Más de US$200 millones al año pierde el país a causa de este delito que no solo está impactando los ingresos del Estado, sino la generación de empleo y la seguridad de los usuarios, quienes se exponen cada vez más a ataques cibernéticos y el robo de sus datos.

Bogotá, 4 de mayo de 2021 (AmCham Colombia).- Hoy, Colombia está perdiendo más de US$200 millones anuales por culpa de la pitaría online. Un flagelo que no solo representa pérdidas importantes para el Estado y la industria del entretenimiento, sino que también afecta el empleo, la seguridad de los usuarios que consumen contenido ilegal y el desarrollo del país. 

Así lo dieron a conocer líderes empresariales y expertos del sector tecnológico durante el foro “Desarrollo de la economía digital: retos para enfrentar la piratería 4.0”, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en alianza con Directv Colombia.  

De acuerdo con Mariano Díaz, country manager de Directv, una de las formas de piratería que más está golpeado al país es el subreporte, que ocurre cuando los operadores de televisión por cable no reportan ante el ente regulador el 100% de los suscriptores que tienen. “Actualmente, este flagelo es el líder del mercado, pues el subreporte, en todo lo que es la retransmisión ilegal, representa hoy 4.100.000 hogares que hoy tienen una suscripción que no es legal”.  

A Win Sports, por ejemplo, el subreporte le está generando pérdidas por alrededor de 80 mil millones de pesos anuales que, en un 65% o 70%, van directamente al fútbol, según su presidente, Jaime Alberto Parada. “Esto no solo afecta la calidad del fútbol en el país, sino también la posibilidad de mejorar el entretenimiento para los espectadores, el fomento al deporte para la niñez en diversas modalidades e, incluso, podría tener un vínculo con el precio al público porque entre mayor sea reporte, el negocio podría ajustarse un poco más a los precios para poder comprar o adquirir los derechos deportivos que cada vez se vuelven más costosos en el mercado”, explicó.  

El fenómeno de la piratería online también impacta significativamente a otros actores de la cadena de valor como los operadores y programadores formales, así como a la generación de empleo. “Cuando vemos el impacto para los operadores estamos hablando de casi de 600 millones de dólares anuales y en los programadores es de 100 millones de dólares anuales, pero además afecta el empleo formal”, aseguró el country manager de Directv. 

Agregó que, “nosotros en la industria por cada 100.000 usuarios, contratamos 200 empleos formales y hoy, con estos 4.100.000 usuarios que son ilegales, estamos perdiendo casi 8.400 empleos formales, por lo que, es un tema en el que debemos tomar conciencia, unirnos y crear mesas contra la piratería porque estamos sufriendo todos, los operadores, los programadores, el Estado e incluso los consumidores”. 

Vea el foro  “Desarrollo de la economía digital: retos para enfrentar la piratería 4.0”

Por su parte, Juan Carlos Archila, CEO de América Móvil, señala que además del subreporte, la industria también se está viendo afectada por otros delitos como la suplantación de páginas web para capturar datos personales y que el año pasado duplicó los casos de denuncias con respecto a 2019. “También, con la piratería de software que constituye el acceso ilegal a contenido como series, películas y eventos deportivos a través del mundo online y que, se estima, provoca pérdidas anuales de USD 733 millones en la región, según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina”, puntualizó. 

Lo barato sale caro: los usuarios también pierden 

Si bien, la piratería online siempre ha sido un desafío para la industria y los gobiernos, es un tema que también afecta a los usuarios, quienes no solo puede incurrir en graves delitos sino poner en peligro la seguridad de sus datos.   

Según, el exfiscal Jorge Perdomo, el artículo 270 del Código Penal consagra una pena de prisión entre 32 y 90 meses para quien viole los derechos morales de autor; también, el artículo 271 contempla la violación a derechos patrimoniales, donde la pena de prisión es de cuatro a ocho años. “De modo que estas conductas delictivas existen en la normatividad del país, pero los colombianos no son conscientes de que la piratería digital es un delito, en parte, porque la aplicación de las penas no ha sido tan exitosa como se quisiera”.  

Para Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), el usuario final, en algunos casos, es un usuario de buena fe que no sabe que se está exponiendo a una sanción legal y, además, a ser fuente de ataques cibernéticos. “A partir de líneas de software escondidas detrás de la descarga de contenido ilegal, estos usuarios pueden ser víctima del robo de su información o incluso pueden convertir su propio dispositivo en una fuente de ataque para terceros en términos cibernéticos”. 

La realidad, explica Méndez, es que en internet lo gratis no existe, pues el usuario está pagando con sus datos, de ahí que, lo que ocurre es un intercambio de contenido ilegal por sus datos personales e información privada. “Hay que crear conciencia de esos peligros a los que se expone el usuario y frente al hecho que los servicios ilegales no tienen ningún respaldo, no tienen garantía de calidad o de algún resarcimiento en caso de que hubiese suspensión; por lo que, los consumidores deben ser más cuidadosos y perspicaces a la hora de elegir y consumir contenido digital”. 

En este sentido y dado que, algunos consumidores consideran que son costosos algunos de los servicios que ofrece esta industria, para Michael Hartman, General Counsel and Chief External Affairs Officer de Directv, el precio no es una excusa para incurrir en la piratería. “Casi nadie va al supermercado y sale por la puerta sin pagar, las personas no lo harían porque saben que no es aceptable; de la misma manera debemos verlo en el entorno online con los servicios audiovisuales. El Estado, por su parte, debe apostar por acciones que promuevan, de manera simultánea, la educación, prevención y sanción de este delito”, expresó.  

La necesidad de un trabajo articulado   

Y es que, para enfrentar la piratería se requiere de una estrecha colaboración, en primera medida, dentro de la industria y con todos los actores que forman parte de la cadena de valor, pero también entre el sector privado y el sector público para diseñar, de forma conjunta y coordinada, acciones y herramientas que combatan eficazmente este flagelo, según el General Counsel de Directv.     

Al respecto, el exfiscal Perdomo aseguró que se necesita una respuesta contundente por parte del Estado, pues la piratería online es un fenómeno transnacional con un componente tecnológico muy avanzado. “Más allá de elevar las penas y crear delitos, se debe capacitar a los funcionarios judiciales para que entiendan mejor estas conductas delictivas que, además, desafían al derecho penal porque está creado bajo un modelo tradicional y, por ende, no está preparado para investigar los delitos online”. 

Frente a las acciones que está adelantando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para combatir este fenómeno, la subdirectora de Vigilancia y Control del MinTIC, Carolina Figueredo, señaló que, continuamente se están haciendo requerimientos de información a los vigilados y a las autoridades administrativas; así como visitas administrativas de verificación a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) de manera remota por la actual coyuntura. 

“También, este año actualizamos la política PrevenTIC, mediante la Resolución N° 057 de 2021, y la ministra Karen Abudinen tiene un gran interés en reactivar los acuerdos que se han generado en el pasado y en abrir mesas de trabajo antipiratería con la industria, que es la más afectada por este flagelo”, enfatizó la subdirectora de Vigilancia y Control del MinTIC.  Adicional a esto, añadió Figueredo, el Ministerio TIC está adelantando un proceso para el fortalecimiento del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control inspirado en los modelos de vigilancia preventiva y predictiva con los que se busca automatizar todos los procedimientos necesarios para practicar medidas como la suspensión del servicio y decomiso de equipos ilegales.