Comercio Exterior:

– El Decreto 045 de 2024, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece una reducción en las tarifas para trámites realizados por micro y pequeños empresarios en las Cámaras de Comercio, como el registro y renovación de la matrícula mercantil, así como de establecimientos, sucursales y agencias. Esta medida abarca a cerca del 90 % de las empresas en el país. Para mitigar el impacto financiero en las Cámaras de Comercio, el decreto incluye una disposición que permite su asociación, facilitando el reparto de costos fijos como arriendos y otros gastos administrativos. Estas asociaciones tienen como finalidad optimizar recursos y permitir una operación más eficiente, garantizando la prestación de servicios y la implementación de nuevas actividades dirigidas a los empresarios.

– El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia ha propuesto un proyecto de decreto para recibir comentarios hasta el 10 de enero de 2025 que reglamenta el Certificado de Reembolso Tributario (CERT), un instrumento creado por la Ley 48 de 1983 para apoyar las exportaciones mediante la devolución de impuestos indirectos a exportadores de bienes y servicios legalmente exportados. El CERT será aplicable a bienes industriales con transformación, valor agregado o intensidad tecnológica, así como a servicios basados en conocimiento y tecnología, excluyendo bienes primarios y exportaciones tradicionales. Los beneficiarios serán personas naturales o jurídicas constituidas en Colombia que exporten bajo ciertos requisitos. El proyecto establece porcentajes de devolución del 3 % para bienes y 2 % para servicios y tiene una vigencia de dos años, con un tope fiscal aprobado por el CONFIS para 2025-2026. No incluye exportaciones a la CAN, Venezuela, ni zonas francas, con el objetivo de incentivar la diversificación y sofisticación de las exportaciones hacia nuevos mercados.

– Hasta el 15 de enero de 2025 está dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para recibir comentarios el Proyecto de Decreto modifica parcialmente el Decreto 2147 de 2016 para reglamentar las condiciones y requisitos de declaratoria de existencia de zonas francas permanentes especiales enfocadas en el desarrollo de infraestructura y actividades

ferroviarias. Este régimen permite a las empresas promotoras que cuenten con contratos de concesión, APP u otros permisos relacionados, solicitar la declaratoria como zona franca permanente especial para las áreas ferroviarias involucradas. Las condiciones incluyen requisitos de inversión y generación de empleo según la categoría del proyecto, con plazos máximos de 30 años. El decreto busca promover inversiones, optimizar la logística nacional y fortalecer la intermodalidad del transporte, alineándose con el Plan Maestro Ferroviario y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social ha abierto, hasta el 24 de enero de 2025, un espacio para recibir comentarios sobre el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria para dispositivos médicos (DM) y reactivos de diagnóstico in vitro (RDIV) en Colombia. Propone la actualización normativa para abordar problemáticas como debilidades en la vigilancia de fabricación, disposiciones regulatorias desactualizadas, limitaciones en inspección y control sanitario, carencias de información para decisiones estratégicas y deficiencias en el desarrollo de evidencia clínica. Incluye un análisis de impacto normativo que evalúa alternativas y establece la importancia de integrar requisitos internacionales y mejorar procesos regulatorios para garantizar la seguridad, calidad y desempeño de estos productos en las fases premercado, mercado y postmercado. Además, resalta la necesidad de convergencia regulatoria con estándares internacionales.

– Hasta el 16 de enero se podrán recibir comentarios sobre el Proyecto de Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual busca modificar el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades al Sistema General de Riesgos Laborales. Esta iniciativa responde a los cambios normativos introducidos por la Ley 2272 de 2022 y decretos relacionados, con el fin de garantizar la correcta vinculación de los aportantes y promotores del Servicio Social para la Paz, además de actualizar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

● Laboral

El Gobierno Nacional, mediante los Decretos N° 1572 y 1573, estableció que a partir del 1 de enero de 2025 el salario mínimo mensual será de $1.423.500, con un incremento del 9.5%, y el auxilio de transporte será de $200.000, aumentando un 23.45%, aplicable a quienes devenguen menos de 2 SMLMV. Asimismo, el salario mínimo integral se fijó en $18.505.500, reflejando el mismo aumento del 9.5%.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía dispuso para comentarios hasta el 10 de enero de 2025, el Proyecto de Decreto para estabilizar las tarifas de energía eléctrica en el país, especialmente para los usuarios del mercado regulado, que son en su mayoría hogares de estratos 1, 2 y 3. El proyecto obliga a los generadores hidráulicos y de fuentes no convencionales a vender al menos el 95% de su energía a través de contratos de largo plazo, reduciendo la volatilidad de los precios en la bolsa de energía, especialmente en fenómenos como El Niño. Además, instruye a la CREG a diseñar mecanismos de control y modificar el reglamento del Mercado de Energía Mayorista para asegurar el cumplimiento sin generar impactos económicos adicionales. Esta medida busca proteger a los hogares más vulnerables, cuyos gastos en electricidad representan un 3.5% de su presupuesto.

– Hasta el 14 de enero de 2025, el Ministerio de Minas y Energía recibirá comentarios al Proyecto de Decreto que busca fusionar el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE con la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, con el objetivo de crear una estructura institucional más eficiente para avanzar en la transición energética y ampliar el acceso a la energía en Colombia. La ANH asumirá las funciones del IPSE, enfocadas en soluciones energéticas sostenibles para Zonas No Interconectadas (ZNI), promoción de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y políticas públicas sobre transición energética. Esta fusión optimiza recursos, reduce duplicidad de funciones y no requiere presupuesto adicional, garantizando continuidad en proyectos estratégicos.

– En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, el Ministerio de Minas y Energía presenta para consulta ciudadana la versión preliminar del Plan de Acción Institucional proyectado para la vigencia 2025. Los interesados pueden enviar observaciones y propuestas, antes del 17 de enero de 2025.

● Alimentos y bebidas

El último informe del DANE sobre exportaciones colombianas destaca que, en noviembre de 2024, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$ 968,3 millones FOB, con un crecimiento del 8,7 % frente al mismo mes de 2023. Este aumento se atribuye principalmente al café sin tostar, que creció un 30 %, y a la carne de bovino congelada, que registró un incremento del 140,1 %. Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de este grupo totalizaron US$ 10.312,9

millones FOB, un crecimiento del 12,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por mayores ventas de café (18,3 %) y banano (38,9 %).

● Tributario – Asuntos financieros

– El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 1621 de 2024, el cual regula la liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año fiscal 2025, estableciendo un total de $511 billones para el presupuesto de ingresos y recursos de capital. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, será responsable de definir los criterios técnicos y las condiciones para la gestión de los excedentes de liquidez y las operaciones destinadas a cubrir riesgos.

– El Ministerio de Hacienda dispuso para comentarios hasta el 31 de enero del 2025, el Proyecto de Decreto para modificar el marco normativo del sistema de finanzas abiertas en Colombia, estableciendo su carácter obligatorio. El objetivo es promover la inclusión financiera, la innovación y la competencia mediante el acceso estandarizado y seguro a los datos personales de los consumidores financieros. Se define un esquema de gobernanza, roles y responsabilidades de los participantes, costos de acceso, y un directorio para garantizar transparencia. Este sistema busca empoderar a los usuarios, fomentar nuevos modelos de negocio y apoyar la economía popular y comunitaria, alineándose con el artículo 89 de la Ley 2294 de 2023.

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● TIC

– El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) dispuso para comentarios hasta el 10 de enero de 2025, su Plan de Acción 2025 como parte de un proceso participativo que busca cumplir con las metas estratégicas sectoriales y las políticas nacionales. Este plan incluye 43 iniciativas vinculadas a políticas de desarrollo administrativo, con proyectos e indicadores alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y su enfoque en conectividad, innovación y transformación digital para mejorar la calidad de vida y reducir la brecha digital, especialmente en áreas rurales y sectores vulnerables.

– El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) ha publicado la agenda de inversiones 2025 del Fondo Unificado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, la agenda expone los planes y proyectos programados para el próximo año, alineados

con las Transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y las estrategias del Ministerio. Se recibirán comentarios hasta el 10 de enero de 2025.

– El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) ha ampliado el plazo para presentar observaciones al proyecto de Resolución por la que se actualiza el Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del sector TIC hasta el 13 de enero de 2025. Este nuevo modelo, que adopta un enfoque preventivo y basado en riesgos, incorpora herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para optimizar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales.

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