En una decisión clave con implicaciones institucionales profundas, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló este viernes a favor del presidente Donald Trump, al limitar el poder de los tribunales federales de menor instancia para emitir medidas cautelares de alcance nacional que bloqueen sus decisiones ejecutivas.

La sentencia, adoptada por mayoría conservadora, restringe la práctica mediante la cual jueces en tribunales de distrito podían suspender la aplicación de políticas del Ejecutivo en todo el país, incluso si el caso había sido presentado en un solo estado o por una parte limitada. Esta herramienta había sido ampliamente utilizada durante el primer mandato de Trump y nuevamente desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, en áreas como:

Migración: donde jueces federales bloquearon medidas como la detención prolongada de menores migrantes, la cancelación del DACA o el intento de restringir asilo en la frontera.

Comercio: donde decisiones judiciales paralizaron aranceles anunciados por el Ejecutivo o la reinterpretación de acuerdos comerciales.

Medio ambiente y salud pública: donde tribunales suspendieron nuevas regulaciones de emisiones y cambios a la cobertura de salud.

Temas electorales: incluyendo bloqueos a nuevas restricciones sobre el voto por correo y acceso al registro electoral.

¿Qué cambia con esta decisión?

A partir de ahora, las órdenes judiciales de emergencia (injunctions) emitidas por jueces federales solo podrán tener efecto dentro de su jurisdicción geográfica inmediata, salvo en casos donde exista un mandato claro del Congreso o donde la Corte Suprema ratifique la medida.

Esto significa que si un juez en California o Nueva York emite una orden contra una política de la Casa Blanca, ya no podrá frenar su aplicación en otros estados. Para detener la política a nivel nacional, será necesario escalar el caso a cortes de apelación o incluso a la Corte Suprema.

¿Qué implica para la administración Trump?

La decisión representa una victoria táctica para Trump, quien ha denunciado sistemáticamente el uso de lo que llama “jueces activistas” para sabotear su agenda. En términos prácticos, el fallo reduce el margen de maniobra del poder judicial para bloquear de inmediato sus decretos y regulaciones, lo que podría acelerar la implementación de políticas controversiales sin que queden suspendidas a nivel nacional de forma automática.

En este contexto, se espera que la Casa Blanca intente reactivar medidas previamente paralizadas, especialmente en materia migratoria, control fronterizo y comercio exterior, donde ya se han anunciado nuevas restricciones y ajustes normativos.

¿Qué límites dejó la Corte?

A pesar de lo anterior, la Corte también envió una señal clara sobre los límites constitucionales del poder presidencial. En particular, dejó entrever que el plan de Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento —garantizado por la Enmienda 14— no tendría viabilidad jurídica, incluso si logra sortear las cortes de menor instancia.

Este mensaje sugiere que la Corte está dispuesta a limitar excesos estructurales del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Un precedente con impacto institucional

La decisión no solo influye en el actual contexto político, sino que marca un precedente de largo plazo sobre el equilibrio de poderes en EE. UU. Al restringir el uso de medidas cautelares de alcance nacional, la Corte refuerza la centralidad del Ejecutivo en la toma de decisiones inmediatas, pero también aumenta la responsabilidad del Congreso y la Corte Suprema para supervisar el poder presidencial de fondo.

Para la oposición demócrata, juristas y organizaciones de derechos civiles, este fallo debilita los mecanismos de contención frente a decisiones potencialmente inconstitucionales. Para la Casa Blanca y sus aliados, en cambio, es un paso necesario para frenar el activismo judicial que ha obstruido reformas y medidas ejecutivas respaldadas en las urnas.

Aplicación directa en casos comerciales: los aranceles del 10%

La decisión de la Corte Suprema tiene implicaciones muy relevantes para casos como los aranceles del 10% impuestos por la administración Trump sobre productos que han sido o podrían ser demandados por empresas, asociaciones o gobiernos estatales en tribunales federales.

¿Cómo se aplicaba antes?

Antes del fallo, si un juez federal en un distrito específico (como en Nueva York o California) consideraba que un arancel era ilegal o violaba tratados internacionales, podía emitir una orden judicial de alcance nacional (national injunction) que suspendiera la aplicación del arancel en todo Estados Unidos mientras se resolvía el fondo del caso. Esto permitía detener de inmediato la aplicación de una política comercial a nivel nacional.

¿Qué cambia con la nueva decisión?

Con el nuevo fallo:

• Un juez de distrito ya no podrá suspender la aplicación nacional del arancel.
• La suspensión solo aplicará para los demandantes dentro de su jurisdicción (por ejemplo, una empresa en California que presenta la demanda).
• Para bloquear el arancel a nivel nacional, se requerirá una decisión posterior de una corte de apelaciones o de la Corte Suprema.

¿Cómo afecta esto el caso de los aranceles del 10%?

Las demandas contra el arancel del 10%, como las presentadas por cámaras empresariales o importadores, podrán seguir su curso legal. Sin embargo:

No podrán suspender la aplicación general del arancel en todo EE. UU. mediante una sola acción judicial preliminar.

El arancel seguirá vigente para la mayoría de las empresas y productos afectados mientras los casos avanzan en el sistema judicial.

TENSION COMERCIAL ENTRE EE. UU. Y CANADÁ: TRUMP SUSPENDE NEGOCIACIONES Y ANUNCIA NUEVOS ARANCELES

La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá enfrenta un nuevo revés. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, anunció el fin inmediato de las negociaciones comerciales con Canadá y anticipó la imposición de nuevos aranceles a productos canadienses. La medida surge tras la entrada en vigor de un impuesto canadiense a los servicios digitales (DST), decisión que Trump calificó como un “ataque directo y flagrante” contra Estados Unidos.

El nuevo impuesto, retroactivo a 2022, busca gravar a grandes plataformas digitales —como Google, Amazon, Meta, Apple y Microsoft— que generan ingresos significativos en territorio canadiense, aunque no tengan presencia física. Sin embargo, Washington ha sostenido durante años que los DST representan barreras comerciales no arancelarias dirigidas desproporcionadamente contra empresas estadounidenses.

Desde el punto de vista técnico, la medida canadiense se aleja de los consensos multilaterales liderados por la OCDE para una solución global sobre la tributación de la economía digital. Esta unilateralidad ha reavivado tensiones que, en el pasado, ya generaron represalias arancelarias mutuas entre ambos países.

Canadá es el principal comprador de bienes estadounidenses, con importaciones por $349 mil millones en 2024, y el tercer mayor proveedor de productos hacia EE. UU., con exportaciones por $413 mil millones. Una escalada comercial tendría impactos severos en sectores clave como el automotriz, el acero, el aluminio y bienes de consumo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha expresado su intención de continuar las negociaciones, mientras que voces del sector privado —incluyendo el Consejo Empresarial de Canadá y la Cámara de Comercio Canadiense— han advertido sobre el riesgo de deteriorar la relación con su principal socio comercial. Ambas entidades han sugerido reconsiderar la implementación del impuesto como gesto para reactivar el diálogo.

En paralelo, Trump ha reiterado su disposición a aplicar tarifas del 25% —o más— a bienes canadienses, incluso fuera del marco del USMCA, el acuerdo que regula el comercio trilateral con México. Esta postura, alineada con su estrategia más amplia de “reciprocidad arancelaria”, también amenaza con extenderse a otros países que mantienen impuestos digitales similares.

La respuesta canadiense aún está en evaluación, pero analistas anticipan represalias si los nuevos aranceles se materializan. En administraciones anteriores, Canadá respondió con tarifas espejo sobre vehículos, acero, aluminio y bienes de consumo estadounidenses por un valor estimado de $43 mil millones.

A medida que se acerca el 9 de julio, fecha límite establecida por la Casa Blanca para negociar con otros países con DSTs, el conflicto con Canadá podría marcar el tono de una ola de tensiones comerciales con alcance global.

EE. UU. AMENAZA CON SALIR DE LA OEA POR RESPUESTA INSUFICIENTE A CRISIS EN VENEZUELA Y HAITÍ

Durante la Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda, EE. UU. lanzó una dura advertencia al organismo: podría retirarse si no mejora su respuesta a las crisis en Venezuela y Haití. El subsecretario Christopher Landau, en representación de Marco Rubio, señaló que la organización ha fallado en enfrentar “fraudes electorales flagrantes” y violaciones a las normas internacionales. “Debemos preguntarnos: ¿para qué existe esta organización?”, declaró Landau, haciendo referencia a la reelección de Nicolás Maduro.

Washington también criticó la inacción de la OEA en Haití, donde el caos político y la violencia de pandillas continúan sin control. Landau exigió respaldo para la misión de seguridad liderada por Kenia, aprobada por la ONU, y advirtió que EE. UU. no puede seguir “cargando solo con ese peso financiero”. Actualmente, EE. UU. es el mayor donante del organismo, pero aún no ha pagado su contribución de 2025.

El tono de Washington escaló luego de que fuera elegido como secretario general el diplomático Albert Ramdin, apoyado por gobiernos caribeños y de izquierda, que promueven el “diálogo” con Venezuela. Landau también pidió respaldar a Rosa María Payá, opositora cubana nominada por EE. UU. a la CIDH, criticando la falta de acción contra regímenes autoritarios en la región.

En respuesta, la canciller colombiana Laura Sarabia defendió a la OEA como foro legítimo de discusión regional. Afirmó que “debemos fortalecer la unidad” y que tanto Venezuela como Haití deben formar parte de las soluciones. La Asamblea finalizó aprobando resoluciones menores y mantuvo el presupuesto para 2026 en 93 millones de dólares.

TRUMP ENFRENTA OBSTÁCULOS PRESUPUESTALES EN EL SENADO PARA APROBAR SU GRAN LEY FISCAL

El presidente Donald Trump enfrenta serios obstáculos en el Senado para aprobar su ambiciosa propuesta fiscal, conocida como la “One Big Beautiful Bill Act”, que busca extender los recortes tributarios de 2017, eliminar incentivos verdes, endurecer requisitos para programas sociales y destinar mayores recursos a seguridad fronteriza. Aunque el Senado está controlado por los republicanos, la parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazó varios componentes clave del proyecto por violar la Byrd Rule, lo que dejó un vacío presupuestal de más de US$600.000 millones. Entre los elementos excluidos están los recortes a Medicaid, las ayudas estudiantiles y otras medidas que no tienen un efecto directo sobre el presupuesto. En consecuencia, el paquete deberá ser reescrito en partes fundamentales.

Trump, aunque sigue presionando para aprobar la ley antes del 4 de julio, reconoció que ese plazo podría no cumplirse. “It’s important, but it’s not everything. We’d like to get it done for then, if we can”, afirmó en declaraciones a la prensa. El senador republicano John Thune también moderó las expectativas al señalar que la votación del sábado es apenas una meta “aspiracional”. A esto se suma el hecho de que los republicanos no cuentan con apoyo demócrata, por lo que solo pueden permitirse un máximo de tres deserciones internas en cada cámara.

Otro factor que complica el avance del proyecto es la decisión de los republicanos de descartar un impuesto compensatorio a la inversión extranjera, que habría generado ingresos por unos US$100.000 millones. Con esto, el déficit proyectado del plan asciende a US$2,4 billones en 10 años, aún dentro del límite fiscal de US$3,3 billonesautorizado para este tipo de leyes. Mientras tanto, Trump ha decidido permanecer en Washington durante el fin de semana para seguir de cerca las negociaciones y presionar personalmente a los senadores indecisos.

Más allá de la fecha simbólica del 4 de julio, el Congreso enfrenta en el corto plazo otro reto mayúsculo: negociar el aumento del techo de deuda para evitar un default fiscal en los próximos meses. Esto añade presión a una reforma ya compleja desde el punto de vista técnico y político. Aunque algunos ajustes —como trasladar parte del costo del programa SNAP a los estados con mala gestión— fueron aprobados por la parlamentaria, muchos otros quedaron fuera por no tener impacto fiscal directo, como la flexibilización de regulaciones sobre silenciadores o la venta de tierras públicas.

El desenlace de esta reforma definirá no solo el perfil económico del segundo mandato de Trump, sino también su capacidad de cohesionar a un partido republicano dividido entre sectores fiscalmente ortodoxos y quienes buscan medidas más expansivas. Los mercados financieros, por su parte, siguen atentos al desarrollo de este paquete que, de aprobarse, reconfiguraría la política fiscal estadounidense para la próxima década.

S&P GLOBAL REDUCE CALIFICACIÓN DE COLOMBIA A ‘BB’ Y ADVIERTE RIESGO DE NUEVAS REBAJAS POR DETERIORO FISCAL

S&P Global bajó la calificación crediticia de Colombia de ‘BB+’ a ‘BB’ y mantuvo una perspectiva negativa, alertando sobre el deterioro sostenido de las finanzas públicas. Esta medida refleja la preocupación por la suspensión de la regla fiscal y por el creciente déficit, que llegó al 6,1 % del PIB en 2024 y podría alcanzar el 7,1 % en 2025. La agencia también proyecta que la deuda neta superará el 64 % del PIB entre 2025 y 2028.

La rebaja de S&P sigue a la de Moody’s, que ubicó a Colombia en el último peldaño del grado de inversión, aunque con perspectiva estable. Sin embargo, S&P fue más severa al advertir que, si no se toman acciones correctivas en los próximos 12 a 18 meses, el país podría sufrir una nueva degradación. También subrayó que el pago de intereses podría representar hasta el 5 % del PIB en 2026, erosionando el espacio fiscal disponible.

La calificación ‘BB’ implica mayor riesgo para los inversionistas y podría causar salidas de capital, especialmente de fondos que exigen grado de inversión. Expertos como Andrés Pardo y José Ignacio López señalaron que la pérdida de este estatus compromete el acceso de Colombia a los mercados internacionales, eleva el costo del endeudamiento y presiona los rendimientos de los TES, afectando la liquidez del sistema financiero.

En respuesta, el Ministerio de Hacienda reconoció la gravedad del diagnóstico, pero insistió en que los fundamentos de la economía siguen firmes. Destacó el compromiso con la estabilidad fiscal, la confianza en el Banco de la República y la resiliencia del consumo. Sin embargo, la presión por demostrar un ajuste creíble y sostenido se intensifica en un contexto de bajo crecimiento, alto gasto y clima político preelectoral.

TENSIÓN ENTRE COLOMBIA Y EE. UU. POR SUSPENSIÓN DE EXTRADICIONES A GUERRILLEROS

La decisión del Gobierno colombiano de suspender temporalmente la extradición de guerrilleros vinculados al narcotráfico que participen en los procesos de “paz total” ha generado tensiones con Estados Unidos. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien explicó que se trata de una herramienta para facilitar la desmovilización de estructuras armadas ilegales. Según sus declaraciones, esta medida aplicará únicamente a quienes colaboren de forma efectiva con la justicia y los esfuerzos de paz. En caso de incumplimiento, se procederá con la extradición de inmediato. La medida ya ha sido aplicada en al menos dos casos recientes.

Desde Washington, la reacción fue contundente. Un portavoz del Departamento de Estado declaró: “We believe that extradition remains an important tool in our bilateral efforts to combat transnational organized crime, and we expect our extradition treaty to be respected.” El funcionario añadió que no debe haber impunidad para delitos como el narcotráfico y el terrorismo, y que la cooperación en justicia y seguridad se basa en el respeto mutuo de los compromisos bilaterales.

El anuncio se produce en un momento especialmente delicado, ya que Estados Unidos evalúa actualmente si Colombia mantendrá su certificación como país colaborador en la lucha contra las drogas. Una eventual descertificación podría tener consecuencias significativas, incluyendo la suspensión de asistencia financiera y militar. En medios diplomáticos en Washington, la decisión del presidente Petro se ha interpretado como un gesto de distanciamiento, que se suma a otras tensiones recientes relacionadas con migración, comercio y derechos humanos.

Montealegre ha insistido en que no se está desconociendo el tratado de extradición, sino aplicando una política de Estado enmarcada en el objetivo de desarticular las redes criminales desde un enfoque integral de paz. “We are not shielding criminals; we are prioritizing dismantling armed structures through legal frameworks,” afirmó en entrevista con medios internacionales. No obstante, reconoció que la efectividad de esta estrategia dependerá de los resultados que muestren los grupos acogidos al proceso.

En paralelo, el contexto interno de Colombia es complejo. Según reportes recientes de la ONU, los indicadores de violencia han aumentado un 9 % en lo que va de 2025, y solo uno de los nueve procesos de paz en curso presenta avances significativos. Esto refleja el frágil equilibrio entre la aspiración del Gobierno de lograr una paz completa y las obligaciones internacionales que exigen resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. El impacto que esta decisión pueda tener en la relación bilateral dependerá, en gran parte, de cómo se implemente la medida y de los resultados que se logren demostrar ante la comunidad internacional.

ECOPETROL AMPLÍA HASTA DICIEMBRE LA REDUCCIÓN DEL 50% EN COSTOS DE CONVERSIÓN DE ADRS EN EE. UU.

Ecopetrol anunció la extensión del acuerdo con JPMorgan Chase Bank N.A. para mantener la reducción temporal del 50 % en los costos de conversión asociados a la creación y cancelación de sus ADRs (American Depositary Receipts) en Estados Unidos. Inicialmente previsto hasta el 10 de julio de 2025, el beneficio se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año.

La decisión se basa en la buena recepción del mercado, lo cual motivó a Ecopetrol a gestionar la continuidad del acuerdo con su banco depositario. Esta reducción facilita la operación de los ADRs y busca fomentar una mayor participación de inversionistas extranjeros en los títulos de la petrolera estatal colombiana, fortaleciendo así su liquidez en los mercados internacionales.

Según un comunicado emitido por Ecopetrol, con esta medida reafirma su compromiso de generar condiciones favorables para sus accionistas, en un contexto de creciente volatilidad global. La empresa considera que extender el incentivo contribuye a mantener la confianza en sus instrumentos bursátiles, especialmente en el contexto de las operaciones realizadas desde Estados Unidos.

EE. UU. MEDIA ACUERDO DE PAZ ENTRE CONGO Y RUANDA PARA TERMINAR DÉCADAS DE CONFLICTO

La República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un histórico acuerdo de paz en Washington, con la mediación de Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró el pacto asegurando que “la violencia y destrucción llega a su fin” y que comienza una nueva etapa de “esperanza, armonía y prosperidad”. La firma, que tuvo lugar en el Departamento de Estado, fue respaldada por el secretario Marco Rubio y contó con el apoyo de Catar como facilitador.

Aunque es visto como un avance significativo, expertos advierten que el acuerdo no tendrá impacto inmediato sobre el conflicto. El grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda y principal actor armado, afirmó que el pacto no es vinculante para ellos. Congo espera que EE. UU. brinde apoyo militar para recuperar ciudades claves como Goma y Bukavu. Trump advirtió que habrá “penalidades severas” si se incumple el acuerdo.

La motivación de EE. UU. responde en parte a su interés por acceder a minerales estratégicos del Congo, esenciales para la tecnología moderna y valorados en hasta 24 billones de dólares. Washington busca contrarrestar el dominio chino en el sector, dado que refinerías chinas procesan gran parte del cobalto congoleño. El acuerdo incluye cláusulas sobre integridad territorial, desarme e integración condicional de grupos armados.

Sin embargo, analistas y activistas critican que el pacto omite crímenes de guerra y justicia para las víctimas. “No puede haber paz duradera sin reparación”, advirtió Christian Moleka, politólogo congoleño. Desde la región de Kivu Norte, activistas temen que el acuerdo sirva más a intereses geopolíticos que a la paz local. El conflicto, con raíces en el genocidio de Ruanda de 1994, ha dejado más de 6 millones de muertos hasta la fecha.