Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio:

– Abierto para comentarios hasta el 16 de junio, el proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que busca reglamentar el artículo 98 de la Ley 2294 de 2023. Dicho artículo establece que las Cámaras de Comercio deben destinar parte de los recursos que reciben o administran por la prestación de servicios públicos delegados para financiar programas y políticas de reindustrialización, turismo y comercio exterior del Ministerio de Comercio. El decreto establece un sistema escalonado para estas contribuciones, basado en los ingresos operacionales de cada Cámara de Comercio por la prestación de servicios públicos delegados. Los porcentajes varían desde el 1% para aquellas con ingresos inferiores al 0,1375% de la suma total de ingresos de todas las Cámaras, hasta el 30% para las que superen el 1,1% de esa suma. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dará a conocer los programas y políticas específicas a más tardar el 30 de noviembre de cada año mediante una circular, incluyendo el valor que cada Cámara de Comercio deberá aportar. Estos programas deberán ser incorporados en el plan de trabajo anual de cada cámara. El Ministerio podrá celebrar convenios con las Cámaras de Comercio o con Confecámaras para la ejecución de dichos programas, y los recursos destinados deberán ser monetarios, excluyendo gastos administrativos de funcionamiento habitual de la función registral.

● Minero energético

– La Resolución 40243 de 2025, expedida por el Ministerio de Minas y Energía modifica la Resolución 40180 de 2015, relacionada con el reglamento técnico para la verificación de condiciones de seguridad en instalaciones de gas licuado de petróleo (GLP) en fase líquida. El cambio central radica en la eliminación del requisito de que los organismos de inspección acreditados (OIA) para la verificación de estas instalaciones también deban estar acreditados específicamente para la verificación de instalaciones con tanques de almacenamiento de GLP con capacidad mayor a 1000 galones. Con esta modificación, cualquier OIA que esté acreditado para la verificación de instalaciones de GLP en fase líquida, independientemente del tipo o tamaño de los tanques, podrá realizar la verificación de todas las instalaciones, lo

que simplifica el proceso de acreditación y potencialmente agiliza las inspecciones. La resolución aclara que su alcance no se extiende a estaciones de servicio automotor de GLP, estaciones de servicio de GLP para vehículos o instalaciones industriales que utilicen GLP como combustible en grandes volúmenes. Se enfatiza que las instalaciones de GLP en fase líquida de 1ª, 2ª y 3ª categoría deben continuar cumpliendo con los requisitos de seguridad establecidos en la Resolución 40180 de 2015 y sus modificaciones.

● Tributario – Asuntos financieros

– El Banco de la República publicó el Informe de la Evolución de la Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional – I trimestre de 2025 donde muestra un déficit en cuenta corriente de USD 2.658 millones, lo que representa el 2,8% del PIB trimestral. Este déficit es el resultado de un déficit en la balanza de bienes de USD 1.890 millones, un déficit en la balanza de servicios de USD 966 millones, un déficit en el rubro de renta de los factores de USD 2.766 millones y un superávit de USD 2.964 millones en transferencias corrientes. En contraste con el mismo periodo del año anterior (primer trimestre de 2024), el déficit en cuenta corriente ha disminuido significativamente desde los USD 3.693 millones (3,9% del PIB trimestral). Esta mejora se atribuye principalmente a un mayor superávit en las transferencias corrientes y a una disminución en el déficit de la renta de los factores. La cuenta de capital financiero, que registra los flujos de inversión, mostró entradas netas de capital por USD 3.844 millones en el primer trimestre de 2025. Dentro de esta cuenta, la inversión directa en Colombia fue de USD 2.678 millones, mientras que la inversión de Colombia en el exterior fue de USD 286 millones. Por otro lado, la inversión de cartera en Colombia registró entradas netas por USD 807 millones, y el endeudamiento externo obtuvo desembolsos netos por USD 173 millones. Las reservas internacionales brutas del Banco de la República aumentaron en USD 1.488 millones durante este trimestre, alcanzando los USD 61.642 millones. Esta dinámica en la balanza de pagos refleja una mejora en la posición externa del país, con una menor necesidad de financiación externa y un incremento en las reservas.

● Salud

– Abierto para comentarios hasta el 14 de junio de 2025 por parte del Ministerio De Salud, el proyecto de resolución que establece las normas para la implementación obligatoria del Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial (SIIFA), un mecanismo que busca garantizar la trazabilidad, transparencia y eficiencia en el manejo de información financiera y asistencial del sector salud. Define los módulos que componen el sistema —contratación, facturación electrónica, seguimiento a facturas y pagos—, así como las responsabilidades específicas de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, IPS, ADRES, etc.). La norma fija además manuales de operación e interoperabilidad, la estructura mínima de los reportes, los plazos para el cargue de información y crea un comité técnico interinstitucional para coordinar su ejecución. Este sistema responde a mandatos legales previos y tiene como objetivo principal acelerar el flujo de recursos entre los agentes del sector, prevenir demoras y mejorar la supervisión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

● Laboral

– El Ministerio del Trabajo dispone para comentarios hasta el 19 de junio de 2025, el proyecto de decreto que crea el Programa Nacional “Incluir para Trabajar”, con el fin de articular y ejecutar una política integral que garantice el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en Colombia. La norma responde a obligaciones legales y fallos judiciales que exigían al Gobierno reglamentar medidas establecidas en la Ley 1618 de 2013, incluyendo incentivos para empleadores, ajustes razonables en el entorno laboral y fortalecimiento de proyectos productivos. El programa establece principios como la igualdad, la accesibilidad, la participación y el enfoque diferencial, e impone a entidades públicas y privadas la obligación de implementar acciones concretas de inclusión laboral. Entre sus componentes clave se encuentran: incentivos económicos y tributarios a empleadores que contraten personas con discapacidad; líneas de crédito preferenciales y asistencia técnica para emprendedores; ajustes razonables y acompañamiento post contratación; promoción de negocios inclusivos y compras públicas que favorezcan a unidades productivas lideradas por personas con discapacidad. El decreto también establece una Ruta Integral de Inclusión Laboral y define responsabilidades interinstitucionales para su implementación, con plazos específicos para desarrollar protocolos y planes de acción sectoriales y territoriales.

● TIC

– El Ministerio de las Tecnologías dispone para comentarios hasta el 19 de junio de 2025, el proyecto de resolución que compila y simplifica la normativa general vigente en materia de televisión, anteriormente expedida por la extinta Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Su propósito es consolidar en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones que hoy se encuentran bajo la competencia del Ministerio, luego de la reorganización sectorial establecida en la Ley 1978 de 2019. Esta resolución actualiza el lenguaje, elimina referencias a entidades ya liquidadas, clarifica los regímenes de

habilitación y concesión, y organiza de manera sistemática los requisitos, procedimientos y definiciones aplicables al servicio público de televisión en todas sus modalidades: nacional, regional, local, por suscripción, comunitaria, étnica y televisión digital terrestre (TDT). El documento busca brindar seguridad jurídica y facilitar la consulta normativa, manteniendo el contenido sustancial de las normas originales pero adaptándolo a la institucionalidad actual. Incluye reglas para la adjudicación y prórroga de concesiones, requisitos para operar canales y estaciones, lineamientos para la televisión étnica y comunitaria, disposiciones sobre TDT y sobre el Registro Único de Operadores. Además, se establece un régimen transitorio para operadores existentes y se promueve el respeto a la diversidad cultural y el acceso equitativo al servicio

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]