Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

El 17 de julio de 2025, los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron en Caracas un Memorando de Entendimiento para la creación de una “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional”. El documento fue suscrito por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, y, por parte de Colombia, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales Rojas y el jefe de despacho, Alfredo Saade. El acuerdo establece un marco de cooperación para desarrollar una zona económica especial que comprenderá los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento de Norte de Santander en Colombia. Su duración inicial será de cinco años, con prórroga automática por períodos iguales, salvo notificación en contrario con seis meses de antelación.

Aunque el memorando no tiene carácter vinculante según el derecho internacional ni crea obligaciones legales internas, su implementación sí tiene implicaciones políticas relevantes, más allá de los posibles compromisos que impliquen reformas normativas, inversiones públicas o acciones coordinadas entre entidades de ambos países. En ese escenario, el proceso debe suscitar una citación de debate de control político, especialmente si se formalizan mecanismos que afecten la soberanía regulatoria o presupuestal. En contraste, el Acuerdo de Transporte Internacional por Carretera, también entre ambos países, fue activado tras la emisión de concepto técnico favorable por el Ministerio de Transporte de Colombia y cuenta con sustento legal mediante la Ley 2301 de 2023, ratificada por el Congreso.

Por otro lado, el proceso debe tener una revisión geopolítica, particularmente por las recientes declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que introducen elementos de presión. Rubio desconoce la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y lo vincula con actividades ilícitas asociadas al narcotráfico. La clasificación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte del gobierno estadounidense incrementa la sensibilidad sobre los acuerdos firmados con Caracas. Aunque Colombia defiende el memorando como un mecanismo de desarrollo fronterizo sin cesión de soberanía, este acuerdo representa un acercamiento riesgoso para las relaciones con el principal aliado comercial de Colombia.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se han restablecido en los últimos años por iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero siguen marcadas por una dinámica volátil. En este sentido, el Legislativo deberá tener un gran protagonismo para la evaluación de las implicaciones políticas internas y externas de la implementación del acuerdo.

En julio de 2025, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU., encabezado por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, propuso reducir en 50 % la ayuda económica no militar a Colombia, bajando de USD 400 millones a USD 208,7 millones para el año fiscal 2026. El informe anexo expresó preocupación por el aumento del narcotráfico, la violencia política, presuntos consumos de drogas por altos funcionarios, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y la falta de claridad judicial en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Además, cuestionó la capacidad del gobierno Petro para gestionar la cooperación internacional.

El presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X, tildando al senador Díaz-Balart de “despistado” y citando al representante Alejandro Toro para subrayar que no existe acusación oficial del Congreso ni del gobierno estadounidense contra su administración. Sin embargo, el documento fue adoptado por el Comité como parte del proyecto presupuestal, generando controversia diplomática.

En respuesta, Petro propuso redefinir la relación bilateral mediante inversiones conjuntas en transición energética. Afirmó que América del Sur podría contribuir a descarbonizar la matriz energética de EE.UU. con una inversión cercana a USD 600.000 millones. Rechazó la idea de que Colombia “valga” los USD 170 millones asignados y recordó que el país ha invertido cifras similares para contener el consumo de drogas en territorio estadounidense. Abogó por reorientar recursos hacia prevención y educación, y defendió su derecho a la libre expresión.

Desde el Congreso de EE. UU., algunos congresistas demócratas respaldaron el recorte. Adriano Espaillat señaló que lo comprendía ante las alertas sobre narcotráfico, mientras Henry Cuéllar advirtió que no se debe financiar a gobiernos “que no actúan como aliados”.

La propuesta para el año fiscal 2026 incluye USD 103 millones contra el narcotráfico, USD 38,5 millones en asistencia militar y USD 67,2 millones en programas bajo la nueva línea NSIP, que sustituye parcialmente la ayuda tradicional.

● Minero energético

La semana pasada, el conflicto entre Israel y Palestina tomó relevancia en el contexto político y económico colombiano toda vez que el presidente Gustavo Petro denunció el incumplimiento de su decisión de suspender las exportaciones de carbón a Israel. La decisión está amparada en el Decreto 1047 de 2024 que prohibió formalmente las exportaciones de carbón colombiano a Israel, como respuesta a la crisis humanitaria en Gaza. A pesar de esta medida, empresas como Drummond y Cerrejón han continuado enviando carbón al país hebreo, amparadas en una excepción clave: el decreto permite que se mantengan los envíos derivados de contratos firmados antes de su promulgación, lo cual ha permitido que las exportaciones no se detengan por completo, generando discordia y tensiones entre gobierno y el sector privado y del presidente con las empresas carboníferas.

Petro declaró que ordenó a las Fuerzas Armadas detener cualquier embarcación con carbón hacia Israel, aduciendo que todo envío representa un desafío a su gobierno y que él como jefe supremo de las fuerzas armadas y máximo responsable de las relaciones exteriores, está facultado para ello. En redes sociales afirmó que se trató de una provocación y anunció acciones inmediatas frente a esa situación. Durante la cumbre de la CELAC, insistió en que “no debe salir una sola tonelada” de carbón hacia Israel y advirtió que podría modificar unilateralmente los contratos concesionarios si las multinacionales no acatan la prohibición. También llamó a la comunidad indígena wayúu para denunciar los actos en los territorios, y a Suiza para llevar a los tribunales internacionales las operaciones de empresas como Glencore y Drummond

En el ámbito legal y comercial, expertos como José Manuel Restrepo han señalado que, según la Constitución y la Ley 7 de 1991, es potestad del Ejecutivo expedir decretos que regulen el comercio exterior por razones de seguridad nacional o relaciones internacionales. Sin embargo, ese mismo marco legal cuestiona el Decreto 1047 por vulnerar principios de seguridad jurídica, tratados internacionales (como el TLC con Israel vigente desde 2020) y la libertad de empresa, especialmente porque no se fundamentó en un estado de excepción ni en una amenaza concreta. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, ha respaldado el enfoque ideológico de Petro y en un informe vincula estas exportaciones con la llamada “economía del genocidio”, señalando que el carbón colombiano estaría alimentando indirectamente la ocupación en Gaza.

Los gremios del sector minero han advertido que la prohibición podría afectar gravemente el empleo, las regalías y las finanzas regionales, estimando pérdidas que superarían los 650.000 millones de pesos en impuestos y regalías. Asimismo, cifras de MinComercio ratifican que existe una constante reducción de exportaciones de carbón a Israel desde la expedición del decreto en 2024.

En declaraciones recientes, el presidente acusó al exministro de comercio y precandidato presidencial, Luis Carlos Reyes, de traición y de ser el culpable de permitir la cláusula por la cual se siguió exportando carbón a Israel. Lo anterior dificulta la posibilidad de Reyes de lograr un aval dentro de los partidos cercanos y simpatizantes al gobierno.

● Salud

La ADRES ha establecido una alianza estratégica con cuatro de las principales empresas tecnológicas a nivel mundial —Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud y Oracle— para desarrollar un prototipo que modernice y agilice la auditoría de cuentas médicas mediante inteligencia artificial.

Cada una de estas compañías participará en una Prueba de Concepto (PoC), que deberá estar lista en septiembre, en conjunto con sus socios regionales: TI724 (Microsoft), Blend360 (AWS), Servinformación (Google Cloud) y Entelgy (Oracle).

El objetivo principal es automatizar procesos actualmente manuales para reducir los tiempos de auditoría, prevenir fraudes y mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos del sistema de salud. Al finalizar la prueba, se seleccionará la empresa que presente la solución más eficaz y con mayor cumplimiento técnico y normativo.

El Invima y el ICA informaron que, para facilitar una transición ordenada en la aplicación del Capítulo V del Decreto 2478 de 2018 —que regula la habilitación de fábricas extranjeras que deseen exportar a Colombia alimentos de origen animal con alto riesgo en salud pública— se han definido las siguientes medidas:

1. El ICA seguirá renovando hasta el 31 de julio de 2026 las inscripciones de establecimientos en el Sistema SISPAP.

2. Los establecimientos no inscritos o que necesiten actualizar su información podrán realizar el trámite ante el ICA.

3. Ambas entidades reiteran su compromiso con el fortalecimiento del comercio exterior en materia sanitaria y con la seguridad alimentaria nacional.

4. Para más detalles, los interesados pueden comunicarse con el Invima o el ICA a través de los correos electrónicos oficiales indicados.

● Tributario y asuntos financieros

El superintendente Financiero de Colombia, profesor César Ferrari, durante la instalación del 15 Congreso de Asomicrofinanzas habló sobre el panorama actual de las microfinanzas. Explicó que, aunque el microcrédito ha mostrado un crecimiento, sigue representando una porción muy pequeña del total del crédito en Colombia: apenas el 2,9% de la cartera bruta al cierre de mayo de 2025, frente a COP 21,1 billones en un sistema que suma COP 725 billones. A pesar de su baja participación, ha sido uno de los segmentos con mayor dinamismo en crecimiento nominal anual, después del crédito de vivienda.

Agregó que las tasas de interés del microcrédito son las más elevadas del sistema, superando ampliamente a otras modalidades. Esto se debe a múltiples factores tanto del lado de la oferta como de la demanda:

● Oferta limitada por la baja liquidez del sistema, altos costos operativos, poco aprovechamiento de tecnologías para reducir costos y ausencia de economías de escala.

● Demanda restringida por los bajos ingresos, la informalidad laboral, la irregularidad en los flujos de ingresos y la autoexclusión financiera.

Destacó que la escasa profundidad del crédito en Colombia (41,5% del PIB) contrasta con países como EE.UU., China o Brasil. A esto se suma la limitada expansión del crédito ante incrementos en la tasa de usura, sin mejoras tangibles en inclusión financiera ni en volumen de colocaciones.

● Alimentos y bebidas

El Gobierno nacional, en coordinación con varios ministerios y entidades, alcanzó un acuerdo con el Comité Nacional del Paro Arrocero tras un proceso de diálogo abierto. Este pacto busca enfrentar la crisis actual del sector arrocero y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

El eje central del acuerdo es la implementación de una resolución que establecerá un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, asegurando a los productores la cobertura de sus costos sin utilidad adicional.

Otros compromisos incluyen:

1. Defensa comercial: Se evaluarán medidas arancelarias frente a importaciones de arroz si se cumplen las condiciones legales.

2. Comisión Técnica: Se conformará una comisión para definir apoyos a productores afectados por la caída de precios desde junio de 2025 y para reactivar mecanismos de apoyo comercial vigentes a inicios del año.

3. Acceso al agua: Se instalará una mesa técnica para revisar el sistema de tarifas del uso del agua en el sector agrícola.

4. UGPP: Se analizarán las fuentes de información usadas para determinar presunciones de costos laborales.

5. Controles fiscales: POLFA y la DIAN reforzarán la vigilancia en centros de acopio y molinos para verificar inventarios y procedencia del producto.

6. Fin de las movilizaciones: El Comité Nacional del Paro Arrocero se compromete a levantar bloqueos y protestas desde el 14 de julio de 2025, aunque se mantendrán espacios de socialización en regiones.

Ambas partes dejaron constancias: el Comité se reserva el derecho a futuras movilizaciones si no se cumplen los acuerdos, mientras que el Gobierno reafirma su voluntad de diálogo y concertación.

● TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció, a través de la Adenda No. 2, la ampliación del plazo para evaluar las propuestas recibidas en la Convocatoria Pública 001 de 2024, destinada a otorgar viabilidad a licencias de radiodifusión sonora comunitaria. La decisión se toma en respuesta a la alta participación de comunidades organizadas, que presentaron 243 propuestas, evidenciando su interés en fortalecer la comunicación comunitaria y el tejido social. El nuevo plazo, que va hasta el 8 de agosto de 2025, tiene como objetivo garantizar un análisis detallado, justo y transparente de cada iniciativa, asegurando una participación equitativa en las siguientes fases del proceso.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]