El U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) publicó una revisión al alza del crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre de 2025. La economía avanzó un 0,8% frente al trimestre anterior, lo que equivale a un ritmo anualizado del 3,3%. Esta cifra mejora en una y tres décimas, respectivamente, la estimación preliminar publicada en julio. El resultado contrasta con la contracción anualizada de 0,5% registrada en el primer trimestre del año.

El mejor desempeño se explicó principalmente por una fuerte reducción de las importaciones, que cayeron 29,8% a tasa anualizada, así como por un repunte del consumo privado. El gasto de los hogares creció 1,6%, dos décimas más que lo estimado inicialmente. También se revisó a la baja el retroceso de la inversión, que cayó 13,8%, casi dos puntos porcentuales menos que en la primera publicación. El gasto público, en cambio, mostró una leve contracción de 0,2%.

Las exportaciones también se corrigieron al alza, aunque mantuvieron su caída en el trimestre. El BEA reportó un retroceso de 1,3% anualizado, cinco décimas mejor que la estimación inicial. Estas cifras reflejan un escenario económico marcado por las primeras turbulencias derivadas de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump. Aun así, el dinamismo del consumo ha permitido que la economía estadounidense mantenga un crecimiento sólido pese al contexto adverso.

La revisión de las cuentas nacionales se acompaña de señales positivas en el mercado laboral. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo alcanzaron 229.000, una reducción de 5.000 frente al dato previo. Esta caída de 2,1% refleja una moderación en la presión sobre el mercado laboral. El total de perceptores de la ayuda llegó a 1,954 millones en la semana finalizada el 16 de agosto, 7.000 menos que en la semana previa.

En comparación con 2024, cuando los beneficiarios sumaban 1,864 millones, se observa un incremento anual de 90.000 personas. Sin embargo, la tendencia reciente indica cierta estabilidad en el mercado de trabajo. Los analistas destacan que la combinación de un PIB al alza y menores solicitudes de desempleo podría consolidar la resiliencia de la economía. No obstante, la incertidumbre comercial y el comportamiento de la inversión seguirán siendo factores clave en los próximos meses.

LA CASA BLANCA DESTACA APOYO LATINOAMERICANO AL DESPLIEGUE MILITAR EN EL CARIBE

La Casa Blanca afirmó que numerosos países de América Latina respaldan el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela. Según Washington, la operación busca frenar el tráfico de drogas que involucra al régimen de Nicolás Maduro, al que califican como un cartel del narcotráfico. La portavoz Karoline Leavitt reiteró que Maduro no es un presidente legítimo, sino “el líder fugitivo de un cartel acusado de enviar drogas a Estados Unidos”.

Consultada sobre si la magnitud del despliegue anticipa un posible ataque a instalaciones militares venezolanas, Leavitt evitó pronunciarse. Señaló que no adelantará “ninguna acción militar” del presidente Donald Trump, quien mantiene la decisión final. El mensaje refuerza la narrativa de que la operación está centrada en labores de interdicción y presión diplomática, aunque el despliegue de grandes recursos militares mantiene latente la especulación sobre posibles escenarios de escalada.

El secretario de Estado Marco Rubio detalló que países como Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana y Trinidad y Tobago apoyan la iniciativa estadounidense. Estos gobiernos han expresado su disposición a colaborar en la lucha conjunta contra el narcotráfico. La Gran Diáspora Latinoamericana también respaldó el despliegue, calificándolo como una acción de “legítima defensa” y exhortando a otros países de la región a pronunciarse en favor de la operación impulsada por Trump.

Más de 4.000 militares, incluidos 2.000 marines, han sido desplegados en la región, junto con destructores, buques anfibios, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear. El dispositivo busca patrullar las aguas cercanas a Venezuela y neutralizar a los carteles, en particular al denominado Cartel de los Soles. Washington considera a esta organización, compuesta por militares venezolanos, un grupo terrorista, aunque expertos señalan que se trata de una red desestructurada sin un mando único.

La operación se produce en un contexto de presión creciente sobre Caracas. La Administración Trump duplicó a US$ 50 millones la recompensa por información que permita capturar a Maduro. Para la Casa Blanca, el despliegue en el Caribe representa una muestra de fuerza y un mensaje claro de que EE. UU. está dispuesto a emplear todos sus recursos para frenar el narcotráfico. Sin embargo, la movilización también profundiza la tensión regional y eleva la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington.

PETRO ORDENA MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA CON VENEZUELA EN EL CATATUMBO

El presidente Gustavo Petro anunció la militarización de la frontera colombo-venezolana en la convulsa zona del Catatumbo. El mandatario ordenó al Ejército Nacional ampliar el despliegue de tropas, que actualmente suma 25.000 uniformados, con el fin de combatir a las estructuras del narcotráfico. Petro aseguró que la medida busca “reducir al máximo las fuerzas de la mafia” y fortalecer la seguridad en una de las regiones más críticas del país.

El pronunciamiento del Jefe de Estado colombiano se produce tras la decisión de Venezuela de reforzar su frontera con el despliegue de 15.000 militares. El lunes, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, había anunciado la activación de la “Zona de Paz número uno”, que incluye Táchira y Zulia. Según Caracas, el operativo pretende frenar el tráfico de drogas y blindar la zona con unidades de reacción rápida, además de fuerzas militares y policiales.

Petro enfatizó que la lucha contra el narcotráfico no puede ser unilateral, sino coordinada entre Colombia y Venezuela. “No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, señaló. Su mensaje busca abrir espacio a la cooperación binacional, aunque la tensión persiste en el marco de acusaciones cruzadas sobre la presencia de carteles y redes criminales en la frontera.

El mandatario también se refirió a la polémica por sus recientes declaraciones sobre el denominado Cartel de los Soles. A través de X, Petro insistió en que “no existe”, calificándolo de invención de la extrema derecha para atacar a gobiernos que no siguen sus directrices. Según él, el paso de cocaína por Venezuela está controlado por una “Junta del Narcotráfico” cuyos capos operan desde Europa y Oriente Medio.

Las declaraciones provocaron críticas en Estados Unidos, en particular del congresista Carlos Giménez, quien calificó de “graves” las afirmaciones del presidente colombiano. Pese a ello, Petro reiteró que tiene pruebas sobre los compradores internacionales de cocaína y llamó a coordinar esfuerzos regionales. La militarización del Catatumbo se inscribe en este contexto de tensiones diplomáticas y de seguridad, que refuerzan la compleja situación geopolítica en la frontera colombo-venezolana.

SECRETARIO DE ESTADO BUSCA ALIADOS PARA DESPLIEGUE MILITAR EN EL CARIBE CONTRA CARTELES

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabeza las gestiones diplomáticas para ampliar la coalición internacional que respalde el despliegue militar en el Caribe. Según reveló el diario ABC de España, Washington busca reforzar su ofensiva contra el Cartel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro. Rubio mantiene conversaciones con Canadá y México, así como con aliados europeos como Italia, Reino Unido y Francia, en un esfuerzo por ampliar la cooperación militar y de inteligencia.

Las fuentes consultadas por el medio español aseguraron que el objetivo de esta alianza es frenar el tráfico de cocaína hacia Europa y Norteamérica. La estrategia contempla compartir responsabilidades en operaciones marítimas, vigilancia satelital y apoyo logístico para controlar las rutas internacionales de narcotráfico. La iniciativa surge en un contexto en el que Estados Unidos intensifica sus acciones de seguridad y busca respaldo multilateral para legitimar sus movimientos en la región caribeña.

No obstante, España ha quedado fuera de las conversaciones. Según ABC, las tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la administración Trump han deteriorado la relación bilateral, impidiendo una participación española. Entre las fricciones más notorias se encuentra la cercanía del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro, lo que ha sido interpretado en Washington como un obstáculo para la cooperación. Esta exclusión resalta las diferencias políticas entre ambos gobiernos.

Durante un acto reciente en Paraguay, Rubio fue consultado sobre los reportes de la prensa acerca del despliegue naval en el Caribe. Aunque evitó dar detalles, no negó la operación y enfatizó que “la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. Según sus declaraciones, los carteles actúan con impunidad en aguas internacionales, exportando lo que denominó “veneno” que destruye comunidades estadounidenses. El mensaje busca justificar la ofensiva militar ante la opinión pública.

*En contraste, el dirigente chavista Diosdado Cabello respondió acusando a la DEA de ser “el verdadero cartel de la droga”. Aseguró que Venezuela mantiene también un despliegue militar en el Caribe para resguardar su soberanía marítima. La confrontación verbal se produce tras la orden del presidente Donald Trump de enfrentar a los carteles latinoamericanos catalogados por Washington como organizaciones “terroristas”. Con ello, la tensión geopolítica en el Caribe se eleva, alimentando un escenario de alta polarización.

TRUMP AMPLÍA EXCLUSIONES DE AGENCIAS DEL PROGRAMA FEDERAL DE RELACIONES LABORALES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las agencias y subdivisiones exentas del programa federal de relaciones laborales previsto en el Capítulo 71 del Código de EE. UU. Según la Casa Blanca, la medida busca garantizar que aquellas dependencias con funciones primarias de inteligencia, contrainteligencia, investigación o seguridad nacional no estén sujetas a regulaciones sindicales que, a juicio del Ejecutivo, interfieren con sus responsabilidades críticas.

Entre las exclusiones más recientes se incluyen unidades de la Oficina de Reclamación con responsabilidad sobre instalaciones hidroeléctricas, así como agencias clave del Departamento de Comercio. En este caso, la Administración de Comercio Internacional, la Oficina del Comisionado de Patentes y varias divisiones de la NOAA (incluyendo el Servicio Nacional de Meteorología y el Servicio de Satélites y Datos Ambientales) quedan fuera de la normativa de relaciones laborales.

La orden ejecutiva también amplía las exclusiones hacia organismos estratégicos como la NASA y la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), encargada de medios internacionales como Voice of America. Con estas incorporaciones, el Ejecutivo argumenta que se protege la continuidad de operaciones críticas vinculadas tanto a la seguridad nacional como a la proyección internacional de Washington.

Asimismo, se otorga una extensión de 15 días para que los secretarios de Defensa y de Asuntos de Veteranos publiquen órdenes adicionales relacionadas con exclusiones laborales, conforme a la orden ejecutiva previa 14251. De esta forma, Trump refuerza el margen legal para que estas dependencias federales implementen decisiones rápidas en materia de personal sin estar limitadas por procesos sindicales o negociaciones colectivas.

La Casa Blanca subrayó que la medida se implementará conforme a la ley y no crea nuevos derechos legales para terceros frente al Gobierno federal. Sin embargo, críticos sostienen que estas exclusiones reducen las garantías laborales de miles de empleados federales. Para Trump, se trata de un paso “necesario” para fortalecer la seguridad nacional, consolidando una política que desde 2019 ha ido recortando espacios de negociación sindical en agencias consideradas sensibles.

TRUMP ORDENA PRIORIZAR LA ARQUITECTURA CLÁSICA EN EDIFICIOS FEDERALES

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Making Federal Architecture Beautiful Again”, que busca reorientar la política de diseño de edificios públicos en Estados Unidos. La norma establece que los nuevos edificios federales deben inspirar a los ciudadanos, ser reconocibles como espacios cívicos y reflejar la dignidad del Gobierno. La arquitectura clásica y tradicional será la preferida, especialmente en Washington D. C., salvo en casos excepcionales que justifiquen estilos diferentes.

La Casa Blanca recordó que los fundadores del país, George Washington y Thomas Jefferson, concibieron la capital bajo principios arquitectónicos clásicos inspirados en Atenas y Roma. Trump argumenta que durante décadas, con la adopción de estilos modernistas y brutalistas, se construyeron edificios federales poco atractivos para la ciudadanía. La nueva política pretende corregir esa tendencia y devolver a la arquitectura un carácter que conecte con la identidad histórica y democrática de la nación.

El decreto también establece que la GSA (Administración de Servicios Generales) debe revisar sus políticas y dar mayor peso a arquitectos con experiencia en estilos clásicos o tradicionales. Asimismo, se crea un puesto de asesor principal en diseño arquitectónico para supervisar la implementación de la medida. En caso de que se planteen diseños alejados del canon clásico, la agencia deberá justificar detalladamente al presidente las razones para aprobarlos.

Entre las directrices, se subraya que los proyectos deberán considerar las tradiciones arquitectónicas de cada región y priorizar materiales duraderos y económicamente sostenibles. También se recomienda que los diseños incluyan elementos de arte público, privilegiando a artistas estadounidenses contemporáneos. Con ello, se busca generar edificios que, además de funcionales, transmitan valores culturales y cívicos al conjunto de la población.

La orden ejecutiva no crea nuevos derechos legales para terceros, pero condiciona el trabajo de las agencias federales en materia de construcción. Para sus críticos, la medida reduce la libertad creativa de los arquitectos y politiza el diseño urbano; para sus defensores, restaura la grandeza y belleza de la arquitectura pública estadounidense. El debate refleja la tensión entre modernidad y tradición en un ámbito tan simbólico como la imagen arquitectónica del Estado.

TRUMP DISCUTE PLAN POSGUERRA PARA GAZA CON TONY BLAIR Y JARED KUSHNER

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo en la Casa Blanca una reunión clave sobre la situación en Gaza, en la que participaron el exprimer ministro británico Tony Blair y el exasesor presidencial Jared Kushner. Según Axios, ambos expusieron propuestas relacionadas con la etapa de posguerra en el enclave, en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa su población. La cita estuvo marcada por la discusión sobre un eventual incremento en el envío de ayuda, ante la hambruna reconocida oficialmente en Gaza.

El encuentro fue revelado por Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Oriente Medio, en una entrevista con Fox News. Witkoff aseguró que el plan en construcción es “amplio” y busca preparar “el día después” de la guerra, subrayando que refleja los motivos humanitarios del presidente. Pese a ello, aún no se conocen detalles concretos del proyecto, lo que ha generado expectativas y dudas sobre su alcance. Blair y Kushner han mantenido conversaciones paralelas con actores israelíes y palestinos en las últimas semanas.

Axios indicó que Blair sostuvo contactos con el presidente palestino, Mahmoud Abás, mientras Kushner dialogó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Estas gestiones apuntan a coordinar apoyos y posibles escenarios de transición en Gaza. El plan también busca contar con respaldo internacional y fortalecer la posición de Washington como mediador en la región. Analistas señalan que el involucramiento de Kushner, quien lideró los Acuerdos de Abraham, apunta a dar continuidad a esa estrategia.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, reafirmando el “compromiso inquebrantable” de EE. UU. con la seguridad de Israel. Rubio discutió además la situación en Gaza, Líbano y Siria, destacando la necesidad de contrarrestar la influencia de Irán en la región. El portavoz del Departamento de Estado señaló que ambos funcionarios coincidieron en que la cooperación bilateral es “vital” para garantizar la estabilidad de Oriente Medio.

El propio Trump reconoció en una reunión de gabinete que no prevé un desenlace cercano al conflicto, contradiciendo afirmaciones previas sobre un posible alto al fuego. Aun así, un portavoz de la Casa Blanca insistió en que el mandatario “quiere que la guerra acabe” y que haya paz y prosperidad en la región. Sus comentarios de febrero, en los que habló de desplazar a los palestinos y “reconstruir Gaza como destino turístico” con ayuda de inteligencia artificial, siguen pesando en el debate.

LA CASA BLANCA DIFUNDE POLÉMICO COMENTARIO DE VANCE SOBRE LOS DEMÓCRATAS

La Casa Blanca publicó en sus redes sociales un mensaje del vicepresidente J. D. Vance que rápidamente generó debate. En tono irónico, Vance afirmó: “Encuentra a alguien que te ame tanto como los demócratas nacionales aman dar beneficios de salud a los inmigrantes ilegales”.

El comentario fue interpretado como una crítica directa a la política migratoria y sanitaria del Partido Demócrata, que ha defendido ampliar la cobertura médica a poblaciones vulnerables, incluyendo inmigrantes sin estatus legal. Desde la Casa Blanca, la difusión del mensaje fue vista como un respaldo a la retórica del vicepresidente, alineada con la línea dura del presidente Donald Trump en temas de migración.

El post se enmarca en la estrategia de comunicación de la actual administración, que busca reforzar sus posiciones frente al debate público en torno a la salud y la inmigración. Para analistas, este tipo de mensajes buscan movilizar a la base republicana de cara al apoyo ciudadano y al próximo ciclo electoral, aunque al mismo tiempo pueden profundizar la polarización política en Estados Unidos.

BRUSELAS PROPONE REDUCCIONES ARANCELARIAS PARA APLICAR ACUERDO COMERCIAL CON EE. UU.

La Comisión Europea (CE) presentó un paquete de medidas para implementar el acuerdo alcanzado con Estados Unidos que limita al 15% los aranceles generales a los productos europeos. Entre las propuestas figura la eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses y la apertura preferencial para ciertos bienes agrícolas y pesqueros. También se plantea extender el trato libre de aranceles para la langosta, incluyendo ahora a la langosta procesada. Estas medidas tendrían aplicación retroactiva desde el 1 de agosto.

El acuerdo, sellado en julio en Escocia y detallado en una declaración conjunta la semana pasada, buscó evitar una escalada arancelaria tras las amenazas de Donald Trump de imponer tarifas del 30% a la mayoría de las importaciones europeas. Según el pacto, Estados Unidos aplicará un arancel tope del 15% a bienes europeos —incluidos los automóviles— siempre que la UE reduzca también sus gravámenes. Las medidas requieren ahora la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE.

La CE subrayó que estas propuestas garantizan la exención arancelaria por parte de EE. UU. al vital sector automovilístico europeo, con efecto retroactivo. Este alivio se traduce en un ahorro estimado superior a 500 millones de euros en aranceles que los fabricantes hubieran tenido que pagar por exportaciones en un solo mes. Para Bruselas, la medida contribuye a restablecer la estabilidad en las relaciones transatlánticas tras años de tensión comercial.

Estados Unidos, por su parte, se comprometió a aplicar aranceles cero o reducidos a productos estratégicos como aeronaves, piezas aeronáuticas, medicamentos genéricos, precursores químicos y materias primas como el corcho. Estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de septiembre. No obstante, algunos bienes quedaron fuera de la lista, como el vino, aunque ambas partes señalaron que continuarán trabajando para ampliar la gama de productos beneficiados.

Además, la Unión Europea confirmó su intención de aumentar las compras de energía y tecnología estadounidense en los próximos años. Entre sus compromisos se encuentran importaciones de gas natural, petróleo y productos nucleares por 700.000 millones de euros, así como la adquisición de chips de inteligencia artificial por 40.000 millones. También planea elevar de forma significativa la compra de equipamiento militar y de defensa. Para Bruselas, este acuerdo es “un paso hacia la estabilidad y la cooperación real en retos compartidos”.

MÉXICO Y BRASIL REFUERZAN SU ALIANZA COMERCIAL FRENTE AL AUMENTO DE ARANCELES DE EE. UU.

México y Brasil celebraron un encuentro de alto nivel para relanzar su relación económica, en un contexto internacional marcado por el proteccionismo y la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos. El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, encabezó la delegación sudamericana y expresó la voluntad de “comprar más de México y que México también compre más de Brasil”. El acto reunió a más de 350 empresarios de ambos países junto a autoridades de comercio, energía y salud.

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente subrayó que la complementariedad de ambas economías otorga mayor capacidad de negociación internacional. En sus palabras, la relación bilateral debe sostenerse en un “diálogo constante y un vínculo fluido” que aproveche la convergencia de intereses. Por su parte, Alckmin anticipó que se busca elevar el intercambio bilateral, hoy cercano a US$ 14.000 millones, con un fuerte énfasis en sectores como aeronáutica, defensa y salud.

El presidente de Apex-Brasil, Jorge Viana, sostuvo que tras años de incertidumbre ahora existe “una sinergia extraordinaria” con México. En la misma línea, destacó que la crisis global y las tensiones comerciales abren una oportunidad para transformar la amistad política en negocios concretos. México y Brasil, como mayores economías de América Latina, buscan demostrar que la cooperación puede ser una respuesta efectiva frente al avance del proteccionismo.

El vicepresidente brasileño será recibido este jueves en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, cerrando la visita oficial con un encuentro bilateral. Autoridades mexicanas señalaron áreas estratégicas como el sector farmacéutico, la homologación regulatoria y la cooperación sanitaria, con proyectos conjuntos contra el dengue. Además, se analizan mecanismos para convertir a la región en un polo farmacéutico de referencia.

La visita concluyó con la firma de una Declaración de Intención para impulsar la cooperación en biocombustibles, un sector clave para la transición energética. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, agradeció el interés brasileño y adelantó que en un año esperan mostrar “grandes resultados” en materia comercial. La relación bilateral, en uno de sus mejores momentos, busca blindarse frente a la guerra arancelaria de Washington y abrir un nuevo capítulo de integración latinoamericana.

LLEGAN A RUANDA LOS PRIMEROS MIGRANTES DEPORTADOS DESDE EE. UU.

Un grupo inicial de siete migrantes deportados de Estados Unidos arribó a Ruanda en agosto, confirmó el Gobierno ruandés. Se trata del primer resultado del acuerdo bilateral que prevé la recepción de hasta 250 personas expulsadas de territorio estadounidense. Tres de ellos manifestaron su intención de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro optaron por permanecer y reconstruir sus vidas en el país africano. Las autoridades locales no detallaron sus nacionalidades.

De manera paralela, una fuente de la oficina ruandesa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró que en realidad más de treinta migrantes llegaron entre el 16 y 17 de agosto. Según esta versión, se esperan nuevos grupos en los próximos días. Los recién llegados fueron recibidos con apoyo de la Cruz Roja y están alojados temporalmente en instalaciones de la OIM, aunque la capacidad de estos espacios es limitada para un flujo mayor.

La misma fuente advirtió que el centro de acogida de la OIM no cuenta con espacio suficiente para albergar a más de 200 personas. Por ello, el Gobierno ruandés evalúa alternativas adicionales para garantizar la recepción de los próximos contingentes. Habitualmente, dichas instalaciones son utilizadas para refugiados que esperan ser reasentados en terceros países como Estados Unidos, Canadá o naciones de la Unión Europea.

En un comunicado oficial, la OIM negó su participación directa en la operación de deportación, aunque confirmó estar en contacto con los migrantes para evaluar sus necesidades básicas. La organización enfatizó que no apoya ni facilita expulsiones, pero actúa en cooperación con el Ejecutivo ruandés para brindar asistencia humanitaria. El acuerdo fue confirmado por Kigali el pasado 5 de agosto, tras haberse firmado discretamente en junio.

Ruanda ya ha alcanzado acuerdos similares con Israel y el Reino Unido, aunque este último no prosperó, consolidándose como un socio dispuesto en la gestión migratoria global. Estas iniciativas generan opiniones divididas: algunos las interpretan como un gesto humanitario, mientras otros critican la transparencia y condiciones de acogida. El pacto con Washington coincide con el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, que ha reactivado vuelos exprés de deportación hacia terceros países autorizados por el Tribunal Supremo.

TRUMP PIDE IMPUTAR A GEORGE SOROS POR CRIMEN ORGANIZADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un fuerte ataque contra el magnate George Soros, a quien acusó de financiar protestas violentas en todo el país. A través de Truth Social, el mandatario pidió que Soros y su hijo Alex fueran imputados bajo la ley RICO, utilizada para procesar delitos de crimen organizado. Trump los vinculó con supuestos actos de desestabilización política impulsados por sectores de izquierda. Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y mediático.

La organización Open Society Foundations, dirigida por Alex Soros, rechazó con firmeza las acusaciones del presidente. En un comunicado, aclaró que no financia ni respalda protestas violentas, calificando de “falsa” la imputación. La entidad recordó que su misión histórica se ha centrado en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento de principios democráticos en múltiples regiones del mundo. Además, lamentó el tono amenazante del mensaje presidencial.

En su declaración, la fundación también subrayó la importancia de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución estadounidense. Destacó el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica como pilares esenciales de cualquier democracia sólida. El comunicado cerró reafirmando que los ataques políticos no modificarán el compromiso de la organización con los valores democráticos. Con ello, Open Society buscó desmontar las acusaciones y reforzar su legitimidad ante la opinión pública.