Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

Según la reciente Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos sobre temas arancelarios, Colombia seguirá estando sujeta a la tarifa general del 10 %. En este contexto se mantendrán los diálogos técnicos entre ambos países con el objetivo de conservar una relación comercial fluida y cooperativa.

Durante junio de 2025, Colombia registró un aumento en la llegada de turistas internacionales, destacándose los incrementos desde Brasil (23 %), España (19 %) y México (11,6 %), lo que refuerza su imagen como un país diverso y competitivo en el panorama turístico regional.

Según datos de Migración Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se contabilizaron 367.585 visitantes extranjeros no residentes en junio, un 12,2 % más que en 2023 y un 2,1 % más que en 2024. Estados Unidos se mantuvo como el principal país emisor, aportando el 31 % del total de llegadas.

Bogotá fue el principal destino con el 37,2 % de los visitantes, seguida por Medellín (26 %) y Cartagena (16,7 %).

Aunque el tráfico aéreo total disminuyó levemente en mayo de 2025 (1,9 %), el tráfico internacional creció un 5,8 %. Entre enero y mayo se movilizaron 22,3 millones de personas por vía aérea, lo que representa un crecimiento del 2,3 % frente a 2024.

El sector hotelero también mostró resultados positivos. En mayo, la ocupación hotelera fue del 47,3 %, un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Bogotá lideró con una ocupación del 58,7 %, seguida por San Andrés y Cartagena.

Pese al descenso del 12,6 % en el número total de visitantes no residentes en junio, causado por una baja del 39,5 % en la llegada de colombianos residentes en el exterior, la tendencia general del turismo internacional sigue en ascenso, impulsada por la apertura de nuevas rutas aéreas y una oferta turística cada vez más diversa.

El Ministerio reiteró su compromiso de trabajar junto al sector privado y a las regiones para fortalecer el turismo sostenible y maximizar sus beneficios económicos y sociales en el país.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió el 31 de julio un nuevo proceso licitatorio para arrendar el inmueble donde funciona esta zona franca. El nuevo proceso incorpora mejoras basadas en aportes del sector, con el fin de garantizar condiciones económicas más justas y fomentar la participación de más oferentes. Entre los principales cambios se encuentra un esquema escalonado para el pago del canon de arrendamiento: 50 % el primer año, 65 % el segundo, 85 % el tercero y 100 % a partir del cuarto año. Además, se redujo la desviación estándar en la proyección del impuesto predial al 11,63 %, disminuyendo el valor del canon, y se optimizaron costos operativos como seguros y avalúos.

Estas medidas aseguran la viabilidad financiera del proyecto por los próximos 30 años, manteniendo ingresos superiores a los egresos para el Estado, aunque reducen el valor del metro cuadrado arrendado en aproximadamente $1.700 frente a la propuesta inicial.

Finalmente, como parte de las acciones para garantizar la operación continua, el Ministerio prorrogó el contrato vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 e invitó a los operadores certificados a participar en esta nueva convocatoria.

El Gobierno nacional presentó un proyecto de decreto que propone fijar en 0 % el arancel para la importación de 37 materias primas utilizadas en las industrias de confecciones y calzado, siempre que dichos insumos no se produzcan en Colombia. Esta medida, que aplicaría únicamente a países sin acuerdos comerciales vigentes con el país, tiene como objetivo reducir los costos de producción y mejorar la competitividad de estos sectores intensivos en empleo y claves para los encadenamientos productivos. La propuesta estará abierta a comentarios del público hasta el 5 de agosto.

El Gobierno nacional, a través de un proyecto de decreto abierto a comentarios hasta el 5 de agosto, propone elevar al 10 % el arancel para la importación de buses eléctricos clasificados bajo la subpartida 8702409090. Según el Gobierno nacional, esta medida busca incentivar la producción local de estos vehículos, fortalecer las cadenas productivas nacionales y atraer inversión, en concordancia con la Política de Reindustrialización. La iniciativa también busca dinamizar la fabricación de componentes nacionales que puedan integrarse al ensamblaje de buses eléctricos, fomentando así una mayor participación de la industria local en este sector estratégico.

● Minero energético

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el presidente de EPM, John Maya, definieron compromisos conjuntos para abordar la crisis energética en la región Caribe, especialmente en el departamento del Cesar. Entre los temas tratados se destacan las tarifas de energía, el recaudo, la infraestructura eléctrica y la transición hacia energías renovables.

Uno de los principales acuerdos fue la creación de mesas técnicas de trabajo para avanzar en soluciones concretas, entre ellas la construcción de un parque solar de 250 megavatios que abastecería a cerca de 350 mil usuarios en el Cesar. Este proyecto podría ser viable si se articula el esfuerzo entre el Estado, Ecopetrol y el sector privado.

El Ministerio de Minas y Energía solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación su acompañamiento en los procesos contractuales relacionados con la implementación de Comunidades Energéticas basadas en energías limpias, como parte del proceso de transición energética.

La solicitud, enviada a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, se alinea con la convocatoria abierta por el ministerio el pasado 18 de julio, dirigida a operadores de red y generadores públicos o mixtos con mayoría estatal, para postular proyectos comunitarios con fuentes limpias.

El ministerio pidió instalar una mesa de trabajo presencial con la Procuraduría para socializar los objetivos de la convocatoria, promover decisiones conjuntas e integrar criterios sociales, ambientales y de participación ciudadana, conforme a la Circular 001 de 2024.

Durante una sesión del comité 6GW Plus, espacio clave para coordinar la transición hacia energías limpias en Colombia, se anunció que el Gobierno nacional —liderado técnicamente por la ANLA— ha incrementado en un 57 % la emisión de licencias ambientales para proyectos de energías limpias y de transmisión.

En la misma sesión, se presentaron avances normativos para un decreto que acelerará el estudio de licencias para proyectos eólicos. Esta propuesta, impulsada por la ANLA y próxima a ser sometida a consulta pública por el Ministerio de Ambiente, busca agilizar trámites sin comprometer la sostenibilidad ambiental.

El borrador del decreto contempla restricciones como evitar zonas de bosque, limitar el área intervenida, establecer distancias mínimas entre parques y respecto a poblaciones, así como crear cinturones de protección alrededor de áreas naturales sensibles.

Tanto la ANLA como el Ministerio de Minas y Energía resaltaron el enfoque técnico, ambiental y colaborativo del proceso. La estrategia 6GW Plus, en la que participan entidades como UPME, CREG, ISA, Ecopetrol y ANH, busca acelerar la incorporación de más de 6 GW de energías renovables al sistema eléctrico nacional.

● Salud

El decreto 0858 no es un cambio técnico al sistema de salud. Es una jugada política en un tablero donde el Gobierno viene perdiendo terreno. Con la reforma bloqueada en el Congreso, Petro eligió mover por decreto lo que no pudo destrabar con votos y conciliación.

Lo hace bajo el argumento de la urgencia y la crisis financiera del sistema, pero el costo político puede ser mayor que el beneficio inmediato.

El movimiento revela tres cosas. Primero, la incapacidad del Gobierno para construir mayorías estables en un tema que vendió como bandera desde el día uno. Tras dos intentos fallidos en el Legislativo, el Ejecutivo opta por la vía unilateral, alimentando la narrativa de que la “transformación” de la salud se impone, no se negocia. El decreto refuerza la fractura con partidos bisagra y aleja la posibilidad de acuerdos en otras reformas pendientes.

Segundo, la decisión deja al sistema en un limbo jurídico y operativo. Se propone trasladar poder y responsabilidades a entes territoriales sin garantizar recursos ni capacidades. Al hacerlo vía decreto, abre la puerta a una lluvia de demandas que pueden frenar la implementación antes de arrancar. Lo que se vende como avance puede terminar siendo más incertidumbre para usuarios, EPS y hospitales.

Tercero, el decretazo reconfigura el pulso político entre el Ejecutivo, el Congreso y la justicia. Si el Consejo de Estado tumba la norma, el Gobierno no solo pierde la jugada sino que queda más débil para insistir en la reforma estatutaria. Si la sostiene, se instala un precedente delicado: que un presidente puede reescribir pilares de un servicio público esencial sin pasar por la ley. En ambos escenarios, la confrontación se profundiza y el debate sobre la salud se aleja de los resultados para los ciudadanos.

El fondo del asunto no es técnico, es político: un Gobierno que llega al final del mandato enfrentando un Congreso fragmentado y que busca mostrar acción a cualquier costo. El decreto puede darle oxígeno en la narrativa del “cambio”, pero es un aire enrarecido: no resuelve los problemas estructurales, erosiona el diálogo político y deja la sensación de que el sistema está siendo reescrito a punta de improvisaciones y pulsos de poder.

La ADRES inició un proceso de cobro coactivo contra Carlos Gustavo Palacino Antía, expresidente de Saludcoop EPS, para recuperar recursos públicos de la salud que fueron desviados durante su gestión. Esta medida se adopta tras quedar en firme las condenas emitidas por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la Corte Suprema inadmitiera un recurso de casación interpuesto por el exdirectivo. El cobro, ya notificado a Palacino, corresponde a una suma indexada de $289.982 millones, limitada legalmente a $579.964 millones según el Estatuto Tributario.

La Superintendencia Nacional de Salud emitió hoy dos medidas cautelares dirigidas a la Nueva EPS con el objetivo de proteger a sus afiliados, asegurar la correcta gestión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y prevenir riesgos que comprometan la vida o integridad de los usuarios.

Las medidas consisten en:

1. Seguimiento al giro de recursos: El contralor actual de la EPS deberá monitorear las postulaciones de pagos a prestadores y proveedores de servicios de salud,

validando la legalidad, oportunidad y destino adecuado de los recursos y dejando constancia técnica de su análisis.

2. Supervisión presencial: Un equipo técnico de la Supersalud realizará vigilancia constante sobre el cumplimiento del plan de trabajo establecido para la Nueva EPS.

La EPS deberá facilitar toda la información necesaria para estos controles. Además, la Supersalud reiteró que mantendrá una estricta vigilancia sobre el cumplimiento de las condiciones para el uso de los recursos del SGSSS, con el fin de prevenir irregularidades.

● Tributario y asuntos financieros

El Banco de la República decidió este 31 de julio, en su más reciente reunión de Junta Directiva mantener la tasa de interés en 9,25%, en una votación dividida: cuatro miembros respaldaron la decisión, mientras tres votaron por nuevos recortes. El mensaje es claro: aunque la inflación ha caído de forma sostenida —cerrando junio en 4,82% anual— el Emisor considera que aún hay riesgos que justifican prudencia, especialmente por la incertidumbre fiscal, el panorama internacional y las expectativas inflacionarias que siguen por encima del rango meta. Para la mayoría de la Junta, la prioridad es consolidar la convergencia de la inflación hacia el 3%, sin perder la credibilidad ganada en los últimos años.

Sin embargo, el Gobierno nacional tiene una lectura distinta. El presidente Gustavo Petro reaccionó con fuerza, señalando que la decisión del Banco frena la recuperación de la economía real y está guiada por intereses políticos más que técnicos. Según el mandatario, las tasas reales siguen siendo demasiado altas, lo que desincentiva el crédito, detiene la inversión en sectores estratégicos como la vivienda y mantiene en pausa la recuperación del empleo. El ministro de Hacienda también ha insistido en que hay espacio para recortar más rápido, argumentando que el control de precios ya es evidente y que el momento económico exige medidas contracíclicas más audaces.

Este desencuentro entre el Emisor y el Ejecutivo no es nuevo, pero sí se ha vuelto más visible y directo. Las críticas del presidente han generado preocupación en algunos sectores técnicos y empresariales, que advierten sobre los riesgos de debilitar la independencia del Banco. No se trata solo de una diferencia de enfoque económico, sino de la señal institucional que se transmite al país y a los mercados.

● Alimentos y bebidas

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) respondió a una alerta sanitaria relacionada con una mortalidad inusual de peces en la vereda Los Pichi, ubicada en el municipio de Repelón;

Atlántico. La notificación fue realizada por un productor de tilapia plateada, quien contaba con una población de 16.000 peces.

De forma inmediata, técnicos del ICA realizaron una visita al sitio, donde llevaron a cabo un censo sanitario, inspeccionaron las condiciones en terreno y recolectaron muestras diagnósticas, posteriormente enviadas al laboratorio del instituto en Bogotá. El objetivo fue confirmar o descartar la presencia de patógenos de interés sanitario oficial, como el Streptococcus spp., que pudieran estar afectando la salud de los animales.

Durante la inspección, se observó que cerca del 50 % de los peces mostraban síntomas clínicos, y se registró una mortalidad del 8 %. Paralelamente, el equipo técnico ofreció una capacitación sobre sanidad acuícola, buenas prácticas de bioseguridad y normatividad vigente, que contó con la participación de 21 personas, entre productores y actores del sector.

● TIC

El Ministerio TIC anunció que hasta el 11 de agosto está abierta la convocatoria para que entidades con experiencia en emprendimiento se postulen al Banco de Postulación de Iniciativas Regionales. El objetivo es identificar y fortalecer 18 iniciativas de incubación que apoyen emprendedores y startups digitales en diferentes regiones del país.

Podrán participar organizaciones con personería jurídica en Colombia, mínimo tres años de constitución y presencia en alguno de los 32 departamentos. Cada entidad debe presentar seis emprendedores digitales y tener al menos dos personas en su equipo de trabajo.

El 13 de agosto se publicará el Banco de Postulaciones, desde el cual se seleccionarán las iniciativas que recibirán acompañamiento para fortalecer sus capacidades técnicas y desarrollar programas de incubación que beneficien al menos a cuatro equipos emprendedores y dos empresas digitales.

Esta convocatoria hace parte del Programa de Emprendimiento Digital del Ministerio TIC, que busca impulsar la innovación, la inclusión digital y el desarrollo regional. Más información y los documentos para postularse están disponibles en el sitio web del Ministerio TIC.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]