Contexto

El 9 de julio de 2025 vence la pausa de 90 días que el presidente Donald Trump otorgó a inicios de abril para la implementación de tarifas arancelarias más altas a 57 países. Esta moratoria surgió tras el anuncio del paquete de tarifas conocido como “Liberation Day Tariffs” el 2 de abril, que sacudió los mercados globales y obligó a la Casa Blanca a posponer parcialmente la medida.

Bajo este esquema, Estados Unidos impuso:

• Tarifa global base del 10% a casi todas las importaciones desde el 5 de abril para todos los países no exentos y permanece vigente durante la pausa. Trump afirmó que este arancel mínimo del 10% se mantendrá para todos los países a menos que alguno presente una oferta “excepcional” que justifique su reducción. De hecho, incluso tras negociar con aliados como el Reino Unido, EE. UU. no eliminó este 10% base en ningún acuerdo.

• Tarifas “recíprocas” variables (11% a 50%) para 57 países con los cuales EE. UU. tiene mayores déficits comerciales. Estas tasas más altas, diseñadas teóricamente para “igualar” las barreras comerciales de esos países, debían entrar en vigor el 9 de abril, pero fueron postergadas 90 días tras un desplome bursátil global. La prórroga, que expira el 9 de julio, dio margen para negociaciones bilaterales y evitó en el corto plazo una escalada inmediata.

Hasta la fecha, solo se concretaron acuerdos con el Reino Unido y Vietnam, y un entendimiento parcial con China, lo que significa que la mayoría de esos 57 países aún enfrentan la posibilidad de un aumento automático de sus aranceles por encima del 10% base a partir del 10 de julio.

• Aranceles sectoriales adicionales enfocados principalmente en industrias estratégicas. Antes de “Liberation Day”, Trump ya había impuesto tarifas del 25% a las importaciones de acero y aluminio, y había anunciado un 25% sobre automóviles y autopartes (vía Sección 232) vigente desde el 3 de abril.

Estos aranceles sectoriales siguen operando en paralelo: en junio, Trump incluso duplicó al 50% las tarifas al acero y aluminio, reforzando su posición proteccionista. Cabe destacar que algunos rubros fueron explícitamente exentos de los nuevos aranceles: la orden ejecutiva excluyó productos de energía (petróleo y derivados), cobre, farmacéuticos, semiconductores, madera y minerales críticos, anticipando que esos sectores podrían abordarse por otras vías (por ejemplo, investigaciones de seguridad nacional bajo Sección 232). Así, mientras sectores como el metalmecánico soportan gravámenes elevados, otros como energía y alta tecnología no fueron afectados por las tarifas de “Liberation Day”.

Prorroga a primero de agosto de entrada en vigor de tarifas reciprocas variables.

Al expirar la prórroga de 90 días otorgada por Estados Unidos desde el anuncio del 2 de abril, la administración Trump inició hoy, 7 julio de 2025, el envío de cartas formales notificando la imposición de aranceles generales a países que no lograron alcanzar acuerdos bilaterales dentro del plazo establecido. Estas tarifas, que entrarán en vigor el 1 de agosto, afectarán todas las exportaciones hacia EE. UU. desde los países señalados (57), con tasas que oscilan entre el 25 % y el 40 %.

En una primera ronda de notificaciones, recibieron cartas los gobiernos de Japón (25 %), Corea del Sur (25 %), Malasia (25 %), Kazajistán (25 %), Sudáfrica (30 %), Laos (40 %) y Myanmar (40 %). Posteriormente, se sumaron nuevos países al listado: Túnez (25 %), Bosnia (30 %), Indonesia (32 %), Serbia (35 %), Bangladesh (35 %), Camboya (36 %) y Tailandia (36 %). Todas las notificaciones establecen que, ante la ausencia de acuerdos formales antes del 9 de julio, los aranceles generales anunciados se aplicarán sin excepción a partir del 1 de agosto.

Importante resaltar que estas tarifas corresponden a casi los mismos niveles arancelarios que el presidente Trump propuso públicamente en abril como parte del paquete de “tarifas recíprocas”, asignadas según el déficit comercial bilateral con EE. UU. Los porcentajes comunicados en las cartas coinciden ampliamente con los de esa lista preliminar, lo que confirma que todos estos países formaban parte del grupo original de 57 economías priorizadas. Aunque hubo negociaciones aceleradas con varios de ellos en las semanas previas, la mayoría no alcanzó acuerdos sustantivos antes del vencimiento del plazo.

Hasta el momento, únicamente el Reino Unido y Vietnam lograron cerrar acuerdos formales para evitar el aumento de aranceles, y China alcanzó un entendimiento parcial que detuvo temporalmente medidas más severas.

Para los demás países con déficit comercial significativo, el camino quedó trazado: si no se evidencia una negociación activa y de buena fe, las tarifas acordadas serán impuestas sin más prórrogas.

Estos aranceles se aplican independientemente de los gravámenes sectoriales (por ejemplo, acero o autos), y amenazan con subir hasta un 10 % adicional si un país se “alinea con políticas anti‑estadounidenses” asociadas a los BRICS —aunque el texto no identifica claramente los criterios.

¿Qué implica esto para la prórroga actual?

Significa que los mismos 57 países que estaban bajo la suspensión temporal (con aranceles del 10 %) ahora ven ese plazo pospuesto del 9 de julio al 1 de agosto.

A partir de esa fecha, si no alcanzan acuerdos con EE. UU., se activarán automáticamente las tarifas “recíprocas” anunciadas. Los países notificados y mencionados arriba saben ya qué porcentaje enfrentarán.

Países en negociación con EEUU

La administración estadounidense ha señalado que decenas de países –más de 50 según sus propios funcionarios– están entablando negociaciones con Washington para reducir o eliminar los nuevos aranceles impuestos por EE. UU.

Entre ellos figuran varios socios latinoamericanos, incluyendo a Perú, Ecuador, Costa Rica y Chile, que han acudido a la mesa de negociación buscando mantener sus ventajas comerciales. De hecho, autoridades ecuatorianas destacaron que Ecuador es “uno de los 23 países a nivel global, y uno de los cuatro de América” que ya se han sentado a negociar con EE. UU. –lo que abarca también a competidores regionales de Colombia.

Mientras estas naciones avanzan para asegurar mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense, Colombia se ha mantenido prácticamente inactiva. Esta falta de acción puede poner en riesgo a Colombia de perder mejoras arancelarias y competitividad, ya que sus rivales en el mercado de EE. UU. podrían lograr ventajas comerciales mientras Colombia permanece rezagada

¿Qué significa para Colombia?

Desde el punto de vista de los aranceles prorrogados hasta el 1 de agosto, no existe ninguna implicación directa para Colombia, ya que el país no hace parte del grupo de 57 naciones incluidas en la lista de tarifas recíprocas variables.

En cuanto a la advertencia del presidente Trump sobre imponer aranceles del 10 % a países “alineados con políticas antiamericanas de los BRICS”, el riesgo es más político que comercial, y exige una respuesta diplomática firme, basada en hechos.

Colombia no forma parte del bloque BRICS y su reciente vinculación al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) ha sido de naturaleza estrictamente financiera, tal como también lo han hecho países aliados de EE.UU., como Egipto, Emiratos Árabes y Bangladesh. Se trata de una estrategia para diversificar fuentes de financiación destinadas a proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, sin implicaciones geopolíticas ni ruptura de alianzas tradicionales.

Sin embargo, frente a la ambigüedad que puede tener el concepto de “alineación”, no es posible anticipar con certeza si Colombia será incluida o no en eventuales medidas. No debería estarlo, pero precisamente por ello es esencial que el Gobierno colombiano actúe con anticipación y claridad, comunicando por canales diplomáticos que esta participación no contradice la alianza estratégica con Estados Unidos.

La prevención del riesgo pasa por el uso estratégico de la diplomacia para reafirmar que Colombia sigue siendo un socio confiable, comprometido con una agenda compartida de seguridad, inversión y desarrollo.

Los grandes socios de EE. UU.: situación de China, México y Canadá

Los tres principales socios comerciales de EE. UU. —China, México y Canadá— encaran escenarios distintos ante la política arancelaria de Trump, determinados tanto por su peso geopolítico como por la estrategia legal empleada por Washington.

China

Sigue siendo el epicentro del choque comercial. Como se mencionó, tras varias rondas de represalias (China llegó a imponer aranceles de hasta 125% en respuesta al 34% inicial de EE. UU.), ambos países moderaron temporalmente sus medidas en mayo. Actualmente, China enfrenta un 30% de arancel estadounidense (10% base + 20% relacionados a la orden sobre fentanilo), mientras que mantiene solo un 10% a sus importaciones desde EE.UU.

No obstante, la situación está lejos de resolverse definitivamente: Trump insiste en que China debería finalmente pagar ~55% (sumando diversos gravámenes) si no cede en cuestiones estructurales. Un factor crucial aquí es el ámbito legal: muchas de las tarifas nuevas se impusieron bajo la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), declarando una emergencia nacional por el déficit comercial. En mayo, un panel de la Corte de Comercio Internacional dictaminó que Trump se excedió en esa autoridad y ordenó anular los “Liberation Day Tariffs”. Aunque la administración logró una suspensión temporal de ese fallo en apelación (manteniendo las tarifas vigentes por ahora), existe la probabilidad de que las tarifas basadas en IEEPA sean invalidadas en tribunales en los próximos meses.

Para el caso chino, eso significaría que los aranceles del 10% base y 20% extra podrían desaparecer por orden judicial (un escenario que analistas califican con probabilidad “1 de 5” de mantenerse, es decir, muy baja). Anticipando esto, la Casa Blanca ya ha preparado un plan B: usar la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 (la misma base legal de los aranceles de la guerra comercial 2018-2019) para reimponer rápidamente tarifas equivalentes que sean jurídicamente más sólidas. Los aranceles previos de la Sección 301 (que cubren ~2/3 de las importaciones chinas con tasas promedio de 20%) han resistido impugnaciones legales hasta ahora, lo que los convierte en un respaldo viable.

En resumen, se espera que China siga enfrentando aranceles altos de EE. UU. en el mediano plazo, bien sea vía IEEPA (si las cortes lo permiten) o vía 301 (si hay que recalibrar). La relación comercial EE. UU.-China, por tanto, se mantiene volátil y supeditada tanto a factores comerciales como a tensiones geopolíticas más amplias.

México y Canadá

Con los vecinos norteamericanos, Trump adoptó una táctica diferente, mezclando razones comerciales con presiones de seguridad fronteriza. El 1 de febrero de 2025, previo incluso a “Liberation Day”, Trump había ordenado tarifas de 25% a todas las importaciones de México y de Canadá (exceptuando petróleo canadiense, que tendría 10%) alegando que ambos países no hacían lo suficiente contra la migración ilegal y el fentanilo.

Tras negociaciones contrarreloj, esas tarifas entraron en vigor el 4 de marzo, aunque con importantes exenciones: desde el 6 de marzo, todos los bienes que cumplieran las reglas de origen del T-MEC (USMCA) quedaron exentos de pagar ese 25%. Esto significó en la práctica que aproximadamente el 50% de las exportaciones mexicanas y 38% de las canadienses quedaron a salvo de los aranceles (por calificar como originarias). Se esperaba que esta exención fuera temporal, venciendo el 2 de abril, pero EE. UU. anunció que la continuara indefinidamente mientras México y Canadá cumplieran sus compromisos en el marco del T-MEC.

Cuando llegó la tanda de tarifas globales de abril, la Casa Blanca confirmó que México y Canadá no estarían sujetos al nuevo arancel global del 10%. Es decir, no se les aplica la tarifa base de “Liberation Day”. En su lugar, siguen regidos por las órdenes previas: los llamados aranceles por “fentanilo/migración”.

Así, las exportaciones de México y Canadá permanecen con 0% (tratamiento preferencial pleno), excepto ciertos rubros sensibles que siguen gravados: autos, acero y aluminio. Los vehículos y autopartes provenientes de México/Canadá no están completamente exentos, ya que los autos siguen afectados por el 25% sectorial (Sección 232) y el acero/aluminio por el 50% sectorial reciente. En otras palabras, México y Canadá quedaron “mejor” que otros países (no pagan el 10% general ni enfrentan las subidas del 9 de julio), pero aún sufren tarifas elevadas en metales (50%) y algunos bienes industriales (25%) debido a medidas previas de Trump.

Legalmente, las tarifas a México y Canadá por motivos de narcotráfico/migración también se impusieron vía IEEPA, lo que las hace vulnerables en corte. El análisis citado de la U.S. Chamber les asigna una probabilidad 4 de 5 de ser revocadas, es decir, ve probable que no se mantengan en el tiempo.

Si los tribunales las anulan, la Casa Blanca ha anticipado que los bienes originarios T-MEC seguirían libres, pero los no originarios podrían entonces enfrentar un 12% “recíproco” (ligeramente por encima del 10% global, como forma de presión moderada) en ausencia de las órdenes previas. En cualquier caso, hacia el 9 de julio ni México ni Canadá sufrirán cambios inmediatos: no están en la lista de 57 países con tarifas suspendidas, pues su tratamiento es aparte. De hecho, su ventaja relativa aumenta si otros países terminan enfrentando aranceles más altos.

Esto explica el alivio expresado por analistas: “México y Canadá seguramente suspiraron aliviados con los anuncios de hoy”, dijo Michael Camuñez, ya que “quedaron blindados de lo que claramente pudo ser un día muy malo”. No obstante, Canadá y México siguen en guardia: por ejemplo, el primer ministro canadiense Mark Carney advirtió que “responderá con contramedidas” si Trump mantiene aranceles (en Canadá hubo incluso un intento del Senado de anular las tarifas a Canadá vía legislación).

En resumen, México y Canadá no enfrentan el precipicio del 9 de julio, pues para ellos no hay tarifas suspendidas que “reviertan” ese día. Mantienen su estatus especial (sin 10% global) mientras cumplan el T-MEC, y cualquier cambio vendrá dado por la evolución de las disputas legales o negociaciones directas con Washington.

TENSION COMERCIAL GLOBAL: REACCIONES A LAS NUEVAS CARTAS ARANCELARIAS DE EEUU.

La reciente decisión del presidente Donald Trump de enviar cartas oficiales a líderes de múltiples países —incluidos Japón, Corea del Sur, Malasia, Sudáfrica, Kazajistán, Laos y Myanmar— ha generado diversas reacciones en el escenario internacional. En dichas misivas, Trump comunicó la imposición de nuevos aranceles de hasta el 40 % sobre productos originarios de estos países, argumentando desequilibrios en la balanza comercial y barreras que afectan el acceso de bienes estadounidenses a esos mercados.

Respuesta de países destinatarios

En Asia, Japón y Corea del Sur, dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, han sido especialmente cautelosos en sus reacciones. Según medios locales, ambos gobiernos han activado sus canales diplomáticos para solicitar claridad sobre los criterios utilizados para definir los nuevos aranceles. Japón, que enfrenta un arancel del 25 % desde el 1 de agosto, ha manifestado preocupación sobre el impacto en su industria automotriz y electrónica, sectores clave para sus exportaciones hacia EE. UU.

Corea del Sur, también con un arancel del 25 %, señaló que continuará promoviendo el diálogo técnico para proteger a sus industrias estratégicas, incluyendo semiconductores, maquinaria y farmacéuticos. Ambas naciones han reiterado su voluntad de evitar una escalada y han optado por no responder con medidas de represalia, al menos por ahora.

Por su parte, Malasia y Sudáfrica han expresado públicamente su sorpresa por la decisión. Malasia —segundo proveedor de semiconductores de EE. UU.— ve con preocupación la posibilidad de perder competitividad frente a otros países asiáticos. Sudáfrica, que enfrenta un arancel del 30 % y es el principal proveedor de platino a EE. UU., ha señalado que la medida pone en riesgo la estabilidad de su balanza comercial bilateral y ha solicitado consultas urgentes.

Reacciones fuera del grupo sancionado

Aunque las cartas se dirigieron a un grupo específico de siete países, el anuncio ha generado inquietud más allá de los destinatarios directos. La Unión Europea, por ejemplo, reaccionó con firmeza al declarar que no descarta medidas legales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si EE. UU. impone tarifas unilaterales sin justificación técnica.

Un entorno de creciente incertidumbre

El anuncio de que se podrían enviar hasta 12 cartas adicionales en los próximos días ha aumentado la presión sobre varios gobiernos. El temor no solo radica en los aranceles actuales, sino en la advertencia explícita de que estos podrían incrementarse si los países toman represalias.

Esta estrategia comercial, basada en relaciones “recíprocas” y en negociaciones bilaterales aceleradas, parece estar redefiniendo el escenario global del comercio exterior. Las reacciones iniciales reflejan tanto la prudencia diplomática como la preocupación por los efectos colaterales en empleo, inversión y cadenas productivas globales.

En suma, el envío de las cartas ha activado un nuevo ciclo de tensión en la política comercial internacional. Lo que ocurra en las próximas semanas —especialmente con los países que ya recibieron notificación— será clave para definir el tono de las relaciones bilaterales entre EE. UU. y buena parte de sus socios estratégicos. La ventana hasta el 1 de agosto será determinante para negociar condiciones que eviten una escalada que impacte el comercio global.

INCERTIDUMBRE DIPLOMÁTICA ENTRE COLOMBIA Y EE. UU. POR CARTA DE PETRO A TRUMP

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que no puede confirmar si el mandatario estadounidense recibió o leyó la carta enviada por Gustavo Petro el 23 de junio. La misiva buscaba suavizar tensiones tras acusaciones del presidente colombiano sobre una supuesta implicación del Gobierno de EE. UU. en un intento de golpe de Estado. Leavitt afirmó que verificará la información con el Consejo de Seguridad Nacional, pero dejó claro que, hasta ahora, no hay certeza sobre la recepción del documento.

La declaración genera dudas sobre la efectividad de los canales diplomáticos entre ambos países, especialmente considerando que la carta se habría enviado con carácter urgente. En ella, Petro intentaba aclarar sus polémicos comentarios y proponía “pasar la página” para retomar una relación constructiva. El documento fue divulgado por la prensa colombiana y mostraba un tono conciliador, al reconocer que sus palabras pudieron interpretarse como acusaciones infundadas.

Esto ocurre en un contexto tenso, donde ambas naciones llamaron a consultas a sus embajadores en medio de fricciones crecientes. La situación complica posibles avances en áreas clave como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico o migración, donde históricamente ha existido una estrecha colaboración.

La raíz del conflicto diplomático se remonta a audios filtrados por El País de España, en los que el excanciller Álvaro Leyva sugería que congresistas estadounidenses estarían detrás de un plan para desestabilizar al gobierno colombiano. Estas declaraciones alimentaron la percepción en Washington de que Petro promueve una narrativa hostil. Ahora, con la incertidumbre sobre su carta, las posibilidades de recomponer la relación parecen aún más inciertas.

NUEVAS ÓRDENES EJECUTIVAS

TRUMP ORDENA ELIMINAR SUBSIDIOS A ENERGÍAS VERDES CONTROLADAS POR EXTRANJEROS

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a los subsidios federales a fuentes de energía consideradas “no confiables” y “controladas por adversarios extranjeros”, como la solar y la eólica. Según el documento, estas tecnologías encarecen la electricidad, desestabilizan la red eléctrica y debilitan la seguridad nacional al depender de cadenas de suministro extranjeras. La medida busca consolidar el dominio energético estadounidense priorizando fuentes despachables, confiables y económicas.

La orden instruye al Departamento del Tesoro a implementar con rigor las disposiciones del One Big Beautiful Bill Act, en particular, eliminando los créditos fiscales a la producción e inversión en electricidad limpia. También exige nuevas directrices para impedir que empresas manipulen plazos o usen atajos para seguir recibiendo subsidios. Se enfatiza la necesidad de restringir el acceso a incentivos si los proyectos no han avanzado sustancialmente.

Asimismo, el Departamento del Interior deberá revisar sus políticas para detectar y eliminar cualquier trato preferencial hacia la energía solar o eólica frente a fuentes despachables. Ambas agencias tienen 45 días para presentar un informe al presidente con sus hallazgos y acciones.

RESTRICCIÓN TEMPORAL EN LA CONTRATACIÓN FEDERAL PARA PRIORIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que restringe la contratación de empleados civiles federales hasta el 15 de octubre de 2025. Bajo esta directriz, no se podrán llenar vacantes ni crear nuevos cargos, salvo por disposiciones legales o excepciones definidas. Toda contratación deberá seguir el Merit Hiring Plan establecido por la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y alinearse con la orden ejecutiva 14170 sobre meritocracia en el servicio público.

Quedan exentas de la medida las posiciones relacionadas con seguridad nacional, inmigración, seguridad pública, así como aquellas dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente. También se excluyen funciones esenciales como el pago de Seguridad Social, Medicare y atención a veteranos. Las contrataciones solo podrán efectuarse si son aprobadas por altos funcionarios y notificadas formalmente a OPM. El uso de contratistas externos para eludir esta política está expresamente prohibido.

La orden permite reasignaciones internas para cubrir necesidades prioritarias y garantizar servicios esenciales, sin frenar nombramientos de altos funcionarios que requieren confirmación del Senado ni otros cargos no permanentes si cuentan con autorización presidencial.