Los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego, ambos con raíces colombianas, al término de sus reuniones en Colombia subrayaron la importancia de fortalecer los lazos bilaterales.

Los dos legisladores afirmaron que tuvieron reuniones positivas con todos los sectores en Colombia, incluyendo el Gobierno al cual le reconocen la legitimidad aunque no estén de acuerdo con todos los temas. Los dos congresistas conversaron hoy con el presidente Gustavo Petro.

En un conversatorio con el Atlantic Council y la Andi, Gallego enfatizó la necesidad de que más empresas estadounidenses miren hacia América Latina y, en particular, Colombia, resaltando que la cercanía geográfica ofrece oportunidades que a menudo se desaprovechan frente a mercados en Asia o Europa. Según él, el papel de los legisladores es “traducir” el valor de las culturas latinoamericanas al público estadounidense.

Moreno, por su parte, elogió el espíritu luchador y perseverante de Colombia, comparándolo con el de Estados Unidos. Defendió la idea de una alianza hemisférica que abarque desde Argentina hasta Canadá, aprovechando los recursos y ventajas del continente. Señaló que Colombia ofrece algunas de las tarifas más competitivas del mundo y que, si se evaluara como una acción en el mercado, él apostaría “al 100 %” por el país.

Ambos senadores reconocieron diferencias políticas con el gobierno colombiano, pero coincidieron en que la relación entre las dos naciones es lo suficientemente sólida como para superar discrepancias entre Presidentes. Entre sus objetivos está reforzar la democracia, brindar apoyo en seguridad e inteligencia, y respaldar las próximas el próximo proceros electoral.

También promueven reducir la dependencia de economías asiáticas, en especial China, impulsando el nearshoring con Colombia como socio clave gracias a sus dos costas y capacidad portuaria.

Los legisladores recalcaron que para lograr un comercio bilateral más sólido, Colombia debe enfrentar el problema del narcotráfico, eliminando su dependencia de la economía de la coca. Esto, afirmaron, abriría el camino para una expansión del comercio formal y mayores inversiones. Mencionaron el uso de drones, inspirados en experiencias como la guerra en Ucrania, para conectar zonas aisladas y fomentar economías legales, además de potenciar el café colombiano ante las altas tarifas que enfrenta Brasil.

La estabilidad y la eliminación de la corrupción fueron señaladas como condiciones necesarias para atraer capital extranjero. Aunque destacaron que Colombia está más avanzada que otros países de la región, advirtieron que el capital seguirá fluyendo hacia lugares seguros y prósperos.

Por otro lado, resaltaron que Colombia cuenta con algunas de las tarifas más competitivas a nivel global, incluso muy por debajo de las que aplican economías como Japón, Corea del Sur o la Unión Europea, donde pueden ser hasta un 50 % más altas. Esta ventaja, afirmaron, representa una oportunidad excepcional para que industrias como la del café, los semiconductores y los centros de datos se desarrollen y exporten con mayor facilidad al mercado estadounidense. En su visión, aprovechar este diferencial arancelario podría convertir a Colombia en un proveedor estratégico en el marco de las políticas de nearshoring, atrayendo inversiones de alto valor y generando un crecimiento económico más inclusivo.

Sobre China, advirtieron que ciertas tecnologías de alto nivel pueden implicar riesgos de espionaje y erosión de confianza. Consideran que, dada la historia de cooperación con Estados Unidos, Colombia debe evitar asociaciones que puedan poner en riesgo esa relación. Recordaron que la inversión estadounidense en el país supera en 37 veces a la china y que ofrece más capacidades tecnológicas e infraestructura.

Finalmente, el encuentro sirvió para reafirmar los 203 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, que han atravesado desafíos pero mantienen un carácter estratégico. Para los legisladores, el reto está en alinear políticas que promuevan prosperidad, seguridad y confianza mutua, aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece la coyuntura global.

SIN ACUERDO TERMINA CUMBRE TRUMP-PUTIN SOBRE GUERRA EN UCRANIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, finalizaron en Alaska cumbre sin anunciar avances concretos sobre la guerra en Ucrania. Tras casi tres horas de conversaciones en la base Elmendorf-Richardson, Trump calificó el encuentro de “extremadamente productivo”, aunque admitió que los temas más delicados permanecen sin resolver. La rueda de prensa fue breve y no permitió preguntas de la prensa, lo que generó incertidumbre sobre los verdaderos resultados.

Trump aseguró que se lograron consensos en varios puntos, pero reconoció que uno, “el más importante”, sigue pendiente. Señaló que informará personalmente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como a los líderes de la OTAN, destacando que la decisión final sobre un posible acuerdo recae en Kiev y en sus socios europeos. Pese a las expectativas, la reunión no produjo compromisos verificables, solo la promesa de mantener abiertos los canales de negociación.

La cumbre fue seguida de cerca por líderes europeos. El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, coordinaron con Trump antes del encuentro, junto a Ursula von der Leyen, António Costa y Mark Rutte. Esta coordinación buscaba garantizar que cualquier avance se alineara con los intereses europeos. Sin embargo, la falta de un resultado concreto dejó a la Unión Europea y a la OTAN a la espera de mayores definiciones.

Trump advirtió que, de no registrarse progresos sustanciales, Estados Unidos impondrá sanciones “económicamente severas” contra Rusia. Aunque evitó detallar medidas inmediatas, planteó la posibilidad de una segunda cumbre, esta vez con la participación de Zelenski, para buscar un acuerdo más sólido. Putin, por su parte, propuso que este nuevo encuentro se lleve a cabo en Moscú, gesto que fue interpretado como un intento de reforzar la posición internacional del Kremlin.

El encuentro, aunque sin resultados tangibles, permitió a Rusia mostrarse nuevamente en la mesa internacional sin concesiones previas, mientras Trump buscó proyectarse como mediador de un eventual proceso de paz. La falta de acuerdos firmes mantiene la incertidumbre sobre el futuro del conflicto, pero el diálogo abre la puerta a nuevas rondas de negociación en un escenario donde la comunidad internacional se mantiene expectante.

CORTE DE APELACIONES PERMITE A TRUMP RECORTAR LA CFPB

Una corte federal de apelaciones, dividida en su fallo, autorizó al presidente Donald Trump a continuar con los recortes a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), respaldando los planes de la administración para reestructurar agencias gubernamentales y su personal. La decisión revierte, en parte, la orden de una jueza de primera instancia que había bloqueado el casi cierre de la agencia, creada tras la crisis financiera de 2008 para proteger a los consumidores frente a abusos del sistema bancario.

Las organizaciones que representan a empleados de la CFPB y a usuarios de sus servicios demandaron después de que Trump reemplazara al director de la agencia y pausara sus operaciones, cancelando el contrato de arrendamiento de su sede y planificando el despido de más del 80 % de su plantilla. El tribunal de apelaciones dictaminó que los empleados deberán impugnar la pérdida de sus puestos en otras instancias y no en el tribunal federal del distrito de Washington.

El fallo, respaldado por los jueces Greg Katsas y Neomi Rao, ambos nombrados por Trump, sostiene que no hay una decisión revisable que establezca el cierre definitivo de la CFPB, ya que no existe un memorando formal en ese sentido. Sin embargo, el tribunal recalcó que funciones como la atención a quejas de consumidores no pueden ser suspendidas. La jueza Nina Pillard, designada por Obama, disintió fuertemente.

En su opinión, Pillard advirtió que limitar el papel de los tribunales en este caso pone en riesgo el equilibrio de poderes y la vigencia de un “gobierno de leyes”. Subrayó que permitir que la administración despida al personal, rescinda contratos y elimine datos esenciales podría dejar a la CFPB en una situación de daño irreversible, incluso si más adelante se dictamina que el cierre es ilegal.

El fallo no entra en vigor de inmediato, lo que da a los demandantes la posibilidad de apelar nuevamente. La controversia refleja las tensiones políticas en torno a la CFPB, considerada por conservadores como un ejemplo de exceso regulatorio y defendida por demócratas como una herramienta clave de protección al consumidor. Nuevas decisiones judiciales podrían definir el futuro de la agencia y el alcance de las facultades presidenciales sobre su estructura.

MÉXICO Y EE.UU. IMPLEMENTAN PLAN PARA FRENAR PLAGA QUE AFECTA EXPORTACIONES DE GANADO

México y Estados Unidos firmaron un plan binacional para combatir la plaga del gusano barrenador del ganado, con el objetivo de contener el brote y abrir la puerta a la reanudación de exportaciones. El acuerdo fue suscrito por el secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué, y la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins, a través del plan de acción conjunto Aphis-Senasica.

La plaga, que llevó a Estados Unidos a imponer restricciones hace dos meses, ha generado sobrecostos cercanos a 400 millones de dólares para los ganaderos mexicanos, según la Asociación Mexicana de Productores de Carne. Estas pérdidas se deben principalmente a los gastos de control y tratamiento para frenar la propagación del parásito.

A las afectaciones por el brote se suman los 30 millones de dólares mensuales que el sector ganadero pierde por el cierre de la frontera a la exportación de ganado vivo. Con el nuevo plan, ambos países esperan frenar el impacto económico y restablecer el comercio, preservando a su vez la sanidad animal y la competitividad del sector.

LULA RECHAZA DECLARACIONES Y ARANCELES DE TRUMP CONTRA BRASIL

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó duramente a Donald Trump por sus recientes afirmaciones sobre comercio, derechos humanos y el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Durante la inauguración de una planta de la empresa china GWM en São Paulo, Lula afirmó que no aceptará “tantas mentiras” sobre Brasil y calificó el momento como una “turbulencia innecesaria” en la relación bilateral. Señaló que los aranceles del 50 % impuestos por Washington carecen de justificación comercial.

Según Lula, la medida de Trump es un acto de provocación vinculado al juicio por golpismo contra Bolsonaro, cuya fase final está prevista para septiembre. El mandatario brasileño recordó que, desde hace 15 años, el intercambio comercial favorece a Estados Unidos, lo que refuerza su argumento de que no existe fundamento económico para las nuevas barreras. Considera que la narrativa de Trump daña la imagen internacional de Brasil y busca desacreditar sus instituciones.

Trump, por su parte, incluyó en el último informe de derechos humanos críticas a Brasil, señalando presunta persecución contra conservadores. También acusó al país de ser “horrible para negociar” y de tratar mal a las empresas estadounidenses. Estas declaraciones tensan aún más una relación que en el pasado estuvo marcada por una competencia directa por influencia económica y política en la región.

Lula rechazó que Brasil sea un mal socio para el comercio y defendió la reputación del país en el ámbito internacional. Aseguró que su gobierno trabajará por un sistema más equilibrado y multilateral, donde las naciones pequeñas no sean sometidas por las grandes potencias. En su visión, las medidas de Washington contravienen los principios de equidad y respeto mutuo que deberían regir el comercio global.

La inauguración de la planta de GWM sirvió también para resaltar el fortalecimiento de la alianza con China, principal socio comercial de Brasil desde hace casi dos décadas. Lula aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de diversificación de alianzas y resistencia a presiones externas, reforzando que la estrategia brasileña busca autonomía y un papel más activo en la configuración de las reglas del comercio internacional.

EE.UU. REFUERZA PRESENCIA MILITAR EN AGUAS LATINOAMERICANAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Estados Unidos inició el despliegue de 4.000 agentes, en su mayoría infantes de Marina, en aguas de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de intensificar la lucha contra los carteles de la droga. El operativo incluye aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores, un barco de guerra con misiles y un submarino nuclear, reforzando la capacidad de vigilancia y respuesta en la región. Según fuentes militares, se trata de una “muestra de fuerza” destinada a disuadir a las organizaciones criminales y a ampliar las opciones operativas del mando.

La operación representa un cambio en la estrategia antidroga estadounidense, tradicionalmente liderada por la DEA, al poner un papel más central en manos de las Fuerzas Armadas. Bajo la administración de Donald Trump, la línea entre defensa nacional y combate al narcotráfico se ha difuminado, integrando la seguridad fronteriza, el control de flujos migratorios y la interdicción marítima en una misma agenda. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido que sellar fronteras y frenar el tráfico ilícito es parte de la misión esencial del Ejército.

Sin embargo, analistas y fuentes cercanas a la operación han cuestionado la idoneidad de los marines para labores especializadas en narcotráfico, dado que su entrenamiento no está orientado a la interdicción marítima o a la recopilación de inteligencia criminal. Este factor podría aumentar la dependencia de la Guardia Costera, aunque no está claro qué rol tendrá en el despliegue actual. La falta de claridad sobre la coordinación interagencias genera dudas sobre la efectividad del operativo.

El uso de equipamiento militar de alta gama en tareas antidroga envía un mensaje contundente a los carteles, pero también plantea interrogantes sobre el costo, la proporcionalidad y el impacto en la relación de Washington con los países de la región. El despliegue, aunque no implica por ahora una ofensiva directa, amplía las capacidades de respuesta rápida en un entorno estratégico donde el narcotráfico se cruza con otras amenazas.

La medida se produce en un contexto de creciente presión del gobierno estadounidense sobre los países latinoamericanos para reforzar su cooperación en seguridad. Si bien algunos gobiernos podrían ver este despliegue como un apoyo frente al crimen organizado, otros podrían interpretarlo como una injerencia en sus aguas y competencias, abriendo la puerta a tensiones diplomáticas y a un debate más amplio sobre los límites del uso de fuerza militar en operaciones antidrogas.

SHEINBAUM RESPONDE A TRUMP: MÉXICO TOMA DECISIONES PROPIAS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en el país “el único que manda es el pueblo”, rechazando así las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que México y Canadá siguen las directrices de su Gobierno. Desde Chetumal, Sheinbaum minimizó el comentario al señalar que el presidente estadounidense “tiene una forma de hablar” particular. Su respuesta busca subrayar la autonomía de las decisiones nacionales frente a afirmaciones que sugieren dependencia política o estratégica.

Las declaraciones de Trump se produjeron al presumir sus políticas de seguridad fronteriza, asegurando que al inicio de su actual mandato la situación en las fronteras era “horrible” y que ahora está resuelta. Estas afirmaciones llegan en un contexto histórico de tensiones bilaterales, marcado por amenazas pasadas de imponer aranceles a productos mexicanos si no se frenaba la migración. Sheinbaum había negociado previamente la suspensión de esos gravámenes, evitando un conflicto comercial de mayor escala.

El intercambio verbal ocurre mientras la cooperación en materia de seguridad sigue activa. Esta semana, México entregó a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico recluidos en el país, a solicitud del Departamento de Justicia. Si bien este gesto refuerza la colaboración en el combate al crimen organizado, también alimenta la percepción en sectores críticos de que Washington influye en decisiones internas sensibles.

La polémica también se amplificó por el vuelo de un dron estadounidense sobre territorio mexicano. Aunque Sheinbaum aclaró que la operación fue solicitada por su propio gobierno debido a limitaciones técnicas, el hecho reavivó debates sobre la soberanía y el alcance de la cooperación bilateral. La presidenta enfatizó que la relación con EE.UU. debe basarse en acuerdos claros y respeto mutuo.

Tras su intervención, Sheinbaum emprendió un viaje a Guatemala para reunirse con el presidente Bernardo Árevalo y posteriormente regresar a México para sostener un encuentro con el primer ministro de Belice. Estos movimientos diplomáticos reflejan el interés de su administración en fortalecer la cooperación regional en áreas como conectividad, medioambiente, migración y seguridad, consolidando una agenda que equilibre la relación con Washington y la integración con socios latinoamericanos.

TRUMP CENTRALIZA EL CONTROL POLICIAL EN WASHINGTON D.C. CON LIDERAZGO DE LA DEA

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, firmó una orden que otorga al director de la DEA, Terry Cole, los poderes plenos de jefe de Policía de Washington D.C., en el marco de la intervención federal en la capital. La medida sigue a la toma de control anunciada por el presidente Donald Trump, quien argumenta que el crimen en la ciudad está “fuera de control”. La administración desplegó agentes del FBI, ICE y DEA en patrullajes continuos, además de establecer puntos de control en varias zonas.

Trump activó el lunes a 800 tropas de la Guardia Nacional y se amparó en una cláusula de la Home Rule Act para asumir el control de la Policía Metropolitana. Bajo la nueva dirección, cualquier orden policial deberá contar con la aprobación de Cole, fortaleciendo el mando federal sobre la seguridad local. El plan presidencial incluye facultar a la Policía para indagar sobre el estatus migratorio de residentes y colaborar en operativos migratorios.

Según Bondi, la crisis de seguridad estaría exacerbada por las políticas de “ciudades santuario” y la inmigración ilegal, línea argumental coherente con la agenda migratoria de Trump. La estrategia combina medidas de control del crimen con acciones contra la inmigración, lo que podría intensificar tensiones políticas en la capital. La duración inicial de la intervención es de 30 días, aunque el presidente ya manifestó su intención de extenderla.

La decisión de Trump ha generado críticas, especialmente por la intención de cerrar campamentos de personas sin hogar y prolongar el control federal más allá de lo que establece la ley. La medida plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la autonomía de Washington D.C. y la autoridad presidencial, reavivando debates sobre el alcance del poder federal en la gestión de la seguridad interna.

Terry Cole, con más de dos décadas de experiencia en la DEA y misiones en Colombia, Afganistán, México y Oriente Medio, asume así un rol inédito en la capital. Su perfil, marcado por operaciones internacionales contra el narcotráfico, sugiere que la estrategia de seguridad podría enfocarse en una línea más militarizada y con énfasis en inteligencia, en un contexto donde el control centralizado podría redefinir las relaciones entre el gobierno federal y las autoridades locales.

WASHINGTON D.C. DEMANDA A TRUMP POR INTERVENCIÓN FEDERAL EN SU POLICÍA

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda contra la Administración de Donald Trump por lo que califica como una «toma hostil» de la Policía capitalina. La acción legal busca frenar el nombramiento del director de la DEA, Terry Cole, como comisario de emergencia de Washington D.C., orden emitida por la fiscal general federal Pam Bondi. Schwalb sostiene que la intervención viola la Home Rule Act de 1973, que garantiza la autonomía de la ciudad, y representa la amenaza más grave a su autogobierno.

La demanda solicita a un juez federal que declare inconstitucionales las medidas y restituya el control policial a la alcaldesa Muriel Bowser y a la jefa de Policía Pamela Smith. Tanto Bowser como Schwalb han calificado de “ilegal” el nombramiento de Cole y han insinuado que no acatarán la orden federal. Argumentan que la decisión excede la autoridad temporal prevista por la ley y pone en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de la capital.

Trump declaró el lunes una “Emergencia de Seguridad Pública” y asumió el mando de la Policía de Washington D.C., respaldándose en una cláusula de la Home Rule Act. La medida incluyó el despliegue de 800 tropas de la Guardia Nacional y la integración de agencias federales como el FBI, ICE y la DEA en patrullajes y puntos de control. Según el presidente, esta intervención responde a una “ola de delitos” que requiere una respuesta contundente.

Las autoridades locales cuestionan la justificación federal, señalando que las cifras recientes muestran una disminución del crimen desde el repunte de 2023. Para Schwalb y Bowser, el argumento de seguridad pública encubre un exceso de poder y un intento de erosionar la autonomía política de Washington D.C. La intención de Trump de extender el control más allá de los 30 días legales ha incrementado la tensión institucional.

Este enfrentamiento legal y político podría sentar un precedente sobre los límites del poder federal en territorios con autogobierno. La disputa no solo involucra el control de la seguridad en la capital, sino que también abre un debate nacional sobre el alcance de la autoridad presidencial frente a los derechos locales. Mientras tanto, la figura de Terry Cole, con una carrera marcada por operativos internacionales, queda en el centro de un pulso que combina seguridad, autonomía y poder político.