Desde Abu Dhabi, el presidente Donald Trump anunció que no será posible hacer acuerdos individuales sobre aranceles con los cerca de 150 países que lo han solicitado y anunció que en las próximas dos a tres semanas, su administración fijará los nuevos aranceles de manera unilateral.

El mandatario afirmó que, debido al gran volumen de países interesados, no es viable negociar individualmente con todos. Por eso, encargó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, que notifiquen directamente a los países las nuevas tarifas que deberán pagar para comerciar con EE. UU. “Seremos muy justos, pero vamos a decirles cuánto pagarán”, dijo Trump.

Hasta ahora, la administración solo ha alcanzado dos acuerdos: uno con el Reino Unido y otro con China. También se mencionan negociaciones avanzadas con India, Japón y Corea del Sur, aunque el cambio de gobierno en este último país podría retrasar el proceso.

Actualmente, Estados Unidos mantiene un arancel universal del 10% para casi todos los productos importados, con tasas mayores para el acero, el aluminio y los automóviles. Sin embargo, Trump ha dejado entrever que las tarifas podrían superar ese nivel base. Según Fitch Ratings, el arancel promedio actual es del 13%, por debajo del 23% registrado antes de la reducción de tarifas a productos chinos, pero significativamente mayor que el 2.3% previo a la reelección de Trump.

LA DEA PUBLICA NUEVO INFORME SOBRE TRÁFICO DE DROGAS: IMPLICACIONES PARA COLOMBIA

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos reveló en su informe anual que Colombia continúa siendo el principal origen de la cocaína incautada en territorio estadounidense. En 2024, el 84% de las muestras analizadas fueron rastreadas hasta Colombia, una leve reducción frente al 88% registrado en 2023, pero que reafirma una tendencia sostenida durante los últimos 25 años. Esta cifra mantiene vigente la preocupación de las autoridades estadounidenses sobre el papel que sigue teniendo Colombia en las dinámicas globales del narcotráfico, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel nacional e internacional para contrarrestarlo.

El informe también advierte sobre una evolución compleja del mercado de drogas sintéticas, en particular por el aumento de mezclas que incluyen fentanilo. Aunque las muertes por sobredosis disminuyeron en un 27% durante 2024, persisten riesgos asociados a la combinación de este opioide con sustancias como la xilacina —un sedante veterinario— y la medetomidina, un anestésico de uso clínico. Según la DEA, estas combinaciones generan incertidumbre sobre la composición real de las drogas en circulación, aumentando los riesgos para la salud pública.

Además, se evidencia que el fentanilo ha comenzado a aparecer de manera recurrente en otras drogas como la cocaína y la metanfetamina. De acuerdo con el informe, una de cada cuatro muestras de cocaína y una de cada ocho de metanfetamina contenía trazas de fentanilo, lo que amplía la amenaza de sobredosis más allá del consumo habitual de opioides y complica aún más las estrategias de prevención y control.

Implicaciones para Colombia

La información presentada por la DEA llega en un momento clave, considerando que en septiembre se llevará a cabo el proceso anual de evaluación sobre la cooperación internacional en la lucha contra las drogas. En este contexto, el hecho de que Colombia siga siendo la principal fuente de cocaína incautada en EE.UU. representa un desafío que podría influir en dicha revisión.

Si bien la reducción del 88% al 84% puede considerarse un indicio positivo, no constituye por sí sola una evidencia de transformación estructural. Desde la perspectiva de algunos actores en Washington, la persistencia de estas cifras podría interpretarse como señal de que aún existen retos en la efectividad de las estrategias implementadas.

La evaluación anual no solo considera los resultados en materia de interdicción, sino también las acciones estructurales orientadas a reducir los cultivos ilícitos y desarticular las redes del narcotráfico. En este sentido, el informe podría ser utilizado por algunos sectores del Congreso estadounidense para sugerir una revisión más estricta de los compromisos y avances del país en esta materia.

En caso de que la evaluación no resulte favorable, podrían surgir restricciones en ámbitos como la cooperación bilateral, la asistencia técnica, el comercio o el relacionamiento estratégico. Si bien estos efectos no son automáticos, sí podrían generar incertidumbre en el entorno económico e institucional.

ALERTA MUNDIAL: MOODY’S REBAJA LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE ESTADOS UNIDOS POR PRIMERA VEZ EN MÁS DE UN SIGLO

Moody’s Ratings retiró la última calificación perfecta (AAA) que quedaba sobre la deuda de Estados Unidos, rebajándola a Aa1 por el aumento persistente del endeudamiento y los pagos de intereses en relación con el PIB. Esta decisión se suma a las rebajas realizadas por S&P en 2011 y Fitch en 2023, y marca un cambio histórico en la percepción de la solidez fiscal del país. Aunque aún conserva una perspectiva “estable”, Moody’s advirtió que el creciente déficit fiscal podría seguir afectando negativamente la economía estadounidense.

La Casa Blanca respondió a la rebaja insinuando un sesgo político, señalando que Mark Zandi, economista de Moody’s, es un conocido crítico de Donald Trump. Moody’s ya había puesto en revisión la calificación en noviembre de 2024, tras episodios como la amenaza de default y la destitución del entonces presidente de la Cámara, Kevin McCarthy. La agencia destacó que, pese a los desafíos, la estructura institucional del país aún brinda cierto grado de confianza, aunque mencionó que la independencia de la Reserva Federal podría verse amenazada si Trump cumple sus advertencias de destituir a Jerome Powell.

Mientras tanto, el gobierno de Trump impulsa el paquete legislativo “One Big Beautiful Bill Act”, que plantea profundos recortes de impuestos y del gasto social, especialmente en Medicaid y cupones de alimentos. Sin embargo, esta estrategia aumentaría el déficit en $3.3 billones en la próxima década, según estimaciones preliminares, y elevaría el déficit anual a $2.9 billones en 2034. La combinación de menor recaudación y aumento del endeudamiento complica el regreso a una calificación crediticia perfecta, mientras el país se acerca a un nuevo límite de deuda sin una solución clara a la vista.

CORTE SUPREMA BLOQUEA LAS DEPORTACIONES DE TRUMP BAJO LA LEY DE ENEMIGOS EXTRANJEROS

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente los intentos del presidente Donald Trump de reactivar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación de tiempos de guerra que pretendía utilizar para expulsar rápidamente a inmigrantes venezolanos en el norte de Texas sin el debido proceso legal. Esta decisión representa un revés significativo para el presidente Trump, aunque el litigio principal sobre la legalidad de la medida continuará en tribunales federales de todo el país.

La Corte devolvió el caso a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para que determine si la acción del presidente es legal y qué tipo de notificación deben recibir los migrantes antes de ser deportados. Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, manifestaron públicamente su disenso, mientras que Brett Kavanaugh coincidió parcialmente con la mayoría, pidiendo una resolución rápida y definitiva por parte del tribunal.

El fallo también criticó duramente la actuación del juez de distrito James Hendrix, designado por Trump, por no haber actuado con suficiente celeridad para frenar deportaciones que podrían causar “daños severos e irreparables”. Los magistrados cuestionaron además el procedimiento utilizado por la administración para notificar a los migrantes —apenas 24 horas antes y sin información clara sobre cómo ejercer sus derechos legales.

Este caso específico involucró a venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, quienes comenzaron a recibir avisos de deportación inminente, a pesar de que otras cortes ya habían bloqueado el uso de la ley en distintas jurisdicciones. En su fallo, la Corte Suprema reafirmó que los migrantes tienen derecho a recibir notificación suficiente para solicitar revisión judicial a través de peticiones de hábeas corpus.

A raíz de decisiones anteriores de la Corte Suprema, los desafíos legales contra la Ley de Enemigos Extranjeros deben tramitarse en cortes distritales por separado. En consecuencia, jueces de Texas, Nevada, Colorado y otros estados han emitido medidas para frenar temporalmente la aplicación de la ley, mientras consideran múltiples demandas presentadas por migrantes venezolanos, especialmente aquellos presuntamente vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) representa a los migrantes y ha presentado una serie de demandas en busca de protección para personas identificadas y otras en situación similar. Aunque el uso de la ley ha sido parcialmente permitido por la Corte en decisiones anteriores, también se reconoció que los migrantes deben tener oportunidad real de impugnar su detención y deportación, lo que representa una victoria parcial para los derechos de los inmigrantes.

Al respecto, el presidente Trump expresó a través de su cuenta oficial de Truth: “La Corte Suprema acaba de dictaminar que los peores asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso aquellos con problemas mentales que ingresaron ilegalmente a nuestro país no pueden ser expulsados ​​sin pasar por un proceso legal largo, prolongado y costoso, que posiblemente tomará muchos años por persona y que les permitirá cometer numerosos delitos antes siquiera de ver un tribunal. El resultado de esta decisión permitirá que más CRIMINALES ingresen a nuestro país, causando un gran daño a nuestro querido pueblo estadounidense. También alentará a otros delincuentes a ingresar ilegalmente a nuestro país, sembrando el caos y el caos dondequiera que vayan. La Corte Suprema de los Estados Unidos no me permite hacer lo que fui elegido para hacer. El soñoliento Joe Biden permitió que millones de extranjeros delincuentes ingresaran a nuestro país sin ningún “PROCESO”, pero para expulsarlos, debemos pasar por un proceso largo y prolongado. En cualquier caso, gracias a los jueces Alito y Thomas por intentar proteger a nuestro país. ¡Éste es un día malo y peligroso para Estados Unidos!”

TROPIEZOS EN EL CONGRESO PARA EL “BIG, BEAUTIFUL BILL” DE TRUMP

Cinco congresistas republicanos se unieron a los demócratas para bloquear el avance del proyecto de ley presupuestal impulsado por Donald Trump, conocido como el “Big, Beautiful Bill”. Esta inesperada rebelión interna representa el primer revés legislativo del año para la administración, que buscaba extender los recortes fiscales de 2017 y eliminar impuestos sobre las propinas. Los disidentes republicanos exigen recortes más profundos al presupuesto y la eliminación total de los incentivos fiscales a las energías limpias promovidos por los demócratas.

El ala dura del Partido Republicano argumenta que la propuesta actual no reduce suficientemente el déficit y critican los recortes sociales insuficientes. En particular, los cinco republicanos inconformes exigen mayores recortes al programa Medicaid, que provee servicios de salud a personas de bajos ingresos. A su vez, el presidente Trump llamó a la unidad del partido, instando a dejar de “actuar para las cámaras” y aprobar la ley, mientras sus aliados intentan renegociar términos con el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

El proyecto ha sido duramente criticado por los demócratas, que advierten que los recortes a Medicaid y la Ley de Cuidado Asequible dejarían sin cobertura a millones de estadounidenses. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la propuesta costaría $3.72 billones en una década, lo que alimenta la preocupación sobre su impacto fiscal. Aunque el plan aún podría resurgir con cambios, su derrota inicial podría marcar una señal de fractura dentro del partido gobernante y un obstáculo serio para las prioridades económicas del presidente Trump.

Previo a la sesión del Congreso, el presidente Trump expresó a través de su cuenta de Truth Social: “Los republicanos DEBEN UNIRSE tras “¡LA ÚNICA, GRANDE Y HERMOSA LEY!”. No solo recorta los impuestos a TODOS los estadounidenses, sino que también dejará sin Medicaid a millones de inmigrantes indocumentados para protegerlo de quienes realmente lo necesitan. El país sufrirá mucho sin esta legislación, con un aumento del 65% en los impuestos. Se culpará a los demócratas, pero eso no ayuda a nuestros votantes. No necesitamos “fanfarrones” en el Partido Republicano. ¡DEJEN DE HABLAR Y HAGANLO! Es hora de arreglar el desastre que Biden y los demócratas nos han causado. ¡Gracias por su atención!”.

PRESIDENTE TRUMP SOLICITA 20.000 MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL PARA APLICAR MEDIDAS MIGRATORIAS

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. solicitó al Departamento de Defensa la movilización de más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la campaña del presidente Donald Trump contra la migración. Esta sería la primera vez que estas fuerzas se utilizarían directamente para ejecutar una política de represión migratoria en el interior del país. La petición ocurre tras una orden presidencial para ampliar las capacidades de detención y deportación, aunque aún no se define si los estados deben aprobar la medida ni el rol específico que asumirían los soldados.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó la solicitud y reiteró que se emplearán “todas las herramientas y recursos disponibles” para cumplir el mandato presidencial de detener y deportar a migrantes ilegales. Esta estrategia forma parte de una promesa de “deportaciones masivas” que la administración Trump busca implementar acelerando detenciones, para lo cual también ha incorporado agentes de otras agencias federales, como la ATF, los U.S. Marshals y la DEA.

Además del apoyo federal, el gobierno ha cerrado acuerdos con fuerzas de seguridad locales para participar en redadas conjuntas con el ICE. En una reciente operación en Florida, más de mil migrantes indocumentados fueron detenidos con ayuda de policías estatales.