Tras una reunión en el Palacio de Carondelet, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que subrayaron la profundización de la agenda bilateral en materia de seguridad. Sommerfeld calificó el encuentro como “muy productivo” y señaló que se abordaron asuntos de “extrema importancia” para ambos países, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la necesidad de modernizar el tratado de extradición.

Rubio confirmó la designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras, medida acompañada por un paquete de apoyo que incluye US$ 13,5 millones para seguridad y US$ 6 millones destinados a drones. También indicó que se contempla el envío de uniformados estadounidenses para actividades de entrenamiento y capacitación de las fuerzas locales, con el objetivo de contener el avance del narcotráfico y la minería ilegal que afecta a la región.

En materia de defensa, Rubio abrió la puerta a una eventual presencia militar estadounidense en el país andino, recordando el antecedente de la base de Manta, que cesó operaciones en 2009. “Si ahora Ecuador invita a Estados Unidos a regresar, lo vamos a considerar”, afirmó, al tiempo que insistió en que cualquier determinación se evaluará de manera conjunta y con apego a los procedimientos de ambas naciones.

La canciller Sommerfeld respaldó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y reconoció los desafíos críticos que enfrenta Ecuador en el control de rutas de tráfico de drogas y en el combate al crimen organizado transnacional. Según dijo, el trabajo con Washington permitirá robustecer capacidades de investigación, control fronterizo y judicialización de delitos complejos, contribuyendo a mejorar la respuesta del Estado frente a estas amenazas.

Aunque el foco de la rueda de prensa estuvo en la seguridad, también se abordaron temas económicos. Rubio anticipó que se discutieron aspectos comerciales y dejó abierta la expectativa de un “anuncio positivo” en materia de aranceles y relación económica bilateral. Aclaró, no obstante, que la parte arancelaria no le compete directamente, pero expresó confianza en que pronto se anuncien mejoras: “Ellos exportan lo que no hacemos y ellos importan lo que no hacen, es muy importante tener esa relación y espero poder anunciar algo positivo en las próximas semanas”.

Ambos funcionarios coincidieron en que la cooperación estratégica es esencial para enfrentar los retos compartidos y proyectar un futuro más estable en la región andina. La combinación de designaciones, asistencia en seguridad, coordinación operativa y diálogo en materia comercial configura un marco de trabajo que, de consolidarse, podría fortalecer capacidades institucionales y reducir los riesgos que plantean el crimen organizado y las economías ilícitas.

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE EE. UU. Y JAPÓN

El presidente de Estados Unidos ha emitido una nueva orden ejecutiva, en la que se establece un acuerdo con Japón que regula el comercio entre ambos países. Este acuerdo tiene como objetivo abordar varios problemas, principalmente el déficit comercial de EE. UU. con Japón, las preocupaciones de seguridad nacional y la necesidad de equilibrar las relaciones comerciales en áreas clave. A

El acuerdo entre EE.UU. y Japón fue anunciado el 22 de julio de 2025, con el fin de crear una nueva era de relaciones comerciales basadas en la reciprocidad. Se propone un marco arancelario que beneficie a los productores estadounidenses, especialmente en sectores como la manufactura, el acero, el aluminio, los automóviles y la defensa, entre otros. Esta medida forma parte de la respuesta a la emergencia nacional declarada por EE. UU. el 2 de abril de 2025, debido a prácticas comerciales que contribuyen al déficit comercial anual.

Principales disposiciones del acuerdo:

1. Aranceles Recíprocos:
   • Estados Unidos: Aplicará un arancel base del 15% a casi todas las importaciones japonesas, con excepciones en sectores específicos, como automóviles, aeroespacial, productos farmacéuticos y recursos naturales que no se producen en EE. UU.
   • Japón: Ofrecerá oportunidades de acceso a los productores estadounidenses en sectores como manufactura, aeroespacial, agricultura, energía, y más. También aumentará sus compras de productos agrícolas estadounidenses (como arroz, maíz, soja, bioetanol) en un total de 8.000 millones de dólares anuales.
2. Inversión Japonesa en EE.UU.:
   • Japón se ha comprometido a invertir 550.000 millones de dólares en EE.UU., lo que generará cientos de miles de empleos y fortalecerá la base industrial y de defensa del país.
3. Aranceles Específicos:
   • Aeroespacial: Se eliminarán los aranceles sobre productos aeroespaciales japoneses que están cubiertos por acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
   • Automóviles y autopartes: Los aranceles adicionales sobre estos productos se ajustarán para mantener un arancel base del 15% si la tasa en el Sistema Armonizado de Aranceles de los EE. UU. (HTSUS) es inferior al 15%.
4. Productos Exentos de Aranceles:
   • Se eliminarán los aranceles sobre ciertos productos japoneses como recursos naturales que no están disponibles en EE.UU., productos farmacéuticos genéricos y ciertos ingredientes farmacéuticos.
5. Implementación y Cumplimiento:
   • El Secretario de Comercio de EE.UU. supervisará la implementación del acuerdo, y si Japón no cumple con sus compromisos, el presidente podrá modificar la orden ejecutiva. Las modificaciones se publicarán en el Registro Federal.
6. Delegación de Autoridad:
   • El Secretario de Comercio y el Secretario de Seguridad Nacional están autorizados a tomar las medidas necesarias para implementar esta orden, incluyendo la modificación de regulaciones y la adopción de nuevas reglas.
7. Interacción con Otras Acciones Presidenciales:
   • Cualquier disposición que entre en conflicto con esta orden será reemplazada, asegurando que las nuevas medidas prevalezcan.
8. Disposiciones Generales:
   • La orden no crea derechos adicionales para ninguna parte, ni obliga a ninguna acción procesal contra EE. UU. o sus agencias.

Este acuerdo está diseñado para corregir desequilibrios comerciales, mejorar la seguridad nacional de EE.UU. y generar beneficios económicos significativos tanto para EE. UU. como para Japón, mediante una mayor apertura de mercados y grandes inversiones.

EE. UU.: EL DEFICIT COMERCIAL SE AMPLIA EN JULIO, EN MEDIO DE COMPRAS ADELANTADAS ANTES DE LOS NUEVOS ARANCELES

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió con fuerza en julio y alcanzó US$78.300 millones, un aumento mensual de 32,5%, según el reporte conjunto del Departamento de Comercio (Census) y la Oficina de Análisis Económico (BEA). Las importaciones subieron 5,9% hasta US$358.800 millones, impulsadas por mayores compras de suministros industriales —en particular oro no monetario— y bienes de capital; las exportaciones avanzaron 0,3% a US$280.500 millones. Con ello, el déficit de bienes se ubicó en US$103.900 millones y el superávit de servicios se redujo a US$25.600 millones.

Por socios, los saldos negativos más amplios en bienes se registraron con México (–US$16.600 millones), Vietnam (–US$16.100 millones) y China (–US$14.700 millones). También se observaron déficits con la Unión Europea (–US$8.600 millones), Suiza (–US$7.700 millones) y Canadá (–US$5.400 millones). Estas cifras corresponden a las estadísticas mensuales ajustadas estacionalmente publicadas en el Exhibit 19 del informe FT-900.

Respecto al calendario arancelario, los nuevos aranceles “recíprocos” dispuestos por la Casa Blanca entraron en vigor el 7 de agosto mediante una orden ejecutiva del 31 de julio, que además fijó un arancel base de 10% para países no listados y tasas específicas por país (por ejemplo, 20% para Vietnam). La propia orden prevé una ventana de tránsito: mercancías cargadas antes de la entrada en vigor y despachadas para consumo antes del 5 de octubre pueden quedar exentas de las nuevas tasas, lo que influye en la dinámica de pedidos y embarques. 

Con esto se aclara tu pregunta sobre “cómo puede decirse que aumenta el déficit ‘antes de la entrada en vigor’ si los aranceles ya se cobran”. Las cifras de julio reflejan operaciones previas al 7 de agosto, por lo que el salto del mes se explica principalmente por compras anticipadas e importaciones que se adelantaron a la aplicación formal de las nuevas tasas y por el fuerte tirón de categorías específicas (oro no monetario y bienes de capital). El efecto pleno de los aranceles se observará en los datos de agosto y siguientes, y además se verá matizado por la ventana de tránsito hasta el 5 de octubre.

En el frente legal, un tribunal federal de apelaciones invalidó recientemente la mayor parte de los aranceles amparados en la IEEPA de 1977, y el gobierno solicitó a la Corte Suprema que revise el caso. Mientras continúa la apelación, las tarifas siguen vigentes, lo que añade incertidumbre a las decisiones comerciales de las empresas.

Medido en términos trimestrales y de actividad, los analistas advierten que la volatilidad de importaciones y exportaciones podría restar algo de crecimiento en el tercer trimestre, tras un segundo trimestre sólido, aunque el impulso final dependerá de cómo se normalicen los flujos comerciales con el nuevo marco arancelario. Los indicadores de julio publicados hoy por Census/BEA confirman que la ampliación del déficit obedeció a un repunte importador más vigoroso que el avance de las exportaciones. 

MERCADO LABORAL DE EE. UU. MUESTRA DEBILIDAD CON ALZA EN SOLICITUDES DE DESEMPLEO Y MENOR CREACIÓN DE EMPLEOS PRIVADOS

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto la semana pasada, mientras que la creación de empleo en el sector privado se desaceleró en agosto, lo que refleja un enfriamiento creciente en el mercado laboral. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes aumentaron en 8.000 hasta 237.000, por encima de la expectativa de 230.000, con subidas notables en Connecticut y Tennessee.

Los datos se publican tras conocerse que, en julio, por primera vez desde la pandemia, el número de desempleados superó al de vacantes disponibles. Economistas atribuyen la debilidad a los amplios aranceles de la administración Trump y a las restricciones migratorias, que han dificultado la contratación en sectores como la construcción y los restaurantes. El informe de ADP confirmó la tendencia: solo se generaron 54.000 empleos privados en agosto, frente a 106.000 en julio.

El mercado laboral promedia 35.000 nuevos empleos mensuales en los últimos tres meses, muy por debajo de los 123.000 del mismo periodo en 2024. El desempleo se prevé en 4,3% para agosto, ligeramente por encima del 4,2% registrado en julio. Los llamados “continued claims”, que reflejan a quienes siguen recibiendo ayudas, se mantuvieron elevados en 1,94 millones, señal de que las empresas aún muestran reticencia a aumentar sus plantillas ante la incertidumbre económica.

La desaceleración en el empleo refuerza la expectativa de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión del 16–17 de septiembre. Jerome Powell ya había reconocido el riesgo creciente de debilidad laboral, aunque también advirtió que la inflación sigue siendo una amenaza. Por ahora, la tasa de referencia se mantiene entre 4,25% y 4,50% desde diciembre.

Los mercados reaccionaron con señales mixtas: las acciones abrieron con comportamiento dispar, el dólar se fortaleció frente a una cesta de divisas y los rendimientos del Tesoro cayeron. Con los reportes oficiales de empleo de agosto previstos para este viernes, analistas anticipan cifras modestas que podrían dar más margen a la Fed para implementar estímulos monetarios en las próximas semanas.

NOMBRAMIENTO DE MIRAN A LA FED DESATA CRÍTICAS POR VÍNCULOS CON LA CASA BLANCA

El nominado del presidente Donald Trump para ocupar una vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Stephen Miran, aseguró en su audiencia de confirmación que no planea renunciar a su cargo en la Casa Blanca, lo que generó alarma entre los demócratas. Actualmente jefe del Consejo de Asesores Económicos, Miran dijo que tomaría una licencia temporal mientras cumple el corto periodo restante del mandato dejado por la exgobernadora Adriana Kugler, quien renunció en agosto.

Miran, economista formado en Harvard, insistió en que actuará con independencia si es confirmado, y calificó la autonomía de la Fed como fundamental. Aseguró que nadie en la Casa Blanca le ha pedido comprometerse a bajar las tasas de interés. Sin embargo, eludió responder preguntas clave de los demócratas, como reconocer la derrota de Trump en 2020 o desmentir las acusaciones del presidente de que las cifras de empleo fueron falsificadas.

La senadora Elizabeth Warren lo acusó de ser un “títere” dispuesto a seguir las órdenes de Trump, advirtiendo que su llegada pondría en riesgo la credibilidad de la Fed. “Esto puede servir en un cargo político, pero destruiría la independencia del banco central”, afirmó. Otros senadores demócratas calificaron de “ridículo” que Miran mantenga simultáneamente un rol en la Casa Blanca y en la Fed, lo que lo haría más vulnerable a presiones políticas.

Los republicanos, en cambio, mostraron respaldo a su nominación. El senador John Kennedy le pidió que ignore consideraciones políticas si es confirmado, mientras la mayoría republicana en el Senado se prepara para avanzar el proceso hacia una votación plena. Para Trump, el nombramiento llega en un momento en el que aumenta la presión sobre la Fed para bajar tasas, tras sus intentos de remover a la gobernadora Lisa Cook y las amenazas de despedir al presidente Jerome Powell.

Economistas advierten que esta campaña de presión desde la Casa Blanca amenaza con socavar la credibilidad de la Fed, cuyo mandato es controlar la inflación y mantener el empleo estable de manera independiente. Si bien Miran prometió renunciar a su cargo en la Casa Blanca en caso de ser nominado a un periodo largo en la Fed, su designación temporal refuerza la percepción de que el presidente busca acercar al banco central a su agenda económica.

GOBIERNO DE TRUMP APELA FALLO DE JUEZ ALI SOBRE FONDOS BLOQUEADOS POR EL CONGRESO

La administración Trump presentó una apelación contra la decisión del juez federal Dabney Ali, quien había dictaminado que la Casa Blanca no podía retener fondos aprobados por el Congreso. Ali, nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden, argumentó que la medida violaba el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución, al ignorar la autoridad exclusiva del Legislativo sobre las apropiaciones presupuestarias.

El caso había dado un giro cuando un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia revocó parcialmente la decisión inicial. Si bien los jueces señalaron que las organizaciones sin fines de lucro y empresas afectadas no podían presentar su demanda bajo esa teoría constitucional, sí dejaron abierta la posibilidad de que prosperara el reclamo bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), coincidiendo con la conclusión del juez Ali de que la administración actuó sin justificación legal.

“Cualquiera que sea la razón, los demandados no han dado fundamento alguno para desplazar la expectativa básica de que las apropiaciones del Congreso deben cumplirse”, escribió Ali en su fallo, advirtiendo que los tribunales superiores probablemente tendrán que pronunciarse antes de que los fondos expiren. El gobierno ya ha acudido dos veces a la Corte Suprema en este mismo litigio y, tras esta nueva apelación, se espera que el caso llegue nuevamente al alto tribunal, dominado por una mayoría conservadora de 6-3.

El fallo pone en el centro del debate los límites del poder ejecutivo frente a las prerrogativas del Congreso en materia fiscal. La administración republicana sostiene que necesita flexibilidad para redirigir fondos en función de las prioridades de seguridad nacional y programas estratégicos, mientras que los demandantes afirman que la maniobra constituye un precedente peligroso de concentración de poder en el Ejecutivo.

De momento, los fondos permanecen en disputa mientras el proceso judicial avanza. La resolución de los tribunales superiores no solo determinará el destino de estos recursos, sino también el alcance de la capacidad presidencial para manejar el presupuesto sin autorización expresa del Congreso, un tema clave en el equilibrio institucional de Estados Unidos.

WASHINGTON D.C. DEMANDA A TRUMP POR DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA CAPITAL

El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad. La acción judicial, interpuesta en un tribunal federal, solicita bloquear la medida argumentando que es inconstitucional y viola varias leyes federales, incluyendo el Home Rule Act, que garantiza la autonomía local del distrito.

La confrontación surge después de que Trump ordenara el mes pasado el despliegue militar en la capital y pusiera al Departamento de Policía Metropolitana bajo control federal directo, justificando la decisión como necesaria para “restablecer el orden, la ley y la seguridad pública”. Para los líderes locales, sin embargo, la medida constituye una “ocupación militar forzada” que vulnera los derechos de los residentes y socava el autogobierno de la ciudad.

La Casa Blanca defendió la actuación presidencial a través de su portavoz, Abigail Jackson, quien afirmó que Trump actuó dentro de sus facultades legales para proteger activos federales y apoyar a las fuerzas de seguridad. Según Jackson, la demanda busca “socavar operaciones altamente exitosas que han reducido la violencia en D.C.”. No obstante, el debate se inscribe en una estrategia más amplia del mandatario de intervenir en ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y, potencialmente, Chicago.

El caso de California refuerza la polémica: el 2 de septiembre un juez federal dictaminó que el uso de la Guardia Nacional en operaciones de inmigración y narcotráfico en ese estado era ilegal. Ese precedente aumenta las posibilidades de que el tribunal limite también la actuación del gobierno federal en la capital. Trump, por su parte, sostiene que sus medidas responden a una urgencia por contener el crimen urbano, aunque las autoridades locales destacan una disminución en homicidios y violencia armada.

Los críticos del presidente advierten que su política supone una peligrosa expansión del poder ejecutivo que erosiona la línea divisoria entre seguridad nacional y libertades civiles. Si el tribunal falla a favor de la demanda, no solo se pondrá fin al despliegue en Washington, sino que también podría marcar un límite significativo a la capacidad de la Casa Blanca de utilizar fuerzas militares en suelo estadounidense con fines de seguridad interna.

TESORO PUBLICA LISTA OFICIAL DE EMPLEOS CON DEDUCCIÓN POR “NO TAX ON TIPS”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló la lista de ocupaciones que serán beneficiadas con la política de “no tax on tips” establecida en la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), impulsada por la administración Trump. Esta medida permite a los trabajadores con propinas deducir hasta US$ 25.000 en ingresos reportados entre 2025 y 2028, salvo que el Congreso decida prorrogarla. La iniciativa responde a una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump y busca aliviar la carga fiscal de sectores tradicionalmente dependientes de las propinas.

El Tesoro indicó que, tras revisar más de 60 ocupaciones, se agruparon en ocho categorías principales: servicios de alimentos y bebidas; entretenimiento y eventos; hospitalidad y atención al huésped; servicios para el hogar; servicios personales; cuidado personal y bienestar; recreación e instrucción; y transporte y entrega. Esta clasificación busca garantizar que solo los trabajadores que históricamente dependen de propinas accedan al beneficio tributario.

En el sector de alimentos y bebidas, la exención abarcará a meseros, bartenders, personal de cocina, auxiliares de cafeterías, personal de hostelería y trabajadores de hoteles con servicio de alimentos. En entretenimiento y eventos, la cobertura incluirá desde músicos, bailarines, comediantes y creadores de contenido digital, hasta crupieres, cajeros de casinos y personal de espectáculos en vivo. La medida también alcanza a trabajadores en hoteles, conserjes, maleteros y personal de limpieza en la categoría de hospitalidad.

La lista se extiende al ámbito de servicios personales y del hogar, como cuidadores, niñeras, fotógrafos, planificadores de eventos, técnicos de mantenimiento, plomeros, electricistas, jardineros y trabajadores de asistencia en carretera. En el área de cuidado personal y bienestar, se contemplan peluqueros, barberos, cosmetólogos, masajistas, entrenadores físicos, tatuadores y especialistas en belleza. El alcance incluso llega a instructores recreativos, guías turísticos, pilotos de paseo y entrenadores deportivos.

Finalmente, en transporte y entregas, la exención fiscal beneficiará a taxistas, conductores de aplicaciones de movilidad, choferes de buses chárter, repartidores, operadores de taxis acuáticos, trabajadores de valet parking y mudanzas. La amplitud de la lista refleja la intención de la administración Trump de garantizar que la medida llegue a millones de estadounidenses en sectores de ingresos medios y bajos.

MELANIA TRUMP LIDERA REUNIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La primera dama Melania Trump presidió hoy la segunda reunión del White House Task Force on Artificial Intelligence Education, acompañada de miembros del grupo y líderes del sector privado estadounidense. La iniciativa forma parte de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en abril de 2025, cuyo objetivo es fortalecer la enseñanza de la inteligencia artificial entre los jóvenes del país.

En su intervención, Melania Trump afirmó que la IA podría convertirse en “el mayor motor de progreso en la historia de Estados Unidos”, pero subrayó la necesidad de guiar su desarrollo con responsabilidad. Comparó este avance con la crianza de los hijos, destacando que debe fomentarse con apoyo, pero también con vigilancia. Más de 135 compromisos del sector privado ya respaldan esta estrategia nacional en educación tecnológica.

La primera dama recordó su trabajo previo en la protección de la infancia a través de la iniciativa Be Best y la ley Take It Down Act. Además, resaltó el lanzamiento reciente del Presidential Artificial Intelligence Challenge, una convocatoria nacional que invita a estudiantes y docentes a presentar proyectos innovadores en AI.gov, con el fin de estimular la creatividad y el liderazgo tecnológico de las nuevas generaciones.

FLORIDA ELIMINARÁ TODOS LOS MANDATOS DE VACUNACIÓN, INCLUSO EN ESCUELAS

El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, anunció junto al gobernador Ron DeSantis que el estado planea eliminar todos los mandatos de vacunación, incluidas las exigencias escolares. Ambos presentaron la medida como un asunto de “libertad médica”, destacando que las decisiones sobre el cuerpo deben ser personales. Para avanzar en la eliminación de requisitos más amplios, necesitarán trabajar con la legislatura estatal, dominada por los republicanos.

Expertos en salud pública han advertido que la decisión podría desencadenar graves brotes de enfermedades prevenibles. La presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de EE. UU., Tina Tan, calificó la medida como “un desastre mayor”, al señalar que aumentará la transmisión de sarampión, polio y otras enfermedades, poniendo en riesgo a niños, inmunocomprometidos y turistas. El epidemiólogo Michael Osterholm calificó la política de “temeraria” y advirtió que cada muerte o hospitalización vinculada a enfermedades prevenibles tendrá un responsable claro.

El contexto nacional refuerza la preocupación: la tasa de vacunación entre niños de kínder cayó en 2024-2025, mientras los casos de sarampión alcanzaron niveles no vistos desde 2000. La eliminación de mandatos en Florida, un destino turístico global, podría facilitar la propagación de enfermedades hacia otros estados y comunidades. Además, los requisitos también podrían desaparecer en guarderías y otros espacios que exigen vacunación, aumentando el riesgo sanitario.

La medida coincide con un viraje en la política nacional de inmunización bajo la administración Trump. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., crítico histórico de las vacunas, ha reconfigurado los organismos asesores, destituyendo a expertos y reemplazándolos con figuras que comparten su visión. Incluso la directora de los CDC renunció tras choques con Kennedy, acompañada de altos funcionarios que cuestionaron la pérdida de integridad científica en la agencia.

A nivel político, DeSantis anunció una comisión para alinear Florida con la agenda sanitaria de Kennedy y preparar un paquete legislativo en enero. El debate ha intensificado la polarización en el estado: mientras demócratas como David Jolly prometen destituir a Ladapo si llegan al poder, los republicanos lo promueven como potencial candidato a dirigir los CDC. Entre tanto, la alianza recién formada por California, Oregón y Washington buscará ofrecer recomendaciones conjuntas de vacunación, diferenciándose de la nueva línea federal.

JOHN DEERE SUFRE EL IMPACTO DE LOS ARANCELES Y LA GUERRA COMERCIAL CON CHINA

El fabricante de maquinaria agrícola John Deere enfrenta un fuerte golpe por los aranceles al acero y al aluminio, que han elevado sus costos en hasta US$ 600 millones para 2025. Solo en lo corrido del año fiscal, la compañía ya acumula US$ 300 millones en gastos arancelarios, tras registrar un impacto de US$ 200 millones en el último trimestre. Estos sobrecostos se suman a las dificultades del sector agrícola estadounidense, que ha visto reducir sus exportaciones por las tensiones comerciales con China.

Los resultados del tercer trimestre mostraron una caída del 29% en los ingresos netos respecto al año anterior, lo que llevó a la empresa a despedir a 238 empleados en Illinois e Iowa. A pesar de la situación, la directiva mantiene cierto optimismo: Cory Reed, presidente de la división agrícola de Deere, afirmó que existen “vientos de cola positivos” derivados de cambios en política fiscal y posibles acuerdos comerciales que podrían aliviar el panorama.

El golpe también alcanza a los agricultores, principales clientes de John Deere. Según la Universidad de Illinois, el precio de los tractores nuevos ha aumentado 60% en los últimos ocho años, lo que, sumado a la incertidumbre actual, desincentiva las compras de maquinaria. El New York Times destaca que mientras persista esta volatilidad, los productores preferirán postergar inversiones costosas, afectando la demanda de los icónicos tractores verdes y amarillos.

La guerra comercial con China ha agravado la situación. Tras los aranceles impuestos por Donald Trump, Pekín respondió con gravámenes a la soja estadounidense, reduciendo sus importaciones en 51% este año. El Departamento de Agricultura estima que los agricultores recibirán US$ 3.400 millones menos por su cosecha en comparación con 2024. Esta contracción de ingresos limita aún más la capacidad de inversión del campo, generando un efecto en cadena que golpea tanto a los productores como a la industria de maquinaria agrícola.