Alertas Regulatorias, Alianza De AmCham Colombia Con El Apoyo De Orza, Relacionamiento Estratégico -  AmCham Colombia
Contenido exclusivo para afiliados • Contenido exclusivo para afiliados • Contenido exclusivo para afiliados •
INGRESE AQUÍ

Alertas regulatorias, alianza de AmCham Colombia con el apoyo de Orza, relacionamiento estratégico

26 de febrero de 2025

Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

  • Comercio Exterior:

– Abierto para comentarios hasta el 5 de marzo de 2025, la Circular 01 de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), coordinada por el Ministerio de Comercio, la cual establece los parámetros para la asignación y administración del contingente arancelario del Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Autopartista y Motopartista (IAMA) en 2025. Este mecanismo permite la importación de autopartes y motopartes con beneficios arancelarios, bajo un tope fiscal de $102.522.500.000 aprobado por el CONFIS. La distribución del cupo se divide en un 50% para productores de autopartes y 50% para productores de motopartes, con criterios de asignación basados en producción (70%) e inversión (30%).

● Salud

EL Ministerio de Salud ha expedido y dispuesto para comentarios las siguientes normativas:

– La Resolución No. 050 de 2025 modifica el artículo 10 de la Resolución 1441 de 2016 y extiende la vigencia de la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS) por un año o hasta la implementación de las mismas. Esta medida busca garantizar la continuidad en la prestación de servicios mientras avanza la reglamentación del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, evitando afectaciones a los usuarios y permitiendo a las Entidades Promotoras de Salud cumplir con sus obligaciones. El ajuste responde a la necesidad de articular el sistema de salud con las nuevas directrices establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, asegurando una transición ordenada. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-313 de 2024, respaldó la reorganización en redes como mecanismo para mejorar la accesibilidad y calidad del servicio. Además, la Superintendencia Nacional de Salud continuará con su función de inspección y vigilancia sobre las RIPSS durante este periodo.

– La Resolución No. 309 de 2025 establece directrices para asegurar el derecho a la información, la participación en decisiones de salud y el ejercicio de la autonomía progresiva de niños, niñas

y adolescentes. Regula el consentimiento informado y el asentimiento pediátrico, diferenciando entre riesgos asistenciales y promoviendo la toma de decisiones compartidas con los menores y sus representantes. Define el consentimiento sustituto cuando el menor no puede participar, y resalta la importancia de evaluar la madurez y comprensión de los menores. Además, aborda temas como salud sexual y reproductiva, acceso a pruebas de VIH y anticoncepción, y la protección frente a vulnerabilidad y violencia, exigiendo que los servicios de salud respeten la privacidad, promuevan la confianza y trabajen con autoridades de protección para garantizar decisiones informadas y adecuadas al desarrollo de los menores.

– Abierto para comentarios hasta el 5 de marzo de 2025, el proyecto de resolución que define el porcentaje de los rendimientos financieros de la cuenta maestra de recaudo de cotizaciones en salud para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Adaptadas en Salud (EAS) durante la vigencia 2025. Según la propuesta, estas entidades podrán apropiarse del 70% de los rendimientos financieros generados en dichas cuentas, con el propósito de financiar la gestión de cobro de cotizaciones, el manejo de información sobre aportes y los servicios financieros asociados al recaudo. La medida responde a la obligación legal del Ministerio de Salud de determinar anualmente este porcentaje, conforme a lo establecido en el Decreto 780 de 2016.

– Dispuesto para comentarios hasta el 12 de marzo de 2025, el proyecto de resolución establece el marco técnico normativo mínimo para la infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud. La norma actualiza la Resolución 4445 de 1996, incorporando avances tecnológicos en infraestructura y equipamiento biomédico, criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y adaptación al cambio climático. También responde a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y al Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, con el objetivo de fortalecer la red hospitalaria y mejorar la calidad y acceso a los servicios de salud. El proyecto aplica a entidades, constructores y autoridades responsables del diseño, construcción o adecuación de infraestructura de salud. Introduce lineamientos en eficiencia energética, mitigación de desastres y modernización hospitalaria, alineándose con normativas internacionales y la estrategia de “hospitales seguros frente a desastres” de la OPS/OMS.

● Minero energético

– La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha expedido la Resolución CREG 070 de 2025 la cual sustituye y amplía las reglas para permitir el uso de activos de conexión de propiedad de Usuarios No Regulados (UNR) en la conexión de generación y demanda al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La medida busca optimizar el aprovechamiento de la infraestructura existente, permitiendo que generadores y operadores de red utilicen estos activos bajo un esquema regulado. Se establecen definiciones clave como “fronteras embebidas” y “generadores embebidos”, además de lineamientos sobre el reporte de información, balance de energía y liquidación de costos. Así mismo, introduce nuevas reglas sobre la remuneración de los UNR por el uso de sus activos de conexión, la aplicación de factores de pérdidas y los criterios para la calidad y continuidad del servicio. También define los requisitos para el registro de fronteras embebidas y las condiciones bajo las cuales los comercializadores y operadores de red deben interactuar.

– Abierto para comentarios hasta el 3 de marzo de 2025, el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que establece las reglas para la convocatoria y elección de los representantes de los sectores empresarial minero, social minero y académico en el Consejo Asesor de Política Minera. Este organismo, tiene funciones consultivas y busca fortalecer la asesoría en la formulación y ejecución de políticas mineras en el país. La resolución define los criterios de selección de los representantes, el proceso de postulación y votación, y las responsabilidades del consejo. El propósito de esta actualización es garantizar la participación efectiva de los sectores involucrados y reactivar el funcionamiento del Consejo Asesor, cuya última convocatoria fue en 2017

● Tributario – Asuntos financieros

– La DIAN ha expedido la Resolución 000193 del 21 de febrero de 2025 donde habilita el Formulario No. 690 V9 “Recibo oficial de pago tributos aduaneros y sanciones cambiarias” para la liquidación y pago del Impuesto Especial para el Catatumbo, conforme al Decreto 0175 de 2025. Los contribuyentes obligados a este impuesto deberán presentar el formulario de manera virtual a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN, utilizando el concepto de pago No. 15. Además, el documento servirá como soporte para la solicitud de autorización de embarque. La resolución establece que el Formulario 690 V9 será utilizado para liquidar tanto el impuesto como las sanciones e intereses derivados de su incumplimiento.

– Abierto para comentarios hasta el 8 de marzo de 2025, el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda reglamenta la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo dentro

del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, establecido en la Ley 2381 de 2024. Este fondo, administrado por el Banco de la República, tiene como finalidad financiar el pago de prestaciones económicas del Pilar Contributivo, asegurando sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los recursos. La norma detalla las funciones del Banco de la República en la gestión de inversiones y administración de riesgos, así como la estructura del Comité Directivo del Fondo, que supervisará su operación y garantizará el cumplimiento de políticas financieras. Además, se establecen reglas para la selección de expertos en gestión de inversiones y riesgos financieros, la separación contable del fondo y la restricción de su uso exclusivo para prestaciones económicas. Con este decreto, el Gobierno busca fortalecer la estabilidad del sistema de pensiones, garantizando la administración eficiente y segura de los recursos destinados a la protección social.

● Laboral

– El estudio “Nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia” del Banco de la República analiza la persistente informalidad en el país, que en 2023 alcanzó el 56 % a nivel nacional y el 43 % en áreas urbanas. El estudio destaca que la informalidad tiene múltiples causas, desde bajos niveles educativos y flexibilidad laboral hasta altos costos de formalización y rigidez regulatoria. Aunque permite el acceso rápido al empleo y reduce costos para las empresas, tiene efectos negativos como menor productividad, menor recaudación de impuestos y dificultades para la provisión de bienes públicos, lo que impacta el crecimiento económico. El análisis muestra que la informalidad es más alta en regiones menos desarrolladas y en sectores de baja productividad, afectando especialmente a trabajadores con menor educación. Sin embargo, se resalta una reducción en la informalidad femenina tras la pandemia, impulsada por el teletrabajo y la digitalización. Además, se evidencia que altos salarios mínimos pueden aumentar la informalidad, mientras que políticas como la Ley de Primer Empleo y programas sociales han favorecido la formalización.

● TIC

– Expedida la Resolución 00466 del 17 de febrero de 2025 del Ministerio de Tecnología que establece las condiciones para la prestación de los servicios con cargo a la franquicia postal, el uso del correo electrónico postal certificado y el procedimiento para el reconocimiento y pago de estos servicios. La normativa se dirige a entidades públicas y privadas beneficiarias de la franquicia postal, estableciendo lineamientos para la gestión de envíos postales físicos y electrónicos con cobertura oficial. No genera un impacto económico adicional al ya contemplado en el presupuesto nacional, ya que el Fondo Único de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (FUTIC) financiará los costos asociados. Con esta resolución, el Ministerio busca optimizar el acceso y uso de estos servicios, promoviendo la modernización del sistema postal en Colombia.