Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una nueva fase luego de que la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ordenara a ambos países retirar en un plazo de diez días hábiles las medidas arancelarias y restricciones comerciales adoptadas desde comienzos de 2026. La decisión representa uno de los pronunciamientos más contundentes del organismo regional en los últimos años y busca contener una escalada que ya estaba afectando el comercio fronterizo, la integración regional y la estabilidad económica en la zona andina.

El conflicto comenzó tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer un arancel inicial del 30% a productos colombianos, medida que posteriormente escaló hasta el 100%, bajo argumentos relacionados con seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro aplicó aranceles retaliatorios de hasta el 75% a productos ecuatorianos y restringió el ingreso de ciertos bienes por pasos fronterizos específicos.

La CAN concluyó que las medidas de ambos países vulneran el Acuerdo de Cartagena y las normas de libre comercio del bloque andino. Según las resoluciones emitidas por la Secretaría General, Ecuador no logró demostrar que las restricciones fueran proporcionales ni efectivas para enfrentar problemas de seguridad, mientras que las represalias colombianas también fueron consideradas incompatibles con el marco jurídico comunitario. El organismo regional también advirtió que la confrontación comercial amenaza 57 años de integración andina y podría generar impactos económicos y sociales relevantes en las zonas de frontera, donde gremios empresariales ya reportan una fuerte caída en el tránsito de mercancías y aumento del riesgo de contrabando. El intercambio comercial entre ambos países se redujo drásticamente en las últimas semanas, afectando especialmente a transportadores y exportadores fronterizos.

Aunque tanto Bogotá como Quito han mostrado disposición parcial para revisar las medidas, el episodio deja en evidencia la fragilidad de los mecanismos de integración regional frente a tensiones políticas y de seguridad. La intervención de la CAN busca evitar que el conflicto derive en una ruptura más profunda dentro del bloque andino y restablecer canales de diálogo diplomático entre ambos gobiernos.

● Minero energético

El caso Canacol dejó de ser un asunto corporativo para convertirse en una prueba de estrés para la política energética del país. La eventual terminación anticipada de contratos de suministro y transporte ocurre cuando Colombia ya enfrenta menor holgura de oferta, presión sobre importaciones y una discusión más sensible sobre seguridad energética. Por eso, el problema no se reduce a si una empresa en reorganización puede aliviar su situación financiera, sino a quién asume el costo de una falla contractual con efectos sistémicos.

El punto más delicado es que Canacol no es un actor marginal: su gas tiene un peso relevante en la contratación firme nacional y, con mayor intensidad, en la Costa Caribe. Allí, el impacto potencial conecta hogares, comercio, generación térmica e industrias intensivas en energía.

El Gobierno enfrenta una tensión compleja. Si interviene con exceso, puede ser leído como inseguridad jurídica frente a procesos de reorganización empresarial. Si actúa tarde o de forma débil, quedará expuesto a la crítica de no proteger un servicio público esencial ni anticipar un riesgo anunciado. La vigilancia especial de la Superservicios busca cerrar ese flanco, pero también eleva la expectativa sobre la capacidad estatal para coordinar regulador, empresas, usuarios e industria.

El caso también golpea la narrativa de transición energética. Durante años, el gas fue presentado como combustible puente: útil para respaldar renovables y clave para la seguridad del sistema. Sin embargo, la crisis de Canacol muestra que esa transición no depende solo de metas ambientales, sino de reservas, contratos, infraestructura, señales de inversión y reglas creíbles. La discusión real es si Colombia puede acelerar la descarbonización sin deteriorar la confiabilidad del abastecimiento.

En adelante, el desenlace judicial y regulatorio será leído como precedente. Si se permite una salida contractual sin una solución ordenada, se profundizará la percepción de fragilidad del mercado. Si el Estado preserva el suministro y evita un choque regional, el caso puede ser una oportunidad para corregir fallas de planeación. La pregunta política ya no es solo qué pasará con Canacol, sino si el país tiene una arquitectura energética capaz de absorber la crisis de uno de sus proveedores clave.

● Salud

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron que, hasta el momento, no existen casos confirmados de hantavirus en Colombia ni alertas activas por presencia del virus en el país. La aclaración se da tras un evento internacional reportado por la OMS, relacionado con casos graves de enfermedad respiratoria en pasajeros de un crucero, de los cuales algunos han sido confirmados y otros continúan en investigación.

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores silvestres infectados. En algunos casos puede causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad poco frecuente pero grave, que inicia con fiebre, malestar general y síntomas respiratorios, y puede evolucionar rápidamente a complicaciones severas.

Aunque en Colombia no se han confirmado casos clínicos de esta enfermedad, estudios realizados entre 2004 y 2016 encontraron señales de exposición previa al virus en humanos y roedores silvestres en algunas regiones. Sin embargo, estos hallazgos no prueban transmisión activa ni enfermedad confirmada en el territorio nacional, por lo que el riesgo actual se considera bajo.

Como medida preventiva, el INS ha fortalecido desde 2016 la vigilancia y capacidad diagnóstica para detectar posibles casos asociados a enfermedades febriles o respiratorias graves. Además, desde 2023 el hantavirus hace parte de las prioridades nacionales de vigilancia de enfermedades zoonóticas emergentes.

● Bebidas y alimentos

El ICA anunció el inicio del primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en Colombia, que se realizará entre el 4 de mayo y el 23 de junio de 2026. Durante este periodo se espera inmunizar a más de 30 millones de bovinos y bufalinos, con el objetivo de proteger la sanidad animal, garantizar la producción de carne y leche y mantener el estatus sanitario del país como libre de fiebre aftosa con vacunación.

La jornada también incluirá vacunación contra la brucelosis bovina y la rabia de origen silvestre, según lo establecido en la Resolución ICA 06630 de 2026. Para su ejecución, el ICA y Fedegán cuentan con una estructura operativa que involucra a más de 6.000 personas, entre vacunadores, veterinarios, zootecnistas, supervisores, administradores y programadores.

Fedegán será la entidad encargada de ejecutar el ciclo, en su calidad de administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero. Además, deberá supervisar el trabajo de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas que participen en el proceso. Cerca de

700.000 ganaderos deberán cumplir con la obligación de vacunar todos los bovinos y bufalinos presentes en sus predios.

La vacunación contra fiebre aftosa no aplicará en las zonas reconocidas como libres sin vacunación, entre ellas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Gorgona, Malpelo y algunos municipios del Urabá chocoano. También estarán exceptuados Amazonas, Vaupés y el municipio de Miraflores, en Guaviare, territorios que avanzan en el proceso de reconocimiento como nueva zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

● Tributarios/financiero

La DIAN anunció que, desde el 4 de mayo de 2026, todas las importaciones con destino a San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberán gestionarse exclusivamente por medio del Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA). Las declaraciones de importación y demás trámites relacionados que no se hagan a través de esta plataforma no serán procesados.

La entidad explicó que el sistema ya está habilitado para presentar el Formulario F510 y realizar las actuaciones asociadas a las operaciones aduaneras en la isla. La medida está dirigida a agencias de aduanas, importadores, agentes de carga, transportadores y demás actores de la cadena logística, y busca modernizar los procesos aduaneros del archipiélago, haciéndolos más ágiles, seguros, eficientes y transparentes.

Para facilitar la transición, la DIAN dispuso personal de apoyo tecnológico en la isla, así como manuales, instructivos, cartillas y videos tutoriales. Los usuarios podrán resolver dudas de manera presencial en la Ventanilla de Servicio al Usuario Aduanero, ubicada en la Avenida Newball Muelle Marítimo, o de forma virtual a través del portal de la DIAN.