Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior:

La DIAN ha dispuesto para comentarios las siguientes normativas:

– Abierto para comentarios hasta el 22 de febrero el Proyecto de Resolución que establece los requisitos, procedimiento y condiciones para la cancelación de oficio del Registro Único Tributario (RUT) por inactividad tributaria, en cumplimiento del artículo 555-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 1625 de 2016. Se considerará inactivo a quien no haya actualizado su información, presentado declaraciones, realizado pagos o generado registros de operaciones en un período de cinco años. La DIAN identificará estos casos mediante su sistema de información y emitirá un acto administrativo de cancelación, garantizando el debido proceso y la posibilidad de reactivación del RUT si el contribuyente regulariza su situación. Esta medida busca depurar la base de datos del RUT para mejorar el control fiscal y evitar fraudes tributarios o aduaneros. Se excluyen de la cancelación algunos sujetos como inversionistas extranjeros, comunidades indígenas y entidades sin ánimo de lucro.

– Abierto para comentarios hasta el 22 de febrero el Proyecto de Resolución que modifica parcialmente la Resolución 000165 de 2023, precisando los requisitos para la facturación electrónica y el documento equivalente electrónico. Limita la información que los facturadores pueden solicitar a nombre del adquirente a su nombre, número de identificación y correo electrónico, e implementa una base de datos gestionada por la DIAN para facilitar el diligenciamiento automático de estos datos, garantizando su seguridad. También aclara que las empresas de servicios públicos sólo podrán incluir en sus facturas conceptos relacionados con el servicio, salvo autorización del usuario. Además, otorga un plazo de 48 horas para que estas empresas generen y transmitan documentos equivalentes electrónicos en caso de dificultades tecnológicas o logísticas, buscando optimizar la facturación electrónica y proteger los datos personales de los consumidores.

● Salud

E Ministerio de Salud ha expedido y dispuesto para comentarios las siguientes normativas:

– Expedido la Resolución 226 de 2025, la cual adopta el Plan de Acción para la vigencia 2025, en cumplimiento del marco normativo que rige la planeación en entidades públicas. El plan, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, define objetivos, estrategias, proyectos y metas para garantizar el cumplimiento de la misión del Ministerio. Se establecen lineamientos específicos sobre adquisiciones y ejecución presupuestal, resaltando la importancia del control interno y la planeación estratégica. La resolución también permite modificaciones y actualizaciones sin necesidad de nuevos actos administrativos, siempre que se cumplan los procedimientos internos.

– Está abierto para comentarios hasta el 27 de febrero de 2025 el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 780 de 2016, con el fin de permitir que las EPS del régimen contributivo operen en el régimen subsidiado sin necesidad de una autorización adicional, garantizando la continuidad del servicio de salud para más de 5 millones de afiliados. Se argumenta que una reasignación masiva de afiliados a EPS del régimen subsidiado afectaría su estabilidad financiera y la calidad del servicio, por lo que se establecería una autorización especial con limitaciones de afiliación hasta que se cumplan ciertos requisitos de solvencia. El acto administrativo será obligatorio para las EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, sin generar impacto presupuestal ni ambiental, y busca preservar el acceso a la salud para las poblaciones vulnerables, evitando riesgos financieros en el sistema.

– Abierto para comentarios hasta el 05 de marzo de 2025 el Proyecto de Resolución que establece el porcentaje de los rendimientos financieros de las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones en salud que podrán ser apropiados por las EPS y Entidades Adaptadas en 2025. Según el Decreto 780 de 2016 y el Decreto Ley 1281 de 2002, estos recursos deben destinarse exclusivamente a financiar la gestión de cobro de cotizaciones y los servicios financieros asociados. Para 2025, se fija un porcentaje de apropiación del 70%, considerando que los rendimientos financieros mensuales de 2024 promediaron $6.346 millones, mientras que los costos del recaudo fueron de $10.378 millones. Este acto administrativo es obligatorio para las EPS, Entidades Adaptadas y la ADRES, sin generar impacto presupuestal ni económico para el Ministerio de Salud. La ADRES continuará realizando el giro de los rendimientos mensualmente, conforme a la información reportada por las EPS, sin introducir modificaciones normativas ni impactos ambientales o culturales.

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● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía ha dispuesto para comentarios hasta el 01 de marzo de 2025 el Proyecto de Decreto que crea la “Mesa Social y Minera por la Vida y la Paz del Nordeste Antioqueño”, un espacio de diálogo entre comunidades mineras, autoridades locales y entidades nacionales para impulsar la formalización y regularización minera en la región. La mesa, basada en el “Acuerdo por la formalización y la regularización minera de pequeña y mediana escala” firmado en 2024, abordará desafíos como los altos costos de estudios técnicos, la falta de acceso a financiamiento y las dificultades de bancarización de pequeños mineros, promoviendo su integración al sistema formal. El Ministerio de Minas y Energía coordinará la mesa, que incluirá a alcaldías, corporaciones ambientales y representantes del sector minero, con la posibilidad de invitar a otras entidades según sea necesario.

● Tributario – Asuntos financieros

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha expedido las siguientes normativas:

– El Decreto 0175 de 2025 establece medidas tributarias excepcionales para financiar los gastos derivados del estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González (Cesar). Entre las medidas, se crea un impuesto transitorio sobre los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, aplicando IVA sobre los depósitos realizados por los apostadores. También se implementa un impuesto especial del 1% sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, así como una modificación temporal del impuesto de timbre.

– El Decreto 0174 del 13 de febrero de 2025 reglamenta los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario y sustituye disposiciones del Decreto 1625 de 2016 para ajustar el costo fiscal de los activos fijos. Para el año gravable 2024, se establece un ajuste del 10,97% en el costo de los bienes muebles e inmuebles, basado en la variación del IPC para la clase media certificada por el DANE. También se permite a las personas naturales ajustar el costo de adquisición de bienes raíces, acciones y aportes con base en índices específicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el DANE, con el fin de determinar la renta o ganancia ocasional en caso de enajenación. El decreto define métodos alternativos para calcular el costo fiscal, permitiendo a los contribuyentes elegir entre multiplicadores específicos según el año de adquisición o

índices de reajuste. Además, se mantiene la posibilidad de incluir mejoras y contribuciones por valorización en el costo ajustado de los bienes raíces. La norma entra en vigencia desde su publicación y busca actualizar el marco tributario para reflejar la inflación y garantizar una correcta determinación de las obligaciones fiscales.

● TIC

– Expedido el Documento CONPES 4144 de 2025 establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Colombia, con el objetivo de fortalecer la investigación, desarrollo, adopción y uso ético de la IA para impulsar la transformación social y económica del país. La política se estructura en seis ejes estratégicos: ética y gobernanza, infraestructura tecnológica y datos, investigación y desarrollo, talento digital, mitigación de riesgos y adopción en entidades públicas y el sector privado. Se prevé la ejecución de 106 acciones hasta 2030, con una inversión de aproximadamente 479.273 millones de pesos. El documento reconoce los avances en digitalización, pero señala deficiencias en infraestructura, talento humano y regulación de IA. Para su implementación, participarán entidades como MinTIC, MinCiencias, MinEducación.