Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

El Gobierno colombiano expidió el Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, que prohíbe de manera absoluta las exportaciones de carbón a Israel. La medida, respaldada por los ministerios de Comercio, Relaciones Exteriores, Hacienda y Minas, responde a la política del presidente Gustavo Petro de privilegiar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El decreto se fundamenta en los reportes de miles de víctimas palestinas desde marzo de 2025 y en la consideración de que los recursos de Colombia no deben contribuir a la maquinaria bélica israelí. La restricción se mantendrá vigente hasta que se cumplan las órdenes de la Corte Internacional de Justicia o desaparezcan las condiciones que la motivaron.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que se trata de una decisión técnica y ética, destinada a evitar que el carbón colombiano alimente actividades militares que violan derechos humanos en Gaza.

En el marco de su tercera visita oficial a África, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sostuvo en Maputo un encuentro con la primera ministra de Mozambique, María Benvinda Levi, con el fin de afianzar las relaciones bilaterales y abrir nuevas áreas de cooperación. La delegación colombiana incluyó representantes de varios ministerios y entidades, lo que permitió abordar temas de paz, género, comercio, agricultura, educación, ciencia, tecnología, innovación, salud y medio ambiente.

Márquez destacó la necesidad de avanzar en consultas políticas y de trabajar conjuntamente en la adaptación al cambio climático, la transición energética y la defensa de los derechos afrodescendientes. También invitó a Mozambique a participar en la Cumbre Agraria que se celebrará en Colombia y a impulsar, junto con Colombia, iniciativas conjuntas en la ONU.

Por su parte, la primera ministra Levi resaltó el interés de su país en fortalecer los vínculos económicos, mientras que autoridades colombianas subrayaron la importancia de facilitar la movilidad diplomática mediante un acuerdo de exención de visados.

La agenda incluyó el primer encuentro entre empresarios de ambos países, donde se identificaron oportunidades para potenciar el comercio bilateral, superar retos logísticos y diversificar las exportaciones. ProColombia acompañó la misión con once empresas nacionales de sectores estratégicos, enfocadas en abrir mercado en África y consolidar alianzas comerciales en países como Mozambique, Nigeria, Madagascar y Etiopía.

La vicepresidenta Francia Márquez reabrió la embajada de Colombia en Etiopía, un paso clave para reconectar con África, fortalecer la cooperación en paz, cultura, comercio y conocimiento, y consolidar la presencia colombiana como observador en la Unión Africana. Márquez destacó el acto como un gesto de justicia histórica y de construcción de paz y solidaridad global.

La reapertura busca proyectar a Colombia como socio estratégico en África, aprovechando el liderazgo regional de Etiopía y el papel de Adís Abeba como sede de la Unión Africana. La mandataria subrayó que la alianza permitirá avanzar en áreas como desarrollo rural, educación superior, intercambio cultural, comercio e inversión.

En su visita oficial, Márquez se reunió con autoridades etíopes y con la Comisión Económica para África de la ONU, con el fin de definir una agenda conjunta y fortalecer la cooperación Sur-Sur. Entre los acuerdos en discusión están un convenio de servicios aéreos, memorandos de cooperación académica y proyectos de movilidad estudiantil y docente. También se busca avanzar en la exención de visados y en una alianza en torno al café, sector en el que ambos países son referentes mundiales.

Huila se consolidó en el primer semestre como el departamento con mayor crecimiento en las exportaciones de bienes no minero energéticos del país. Aunque su participación en la canasta nacional es del 4,9 %, logró un aumento del 50 % frente al mismo periodo de 2024, al pasar de US$416,2 millones a US$624,2 millones.

El café fue el motor principal, con ventas por US$589,8 millones y un repunte del 67,3 %. También destacaron la tilapia fresca, con US$7,3 millones y un alza del 10,8 %, y las achiras, que reaparecieron en el mercado internacional con US$64.525 en ventas.

Los productos huilenses tuvieron como destinos principales Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania y Japón.

●        Minero energético

El Gobierno nacional evalúa desde enero posibles cambios al Decreto 2860 de 2013 con el fin de asegurar los recursos que financian los subsidios de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3. Para ello, ha realizado mesas de trabajo con varios ministerios y entidades como MinMinas, MinHacienda, UPME, DNP, Superservicios y la DIAN.

La propuesta busca reducir el número de actividades económicas exentas del pago del 20% de la Contribución de Solidaridad, figura creada en 1994 para subsidiar a los hogares de menores ingresos. Así, más sectores industriales volverían a aportar al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), garantizando la continuidad de los subsidios.

Aunque se conservarían exenciones para ramas de la industria manufacturera como parte de la política de reindustrialización, el proyecto apunta a que las empresas no exentas adopten medidas de eficiencia energética y energías limpias, en línea con la transición energética justa.

El Decreto 2860 original, expedido en 2013 bajo el gobierno Santos, excluyó del pago a sectores como minería, petróleo y gas, textiles, electrónicos, farmacéuticos, metalurgia, automotores, construcción, entre otros. Con la nueva propuesta, seguirían exentos los productores de alimentos, tabaco, textiles, cuero, papel, químicos, farmacéuticos, metalurgia, informática, maquinaria y muebles, entre otros.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aclaró que el cambio no implica un aumento del 20% en la tarifa para los usuarios residenciales, sino que busca fortalecer los subsidios a los estratos bajos y fomentar un uso más eficiente y sostenible de la energía.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que la convocatoria para habilitar a los Operadores Tecnológicos Privados de Trazabilidad de Minerales (OTTM) sigue en marcha, conforme a la Circular 00003 de febrero de 2025. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de pruebas técnicas, donde los aspirantes -catalogados como “OTTM Elegibles”- deben demostrar, junto con la entidad, que cumplen los requisitos necesarios para interoperar con la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM).

De acuerdo con el cronograma, ajustado en junio de 2025, los resultados de estas pruebas se publicarán el 15 de diciembre de 2025. En esa fecha, la ANM notificará a cada participante si obtiene la calificación de “Aprobado” o “No Aprobado”. Solo los aprobados podrán ser reconocidos como “OTTM Habilitados”.

La entidad aclaró que, hasta el momento, ningún postulante ha sido habilitado oficialmente y que el listado final de operadores autorizados será divulgado exclusivamente en su portal web, acompañado de las notificaciones formales.

●     Salud

En julio, la ADRES giró $7,39 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC): $3,70 billones para el régimen subsidiado y $3,69 billones para el contributivo. Además, destinó más de $154 mil millones para incapacidades por enfermedad general, $43 mil millones para programas de promoción y prevención en salud, y cerca de $93 mil millones para cubrir licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela.

Con el fin de garantizar transparencia sobre el destino de estos recursos, la entidad habilitó el Tablero de Reconocimientos de UPC, una plataforma que permite consultar los giros realizados desde 2015 a las EPS de ambos regímenes. En promedio, cada mes estos recursos ascienden a $7,3 billones.

Las reclamaciones ante la ADRES corresponden a solicitudes de pago de clínicas y hospitales por la atención a víctimas que requieren servicios médicos como urgencias, cirugías, medicamentos, transporte, así como indemnizaciones por incapacidad, fallecimiento o gastos funerarios.

En lo corrido de 2025, el “banco de la salud” ya ha desembolsado $486.763 millones, cifra que representa el 99,5 % de todo lo girado en 2024 ($488.896 millones).

El informe de reclamaciones de julio muestra que cinco departamentos concentraron el 62 % del valor total: Valle del Cauca (26,5 %), Atlántico (11,6 %), Córdoba (9,7 %), Magdalena (7,5 %) y Santander (7,3 %).

Además, el 55 % de las reclamaciones provino de vehículos sin SOAT, la mayoría motocicletas (96,4 %).

Entre las IPS con mayores montos figuran: Fabilu Ltda. en Valle del Cauca ($10.067 millones), Clínica Cali ($6.162 millones), Especialistas Asociados S.A. en Córdoba ($4.756 millones), Clínica Primero de Mayo Integral en Santander ($4.130 millones) y Clínica Altos de San Vicente en Atlántico ($2.721 millones).

• Laboral

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, junto a los viceministros Iván Daniel Jaramillo y Sandra Muñoz, lideraron la más reciente sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En este espacio, que reunió a gremios empresariales (Andi, Fenalco, Acopi, SAC, Asobancaria), centrales sindicales (CUT, CGT, CTC, CPC, CDP), representantes de la OIT y entidades gubernamentales, se reiteró la importancia de fortalecer el diálogo tripartito en torno a los derechos laborales.

Sanguino destacó que la instancia debe servir para un debate real de política pública y para avanzar en la implementación concertada de la reforma laboral, en línea con el llamado del presidente Gustavo Petro a construir desde el respeto y los consensos.

La Secretaría Técnica, a cargo de Yomar Benítez, informó que se revisaron los avances en las mesas técnicas de reglamentación de la Ley 2466 de 2024, y se recogieron observaciones de gremios y sindicatos sobre el borrador de decreto de negociación colectiva multinivel. Este tema será discutido a profundidad en una subcomisión y se solicitó a la OIT un concepto técnico sobre el proyecto.

• Tributario y asuntos financieros

La DIAN presentó la Resolución 210 de 2025, normativa que introduce cambios importantes para la actividad profesional de compra y venta de divisas en Colombia. Durante una jornada híbrida, que reunió a 745 participantes, se socializaron las actualizaciones normativas y tecnológicas orientadas a la formalización y modernización del sector cambiario, considerado estratégico para el fortalecimiento económico del país.

Entre las principales novedades destacan:

• Profesionalización con respaldo legal: se ratifica la importancia de contar con operadores formales y autorizados, garantizando transparencia, seguridad y acceso a nuevas herramientas tecnológicas.
• Servicio de divisas a domicilio: se habilita esta modalidad bajo reglas de trazabilidad y verificación, lo que amplía la cobertura y facilita la experiencia del usuario.
• Dispensadores automáticos de divisas: se permite el uso de cajeros especializados para la entrega de moneda extranjera, disponibles 24/7 y con soporte normativo.
• Factura electrónica como sustituto de la Declaración de Cambio (Formulario 18): siempre que cumpla con los lineamientos del Banco de la República y la DIAN.
  
  

La resolución también refuerza el Sistema de Administración de Riesgos (SARLAFT/FPADM) para prevenir lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, consolidando la legalidad y la innovación en el sector cambiario.

En el marco de la proclamación del Año Internacional de las Cooperativas por la ONU, la Confederación de Cooperativas de Colombia realizó el Congreso Nacional Cooperativo “Las cooperativas construyen un mundo mejor”. En este evento participó Mónica Higuera Garzón, directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), quien expuso los avances en la ejecución de la hoja de ruta para el sector de ahorro y crédito de la economía solidaria, publicada en 2022.

Higuera destacó que el proceso ha implicado un trabajo interinstitucional enfocado en generar propuestas normativas adaptadas a las condiciones locales, pero alineadas con estándares internacionales de supervisión, gobierno corporativo e inclusión financiera. En esa línea, la URF acompaña proyectos legislativos como la Ley 088 de 2024 en Senado y 627 de 2025 en Cámara, orientados a actualizar la normativa cooperativa, además de avanzar en un nuevo marco regulatorio que segmenta a las organizaciones según su tamaño y riesgos.

Desde 2022 se han expedido decretos clave: el 627 de 2023, que habilita la asociación de mipymes a cooperativas; el 1544 de 2024, que clasifica a las cooperativas de ahorro y crédito en categorías, con regulación proporcional; y el 769 de 2025, que impulsa su transformación digital y participación en el ecosistema de pagos. También se prepara una propuesta para robustecer las reglas prudenciales y mejorar la gobernanza, articulada con acciones de la Superintendencia de Economía Solidaria y Fogacoop.

Otras iniciativas incluyen un proyecto de decreto sobre centros de servicios compartidos y esquemas de cooperación, actualmente en revisión, y un Estudio de Cobertura y Liquidez que busca proteger a 4,3 millones de ahorradores y más de $22 billones en depósitos.

• Alimentos y bebidas

El Invima recibió la auditoría del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), con el fin de renovar la autorización de plantas colombianas ya habilitadas y evaluar nuevas empresas interesadas en exportar lácteos hacia ese país. La revisión incluye una amplia variedad de productos como leche, yogurt, quesos, kumis, mantequilla, leche condensada y derivados de búfala, lo que refleja la diversidad de la oferta nacional.

En esta primera fase, los delegados del SAG se reunieron con el Invima para coordinar las visitas, que abarcarán once plantas procesadoras en distintas regiones, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias exigidas por Chile.

• TIC

El Ministerio TIC lanzó Social Tech, un programa gratuito diseñado para fortalecer las competencias digitales de los colombianos y abrir nuevas oportunidades dentro de la economía de los creadores de contenido. La iniciativa busca certificar a 66.000 participantes, proporcionándoles herramientas para producir, difundir y monetizar contenido digital de manera sostenible.

La formación incluye 44 horas de trabajo asincrónico y 4 horas sincrónicas, con conferencias pregrabadas de expertos en creación digital. Los cursos abarcan temas como monetización en redes sociales, marketing digital, psicología del consumidor, estrategias avanzadas multiplataforma y análisis de contenido.

El programa está dirigido a ciudadanos con conectividad básica, priorizando a mujeres, comunidades étnicas, jóvenes rurales y habitantes de municipios pequeños (categorías 4, 5 y 6), con cobertura en todo el país.

Social Tech es desarrollado en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, encargada del acompañamiento académico y la certificación. Además, contempla eventos regionales de difusión y cierre para visibilizar los resultados.