El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al anuncio del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU., que propone reducir en un 50 % la ayuda económica a Colombia para el año fiscal 2026, pasando de aproximadamente US$ 400 millones a US$ 208,7 millones.

El informe adjunto a la propuesta expresa una “profunda preocupación” por la situación en Colombia, incluyendo el aumento del narcotráfico, la violencia política, el presunto consumo de drogas por altos funcionarios del Ejecutivo, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y la falta de claridad sobre el rumbo judicial en el caso del expresidente Álvaro Uribe. El documento, promovido por legisladores republicanos, también cuestiona la capacidad del gobierno Petro para administrar eficazmente la asistencia estadounidense en función de los objetivos compartidos de seguridad y desarrollo.

Frente a esto, el presidente Petro calificó de “despistado” al senador responsable del informe y publicó en X una declaración del representante Alejandro Toro, en la que se afirma que no existe acusación oficial del Congreso ni del gobierno estadounidense contra su administración. Sin embargo, el informe fue efectivamente adoptado por el Comité como parte de los documentos que acompañan el proyecto de ley presupuestal.

En medio de la polémica, Petro aprovechó sus redes para plantear un giro estratégico en la relación bilateral. Propuso a Estados Unidos una nueva agenda centrada en inversiones en energías limpias:

“Hagamos business, business. Time is money. […] América del Sur tiene el potencial, que se vuelve realidad con 600.000 millones de dólares, de limpiar 100 % toda la matriz de generación efectiva de los EE. UU. y salvar a la humanidad del colapso climático.”

Algunos legisladores demócratas también expresaron su respaldo parcial al recorte. El congresista Adriano Espaillat señaló que lo comprendía dadas las alertas sobre narcotráfico e inestabilidad política. Por su parte, Henry Cuéllar advirtió que EE. UU. no podía continuar enviando recursos a un país “cuyos líderes no se comportan como aliados”.

La distribución propuesta de los fondos para FY2026 contempla: US$ 103 millones para la lucha contra el narcotráfico, US$ 38,5 millones para apoyo militar (rubro que no se modifica) y US$ 67,2 millones para programas de seguridad nacional, bajo la nueva línea NSIP que reemplaza parcialmente los fondos de asistencia económica tradicional.

LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA ARANCELES POR €93.000 MILLONES ANTE POSIBLE RUPTURA COMERCIAL CON EE. UU.

En un movimiento contundente, la Unión Europea aprobó un paquete de aranceles valorado en 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, como medida preventiva ante el posible colapso de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

La decisión responde a las crecientes tensiones con la administración Trump, que en los últimos meses ha impuesto aranceles unilaterales al acero, aluminio y otros productos europeos, y ha amenazado con nuevos gravámenes de hasta el 30 %. El nuevo paquete europeo representaría una advertencia directa: si no se alcanza un acuerdo antes del 1 de agosto, se activarán de inmediato las medidas de represalia.

Entre los bienes que podrían ser afectados se encuentran aeronaves, vehículos, bebidas alcohólicas, productos electrónicos y dispositivos médicos. El objetivo es ejercer presión para lograr un acuerdo comercial equilibrado que limite los aranceles y evite una guerra económica entre ambos bloques.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque está preparado tanto para firmar un tratado mutuamente beneficioso como para defender con firmeza los intereses europeos. “La UE no busca el conflicto, pero tampoco aceptará imposiciones unilaterales que afecten su economía”, aseguró.

El bloque comunitario espera que esta acción sirva como una herramienta de negociación, manteniendo abierta la puerta al diálogo, pero mostrando determinación frente a las amenazas comerciales de Washington.

CHOQUE ENTRE TRUMP Y POWELL DURANTE VISITA A LA MULTIMILLONARIA RENOVACION DE LA RESERVA FEDERAL

El presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, protagonizaron un nuevo episodio de su tensa relación durante una visita al proyecto de renovación de la sede del banco central en Washington D.C., valorado en 2.500 millones de dólares. La gira, que inicialmente se anunció como una revisión técnica al avance de las obras, se transformó rápidamente en un espacio para la confrontación pública.

Durante el recorrido, Trump cuestionó el costo total del proyecto, asegurando que superaba los 3.000 millones de dólares. Powell, visiblemente sorprendido, corrigió al presidente aclarando que la cifra mencionada incluía un tercer edificio restaurado años atrás y reinaugurado en 2021. “Ese edificio fue renovado hace cinco años. No hace parte de este proyecto”, puntualizó Powell.

La visita de Trump —rara para un presidente en ejercicio en la sede de la Fed— fue anunciada a último minuto por él mismo en su red social. Lo acompañaron funcionarios de alto nivel como los senadores republicanos Tim Scott y Thom Tillis, así como el director de la Oficina de Presupuesto (OMB), Russell Vought. La mayoría portaba cascos blancos mientras recorrían las obras del edificio histórico Marriner S. Eccles, situado frente al National Mall.

La Casa Blanca ha utilizado el proyecto de renovación como argumento adicional en su campaña de presión para que Powell reduzca las tasas de interés. Trump no perdió oportunidad para reiterar su petición frente a los medios: “Me encantaría que bajara las tasas”, declaró mientras caminaba junto a Powell.

El proyecto, originalmente presupuestado en 1.900 millones de dólares, ha enfrentado aumentos por sobrecostos derivados de inflación, alzas en el precio de materiales, y ajustes en el cronograma de ejecución. Las obras incluyen la restauración de dos edificios históricos —Eccles y el de la Avenida Constitución— y contemplan modernizaciones estructurales, eliminación de asbesto y plomo, y sistemas de seguridad de alto nivel, como ventanas a prueba de explosiones.

Desde el Congreso, varios republicanos han apodado la renovación como “el Palacio de Versalles”, acusando a Powell de impulsar un proyecto lujoso e innecesario. El presidente de la Fed respondió en audiencia que no hay mármol nuevo, ni ascensores especiales ni comedores VIP. “Es una modernización necesaria de instalaciones centenarias que nunca han sido renovadas a fondo”, insistió.

Las críticas escalaron cuando Vought, jefe de la OMB, insinuó que Powell habría violado regulaciones de supervisión federal al no remitir nuevamente los cambios de obra a la Comisión Nacional de Planificación del Capitolio (NCPC). Powell negó tal incumplimiento y afirmó que los ajustes fueron menores y hechos en coordinación voluntaria con dicha entidad, sin obligación formal de revisión.

Aunque Trump insinuó que el manejo del proyecto podría ser motivo para destituir a Powell, luego reconoció que no lo hará, aunque dejó claro que hará lo posible por incomodar el resto de su mandato, el cual concluye en mayo de 2026. “Creo que ha hecho un mal trabajo, pero igual ya le queda poco”, afirmó desde la Oficina Oval.

La Fed ha publicado recorridos virtuales del sitio y afirma que mantiene una supervisión interna rigurosa sobre el avance, los cambios y el presupuesto. No obstante, el episodio evidencia cómo un proyecto de infraestructura se ha transformado en un arma política más dentro del enfrentamiento entre la Casa Blanca y el banco central.

TRUMP FIRMA ÓRDENES EJECUTIVAS PARA ELIMINAR LA “IA WOKE” Y PROMOVER EL DOMINIO TECNOLÓGICO DE EE. UU.

El presidente Donald Trump firmó tres órdenes ejecutivas dirigidas a transformar a Estados Unidos en una “potencia exportadora de inteligencia artificial”, entre ellas una que prohíbe al gobierno federal utilizar modelos de IA con sesgos “ideológicos”, especialmente aquellos asociados a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Durante una cumbre de IA en Washington, Trump denunció lo que calificó como “locura marxista woke en los modelos de IA” y declaró que su gobierno eliminará estos sesgos de la contratación pública. La nueva normativa exige que cualquier empresa que reciba fondos federales mantenga modelos “políticamente neutrales”, libres de dogmas ideológicos.

Las otras dos órdenes buscan acelerar permisos para construir infraestructura de centros de datos, eliminar restricciones ambientales y fomentar la exportación de tecnología estadounidense. Esta ofensiva coincide con la publicación del plan estratégico “Winning the Race”, que busca consolidar el liderazgo global de EE. UU. en inteligencia artificial mediante la desregulación y el impulso a la inversión privada.

Aunque el plan ha sido bien recibido por líderes de la industria tecnológica, ha generado críticas por parte de grupos ambientales, comunidades locales y expertos en ética digital, quienes advierten sobre el riesgo de contaminación, sesgos discriminatorios en los modelos y posibles abusos de poder al definir qué se considera ideológicamente aceptable.

Elon Musk, uno de los principales críticos de la “IA liberal”, podría beneficiarse de estas políticas pese a su reciente distanciamiento con Trump. Su empresa xAI ha promovido chatbots “anti-woke”, aunque ha sido duramente cuestionada por generar contenidos racistas y antisemitas.

La iniciativa marca un punto álgido en la batalla política por el desarrollo ético y regulado de la inteligencia artificial, enfrentando la desregulación impulsada por Trump con las advertencias de expertos sobre los riesgos sociales y democráticos de modelos sin supervisión adecuada.

TRUMP FIRMA ORDEN EJECUTIVA PARA ACELERAR CENTROS DE DATOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a acelerar la construcción de centros de datos de alta capacidad para inteligencia artificial (IA), como parte de su estrategia para posicionar a Estados Unidos como líder indiscutible en esta tecnología. La medida instruye a las agencias federales a eliminar obstáculos regulatorios, facilitar el uso de tierras públicas y agilizar procesos ambientales para permitir un despliegue masivo y rápido de infraestructura crítica.

Según la nueva política, se dará prioridad a proyectos que demanden más de 100 megavatios de energía y que estén destinados al entrenamiento, inferencia o simulación de modelos de IA. Estos proyectos, considerados esenciales para la seguridad nacional y la competitividad económica, podrán acceder a incentivos financieros como préstamos, garantías, subsidios y beneficios fiscales, gestionados en coordinación con el Departamento de Comercio y otras agencias.

La orden también promueve el uso de terrenos federales, incluidos sitios contaminados o instalaciones militares, para albergar centros de datos o fábricas de componentes clave como semiconductores, infraestructura eléctrica y almacenamiento de datos. A su vez, instruye a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a revisar regulaciones bajo leyes como el Clean Air Act y el Clean Water Act, con el fin de reducir los tiempos de revisión sin dejar de cumplir la ley.

Una parte central del decreto consiste en acelerar la evaluación ambiental de estos proyectos mediante exclusiones categóricas bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), y su inclusión en el sistema FAST-41, que permite un seguimiento público y cronogramas más rápidos para obras de infraestructura federal. El objetivo, según la administración, es eliminar la “burocracia innecesaria” que frena el progreso tecnológico del país.

El plan también contempla la reutilización estratégica de sitios contaminados —como Superfunds y brownfields— para convertirlos en terrenos productivos destinados al desarrollo digital. Además, se habilita la posibilidad de que el Departamento de Defensa arriende terrenos en instalaciones militares para apoyar este despliegue, siempre que no comprometa la seguridad nacional.

La orden ejecutiva revoca una normativa anterior de la administración Biden y se alinea con el plan general de Trump para desregular y acelerar el desarrollo de inteligencia artificial en Estados Unidos. Mientras los sectores tecnológicos celebran la decisión como un impulso necesario para competir con China, organizaciones ambientales y comunidades locales han expresado preocupación por el posible debilitamiento de las protecciones ecológicas y la falta de participación ciudadana en estos procesos.

EE. UU. LANZA PLAN PARA EXPORTAR SU ECOSISTEMA COMPLETO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con el objetivo de promover internacionalmente el liderazgo tecnológico de Estados Unidos a través de la creación del American AI Exports Program, una iniciativa que busca facilitar la exportación de paquetes completos de tecnología de inteligencia artificial desarrollados en el país.

Según la orden, la inteligencia artificial es una tecnología “fundacional” que definirá la competitividad global en las próximas décadas, y Estados Unidos debe asegurarse no solo de liderar en su desarrollo, sino también de establecer sus estándares y sistemas como los dominantes a nivel internacional. La medida se enmarca en una estrategia nacional para reducir la dependencia global de tecnologías creadas por países adversarios, como China, y consolidar relaciones estratégicas con aliados mediante acuerdos tecnológicos.

El programa convocará a consorcios industriales a presentar propuestas de exportación que incluyan soluciones de IA completas, desde hardware optimizado hasta modelos de IA, aplicaciones específicas y mecanismos de ciberseguridad. Las propuestas deberán identificar los países o regiones objetivo, describir los modelos de operación de la infraestructura y detallar los incentivos federales requeridos, todo bajo cumplimiento estricto de las regulaciones de exportación y seguridad nacional de EE. UU.

Las propuestas seleccionadas serán priorizadas por el gobierno y podrán acceder a herramientas federales como préstamos directos, garantías de crédito, asistencia técnica y seguros de riesgo político. Además, la orden instruye al Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Comercio y la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, a liderar una estrategia diplomática para facilitar estas exportaciones, derribar barreras comerciales y promover marcos regulatorios propicios en los países socios.

La medida también contempla el apoyo a pequeñas y medianas empresas estadounidenses para que participen en la fabricación y despliegue de esta infraestructura, fortaleciendo la cadena de valor nacional. Esta acción forma parte del enfoque general de la administración Trump para posicionar a Estados Unidos como el líder global en inteligencia artificial, tanto en capacidad productiva como en influencia geopolítica.

TEXAS REAVIVA EL DEBATE ENTRE PROHIBICIÓN O REGULACIÓN DEL THC

El estado de Texas vive un intenso debate legislativo sobre el futuro de los productos derivados del cáñamo que contienen tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto psicoactivo del cannabis. El Senado estatal acaba de aprobar el Senate Bill 5 (SB5), una propuesta que busca prohibir todos los cannabinoides intoxicantes como el Delta‑8 y el THC sintético, dejando fuera únicamente los compuestos no psicoactivos como el CBD.

Esta nueva versión surge tras el veto inicial del gobernador Greg Abbott, quien había rechazado una ley similar alegando preocupaciones constitucionales y proponiendo en su lugar una regulación estricta con límites de edad, etiquetado y control de calidad. Sin embargo, Abbott ha cambiado de postura y ahora respalda una prohibición de productos que excedan los 3 miligramos de THC por dosis.

La legislación ha generado una profunda división entre legisladores, empresarios y ciudadanos. Mientras organizaciones como el Texas Hemp Business Council y la Texas Cannabis Policy Center alertan que la medida afectaría a miles de pequeños negocios y consumidores adultos, otros actores, como el experto en salud pública Dr. Kevin Sabet, argumentan que se trata de una medida necesaria para proteger a los jóvenes y reducir hospitalizaciones vinculadas al consumo de estos productos.

De acuerdo con encuestas recientes, el 53% de los votantes texanos se opone a una prohibición total y prefiere un enfoque regulatorio similar al del alcohol. La industria del cáñamo en Texas genera más de US$ 5.500 millones al año y sustenta más de 53.000 empleos, lo que refuerza el argumento de quienes defienden su continuidad con controles adecuados.

El SB5 avanza ahora hacia su votación final en el Senado dentro de la actual sesión legislativa especial, que se extenderá hasta el 19 de agosto. De ser aprobado, marcaría un giro significativo en el enfoque del estado hacia los productos de cannabis, posicionando a Texas entre los estados más restrictivos del país frente al auge de derivados del cáñamo.

TRUMP IMPULSA RECORTES SIGNIFICATIVOS A MEDICAID

La nueva ley sanitaria impulsada por el presidente Donald Trump, conocida como el One Big Beautiful Bill, plantea una transformación profunda del sistema de salud pública en Estados Unidos, con recortes por más de 1 billón de dólares al programa Medicaid a lo largo de la próxima década. Las medidas afectarán de forma directa a migrantes, personas con discapacidad, comunidades rurales y adultos de bajos ingresos.

Entre los cambios más polémicos se encuentra la imposición de requisitos laborales de al menos 80 horas al mes para mantener la cobertura, lo que podría dejar fuera del sistema a millones de personas, incluso si cumplen con otros criterios de elegibilidad. Además, se eliminarán subsidios del Obamacare (ACA) y se dificultará el acceso a Medicaid para quienes no reciban beneficios federales por discapacidad.

Los migrantes indocumentados y algunos con estatus legal también resultarán perjudicados. El plan impide que los estados usen fondos federales para financiar su cobertura, y se estima que al menos 1,4 millones de personas quedarán sin acceso a atención médica pública. La ley también amenaza con sanciones a estados que continúen apoyando con recursos estatales a esta población.

El impacto será especialmente fuerte en zonas rurales, donde hospitales y clínicas comunitarias dependen en gran medida de Medicaid. Aunque la ley prevé un fondo de estabilización, expertos consideran que será insuficiente para contrarrestar los efectos negativos.

Grupos de derechos civiles, organizaciones de salud y legisladores demócratas han manifestado su preocupación por lo que consideran un retroceso en materia de acceso a la salud pública, especialmente para las comunidades más vulnerables del país.

ESTADOS UNIDOS CONSIDERA PERMITIR QUE CHEVRON RETOME OPERACIONES LIMITADAS EN VENEZUELA

La administración de Donald Trump evalúa otorgar una nueva autorización a Chevron para que reanude parcialmente sus operaciones en Venezuela, luego de que en mayo se revocara una licencia previa. Según fuentes cercanas al proceso, la posible reactivación incluiría tareas de mantenimiento, pagos a contratistas y ciertas importaciones, pero con restricciones estrictas que prohíben cualquier flujo de dinero directo al gobierno de Nicolás Maduro.

El giro en la política de sanciones se da en medio de una estrategia más pragmática que busca frenar la influencia de potencias como China y Rusia sobre la industria petrolera venezolana, sin levantar completamente la presión sobre el régimen chavista. La nueva licencia permitiría a Chevron preservar activos estratégicos en el país, mientras se asegura que los beneficios no lleguen al aparato estatal venezolano.

Aunque la decisión aún no ha sido oficializada, sectores dentro del gobierno estadounidense, incluyendo figuras clave como el senador republicano Marco Rubio, han presionado para condicionar cualquier concesión a avances concretos en derechos humanos y elecciones libres en Venezuela.

Este posible cambio se enmarca en una serie de ajustes en la política exterior de EE. UU. hacia América Latina, donde se busca equilibrar intereses energéticos y geopolíticos sin legitimar a gobiernos autoritarios.

COLUMBIA PAGARÁ MÁS DE US$ 200 MILLONES PARA RECUPERAR FINANCIACIÓN FEDERAL

La Universidad de Columbia acordó pagar más de USD 200 millones al gobierno federal tras una investigación sobre su manejo de incidentes antisemitas y protestas pro-palestinas en el campus. El acuerdo, anunciado por la Casa Blanca, le permitirá a la institución recuperar más de USD 400 millones en fondos federales de investigación que habían sido congelados por la administración Trump.

La universidad también deberá desembolsar USD 21 millones en compensaciones a empleados afectados por represalias internas, además de adoptar reformas estructurales que incluyen:

• Eliminación de programas basados en diversidad, equidad e inclusión (DEI).

• Transparencia reforzada en admisiones y donaciones extranjeras.

• Adopción de la definición oficial de antisemitismo impulsada por el gobierno.

• Restricciones más estrictas a protestas y requisitos migratorios.

La presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, defendió el acuerdo, alegando que preserva la autonomía académica y asegura la continuidad de investigaciones científicas críticas y visados internacionales. No obstante, rectores de otras universidades y organizaciones de derechos civiles han criticado el pacto por sentar un precedente preocupante, al permitir que el gobierno federal condicione financiamiento público a cambios políticos e ideológicos en la administración universitaria.

Este acuerdo se enmarca dentro de una nueva estrategia regulatoria del gobierno Trump, denominada “regulación mediante acuerdos”, y se espera que casos similares se presenten próximamente en instituciones como Harvard.