empresas del sector eléctrico afectadas por las inundaciones en ocho departamentos cobijados por el Estado de Emergencia. Entre las acciones se contemplan tarifas diferenciales para hogares vulnerables, especialmente en estratos bajos, así como la reposición y modernización acelerada de la infraestructura eléctrica dañada mediante regulación especial que garantice redes más resilientes y la continuidad del servicio.

Adicionalmente, se crearán esquemas de viabilidad financiera para aliviar la presión presupuestal de las empresas de energía en las zonas impactadas, con el fin de mitigar

déficits derivados de la emergencia y sostener la confiabilidad del sistema eléctrico en medio de la desaceleración económica regional.

En paralelo, el Ministerio confirmó la posesión de Pablo Yesid Fajardo Benítez como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Su llegada se da en un contexto de desafíos de seguridad y transición energética, con el reto de equilibrar la gestión de los combustibles fósiles con los compromisos climáticos, fortalecer la soberanía energética y avanzar en la diversificación de la matriz bajo principios de transparencia y articulación territorial.

● Salud

El Ministerio de Salud presentó avances del Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial (SIIFA), plataforma que centraliza y estandariza la información financiera y asistencial del sistema de salud para mejorar la transparencia en contratación, facturación, auditoría y pagos. Según la Resolución 1962 de 2025, las 16 EPS del grupo 1 han reportado más de 8.000 contratos por cerca de 51,8 billones de pesos, con más del 64 % aprobado por prestadores y proveedores. Ya está habilitado el Módulo 2 para la radicación de facturas, donde deberán cargarse más de 3,85 millones de facturas por un valor aproximado de 3,81 billones. El sistema integra facturas validadas en el mecanismo FEV–RIPS desde el 1 de enero de 2026 y se actualizará semanalmente.

Por su parte, la ADRES anunció trámite prioritario y ágil para los recursos girados directamente a clínicas, hospitales y proveedores que atienden a la población afectada por las inundaciones en Córdoba. También invitó a las EPS no obligadas al giro directo a adoptarlo voluntariamente para acelerar el flujo de recursos y aseguró que agilizará el reconocimiento y pago de reclamaciones, indemnizaciones por fallecimiento y gastos funerarios derivados de la emergencia.

● Bebidas y alimentos

En el marco de la celebración de San Valentín 2026, Colombia reafirmó su liderazgo en el mercado internacional de flores, con la exportación de cerca de 70.000 toneladas a distintos países, siendo Estados Unidos el principal destino. Este desempeño se dio gracias a una logística eficiente, el cumplimiento de exigentes estándares fitosanitarios y la generación de más de 20.000 empleos temporales en la temporada. El sector floricultor colombiano se mantiene como el segundo mayor exportador de flores y ramas frescas cortadas del mundo y ocupa, a nivel nacional, el segundo lugar entre las exportaciones no minero-energéticas, solo después del café. En esta temporada, variedades como rosas, claveles, crisantemos, hortensias, pompón y follaje llegaron a mercados de América, Europa, Asia y Oceanía, destacándose nuevamente Estados Unidos como el mayor comprador.

La producción para exportación se concentra principalmente en Cundinamarca y Antioquia, que representan el 98 % del total, aunque Boyacá muestra un crecimiento relevante. El

transporte aéreo continúa siendo el principal canal logístico, con el 92 % de los envíos, complementado por el transporte marítimo desde puertos como Santa Marta, Cartagena, Buenaventura y Barranquilla. Durante 2025 y lo corrido de 2026, el Instituto Colombiano Agropecuario ha registrado más de mil empresas exportadoras y cientos de lugares de producción, además de realizar miles de visitas técnicas y decenas de actividades de comunicación del riesgo para fortalecer las capacidades del sector.

● Laboral

El Gobierno nacional ha emitido el Decreto 0150 de 2026, declarando el Estado de Emergencia en ocho departamentos del norte del país. Esta decisión surge apenas semanas después de que la Corte Constitucional, el pasado 29 de enero, suspendiera el decreto de emergencia económica por la crisis fiscal, al considerar que el Ejecutivo no podía usar poderes excepcionales para cubrir el hueco dejado por la caída de la Ley de Financiamiento. Con este nuevo movimiento, el Gobierno traslada el foco de la urgencia desde las arcas del Estado hacia la crisis humanitaria provocada por una ola invernal sin precedentes, buscando un sustento jurídico más difícil de rebatir por el alto tribunal.

Este decreto se presenta como un “blindaje” ante la Corte, fundamentándose en una calamidad pública tangible: más de 250.000 damnificados por inundaciones extremas. Mientras que la anterior emergencia fue rechazada porque la Corte determinó que el déficit fiscal era un hecho previsible que no facultaba poderes extraordinarios, el carácter súbito de los desastres naturales actuales otorga al Gobierno una base de “sobreveniencia” mucho más sólida. Sin embargo, el tribunal, bajo la lupa del magistrado Miguel Polo Rosero, evaluará si el Ejecutivo está utilizando la tragedia climática como un “caballo de Troya” para revivir las medidas económicas que no pudo pasar por la vía legislativa u ordinaria.

El punto de mayor fricción reside en la subsidiariedad y la conexidad de las medidas. El Gobierno argumenta que el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo está agotado y requiere urgentemente de $8 billones de pesos, los cuales pretende recaudar mediante un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas. La duda jurídica que persiste es si era estrictamente necesario crear nuevos tributos por decreto o si el Gobierno pudo haber realizado traslados presupuestales dentro del marco legal vigente. La Corte deberá decidir si la magnitud del desastre justifica que el Ejecutivo asuma funciones legislativas que le fueron negadas recientemente en el ámbito fiscal.

En el plano político, la medida ha generado una fuerte reacción de los gremios y el Congreso, quienes ven con desconfianza que se insista en gravar el patrimonio empresarial bajo el paraguas de la emergencia. Los sectores de oposición advierten que el Gobierno podría estar intentando normalizar los estados de excepción para gobernar por decreto, eludiendo el control del Capitolio. La vigilancia sobre el uso de estos recursos será extrema, especialmente tras los escándalos de corrupción que han salpicado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el pasado reciente.

Finalmente, el desenlace de esta crisis definirá el equilibrio de poderes para el resto del cuatrienio. Si la Corte avala esta emergencia climática tras haber tumbado la fiscal, enviará un mensaje claro: solo los desastres naturales, y no las crisis de planeación presupuestal, justifican el salto por encima de la normalidad institucional. Por ahora, el país observa un duelo de ajedrez jurídico donde el Gobierno se juega su capacidad de maniobra financiera y la Corte su rol como guardiana última de la estabilidad democrática frente a la excepcionalidad permanente. Lo que es claro, es que el Presidente continuará usando la situación para capitalizar su narrativa de que hay unas instituciones, como las Cortes y el Congreso, que le impiden gobernar en favor de su electorado.

● Tributarios/financiero

La suspensión del incremento salarial por parte del Consejo de Estado trasciende la mera disputa por una cifra; representa la reafirmación del equilibrio de poderes en un sistema donde la economía ha dejado de ser un feudo exclusivo del Ejecutivo para convertirse en un campo de batalla jurídico. Este episodio ilustra la tensión entre la narrativa del Gobierno Nacional que, bajo la narrativa de dignificar al trabajador, busca posicionar su estrategia política de cara al 2026, y el Estado de Legalidad, que exige rigor en los procesos administrativos.

El enfoque del Gobierno, centrado en una “reparación histórica” de la brecha entre productividad y salarios, ha chocado frontalmente con el principio de seguridad jurídica. Al utilizar el concepto de “salario mínimo vital” como una categoría absoluta y no como una variable integrada, el Ejecutivo intentó una maniobra de bypass institucional sobre los criterios técnicos tradicionales. Sin embargo, la justicia administrativa ha recordado que la voluntad política, por legítima que sea en las urnas, no posee la facultad de ignorar la operación aritmética que sustenta la estabilidad macroeconómica del país.

Desde una perspectiva de gobernanza, el fallo pone de manifiesto el riesgo de la hiper-politización de las variables técnicas. Cuando el salario mínimo se convierte en una consigna de movilización popular en lugar de un indicador de equilibrio laboral, se genera una desconexión peligrosa entre la narrativa oficial y la realidad de las unidades productivas. El Consejo de Estado, al actuar como árbitro, no está juzgando la bondad del aumento, sino la consistencia racional de su motivación. El mensaje es claro: en una democracia liberal, la justicia social debe ser tramitada a través de la racionalidad legal, no del activismo de decreto.

Luego, este escenario plantea un interrogante sobre la eficiencia de la concertación tripartita. Si el Gobierno decide fijar unilateralmente montos que desafían la gravedad económica, las cortes terminan asumiendo un rol de “co-legisladores económicos”, una función para la cual no fueron diseñadas pero que se ven obligadas a ejercer ante la ausencia de consensos técnicos en el Ministerio del Trabajo. Lo que queda es un panorama de fragmentación

institucional donde la incertidumbre no es un accidente, sino el resultado de un modelo de gestión que prioriza el impacto simbólico sobre la viabilidad regulatoria.

● TIC

Ante la emergencia invernal en Córdoba, que deja más de 140.000 damnificados, el Ministerio TIC y operadores como Claro, Tigo, Movistar, ETB y Asomóvil instalaron una mesa técnica de conectividad en el marco del Decreto 0150 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El objetivo es garantizar la continuidad y restablecimiento de los servicios de telecomunicaciones en las zonas más afectadas, con seguimiento permanente a la infraestructura, posible reubicación o despliegue acelerado y apoyo tecnológico a instituciones educativas. Santa Cruz de Lorica y Tierralta se perfilan como sedes de esta articulación.

Por otra parte, Colombia y Chile lideran Latam-GPT, una iniciativa que reúne a 15 países para desarrollar un modelo de inteligencia artificial generativa con enfoque en soberanía digital y representación cultural latinoamericana. Con 50.000 millones de parámetros y entrenado con más de 8 terabytes de información regional, el modelo —basado en Llama 3— busca fortalecer capacidades en el sector público y productivo, impulsar pymes y startups, e incorporar lenguas indígenas. El proyecto es liderado por CENIA en Chile y cuenta con el apoyo de más de 30 instituciones y aliados como CAF y AWS, posicionando a la región como actor relevante en la gobernanza global de la IA

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]