Cuando Donald Trump inició su segundo mandato, pocos dudaban de que su renovada cruzada arancelaria tendría consecuencias inmediatas sobre la inflación. Las advertencias eran contundentes: un salto en los precios de bienes importados podría reavivar la crisis inflacionaria que él mismo prometió resolver. Sin embargo, contra todo pronóstico, la temida ola inflacionaria no ha llegado. Al menos, no todavía.

Según datos oficiales, los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron solo un 2,4% anual en mayo, una cifra por debajo de lo previsto por los analistas, y que representa el nivel más bajo desde principios de 2021. Incluso el índice preferido por la Reserva Federal, el de Gasto en Consumo Personal (PCE), situó la inflación subyacente en 2,5%. Nada cercano al 6% o más que proyectaban firmas como Goldman Sachs o JPMorgan.

Un aumento arancelario histórico… con impacto limitado

Los aranceles actuales cubren el 71% de todas las importaciones de bienes a EE. UU., con una tasa efectiva del 14,1%, frente al 2,3% del año pasado. Aun así, el impacto sobre los precios ha sido mínimo. De los 80 productos monitoreados por Telsey Advisory Group desde abril, solo 19 subieron de precio, mientras que 16 bajaron. Incluso los autos nuevos, sujetos a aranceles de hasta el 25%, han bajado levemente de precio.

Según Jerome Powell, presidente de la Fed, esto se explica por los inventarios: muchos productos que hoy están en tiendas fueron importados antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Pero también porque algunas grandes empresas están absorbiendo parte de los costos para evitar afectar al consumidor final.

¿Una victoria para Trump?

Desde la Casa Blanca, el discurso es de triunfo. “Todos los detractores han sido desacreditados”, dijo Peter Navarro, asesor comercial. Y no sin razón: la inflación general sigue más baja que cuando Trump regresó al poder. Joseph Lavorgna, actual consejero del Tesoro, argumenta que los aranceles no están siendo inflacionarios porque los proveedores extranjeros han reducido sus márgenes para mantenerse competitivos.

Pero esta narrativa tiene matices. En su primer mandato, Trump impuso aranceles por $380.000 millones; ahora supera los $2,3 billones. Además, la pandemia alteró tanto las cadenas de suministro que fue difícil aislar el impacto de los aranceles anteriores.

¿Y si solo es cuestión de tiempo?

Muchos economistas advierten que el verdadero impacto podría comenzar a sentirse en el tercer trimestre del año. Grandes cadenas como Walmart, Target y Costco ya anticipan alzas selectivas de precios. Powell ha reconocido que a medida que se agoten los inventarios antiguos, los efectos comenzarán a trasladarse al consumidor. “Esperamos ver más impacto a lo largo del verano”, dijo.

Las pequeñas y medianas empresas, con menor capacidad para absorber costos, ya reportan dificultades y anuncian subidas de precios o recortes en la oferta. Y si bien la inflación general sigue contenida, el Índice de Precios Pagados por Empresas del ISM mostró en abril su mayor aumento desde noviembre de 2022.

Por ahora, los efectos inflacionarios de los aranceles parecen contenidos. Pero no hay consenso sobre cuánto durará este equilibrio. ¿Estamos ante una política comercial que desafía los modelos económicos tradicionales? ¿O simplemente se trata de una demora en los efectos, impulsada por inventarios y estrategia empresarial?

Lo cierto es que Trump ha logrado sostener el relato de que su enfoque arancelario no solo es viable, sino exitoso. El tiempo dirá si ese triunfo es estructural o meramente táctico.

TULSI GABBARD SE ENFRÍA EN EL CÍRCULO DE TRUMP

La luna de miel entre Donald Trump y su directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, parece estar llegando a su fin. Lo que comenzó como una apuesta audaz —poner al frente de la comunidad de inteligencia a una excongresista demócrata convertida en ícono del trumpismo— hoy se enfrenta al escepticismo dentro del Ala Oeste y a una creciente controversia en los círculos de seguridad nacional.

Todo se aceleró esta semana, cuando desde el avión presidencial, Trump descartó públicamente las declaraciones de Gabbard sobre Irán ante el Congreso, en las que afirmó que Teherán no está construyendo activamente un arma nuclear. “No me importa lo que dijo”, fue la respuesta del presidente. “Creo que estaban muy cerca de tenerla”. La afirmación —directa, cortante— detonó una tormenta mediática entre los aliados MAGA, divididos entre quienes ven en Gabbard una voz firme contra el intervencionismo y quienes la acusan de debilitar la narrativa presidencial.

Internamente, las tensiones no son nuevas. Aunque la Casa Blanca había defendido a Gabbard como una figura en aprendizaje y con el favor del presidente, fuentes cercanas afirman que Trump y sus asesores han comenzado a verla como una funcionaria “fuera de línea”, particularmente en relación con el conflicto entre Israel e Irán. El punto de quiebre habría sido un video publicado por Gabbard en el que advertía que el mundo está “más cerca que nunca del borde de una aniquilación nuclear” y culpaba a la “élite política y los belicistas” de escalar tensiones. Para muchos, incluido Trump, el mensaje fue interpretado como una crítica encubierta a la posibilidad de permitir que Israel ataque a Irán.

Aunque públicamente la oficina de Gabbard ha insistido en que ella y el presidente están “alineados” en materia de seguridad, fuentes dentro de la administración señalan que su relación con el círculo cercano de Trump se ha enfriado. No fue invitada a una reciente reunión en Camp David con los principales responsables de defensa y seguridad —oficialmente por estar de servicio en la Guardia Nacional—, pero el mensaje fue claro: no se consideró su presencia necesaria.

Más allá de los gestos simbólicos, la figura de Gabbard genera debate por la forma en que está ejerciendo un cargo que, por definición, debería estar aislado de la política partidista. Desde que asumió como directora de inteligencia nacional (DNI), ha lanzado una ofensiva contra lo que llama la “podredumbre del Estado profundo”, desmantelando programas de diversidad, despidiendo a funcionarios de carrera y revocando permisos de seguridad a antiguos críticos de Trump. Ha dirigido recursos a investigar lo que califica como “politización” de la inteligencia durante la era Biden, y hasta ha exigido actualizar reportes que no se alineaban con las prioridades del presidente.

En redes sociales, Gabbard se muestra como una figura fuerte, entrenando físicamente y denunciando supuestas conspiraciones internas. Su esposo, videógrafo de profesión, ha sido visto grabando parte de ese contenido dentro de instalaciones oficiales. Pero dentro de la comunidad de inteligencia, muchos se preguntan qué hace realmente en el día a día, más allá de mantener una presencia constante en medios conservadores y redes.

Para sus defensores, es una reformadora decidida a limpiar el sistema. Para sus críticos, una funcionaria sin experiencia suficiente que pone en riesgo la integridad del análisis de inteligencia al priorizar lealtad política sobre evidencia objetiva. El hecho de que haya despedido a los dos altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia —encargado de evaluar las principales amenazas globales— encendió alarmas en el Congreso. La carta enviada por los líderes demócratas de los comités de inteligencia refleja una preocupación creciente: Gabbard no solo estaría politizando la inteligencia, sino minando los contrapesos internos que evitan su manipulación.

En medio del caos, Gabbard aún cuenta con aliados poderosos, como el vicepresidente JD Vance, quien la calificó como “miembro esencial” del equipo. Sin embargo, incluso dentro del entorno presidencial hay voces que cuestionan su permanencia. “No está haciendo daño… todavía”, dijo un alto funcionario, dejando entrever que su futuro depende más de las percepciones que de resultados.

La trayectoria de Tulsi Gabbard al frente del DNI es, en muchos sentidos, un reflejo de la propia presidencia de Trump: ruptura con la institucionalidad, centralidad del espectáculo, lealtad personal como criterio de gestión, y una narrativa que define enemigos internos antes que amenazas externas. El desenlace aún es incierto, pero una cosa es clara: el equilibrio entre inteligencia profesional y lealtad política está, una vez más, en juego.

TRUMP PRESIONA PARA ELEVAR GASTO MILITAR EN LA OTAN PREVIO A UNA NUEVA CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

La próxima cumbre de la OTAN, el 24 de junio en La Haya, se presenta marcada por la propuesta de Donald Trump de aumentar el gasto en defensa de los aliados al 5 % del PIB. Esta exigencia ha generado tensiones dentro de la alianza, especialmente con países como España, que ha rechazado formalmente la medida. Francia, Italia y Eslovaquia también han expresado reservas ante el impacto económico de la propuesta. El temor a que EE. UU. retire su respaldo en caso de incumplimiento ha acrecentado la incertidumbre sobre la cohesión del bloque.

España lidera la oposición a la medida, alegando que el aumento sería “irracional y contraproducente”. El presidente Pedro Sánchez ha planteado alternativas, como una fórmula flexible o una exención para su país. España es actualmente el miembro de la OTAN con el menor gasto en defensa (1,28 % del PIB) y argumenta que cumplir con el nuevo umbral afectaría su capacidad de mantener el Estado del bienestar. Eslovaquia, incluso, ha amenazado con abandonar la organización si se impone la exigencia.

Otros países aliados, como Italia, comparten la preocupación por los plazos y proponen ampliar el horizonte hasta 2035. Mientras, la fórmula de Trump, respaldada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, prevé dividir el 5% entre gasto militar directo y otras áreas como ciberseguridad e infraestructura. A pesar de la resistencia, la cumbre girará más en torno a cómo implementar el aumento que a si debe adoptarse o no. La meta de alcanzar el nuevo objetivo para 2032 aún está en discusión.

En paralelo, Vladímir Putin ha restado importancia al rearme occidental, calificando como “tontería” la idea de una ofensiva rusa contra Europa. El líder ruso sostiene que el presupuesto militar de la OTAN ya supera al del resto del mundo combinado, incluido el de Rusia. Desde su perspectiva, el argumento de que Moscú representa una amenaza inminente es parte de una narrativa irracional promovida por Occidente para justificar un aumento del gasto. Según él, esto solo generaría más tensiones globales.

La cumbre en Países Bajos será un punto de inflexión para la OTAN. Mientras Trump busca una victoria política con una alianza más “letal y justa”, varios países europeos intentan evitar un desbalance que afecte su estabilidad económica. Aunque no todos los miembros se oponen a elevar el gasto, el verdadero debate será sobre los mecanismos, los plazos y las condiciones para cumplir una meta tan ambiciosa. El desafío será preservar la unidad estratégica sin fracturar la base social y fiscal de sus integrantes.

DISPUTA LEGAL EN EL CASO ÁBREGO GARCÍA, MIGRANTE DEPORTADO POR ERROR A EL SALVADOR

Kilmar Ábrego García, un inmigrante que fue deportado por error a una prisión en El Salvador y luego repatriado a Estados Unidos, enfrenta ahora una acusación penal por contrabando de personas. La administración de Donald Trump ha convertido su caso en un ejemplo emblemático para ilustrar los supuestos riesgos de permitir la presencia de inmigrantes indocumentados en el país. Sin embargo, el proceso judicial ha revelado inconsistencias y falta de pruebas sólidas, lo que ha provocado un intenso debate legal y político.

Durante una extensa audiencia en Tennessee, la defensa logró cuestionar seriamente la evidencia presentada por el Departamento de Justicia, incluyendo grabaciones policiales y testimonios de agentes. Se discutió la validez de las identidades proporcionadas por los ocupantes del vehículo y la supuesta presencia de un menor sin cinturón de seguridad. La jueza también expresó escepticismo sobre la conexión directa entre Ábrego y redes criminales, afirmando que muchos elementos del caso carecen de sustento verificable.

Los testigos clave del gobierno son cooperadores con antecedentes penales, algunos de los cuales buscan reducir sus propias penas migratorias o criminales. La defensa argumentó que estos testigos podrían estar motivados a mentir para beneficiarse, y denunció el uso de rumores como pruebas, incluyendo afirmaciones infundadas sobre acoso sexual o vínculos con la MS-13. Varias veces, la jueza intervino para pedir pruebas concretas ante alegatos basados en “sentido común”.

La fiscalía intenta sostener que Ábrego representa un peligro, pero no ha presentado hechos recientes que demuestren una amenaza actual. Algunos expertos afirman que el caso, en otras circunstancias, habría pasado desapercibido, pero la administración ha buscado visibilidad mediática. Pam Bondi, secretaria de Justicia, y el fiscal McGuire insisten en la gravedad del contrabando humano, aunque la jueza recordó que el acusado no está vinculado a los casos más graves que se han mencionado como ejemplo.

En el fondo, el proceso refleja más una confrontación política que un caso criminal claro. La narrativa oficial parece dirigida a reforzar la postura de línea dura de Trump en materia migratoria, mientras el expediente contra Ábrego se sostiene con elementos débiles. La credibilidad de las pruebas, la motivación de los testigos y la falta de evidencias directas han convertido el juicio en un terreno de disputa sobre el uso político del sistema judicial y la criminalización de la migración irregular.

TRUMP RETIENE CONTROL DE LA GUARDIA NACIONAL DE CALIFORNIA TRAS FALLO DE TRIBUNAL DE APELACIONES

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el presidente Donald Trump puede mantener el control de aproximadamente 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California, tras aceptar su solicitud de suspender temporalmente una orden judicial previa que le exigía ceder dicha autoridad. El fallo del Noveno Circuito sostiene que Trump probablemente actuó dentro del marco legal al invocar la ley federal 10 USC 12406 para federalizar las tropas, en respuesta a disturbios relacionados con operativos migratorios en Los Ángeles. Esta decisión representa una derrota para el gobernador Gavin Newsom, quien había acusado al presidente de violar normas procesales.

El panel de jueces, compuesto por dos designados por Trump y uno por Biden, concluyó que el presidente tenía una base “verosímil” para justificar la medida, al considerar que ciertos actos de vandalismo e interferencia con agentes federales obstaculizaron la ejecución de las leyes. Además, el tribunal fue deferente con el criterio del presidente como comandante en jefe, subrayando que su autoridad para responder ante situaciones de alteración del orden tiene amplio margen de maniobra. El fallo también rechazó que fuera inválida la forma en que se comunicó la orden, al considerar que el memorando presidencial enviado al general estatal cumplía con la exigencia legal de actuar “a través del gobernador”.

Aunque el fallo favorece a la Casa Blanca, el tribunal también desestimó algunos argumentos del Departamento de Justicia, como la afirmación de que los tribunales no pueden revisar las decisiones del presidente en este contexto. Por ahora, California puede escalar el caso a la Corte Suprema. Mientras tanto, las tropas continúan desplegadas en Los Ángeles, aunque la situación en la ciudad ha mostrado señales de estabilización en los últimos días, tras los incidentes que desataron la movilización militar.

La controversia continúa, ya que el juez federal Charles Breyer ha programado una audiencia para revisar el uso operativo de la Guardia Nacional en el terreno. El centro del debate gira no solo en torno a la legalidad formal del despliegue, sino también al alcance real de los poderes presidenciales y al precedente que esta acción pueda sentar. Aunque Trump defiende su decisión como una respuesta legítima a la violencia, críticos advierten sobre un posible uso político de las fuerzas estatales, desafiando el equilibrio entre autoridad federal y soberanía estatal.

JUEZ BLOQUEA INTENTO DE TRUMP DE CONDICIONAR FONDOS DE TRANSPORTE A COOPERACIÓN MIGRATORIA

Un juez federal de Rhode Island frenó temporalmente el intento del Gobierno de Donald Trump de condicionar la entrega de fondos federales para transporte a la cooperación de los estados con las políticas migratorias federales. El magistrado John McConnell, nominado por Barack Obama, concedió una orden judicial preliminar en favor de 20 estados, en su mayoría demócratas, que argumentaban que el Departamento de Transporte estaba extralimitando su autoridad. Según McConnell, el Congreso nunca otorgó poder al Ejecutivo para imponer exigencias migratorias como requisito para acceder a recursos ya asignados por ley.

En su decisión, el juez calificó de “arbitraria y caprichosa” la medida, señalando que carecía de criterios claros sobre qué tipo de cooperación exigía el Gobierno federal. El fallo representa un nuevo revés legal para la administración Trump, que ha intentado usar el financiamiento federal como herramienta de presión política contra estados y entidades que discrepan de su agenda. La acción judicial frena, al menos por ahora, un recorte potencial de miles de millones de dólares destinados a infraestructura vial, aérea y ferroviaria.

El fallo fue celebrado por autoridades estatales como el fiscal general de California, Rob Bonta, quien acusó a Trump de usar los fondos “como moneda de cambio” para coaccionar a los estados. Mientras el secretario de Transporte, Sean Duffy, defendía en redes sociales la política como una respuesta a “actores estatales rebeldes”, los demandantes insisten en que la imposición viola la Constitución al intentar obligar a los estados a asumir competencias federales en inmigración. La disputa legal continuará en tribunales mientras se define si el Ejecutivo puede o no condicionar recursos presupuestales a la alineación política.

TRUMP ACELERA DESMANTELAMIENTO DE MEDIOS PÚBLICOS CON DESPIDO MASIVO EN VOA Y RADIO MARTÍ

La administración Trump despidió a 639 empleados de la Agencia de EE. UU. para los Medios Globales (USAGM), incluidos trabajadores de Voice of America y Radio Martí. La medida, según la asesora Kari Lake, busca ejecutar la agenda de reducción del “despilfarro burocrático” impulsada por el presidente. Desde marzo, la plantilla ha sido recortada en un 85 %, dejando apenas 250 empleados en las principales emisoras públicas del país.

Con esta acción, Trump refuerza su cruzada contra medios públicos, universidades y entidades culturales, a las que acusa de parcialidad ideológica. El cierre parcial de Voice of America, que transmite en más de 40 idiomas hacia países con censura, ha generado rechazo bipartidista. Legisladores y expertos alertan del impacto global y la pérdida de una herramienta clave del “poder blando” estadounidense.

El director de VOA y varios periodistas han presentado demandas contra la orden ejecutiva, buscando frenar los despidos. Aunque inicialmente lograron bloqueos judiciales, estos fueron revertidos por cortes de apelación y los casos siguen en curso. Mientras tanto, el Gobierno defiende los recortes como un paso hacia la eficiencia fiscal y el control ideológico de las plataformas financiadas con fondos públicos.

TRUMP ANTICIPA POSIBLE ACUERDO CON HARVARD

El presidente Donald Trump anunció que su administración podría alcanzar un acuerdo con la Universidad de Harvard la próxima semana, tras semanas de tensión y suspensión de más de US$ 2.600 millones en fondos federales destinados a investigación. En un mensaje en Truth Social, Trump declaró: “Han actuado de forma sumamente apropiada durante estas negociaciones y parecen comprometidos con hacer lo correcto”.

El mandatario calificó el posible pacto como “increíblemente histórico y muy beneficioso para nuestro país”, señalando un cambio de tono frente a una de las instituciones que ha sido blanco constante de su gobierno. Harvard ha sido acusada por la Casa Blanca de fomentar el antisemitismo y mantener sesgos políticos, convirtiéndose en un símbolo de lo que Trump llama el “fracaso moral” de las élites académicas.

Además de cortar los fondos, Trump ha solicitado eliminar el estatus de exención tributaria de la universidad, que cuenta con una dotación de US$53.000 millones. Mientras la Casa Blanca se abstuvo de emitir más comentarios, Harvard no respondió a la prensa. El eventual acuerdo marcaría un giro importante en la ofensiva del gobierno federal contra el sistema universitario tradicional.

JUEZA BLOQUEA VETO DE TRUMP A ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN HARVARD

Una jueza federal en Boston decidió mantener indefinidamente el bloqueo al veto impuesto por el presidente Donald Trump, que impedía a la Universidad de Harvard matricular estudiantes y académicos extranjeros. La medida, que revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, fue suspendida mientras se resuelve una demanda interpuesta por la institución. La jueza Allison D. Burroughs ordenó al Gobierno preparar de inmediato una guía para los afectados.

Harvard argumenta que la decisión de Trump afecta gravemente a su funcionamiento académico, dado que casi una cuarta parte de su alumnado es internacional. La universidad alegó que la revocación ya ha causado disrupciones significativas en programas académicos, investigaciones y cursos. Además, denunció ante la corte que estudiantes recién llegados fueron retenidos durante horas sin comunicación en el aeropuerto de Boston, tras ser enviados a inspección secundaria.

CHINA Y RUSIA APROVECHAN LA CRISIS ISRAEL-IRÁN PARA DESAFIAR LA HEGEMONÍA DE EE. UU.

En medio de una posible confrontación entre Israel e Irán, China y Rusia han intensificado su alianza estratégica para proyectarse como una alternativa al liderazgo de Estados Unidos. En una conversación telefónica, Xi Jinping y Vladimir Putin coincidieron en la necesidad de contener la escalada del conflicto, presentándose como voces de moderación frente a un Washington que, según su narrativa, alimenta la inestabilidad regional. Este posicionamiento responde tanto a intereses geopolíticos como a una apuesta por disputar la narrativa global.

El Kremlin denunció las acciones israelíes como violaciones del derecho internacional, mientras que Xi adoptó un tono más prudente, instando a Israel a cesar el fuego sin una condena explícita. Su llamado a las “grandes potencias” para actuar con responsabilidad fue una crítica implícita a la administración Trump, que evalúa apoyar militarmente a Israel. Esta postura diplomática apunta a consolidar el papel de China como una potencia que promueve la estabilidad, en contraste con la política exterior estadounidense.

El interés de China en la estabilidad de Irán es profundo. Teherán es clave para la Franja y la Ruta, fuente vital de energía y socio estratégico en mecanismos como los BRICS. Beijing ha invertido en tejer relaciones simultáneas con actores opuestos en la región, lo que refuerza su perfil como mediador. Sin embargo, su influencia concreta sigue siendo limitada, como lo demuestra su escaso impacto en crisis recientes como la de Gaza, pese a su activa diplomacia.

Aun con logros modestos, la narrativa de China y Rusia encuentra eco en el Sur Global y entre países escépticos frente al orden liderado por EE. UU. En contraste, Trump, enfocado inicialmente en el Indo-Pacífico, podría verse obligado a redirigir su atención al Medio Oriente, lo que abre espacios que sus rivales aprovechan hábilmente. Para Beijing y Moscú, cada vacío estadounidense es una oportunidad para reconfigurar las reglas del sistema internacional.

EE. UU. EXPANDE ARANCELES A ELECTRODOMÉSTICOS Y CREA REEMBOLSOS PARA AUTOS FABRICADOS LOCALMENTE

El gobierno de EE. UU. implementará desde el 23 de junio nuevos aranceles del 50% sobre el contenido de acero en electrodomésticos como lavadoras, neveras o cocinas, considerados “productos derivados” del acero. Esta decisión marca una ampliación del uso de la Sección 232, una ley que permite imponer aranceles si las importaciones amenazan la seguridad nacional. Aunque estos bienes no son acero puro, contienen componentes metálicos significativos. La medida apunta a reforzar la industria siderúrgica nacional.

En paralelo, se introdujo un mecanismo de “reembolso compensatorio” para fabricantes de autos, que permite recuperar parte del arancel del 25% aplicado desde abril a vehículos y autopartes importadas (salvo las de México y Canadá que cumplan con el T-MEC). Para acceder al beneficio, las empresas deberán demostrar valor agregado local a través de variables como producción nacional, precios de venta sugeridos y estimaciones de carga arancelaria. Este instrumento busca balancear la protección comercial con incentivos a la manufactura doméstica.

La complejidad del nuevo esquema tarifario aumentará las exigencias para exportadores e importadores, quienes deberán ajustarse a reglas más técnicas y cambiantes. A nivel internacional, estos cambios elevan la incertidumbre y podrían reavivar tensiones comerciales, sobre todo con países cuyas exportaciones de electrodomésticos ahora se verán gravemente afectadas por los nuevos costos impuestos por Washington.

CONGRESISTA DE OHIO DENUNCIA AMENAZAS ANTISEMITAS Y PERSECUCIÓN VEHICULAR; DETENIDO EL PRESUNTO AGRESOR

El congresista republicano Max Miller denunció haber sido perseguido y amenazado de muerte en una carretera de Ohio por un individuo que, según su testimonio, le mostró una bandera palestina y le gritó amenazas antisemitas contra él y su hija. El presunto agresor, Feras S. Hamdan, de 36 años, fue identificado y se entregó voluntariamente a la policía de Rocky River. El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión social y política, en el que el antisemitismo se ha intensificado en medio del conflicto en Medio Oriente.

Miller, exmarine y defensor de Israel, aseguró que portaba un arma, pero optó por no usarla. En una llamada al 911, relató: “Estoy agradecido de no haber tenido que usarla… pero este hombre claramente quería hacerme daño”. Posteriormente, declaró en redes sociales: “Como marine, como orgulloso judío estadounidense y como defensor de Israel, no me voy a esconder ante esta violencia antisemita”. La Policía del Capitolio se movilizó rápidamente para respaldar la investigación y apoyar al congresista tras lo ocurrido.

Tanto líderes republicanos como demócratas condenaron enérgicamente el ataque. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, lo atribuyó a una “retórica desquiciada” que alimenta la violencia, mientras que Hakeem Jeffries y otros dirigentes demócratas exigieron reforzar las medidas de protección a funcionarios.

TENSIONES CRECIENTES ENTRE TRUMP Y TULSI GABBARD DEBILITAN SU ROL EN INTELIGENCIA NACIONAL

La relación entre el presidente Donald Trump y su directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, muestra signos de deterioro tras una serie de desencuentros sobre Irán y el manejo del conflicto con Israel. Las tensiones se intensificaron esta semana cuando Trump desautorizó públicamente a Gabbard por afirmar que Irán no desarrolla un arma nuclear, diciendo: “No me importa lo que dijo… creo que estaban muy cerca de tenerla”. Estas declaraciones marcaron un distanciamiento con una figura inicialmente vista como símbolo del aperturismo trumpista hacia voces externas al Partido Republicano.

Aunque la oficina de Gabbard insiste en que sigue alineada con Trump en temas de seguridad, fuentes internas revelan que ha sido marginada de decisiones clave. No fue convocada a una reciente reunión en Camp David y se percibe un creciente malestar por su postura crítica frente a una posible guerra con Irán.

Gabbard, ha impulsado una reestructuración del aparato de inteligencia bajo la bandera de combatir la “politización heredada”. Ha cerrado programas, despedido funcionarios de carrera y centrando esfuerzos en revisar informes considerados hostiles al presidente. Mientras mantiene una activa presencia en redes sociales y medios afines, en la comunidad de inteligencia se cuestiona su preparación técnica y su autonomía. Críticos en el Congreso temen que su gestión debilite los controles internos esenciales para una inteligencia no partidista.

Pese a los cuestionamientos, Gabbard aún conserva respaldo en figuras clave como el vicepresidente JD Vance, quien la describe como “esencial”. Sin embargo, su permanencia parece depender más del clima político y la percepción presidencial que de sus logros institucionales. Para algunos, es una reformista decidido; para otros, una figura sin experiencia que ha llevado el aparato de inteligencia a una fase de incertidumbre y subordinación política.