Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio:

– El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca formalizar el rol de gestor de la Marca de Certificación “CREO EN TI”, iniciativa creada por la Ley 2125 de 2021 para identificar y promover a las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en situación de vulnerabilidad. La propuesta contempla la adopción oficial del reglamento de uso y el manual gráfico de la marca, con el fin de garantizar su adecuada implementación y control. El proyecto designa al patrimonio autónomo iNNpulsa Colombia como gestor de la marca, reconociendo su capacidad técnica, operativa y administrativa para liderar el proceso de análisis, autorización, seguimiento y promoción del sello. Los comentarios y observaciones sobre esta iniciativa podrán presentarse hasta el 26 de julio de 2025.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha puesto a consulta pública un Análisis de Impacto Normativo (AIN) con plazo para recibir comentarios hasta el 24 de julio de 2025. Esta propuesta busca sustentar la expedición de un reglamento técnico que establezca los requisitos de calidad para los combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) utilizados en motores tipo turbina. El documento parte del reconocimiento de que Colombia no cuenta actualmente con un marco normativo que regule estos combustibles, lo cual ha limitado su desarrollo, producción, comercialización e implementación, a pesar del alto potencial del país en materias primas sostenibles y del interés creciente de empresas como Ecopetrol y BioD en incursionar en esta industria. El reglamento técnico busca fijar parámetros fisicoquímicos, métodos de ensayo y esquemas de certificación basados en normas internacionales como ASTM D7566, adaptadas al contexto nacional. Se espera que esta regulación habilite el uso seguro de SAF, impulse la inversión en producción local, reduzca la dependencia de combustibles fósiles, y contribuya al cumplimiento de compromisos climáticos internacionales, como el esquema CORSIA de la

OACI y las metas establecidas en la NDC. Además, se propone fortalecer la coordinación interinstitucional y generar condiciones habilitantes para el desarrollo de una industria nacional de SAF, articulando sectores como el energético, el agrícola, el ambiental y el aeronáutico.

● Tributario – Asuntos financieros

– El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca adicionar el Decreto 2555 de 2010 con un nuevo título normativo dedicado a los negocios fiduciarios, cuyo plazo para observaciones se encuentra abierto hasta el 13 de agosto de 2025. Esta iniciativa responde a la necesidad de dotar al sector fiduciario colombiano de un marco jurídico específico, moderno y detallado, que regule de manera integral las operaciones de fiducia mercantil y encargo fiduciario. El objetivo es generar mayor seguridad jurídica, transparencia y protección al consumidor financiero en este tipo de negocios, que hoy representan más del 56% del total de activos administrados por las sociedades fiduciarias del país. La propuesta desarrolla principios, deberes y modalidades aplicables a estos contratos, e introduce reglas sobre la gestión de riesgos, rendición de cuentas, revelación de información, administración de conflictos de interés y liquidación de negocios. También contempla la obligatoriedad de comités fiduciarios para ciertas tipologías, y la aprobación previa de modelos contractuales por parte de la Superintendencia Financiera. Esta reforma busca consolidar el rol estratégico de las fiduciarias en sectores clave como infraestructura, vivienda y seguridad social, atendiendo criterios de riesgo sistémico, protección al consumidor y competencia, y se construyó a partir de un diagnóstico técnico liderado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).

● Laboral

– El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca reglamentar el recaudo y pago de la cuota sindical por beneficio convencional en la industria del petróleo, con plazo para enviar observaciones hasta el 31 de julio de 2025. Esta medida se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 50 de 1990, que establece la obligación de los trabajadores no sindicalizados de pagar al sindicato correspondiente una suma igual a la cuota ordinaria cuando se beneficien de una convención colectiva. La propuesta apunta a garantizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones sindicales, en línea con precedentes jurisprudenciales y recomendaciones internacionales sobre libertad sindical.

El proyecto establece que las empresas contratistas que ejecuten labores en favor de empresas del sector petrolero deberán descontar del salario de sus trabajadores la cuota sindical y transferirla a la organización correspondiente, sin importar si el trabajador está o no afiliado al sindicato. También se introducen obligaciones de reporte y actualización de listados tanto para empresas contratistas como para empresas beneficiarias, con el fin de facilitar el seguimiento y control del cumplimiento de esta obligación

● Alimentos

– El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó para comentarios hasta el 18 de julio de 2025 un proyecto de resolución que propone someter al régimen de libertad regulada de precios al arroz paddy verde. La iniciativa establece un precio mínimo de adquisición por zonas productivas, con base en costos reales de producción, y tiene como objetivo corregir posibles distorsiones en el mercado derivadas de una caída sostenida en los precios pagados al productor, altos niveles de inventario y concentración de la demanda. El documento también declara la existencia de indicios de desequilibrio económico en este mercado y dispone mecanismos de monitoreo e intervención en coordinación con otras entidades. El proyecto incluye disposiciones sobre el reporte obligatorio de compras, medidas para asegurar la transparencia en la comercialización del arroz blanco, y habilita canales para la recepción de quejas y peticiones por parte de los productores. Así mismo, contempla acciones de coordinación institucional y vigilancia a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1444 de 2025, mediante la cual adopta la Política Pública del Talento Humano en Salud 2025–2035, orientada a fortalecer la gobernabilidad, la planificación y la gestión del recurso humano en salud. La política busca mejorar la disponibilidad, distribución equitativa, formación integral y condiciones de empleo y trabajo digno para los trabajadores del sector, en coherencia con las necesidades de salud de la población. El documento establece seis líneas estratégicas: gobernabilidad y gobernanza, disponibilidad, distribución, formación, formación continua y condiciones laborales, con acciones específicas que deberán implementarse desde los niveles nacional y territorial. Entre las principales acciones se incluye la creación de planes territoriales de talento humano, el fortalecimiento del Servicio Social Obligatorio, la implementación de planes de formación continua y estrategias para la atracción y permanencia del personal en zonas rurales y de difícil acceso. La resolución articula esfuerzos institucionales previos, incorpora mandatos de normas

nacionales como las leyes 1164 de 2007 y 1438 de 2011, así como recomendaciones internacionales de la OMS, OIT y OPS.

● TIC

– La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó para comentarios una Circular Externa dirigida a los actores del ecosistema fintech, en la que imparte instrucciones sobre el tratamiento de datos personales en la prestación de servicios financieros mediante tecnologías digitales. El documento, disponible para observaciones hasta el 30 de julio de 2025, busca reforzar la aplicación de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 en entornos digitales, aclarando las obligaciones de responsables, encargados, fuentes y usuarios frente a los principios de legalidad, necesidad, transparencia, seguridad, y responsabilidad demostrada. La Circular incluye lineamientos específicos sobre autorización diferenciada de finalidades, tratamiento de datos sensibles como biométricos, uso de tecnologías automatizadas, y prácticas prohibidas como el acceso a listas de contactos sin consentimiento. Además, exige que las fintech adopten medidas de seguridad proporcionales al riesgo, garanticen mecanismos ágiles para el ejercicio de derechos y definan claramente sus roles en el tratamiento de datos, incluso en contextos de transmisiones internacionales.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]