Alertas Regulatorias, Alianza De AmCham Colombia Con El Apoyo De Orza, Relacionamiento Estratégico -  AmCham Colombia
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Alertas regulatorias, alianza de AmCham Colombia con el apoyo de Orza, relacionamiento estratégico

28 de agosto de 2025

Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

Comercio:

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios hasta el 27 de agosto de 2025 el proyecto de decreto que reglamenta el artículo 257 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026) en relación con las compensaciones industriales (Offset) en materia de Defensa Nacional. La iniciativa establece el modelo de gobernanza, los umbrales económicos, los tipos de transferencia de capacidades y tecnología, y los esquemas de cooperación público-privada que deberán aplicarse en las adquisiciones estratégicas del sector defensa.
El proyecto fija que en los contratos financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación para la compra de bienes y servicios militares será obligatorio incluir cláusulas de compensación industrial a partir de USD 3 millones, con mayores exigencias en adquisiciones superiores a USD 3.000 millones. Además, crea un Comité Asesor interinstitucional, define roles como el Gerente de Proyecto y el Seleccionador de Beneficiarios, y establece mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar que las compensaciones contribuyan a la política de reindustrialización, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la industria nacional.

Minero energético

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40358 de 2025, mediante la cual se adoptan las condiciones para la prestación del servicio de gas combustible por redes de tubería en estaciones de compresión. La norma busca garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia en el suministro de gas natural, especialmente en aquellas áreas donde el servicio depende de este tipo de infraestructura.
La resolución define las obligaciones de los distribuidores, las reglas para la prestación del servicio, las condiciones técnicas de operación y mantenimiento, así como los mecanismos de seguimiento y control por parte de la autoridad competente. También establece disposiciones sobre calidad, seguridad industrial y reporte de información, con el fin de proteger a los usuarios y fortalecer la confiabilidad del sistema de transporte y distribución de gas.

Alimentos


El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) publicó para comentarios hasta el 11 de septiembre de 2025 el resumen de la solicitud de Bayer S.A. para autorizar el uso en Colombia del maíz MON95275 como alimento directo o como materia prima para la producción de alimentos destinados al consumo animal. Este evento transgénico ya cuenta con aprobaciones en países como Brasil, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, y aún no tiene autorización en Colombia. El maíz MON95275 fue modificado genéticamente para expresar proteínas insecticidas (Mpp75Aa1.1 y Vpb4Da2) y un ARN de interferencia que le brinda resistencia contra la plaga del gusano de la raíz del maíz (Diabrotica virgifera virgifera). Los estudios de composición y estabilidad genética concluyen que el evento es equivalente al maíz convencional en términos de nutrientes y seguridad alimentaria, sin diferencias significativas que comprometan su inocuidad. Con esta solicitud, el ICA abre el proceso de evaluación y participación pública para decidir sobre su autorización en el país.

Laboral

El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios hasta el 7 de septiembre de 2025 el proyecto de decreto que modifica el Decreto 1072 de 2015 para reglamentar la negociación colectiva unificada por niveles en el sector privado y para trabajadores oficiales. La propuesta busca ordenar que, cuando participen varias organizaciones sindicales o empleadores, la negociación se haga en una única mesa con un solo pliego, aplicando reglas de representatividad, buena fe y coordinación.
El proyecto establece que las convenciones colectivas podrán adelantarse en distintos niveles (empresa, grupo de empresas, sector, rama de actividad o región), siempre con un piso mínimo de protección que no podrá ser reducido en acuerdos posteriores. También define criterios para la integración de pliegos, proporcionalidad en la representación, vigencia y efectos de las convenciones, así como la obligatoriedad de los acuerdos sectoriales o regionales para todos los empleadores y trabajadores del ámbito respectivo.

Salud

El Ministerio de Salud publicó para comentarios hasta el 11 de septiembre de 2025 el proyecto de resolución que adopta la Política Nacional de Humanización en Salud (PNHS) 2025–2035. La iniciativa busca consolidar un modelo de atención centrado en las personas, sus familias y comunidades, con principios de equidad, calidad, corresponsabilidad y enfoque diferencial, para superar problemas como la fragmentación de los servicios, el maltrato y las barreras culturales y lingüísticas que aún afectan el sistema de salud. La política establece objetivos como fortalecer las competencias del talento humano, implementar estándares de atención humanizada, fomentar la corresponsabilidad de todos los actores del sistema y promover la innovación e investigación en salud. Se estructura en cuatro ejes estratégicos: atención y cuidados centrados en la persona, ética comunicativa, legitimidad en salud, e investigación e innovación. Además, incluye mecanismos de seguimiento y evaluación a cinco y diez años, con indicadores de calidad y reportes en el aplicativo MiGestión, para garantizar el cumplimiento de metas y ajustar la ejecución de la política en el tiempo

Asuntos financieros

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó para comentarios hasta el 9 de septiembre de 2025 el proyecto de decreto que reglamenta el Programa de Ahorro Voluntario Contractual CREO (Creciendo con Oportunidades), creado en el artículo 165 de la Ley 2294 de 2023 (PND 2022–2026). El programa busca fomentar el ahorro de los hogares más vulnerables y de clase media mediante un esquema de cofinanciación estatal, con el fin de fortalecer la inclusión financiera y apoyar la reducción de la pobreza.
El decreto define las condiciones de acceso al programa, los mecanismos de cofinanciación y los roles de entidades como Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y las entidades financieras participantes. También establece reglas sobre la apertura de productos de ahorro, la periodicidad de aportes, incentivos condicionados al cumplimiento de metas y el seguimiento a los beneficiarios. Con esta iniciativa, el Gobierno busca incentivar hábitos de ahorro formal, promover la educación financiera y contribuir a la movilidad social de la población objetivo.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]