Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Sonar a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar

01 | Política y Economía

Las claves de la coyuntura nacional

● El Ministerio de Hacienda informó que, con corte al 24 de octubre, el Gobierno había recaudado $1,1 billones de los $2,7 billones previstos en la adición al Presupuesto General de la Nación de 2026, financiada con medidas tributarias extraordinarias adoptadas tras el terremoto del 10 de agosto. El recaudo pendiente asciende a $1,6 billones y el plazo para acceder a los beneficios tributarios vence el 19 de noviembre. La adición busca financiar las intervenciones del Fondo Milagro para la reconstrucción de los territorios afectados. En paralelo, el proyecto contempla un traslado de $1,2 billones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender obligaciones financieras del sector eléctrico. A diferencia de la adición presupuestal, este movimiento implica la reasignación de recursos existentes, sin aumentar el presupuesto global. Mientras las Comisiones Económicas Conjuntas avanzan en la discusión de la iniciativa, presentada con mensaje de urgencia, continúa pendiente la radicación de la anunciada Ley de Rescate Fiscal, que establecería medidas de ajuste para 2027.

● El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la extensión del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia hasta el próximo año, adoptando una resolución promovida por el gobierno de Abelardo de la Espriella que excluye del monitoreo internacional el Punto 1 del acuerdo: la Reforma Rural Integral. El Ejecutivo sustentó la exclusión argumentando que el acceso y formalización de tierras, así como el desarrollo productivo en el campo, constituyen políticas públicas multisectoriales y de largo plazo que exceden las competencias de la misión y pueden ser gestionadas directamente por el Ministerio de Agricultura; sin embargo, la decisión suscita controversia dado que la transformación rural fue concebida como el pilar estructural e inmediato para atender las causas del conflicto armado, limitando ahora el alcance de la misión —cuyo presupuesto anual ronda los 70 millones de dólares— al seguimiento de la reincorporación de excombatientes, las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la supervisión de eventuales ceses al fuego o diálogos con otros grupos armados. Ver más.

● Tras la suspensión cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al convenio con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, la Cancillería firmó bajo urgencia manifiesta y con el aval de la Procuraduría un contrato por $240 mil millones y 15 meses de vigencia con la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons y Thales DIS Colombia para asegurar de forma ininterrumpida la expedición de pasaportes hasta diciembre de 2027, sumando con esta cuatro declaraciones de urgencia manifiesta consecutivas a favor de la misma compañía en cuatro años tras los tropiezos en la estructuración de un modelo alternativo.

● La situación de orden público en Norte de Santander y Arauca se encuentra en máxima alerta tras la detonación de una maleta bomba en el barrio El Escobal de Cúcuta, cerca del puente fronterizo con Venezuela, una sede de la Dian y un CAI policial, atentado que dejó seis personas heridas (dos policías y cuatro civiles) y por el cual se ofrecen $50 millones de recompensa. Este ataque se enmarca en una escalada de violencia en la región que incluye el reciente asesinato del precandidato a la Alcaldía de Cúcuta Miguel Castellanos (con recompensa de $100 millones), al menos cuatro atentados previos contra la Policía en Cenabastos, El Zulia, Puerto Santander y un carro bomba frustrado en Agua Clara, a lo que se suma en Arauca la instalación de una bandera del ELN junto a la estación de Policía de Tame, reflejando el grave deterioro de la seguridad por acciones de grupos armados ilegales.

02 | Regulación y Política Pública Lo que cambia o puede cambiar en el sector

● La CRC incluyó en su Agenda Regulatoria 2026-2027 el proyecto de actualización del marco regulatorio de televisión, con el propósito de revisar lnormativa vigente, considerando la evolución tecnológica y las actuales dinámicas de uso del servicio. La revisión contempla la simplificación del marco regulatorio, las reglas aplicables a la prestación del servicio, las condiciones de acceso, uso y gestión del múltiplex de la Televisión Digital Terrestre (TDT), las condiciones de explotación del servicio y la caracterización de la piratería. La CRC recibirá comentarios hasta el 20 de noviembre de 2026. La propuesta regulatoria se publicará en el primer trimestre de 2027 y la decisión se adoptaría en el segundo trimestre del mismo año.

● El Ministerio de las Culturas (MinCultura), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y la Alcaldía de Cali presentaron el Plan de Reactivación Anímica y Económica de la ciudad, una iniciativa que busca impulsar la reconstrucción y la generación de empleo tras el terremoto del 10 de agosto, a través de la industria musical y los eventos en vivo. Según MinCultura, Billboard Colombia lideró durante varios meses la articulación con la industria musical y facilitó el diálogo entre el Gobierno y los actores del sector del entretenimiento. El plan contempla la realización de 126 eventos al año, la asistencia de al menos 530.000 personas y una actividad económica estimada en $875.000 millones. También incluye medidas para agilizar los permisos, mejorar las tarifas de los escenarios y reducir temporalmente la contribución parafiscal que pagan los productores de espectáculos. Ver más

● El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un proyecto de ley para reestructurar la administración pública y reorganizar la estructura del Estado, con el objetivo de reducir el gasto y evitar duplicidades entre entidades. La propuesta contempla fusionar los ministerios del Deporte y Cultura, así como los de Educación y Ciencia. Adicionalmente, plantea crear dos nuevas carteras: el Ministerio de la Presidencia, Administración Pública y Capacidad del Estado, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Cuidados y Familia. También propone reducir de seis a dos los departamentos administrativos, manteniendo únicamente el DNP y el DANE, mientras las funciones de los demás pasarían a los ministerios. El proyecto está siendo elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y se encuentra en revisión jurídica en Presidencia. Su radicación ante el Congreso está prevista para las próximas semanas. Ver más

● El Ministerio de Transporte espera radicar el próximo 1 de diciembre ante el Congreso el proyecto de ley para reformar el Código Nacional de Tránsito, vigente desde hace más de 20 años. La iniciativa, liderada por la ministra Elsa Noguera, busca actualizar las normas de movilidad, fortalecer la seguridad vial y reducir los costos y trámites para los ciudadanos. Entre los principales cambios en estudio están la revisión del régimen de multas para que sean proporcionales a la capacidad económica de los conductores, la reducción de costos de licencias y cursos, la ampliación de su vigencia y la revisión de tarifas de patios, grúas, fotomultas y cobros asociados al RUNT y el SIMIT. La propuesta se construye a partir de mesas regionales y consultas con ciudadanos, gremios y actores del sector. Ver más

● La SIC requiere a nueve generadoras térmicas por posible infracción al régimen de libre competencia. El 28 de octubre la Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, requirió a nueve empresas de generación térmica para verificar si cumplen el régimen de libre competencia. La medida llega cuando, por El Niño, el sistema depende de las térmicas y los precios de bolsa suben por el costo del gas importado y de los combustibles líquidos. El requerimiento se hizo a través de la Delegatura para la Protección de la Competencia, y según LA FM la SIC mantuvo bajo reserva la identidad de las nueve generadoras. Ver más.

● El 26 de octubre la Superintendencia Nacional de Salud designó a Mariam Liliana Carrillo Peña como interventora suplente de Nueva EPS, la aseguradora con más afiliados del país. El nombramiento obedece a la incapacidad médica del agente interventor titular, Roberto José Solano Navarra, que había sido designado en agosto de 2026 en reemplazo de Jorge Iván Ospina. Carrillo trabaja en la entidad desde 2008 y tiene más de 25 años en el sector. Ha sido gerente zonal de Boyacá y vicepresidenta de Salud encargada. Nueva EPS está intervenida desde el 3 de abril de 2024 y la medida se prorrogó hasta abril de 2027. Ver más.

● El 27 de octubre el Ministerio TIC informó que aprobó seis solicitudes de uso del espectro radioeléctrico en las bandas SHF, VHF y UHF. También publicó la evaluación del corte 13 del Proceso de Selección Objetiva (PSO) de 2026 para la asignación de permisos, abierto mediante la Resolución MinTIC 311 de 2026 bajo la Política de Espectro 2026-2029 (Res. 746 de 2026). El 29 de octubre la cartera, en cabeza de la ministra Alexandra Falla, publicó un balance crítico del programa “Juntas de Internet” del gobierno anterior, al que calificó de “rotundo fracaso”. Ese mismo día difundió el anuncio presidencial sobre el “resurgir de RTVC”, con denuncias de irregularidades en contratos por más de $100.000 millones. Ver más.

03 | Asuntos Legislativos Lo que se mueve en el Congreso y puede impactar al sector

● La plenaria de la Cámara de Representantes concluyó la subsanación de los vicios de trámite identificados por la Corte Constitucional en la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), al discutir y votar las diez proposiciones pendientes dentro del plazo establecido. La corporación rechazó las modificaciones y mantuvo el texto previamente aprobado. Ahora, deberá remitir los resultados a la Corte Constitucional, que evaluará la validez del procedimiento. Entre las decisiones, la Cámara negó, con 100 votos en contra y ocho a favor, la propuesta de eliminar la comisión máxima del 0,7 % sobre los activos administrados por las AFP. También rechazó, con 103 votos, una modificación que buscaba restringir la reducción de semanas de cotización para mujeres con hijos, manteniendo el beneficio de 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de tres. Durante el debate, el Ministerio de Hacienda advirtió que eliminar la comisión podría reducir en un 77 % los ingresos de las AFP destinados a administrar

determinados recursos. Asimismo, estimó que reducir de 1.000 a 850 semanas el requisito pensional para mujeres con tres hijos generaría un costo fiscal adicional de $64,9 billones, equivalente al 3,5 % del PIB de 2025. La entrada en vigor de las disposiciones continúa sujeta al pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional.

● El Centro Democrático radicó un proyecto de ley para modificar la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), impulsado por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal. La iniciativa mantiene el sistema de pilares, pero propone ampliar la libertad de elección de administradoras, modificar el manejo de los ahorros y establecer alternativas para quienes no cumplan los requisitos de pensión. Entre los principales cambios, contempla permitir que los trabajadores con ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos elijan entre Colpensiones y fondos privados; habilitar traslados entre administradoras cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría; y ofrecer alternativas como la devolución de ahorros, la indemnización sustitutiva o una renta vitalicia para quienes no logren pensionarse. También propone separar los recursos de las cuentas individuales del patrimonio de las administradoras.

● Las comisiones sextas conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron en primer debate el proyecto de Ley Antitrámites o Ley de Competitividad, una iniciativa del Ministerio de Comercio orientada a reducir cargas administrativas, tiempos y costos, así como a fortalecer la seguridad jurídica y facilitar la relación de los ciudadanos y empresas con el Estado en áreas clave como comercio exterior, control sanitario, creación de empresas y trámites notariales. De acuerdo con la ponente del proyecto, la senadora María Lucía Villalba, la medida busca erradicar filas y barreras innecesarias para impulsar el crecimiento económico; tras esta aprobación inicial, la iniciativa pasará a debate en plenaria, no sin antes ser socializada mediante cinco audiencias públicas de participación ciudadana programadas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Neiva.

● La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N.° 046 de 2026 Cámara, una iniciativa orientada a cerrar las brechas de atención médica en zonas rurales dispersas y de difícil acceso mediante la implementación regulada de herramientas de salud digital (como telemedicina sincrónica y asincrónica y citas virtuales) y la articulación de soluciones logísticas de transporte asistencial y comunitario (fluvial, marítimo, terrestre o de tracción animal). Tras un amplio debate, el articulado fue modificado sustancialmente para blindar a los municipios y entes territoriales, ratificando que la financiación y el traslado intermunicipal de pacientes deben ser asumidos obligatoriamente por las EPS con cargo a la UPC, UPC diferencial o presupuestos máximos conforme a la jurisprudencia constitucional; asimismo, se garantizó la prevalencia inquebrantable del criterio médico y el examen presencial sobre cualquier algoritmo, software o inteligencia artificial, prohibiendo que las herramientas tecnológicas puedan por sí solas negar servicios, alterar prescripciones o sustituir el juicio humano.

● El Proyecto de Ley 155 de 2026 Senado, aprobado en primer debate por la Comisión Quinta del Senado, busca combatir la pobreza energética en más de 1,4 millones de hogares rurales vulnerables mediante la ampliación progresiva de la cobertura de subsidios al consumo de gas licuado de petróleo (GLP) distribuido en cilindros, con el fin de sustituir el uso de leña, carbón y cocinol en la cocción de alimentos, mitigando así la deforestación y los riesgos respiratorios por

contaminación del aire intradomiciliario. Con ponencia del senador Óscar Villamizar, la iniciativa prioriza a los departamentos donde más del 9% de la población cocina con combustibles sólidos —incorporando formalmente al Atlántico junto a otras doce regiones—, exige a la UPME y a las autoridades territoriales estudios periódicos de viabilidad sin permitir la suspensión del subsidio sin una transición mínima de 12 meses hacia otra energía limpia, y ordena al Ministerio de Minas y Energía habilitar una ventanilla única virtual para tramitar reclamos ante posibles exclusiones del beneficio.

● El Senado de la República avanza a contrarreloj en la aprobación de la Ley de Sometimiento ante el inminente vencimiento de la Ley 418 el próximo 4 de noviembre, plazo crítico que obligará a ambas cámaras a sesionar durante el puente festivo para evitar la suspensión de programas clave como el de víctimas de la Fiscalía y el Fonsecom. El proyecto, que pone fin a la denominada «paz total», contempla medidas severas como una pena mínima de 10 años de cárcel y exclusión de beneficios para reclutadores de menores de 14 años, junto con el endurecimiento de condiciones de excarcelación por lavado de activos, al tiempo que abre un debate por las rebajas de penas propuestas de hasta el 30% para mandos medios y del 50% para integrantes de organizaciones criminales que se entreguen a la justicia. La discusión continuará el próximo lunes 2 de noviembre.

● El senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) citó a debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para cuestionar la política agraria del Gobierno, particularmente por el congelamiento de $1,4 billones destinados a la compra de tierras, la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la posible derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Cepeda calificó estas decisiones como una «contrarreforma agraria» y anunció acciones penales y disciplinarias contra el ministro y el presidente Abelardo de la Espriella por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de tierras y posibles vínculos con personas asociadas al narcotráfico y el paramilitarismo. Por su parte, Dangond defendió la gestión de su cartera, cuestionó los resultados de la reforma agraria del Gobierno anterior y señaló deficiencias en su ejecución, especialmente en materia de catastro multipropósito y generación de empleo formal rural. El debate también estuvo marcado por confrontaciones entre ambos funcionarios y cuestionamientos de las bancadas sobre la política de tierras.

● La Comisión Quinta del Senado realizó en Barranquilla la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, liderada por los senadores Camilo Torres (Partido Liberal) y Gonzalo Baute (Cambio Radical), con participación del Ministerio de Minas y Energía, la CREG, Air-e, Afinia, gremios y organismos de control. El encuentro abordó la situación financiera de los operadores del Caribe, las deudas y el incremento de las tarifas, la continuidad y calidad del servicio, el abastecimiento de energía y gas, y los proyectos de energías renovables y transición energética. Como resultado, se planteó construir una Matriz Nacional de Compromisos Energéticos que establezca acciones, responsables y plazos verificables para hacer seguimiento a las soluciones, especialmente en la región Caribe.

● La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto de acto legislativo que modificaría el artículo 197 de la Constitución para establecer que quienes hayan ejercido como alcaldes de Bogotá durante el periodo inmediatamente anterior no puedan aspirar a la Presidencia o Vicepresidencia de la República. La iniciativa también contempla que la renuncia

anticipada a la Alcaldía no permita evadir esta inhabilidad. Sus promotores argumentan que busca evitar el uso de recursos públicos y de la administración distrital para favorecer eventuales campañas presidenciales. El proyecto tuvo oposición por posibles afectaciones a la equidad electoral y deberá superar ocho debates (cuatro en cada legislatura) antes de convertirse en reforma constitucional.