01 | Política y Economía

Las claves de la coyuntura nacional

• Primeras protestas masivas contra el gobierno De la Espriella. Sindicatos (CUT), organizaciones indígenas, estudiantes y movimientos sociales, con respaldo de sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro, marcharon en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El balance oficial que publicó el presidente De la Espriella en X cifra en 62.000 los ciudadanos movilizados, con 98% de marchas pacíficas, seis capturas y seis intervenciones de la UNDMO (dos en Bogotá, dos en Ibagué, una en Popayán y una en Medellín).Los organizadores anunciaron un paro nacional para noviembre, aún sin fecha. Ver más.
• Cae la aprobación presidencial. Según la encuesta AtlasIntel/Bloomberg Latam Pulse (2.893 adultos, del 2 al 7 de octubre), la imagen positiva de De la Espriella bajó de 51,8% en la medición publicada el 10 de septiembre a 48,7%, una caída de 3,1 puntos porcentuales. La desaprobación subió de 43,2% a 44,6% y predomina el pesimismo económico. Esto se podría entender como que el Gobierno conserva un capital político relevante, pero la tendencia es descendente justo cuando necesita mayorías para presupuesto, Ley de Rescate fiscal y Estatuto Antiterrorista. Ver más
• El Ministerio del Trabajo convocó a representantes empresariales y organizaciones sindicales para avanzar en las discusiones sobre política salarial y laboral, de cara a las negociaciones del salario mínimo de Colombia para 2027. En el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, los participantes acordaron establecer una mesa técnica y jurídica para revisar las normas laborales que generan inquietudes entre los sectores participantes. Entre los asistentes estuvieron la ANDI, Asobancaria, Fenalco, Acopi, la SAC, el Consejo Gremial Nacional y las principales confederaciones sindicales del país.

Las discusiones abordan variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, mientras los actores presentan sus posiciones para avanzar en las negociaciones. Aunque algunas estimaciones empresariales sugieren un incremento del salario mínimo de entre el 8 % y el 9,5 % para 2027, estas cifras no constituyen propuestas acordadas formalmente. A la fecha del reporte, no se había alcanzado un consenso sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año.

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su proyección de crecimiento económico para Colombia en 2026 al 2,2 %, frente a la estimación previa del 2,5 %, según la actualización de octubre de su informe Perspectivas de la Economía Mundial. Para 2027, el FMI proyecta un crecimiento del 2,3 %, lo que refleja un escenario de expansión moderada. La proyección para Colombia se sitúa ligeramente por debajo de las estimaciones para América Latina y el Caribe (2,3 %) y del crecimiento económico mundial previsto para 2026 (3,1 %).

El FMI atribuye la incertidumbre global a los conflictos geopolíticos, los cambios en las relaciones comerciales y las presiones sobre los precios de la energía, factores que afectan las perspectivas de crecimiento. Asimismo, destaca la inversión en inteligencia artificial y el desarrollo de fuentes alternativas de energía como factores relevantes para la economía mundial. En este contexto, se espera que Colombia mantenga un ritmo moderado de crecimiento económico durante los próximos dos años.

02 | Regulación y Política Pública

Lo que cambia o puede cambiar en el sector

• Salud: balance del plan de choque. El Ministerio de Salud informó que, con corte al 5 de octubre, 273.000 pacientes registraban entregas de medicamentos, frente a 177.000 en el balance anterior (unos 96.000 más). Advirtió que las fallas estructurales del sistema persisten. El plan se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Ver más
• La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia propuso la creación de un sandbox regulatorio para evaluar el uso de la inteligencia artificial en los servicios de salud antes de su implementación masiva, en el marco del debate sobre el Proyecto de Ley 216 de 2026. La iniciativa busca balancear la innovación tecnológica con la seguridad de los pacientes, priorizando la privacidad de los datos clínicos, la calidad e integridad de la información de entrenamiento y la preservación de la autonomía médica. Además, la entidad destacó la necesidad de definir responsabilidades, proteger la propiedad intelectual e integrar mecanismos de monitoreo y gestión de riesgos dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, garantizando así una supervisión ética y adaptada al contexto epidemiológico del país.
• En el Congreso de Energía MEM, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, instó a un esfuerzo colectivo entre ciudadanía y entidades para afrontar el fenómeno de El Niño mediante el ahorro de agua, luz y gas. La funcionaria presentó un diagnóstico crítico que revela problemas estructurales en el sector, tales como pérdidas financieras, retrasos en la infraestructura de transmisión y un riesgo inminente de déficit energético y de gas para los próximos años. Para contrarrestar la crisis a corto plazo, el Gobierno implementará medidas como la ampliación de licencias para regasificadoras y la aceleración de proyectos de suministro. Finalmente, se enfatizó la urgencia de agilizar trámites, atraer inversión y modernizar la red para lograr un incremento del 65% en la capacidad instalada hacia el año 2032. Ver más.
• La República publicó un análisis sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la industria musical, con aportes de expertos de instituciones académicas colombianas y especialistas en propiedad intelectual. El artículo examina el impacto de la música generada mediante inteligencia artificial en los derechos de autor, la remuneración de los artistas y la concentración de poder en la distribución digital.

El análisis destaca la necesidad de establecer reglas para el uso de obras musicales en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, desarrollar mecanismos para reconocer y remunerar a los titulares de derechos y diferenciar las obras creadas por seres humanos de aquellas generadas mediante inteligencia artificial. En lugar de proponer una legislación específica, expone los principales desafíos jurídicos y económicos que enfrenta el sector a medida que se expande esta tecnología. La Dirección Nacional de Derecho de Autor ha reiterado que, bajo el marco jurídico vigente, las obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial no se reconocen como creaciones protegidas por derechos de autor. Ver más

• La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) avanza en la segunda fase de su revisión integral y simplificación de los reportes de información, incluida en su Agenda Regulatoria 2026-2027. Esta etapa busca revisar las obligaciones de reporte periódico establecidas en la Resolución CRC 5050 de 2016 y los sistemas tecnológicos asociados, con el objetivo de reducir las cargas administrativas de los agentes regulados y mejorar la eficiencia y calidad de la información reportada. La primera fase concluyó con la expedición de la Resolución CRC 8303 de 2026, que introdujo el Formato T.3.7 para monitorear la distribución del tráfico de internet por canal y aplicación. Durante el cuarto trimestre de 2026, la CRC prevé consultar a los operadores sobre las obligaciones de reporte vigentes, recibir propuestas de simplificación, publicar el documento de formulación del proyecto y solicitar información sobre los costos de cumplimiento. A partir de este proceso, se espera publicar el proyecto de regulación durante el primer trimestre de 2027 y adoptar una decisión definitiva en el segundo trimestre del mismo año. Esta revisión representa una oportunidad para que los operadores propongan ajustes a los formatos y mecanismos de reporte, e impulsen la reducción de sus cargas operativas. Ver más

03 | Asuntos Legislativos

Lo que se mueve en el Congreso y puede impactar al sector

• La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 575/2026 Cámara – 176/2025 Senado) con el fin de establecer una política pública nacional que impulse la producción y el aprovechamiento del biogás y el biometano en Colombia. Esta iniciativa, liderada por el representante Luis Ramiro Ricardo Buelvas, busca aprovechar residuos orgánicos agropecuarios e industriales para generar energía limpia y reducir emisiones contaminantes. Tras este avance en comisión, la propuesta pasará a su cuarto y último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes para buscar su sanción definitiva como ley.
• El jueves 15 de octubre se llevó a cabo una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado, sobre el proyecto de ley 216 de 2026 que reunió a autoridades gubernamentales y expertos para discutir la gobernanza de la inteligencia artificial en el sector salud colombiano. Durante la sesión, se enfatizó la necesidad de un marco regulatorio que priorice la seguridad del paciente, la protección de datos sensibles y la autonomía profesional. Diversas entidades, incluyendo el Ministerio de Salud, el INVIMA y la ADRES, coincidieron en que la regulación debe basarse en el riesgo, garantizar una supervisión humana efectiva y evitar cargas administrativas duplicadas, buscando que la tecnología actúe siempre al servicio de los pacientes. See more.
• La plenaria de la Cámara de Representantes no pudo debatir el Proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 debido a la falta de quórum causada por la inasistencia de congresistas, motivada tanto por la postura de la oposición como por el descontento de sectores oficialistas sobre el proyecto. Ante el vencimiento del plazo legal fijado para el próximo martes 20 de octubre, la Cámara reprogramó la discusión para el lunes 19 de octubre a las 10:00 am, con el fin de avanzar en su trámite e intentar evitar que el presupuesto sea expedido por decreto por el presidente Abelardo De la Espriella.
• El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó un proyecto de acto legislativo en el Congreso para regular las gestiones de inversión regional por parte de los congresistas y eliminar la “mermelada” oculta. La iniciativa busca modificar cuatro artículos constitucionales para que los parlamentarios puedan postular proyectos directamente en el Presupuesto Nacional mediante un registro público, sin incurrir en conflictos de interés ni incompatibilidades. Para garantizar la transparencia, se prohíbe su intervención en la adjudicación de contratos, se sanciona la ocultación de información con la pérdida de investidura y se permite la defensa pública de sectores afines. Con esta reforma, que requerirá ocho debates parlamentarios, se pretende erradicar dinámicas de clientelismo que han marcado a administraciones anteriores como las de Santos, Duque y Petro. Ver más.
• El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley para establecer una nueva política de orden público basada en el sometimiento voluntario de grupos armados ilegales a la Constitución y la ley. La iniciativa, liderada por los ministerios del Interior y de Justicia, busca reemplazar los esquemas de negociación con organizaciones criminales por un procedimiento sujeto a condiciones definidas legalmente. Para ello, derogaría disposiciones de la Ley 2272 de 2022, que estableció el marco de la política de Paz Total del Gobierno.

La propuesta contempla una fase administrativa liderada por el Gobierno y una fase judicial, con requisitos como la entrega de armas y bienes, el cese de actividades ilegales, la liberación de personas secuestradas y la entrega de información sobre las estructuras criminales. También establece reducciones diferenciadas de las penas según el papel de los integrantes, sin suspender automáticamente las órdenes de captura ni los procesos de extradición. El proyecto incluye medidas de intervención territorial para sustituir las economías ilegales y exige la presentación de informes anuales al Congreso sobre su implementación.

• Fue radicado el Proyecto de Ley 298 de 2026 Senado, de autoría del senador Rafael Nieto Loaiza (Centro Democrático), que busca fortalecer la confianza regulatoria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para agilizar el acceso a medicamentos, alimentos y productos agroindustriales. La iniciativa propone reconocer las evaluaciones y certificaciones de autoridades regulatorias internacionales de referencia, como la FDA de Estados Unidos y la EMA de la Unión Europea, así como aceptar estudios de seguridad no clínica realizados bajo el Sistema de Aceptación Mutua de Datos (MAD) de la OCDE y resultados de laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025, sin exigir la repetición de ensayos. Adicionalmente, el proyecto establece plazos máximos para resolver solicitudes de registro sanitario y nuevas indicaciones de medicamentos, contempla términos de 15 y 90 días hábiles, según el tipo de trámite, y propone aplicar el silencio administrativo positivo cuando el INVIMA no se pronuncie dentro del plazo correspondiente. También plantea tramitar de manera simultánea las solicitudes de Usos No Incluidos en el Registro Sanitario (UNIRS) relacionadas con un mismo medicamento y establece reglas para resolver discrepancias entre decisiones regulatorias nacionales e internacionales. La propuesta tendría implicaciones para las industrias farmacéutica, de alimentos y agroindustrial, al buscar reducir los tiempos de los trámites sanitarios y facilitar el acceso al mercado colombiano.
• El Proyecto de Ley 049 de 2026 Senado, de autoría del senador Pedro Flórez (Pacto Histórico), fue aprobado con modificaciones en primer debate. La iniciativa busca facilitar el ejercicio del derecho de retracto en las compras electrónicas mediante mecanismos tecnológicos que permitan radicar solicitudes, hacer seguimiento a su estado y agilizar los reembolsos. Para ello, establece obligaciones para proveedores, plataformas digitales y demás actores que comercializan bienes o servicios por canales electrónicos. Entre las principales medidas se encuentran la habilitación de un mecanismo digital permanente, gratuito y de fácil acceso para solicitar el retracto; la confirmación automática de las solicitudes; la trazabilidad de cada etapa del proceso; y la emisión de una orden de reembolso dentro de las 24 horas siguientes a la validación del retracto, sin perjuicio de los plazos legales aplicables a la devolución efectiva del dinero. También contempla la interoperabilidad con pasarelas de pago, la conservación de registros electrónicos durante cinco años y la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De cara al segundo debate, la senadora María Lucía Villalba promueve mesas técnicas con actores públicos y privados para discutir el alcance de la iniciativa. Se prevé la participación de entidades como la SIC y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), entre otros actores, con el fin de analizar las implicaciones de las medidas propuestas para los distintos participantes del comercio electrónico.

●      Se llevó a cabo en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 466 de 2025 Cámara, relacionado con los envíos de minimis. Durante la sesión, congresistas anunciaron la conformación de una comisión accidental integrada por aproximadamente ocho representantes, con el propósito de abordar la problemática del contrabando textil y evaluar medidas aplicables a los envíos urgentes, incluidos posibles ajustes arancelarios. La audiencia contó con la participación de empresas nacionales de los sectores textil y de confecciones, entre ellas Arturo Calle, así como de Fenalco y otros gremios, que defendieron medidas frente a la competencia de plataformas internacionales de comercio electrónico. Por su parte, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) reiteró sus preocupaciones sobre el tratamiento del IVA y la posibilidad de que los envíos transiten por Estados Unidos para acceder a condiciones tributarias más favorables, lo que evidenció diferencias entre las posiciones sectoriales frente a los aranceles y la tributación del comercio electrónico transfronterizo. Los representantes Jhon Jairo Berrío y Diego Fran Ariza, autores de la iniciativa, señalaron que buscarán acercamientos con el Ministerio de Hacienda para explorar la inclusión de medidas en las discusiones presupuestales y, posteriormente, en la próxima reforma tributaria, en coordinación con los ministerios de Hacienda y Comercio. Aunque reconocieron las limitaciones para avanzar por la vía presupuestal, el proyecto fue programado para segundo debate en la plenaria de la Cámara.