El Departamento de Estado de EE. UU. ordenó la salida del coronel colombiano Carlos Feria Buitrago, exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, quien se desempeñaba como agregado policial en la Embajada de Colombia en Washington desde mayo. La decisión, que debe cumplirse antes del 2 de julio, fue celebrada por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien acusó a Feria de ser un “matón disfrazado de diplomático” y de buscar refugio bajo inmunidad en territorio estadounidense.

La congresista, cercana al senador Marco Rubio y activa opositora del gobierno de Petro, había solicitado previamente la expulsión del oficial a través de una carta dirigida al secretario de Estado. En ella argumentó que Feria debía enfrentar la justicia en Colombia por su presunta participación en un escándalo de abuso de poder y mal uso de recursos públicos. Salazar acusó al mandatario colombiano de intentar proteger a Feria con inmunidad diplomática, lo que calificó como inaceptable para los intereses de EE. UU.

El coronel Feria está imputado por la Fiscalía General de Colombia por su rol en el caso de Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de gabinete Laura Sarabia. Según la investigación, Feria habría ordenado el uso irregular de un polígrafo a Meza, quien fue llevada desde su casa en un vehículo oficial hasta la Casa de Nariño, donde presuntamente fue sometida a un trato degradante en un intento por hallar el origen de un robo de dinero.

El alto oficial debe responder por delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Las autoridades colombianas sostienen que él y otros funcionarios desviaron recursos del Estado y actuaron fuera del marco legal al utilizar medios del gobierno para interrogar a una civil, sin las garantías procesales adecuadas. El caso ha sido uno de los escándalos más significativos que han salpicado al círculo cercano del presidente Petro.

Con esta expulsión, Estados Unidos reafirma su rechazo a que diplomáticos con investigaciones pendientes por corrupción o abusos de poder sean acreditados en su territorio. Además, evidencia la creciente tensión entre sectores conservadores estadounidenses y el gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas relacionados con derechos humanos, transparencia y cooperación bilateral.

ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA Y PERÚ INSTAN A LA OEA A DECLARAR TERRORISTA AL TREN DE ARAGUA

Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Perú y Argentina propusieron que se declare al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, siguiendo la decisión adoptada por la administración Trump en febrero. La propuesta, liderada por Perú, busca además fomentar la cooperación en inteligencia financiera y datos biométricos para enfrentar a esta banda criminal originada en Venezuela. A la iniciativa se sumaron otros países como Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.

La administración Trump acusa directamente al gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con el Tren de Aragua. En ese marco, el jefe de la delegación estadounidense, Christopher Landau, lanzó duras críticas contra la OEA, señalando su inacción ante el fraude electoral en Venezuela y la crisis en Haití. También advirtió que Washington está revisando su participación en organismos internacionales, en medio de un proceso de reevaluación global de su política exterior.

La Asamblea supuso también el debut del nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, de Surinam, cuya figura diplomática contrasta con la de su antecesor, Luis Almagro. La posición sobre Venezuela volvió a dividir a los países miembros. Brasil, por ejemplo, hizo un llamado a recuperar el rol mediador de la OEA y promover la reincorporación de todos los países del continente, sin mencionar directamente a Venezuela, que se encuentra fuera del organismo.

Uno de los hechos más destacados fue la elección de la activista cubana Rosa María Payá como nueva comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respaldada por Estados Unidos. Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá, fue elegida en primera vuelta y se suma a Marion Bethel de Bahamas. Una tercera vacante sigue pendiente tras no lograrse consenso entre los candidatos de Brasil y México.

La elección de Payá se considera significativa por su perfil activista y su enfoque centrado en las víctimas. La CIDH, como explicó Katya Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso, es un organismo clave por su capacidad de monitoreo en tiempo real de violaciones a los derechos humanos en la región. Su influencia es tal que muchos gobiernos la perciben como un ente incómodo, lo que refleja las tensiones entre países que apoyan la supervisión internacional y aquellos que prefieren evitarla.

G7 EXIME A EMPRESAS MULTINACIONALES ESTADOUNIDENSES DE PAGAR UN IMPUESTO DEL 15%

El Grupo de los Siete (G7), que agrupa a las principales economías del mundo —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— acordó eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15%. Esta decisión marca un giro significativo en el marco de la cooperación fiscal internacional y se alinea con la estrategia económica de la administración del presidente Donald Trump.

El argumento central del acuerdo es que las grandes corporaciones estadounidenses ya están sujetas a impuestos a nivel nacional, por lo que aplicar un gravamen mínimo adicional redundaría en una doble tributación. El pacto fue alcanzado en Canadá por el secretario de Comercio de EE. UU., Scott Bessent, quien ha defendido activamente la soberanía fiscal del país y la protección de sus empresas frente a cargas tributarias extranjeras.

El anuncio se produce en el contexto de un nuevo proyecto económico propuesto por Trump, aún pendiente de aprobación en el Senado, que busca incentivar el comercio internacional y reforzar la competitividad de Estados Unidos en la economía global. Parte del plan incluye la eliminación de la cláusula 889, una normativa que ha sido interpretada por aliados como una posible causa de fricciones comerciales y represalias.

Scott Bessent sostuvo que el acuerdo alcanzado evitará que Estados Unidos pierda más de 100.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales debido a impuestos internacionales considerados injustos o duplicados. En sus declaraciones, también reafirmó que la administración Trump se opondrá firmemente a cualquier impuesto extranjero que considere discriminatorio o que afecte extraterritorialmente a empresas estadounidenses.

CORTE SUPREMA DE EE. UU. FALLA A FAVOR DE PADRES QUE QUIEREN EXCLUIR A SUS HIJOS DE LIBROS LGBTQ EN LAS ESCUELAS

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un grupo de padres religiosos que desean excluir a sus hijos de clases donde se lean libros con contenido LGBTQ, alegando que estos materiales violan sus creencias religiosas. En una decisión redactada por el juez Samuel Alito, la mayoría conservadora de la Corte sostuvo que negar a los padres esta posibilidad representa una carga inconstitucional sobre su derecho al libre ejercicio religioso. La Corte dejó al tribunal inferior la decisión final sobre la política escolar, pero sugirió que probablemente no resistirá el escrutinio legal.

El caso se originó en el condado de Montgomery, Maryland, donde el distrito escolar aprobó en 2022 una serie de libros con representación LGBTQ para su uso en clases de inglés en primaria. Padres objetaron libros como Prince & Knight y Born Ready, que promueven historias inclusivas en torno a la identidad de género y el amor entre personas del mismo sexo. Los padres alegaron que los libros se usan activamente y que las guías para maestros promueven discusiones sobre género y pronombres que contradicen sus creencias religiosas.

El distrito escolar argumentó que los libros están disponibles como cualquier otro material del currículo, y que permitir múltiples exclusiones podría ser disruptivo. Advirtieron que una decisión a favor de los padres podría sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a que familias se nieguen a que sus hijos participen en cualquier tema que consideren ofensivo, socavando el propósito de una educación pública integral.

El fallo se produce en un contexto de creciente tensión entre el control parental y los estándares educativos en EE. UU., especialmente tras la pandemia. También refleja una tendencia en la Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora 6-3, de favorecer consistentemente los reclamos religiosos, incluso en ámbitos educativos. Esta decisión se suma a una serie de fallos recientes que han ampliado el espacio para prácticas religiosas en escuelas públicas y servicios sociales.

El presidente Donald Trump celebró el fallo como una victoria para los padres y como parte de su esfuerzo por “restaurar el sentido común” en las escuelas públicas. En declaraciones desde la Casa Blanca, afirmó que la decisión es una muestra de cómo su gobierno ha devuelto a las familias el control sobre la educación de sus hijos. Trump ha hecho de los derechos parentales y el rechazo a la “agenda woke” una bandera central de su campaña, en un contexto de ofensiva conservadora contra los avances en derechos LGBTQ+.

“PARA MANEJAR NO NECESITO HABLAR INGLÉS”: CAMIONEROS HISPANOS CONSIDERAN INJUSTA LA NUEVA LEY DE TRUMP QUE LES EXIGE DOMINAR EL IDIOMA

José Flores, un camionero latino con 30 años de experiencia en Estados Unidos, enfrenta la posibilidad de perder su trabajo debido a una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que exige a los conductores comerciales demostrar dominio del inglés. Aunque Flores puede leer y entender el idioma, reconoce que le cuesta hablarlo y escribirlo con fluidez, como ocurre con muchos otros trabajadores migrantes del sector. La medida ha generado incertidumbre y temor entre conductores veteranos que han trabajado durante décadas sin incidentes.

Aunque desde hace años existe una ley que exige el dominio del inglés para conductores comerciales, su aplicación ha sido laxa. Ahora, bajo la nueva orden ejecutiva en vigor desde el 25 de junio, quienes no cumplan con el requisito podrían enfrentar sanciones de hasta 10.000 dólares, la suspensión de su licencia o ser retirados inmediatamente de circulación. Esta aplicación más estricta ha alarmado a miles de transportistas latinos, quienes representan más del 20% de los conductores comerciales en el país.

Los conductores critican que la ley no establece criterios claros sobre qué se considera “suficiente” dominio del idioma, lo cual puede abrir la puerta a discriminación por acento o nerviosismo. Muchos insisten en que la mayoría de sus labores no requieren un uso complejo del inglés y que, en casos excepcionales, se han utilizado traductores sin que eso afecte la seguridad. En su opinión, la medida no responde a una necesidad real del trabajo, sino a una política excluyente.

El gobierno, por su parte, defiende la norma alegando que es una cuestión de seguridad vial. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha declarado que el inglés es un requisito no negociable y que existen casos documentados de accidentes relacionados con barreras lingüísticas. Sin embargo, los transportistas y sus defensores sostienen que no hay pruebas suficientes para justificar tal política, especialmente cuando los conductores ya han aprobado los exámenes requeridos.

La implementación de esta medida podría tener consecuencias económicas para el país, dado que más del 70% de los productos en EE. UU. se transportan por carretera y buena parte de los choferes son migrantes. Expertos advierten que la escasez de personal podría provocar retrasos en entregas y aumentos en los costos logísticos. Para Flores y muchos otros, la nueva ley representa no solo una amenaza a su sustento, sino una desvalorización injusta de su trayectoria laboral y su aporte al país.

CALIFORNIA SE LLENA DE COLOR, MEMORIA Y RESISTENCIA PARA EL ‘PRIDE’: DEL DESFILE LGBTQ+ EN SAN FRANCISCO A LAS CELEBRACIONES EN SAN DIEGO

Cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+, una fecha que conmemora los disturbios de Stonewall de 1969, considerados el inicio del movimiento moderno por los derechos de esta comunidad. Desde entonces, la efeméride ha evolucionado hasta convertirse en una celebración global, con marchas, festivales y actividades que resaltan la diversidad, la resistencia y la visibilidad de las personas LGBTIQ+.

En California, las celebraciones del Orgullo se extienden durante todo junio y parte de julio, destacando especialmente en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Cada localidad realiza eventos únicos que van desde desfiles y conciertos hasta proyecciones de cine, festivales y actividades culturales, consolidando al estado como un referente mundial del Orgullo.

San Francisco alberga uno de los eventos más emblemáticos del mundo, el San Francisco Pride, que cada año atrae a más de un millón de personas. Con el lema “La alegría queer es resistencia”, el desfile del 29 de junio recorrerá la ciudad desde Embarcadero hasta Civic Center. Además del desfile, habrá presentaciones artísticas, un festival en el Civic Center y otras actividades que celebran la diversidad y honran la historia del movimiento.

Las festividades también se extienden por todo el estado, desde el Pride Nite en Disneyland en Anaheim, hasta eventos en Napa, Santa Mónica y la isla Catalina. Los Ángeles destacó por su multitudinario desfile del 8 de junio y este fin de semana proyecta cine queer con charlas en distintas locaciones. Además, el 13 de julio se celebrará una carrera por el orgullo trans en Crystal Springs.

Por su parte, San Diego cerrará las celebraciones con un gran festival en el parque Balboa los días 19 y 20 de julio, con presentaciones de artistas como Kehlani y Kim Petras. El evento promete una experiencia vibrante que combina arte, música y comunidad, con entradas disponibles desde 39 hasta 258 dólares, en un ambiente que refleja el espíritu inclusivo del Orgullo en California.

FAMILIA HONDUREÑA DEMANDÓ A TRUMP POR ARRESTOS DE MENORES EN CORTES MIGRATORIAS: “ATACAR A NIÑOS ES INADMISIBLE”

Una familia hondureña conformada por una madre y sus dos hijos menores, uno de ellos con leucemia, ha demandado al Gobierno de Donald Trump por haber sido arrestados tras una audiencia de asilo en un tribunal de California. Aunque acudieron pensando que sería una audiencia rutinaria, el juez desestimó su caso por solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, y al salir del tribunal, agentes de inmigración vestidos de civil los detuvieron y los trasladaron a un centro de detención en Texas. Este es el primer caso legal que desafía una nueva directiva que promueve arrestos en los tribunales migratorios.

La familia había ingresado legalmente a Estados Unidos en octubre de 2024 utilizando la aplicación CBP One, creada por la administración Biden, y se había establecido en Los Ángeles mientras esperaba su cita judicial. Sin embargo, Trump eliminó la aplicación al asumir el poder, canceló permisos otorgados y ordenó la expulsión de sus beneficiarios. La madre y sus hijos se habían integrado a la comunidad local y cumplían con todos los requisitos legales antes de ser arrestados.

La demanda presentada ante la justicia alega que el arresto fue ilegal, arbitrario y parte de una política que busca convertir procesos de expulsión ordinarios en deportaciones rápidas, con mínimo acceso a defensa legal. La situación es especialmente grave por el estado de salud del menor de 6 años, diagnosticado con leucemia, quien ha mostrado síntomas de una posible recaída y no ha recibido la atención médica adecuada en el centro de detención de Dilley, Texas, donde permanece junto a su familia.

Los abogados argumentan que la detención viola varios derechos constitucionales, incluido el debido proceso y la Cuarta Enmienda, al no haber causa probable para el arresto. El caso ha sido liderado por el Texas Civil Right Project, cuyo representante enfatiza la necesidad de establecer límites reales a la detención de inmigrantes, en especial cuando se trata de menores y familias vulnerables que ingresaron legalmente al país.

Expertos y defensores legales señalan que el caso refleja la severidad y crueldad de las nuevas políticas migratorias bajo Trump. Advierten que miles de inmigrantes han sido arrestados en tribunales pese a cumplir con la ley, y que la práctica ha sido declarada ilegal por cortes federales. Esperan que este caso sirva para limitar detenciones arbitrarias y establecer precedentes que protejan los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS SANCIONA AL GOBIERNO DE SUDÁN POR PRESUNTO USO DE ARMAS QUÍMICAS

Estados Unidos impuso sanciones contra el gobierno de Sudán tras acusaciones de haber utilizado armas químicas en su conflicto interno contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), grupo paramilitar dirigido por Mohamed Hamdan Daglo. La medida fue confirmada oficialmente por el Departamento de Estado, que ya había advertido en mayo de 2024 sobre el presunto uso de estos armamentos prohibidos, aunque sin precisar lugar ni fecha exactos.

Las sanciones incluyen la suspensión de ventas de armas, exportaciones de tecnología avanzada y la negación de líneas de crédito al gobierno sudanés. No obstante, se establecieron excepciones para la ayuda humanitaria urgente y productos agrícolas. A pesar de su alcance simbólico y político, el impacto directo podría ser limitado, ya que tanto el general Abdel Fatah al Burhan, líder del ejército, como Daglo ya se encuentran sancionados previamente por Washington.

El conflicto sudanés, que estalló en abril de 2023, ha escalado en violencia y crueldad. Según informes del New York Times y fuentes médicas, el ejército habría utilizado armas químicas al menos en dos ocasiones, aunque el gobierno de Jartum lo niega categóricamente. Mientras tanto, las FAR han sido responsables de repetidos ataques en zonas densamente pobladas, como El Fasher, en Darfur del Norte, dejando muertos y heridos, incluyendo menores de edad.

Este viernes, un nuevo bombardeo de las FAR contra El Fasher causó la muerte de al menos 13 personas, entre ellas tres niños. La ciudad, de casi un millón de habitantes, ha estado asediada por paramilitares desde mayo de 2023. El asedio forma parte de una ofensiva para tomar el control total de Darfur, una región históricamente afectada por conflictos étnicos y violencia sistemática.

Con decenas de miles de muertos, más de 13 millones de desplazados internos y una hambruna en expansión, la ONU ha calificado la crisis en Sudán como la peor emergencia humanitaria actual en el mundo. Las sanciones estadounidenses buscan ejercer presión diplomática, pero también exponen las limitadas herramientas internacionales disponibles para detener una guerra civil marcada por crímenes atroces y una creciente descomposición del Estado sudanés.