Los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, desarrollan en Washington, una agenda de dos días con congresistas de ambos partidos y otros interlocutores, con el propósito de presentar la perspectiva de los gobiernos locales frente a los posibles efectos de una eventual descertificación de Colombia en materia de cooperación antidrogas.

La delegación busca preservar y fortalecer los canales de cooperación bilateral en seguridad, justicia y desarrollo, así como mitigar impactos en comercio, inversión y empleo a nivel territorial en caso de cambios en los flujos de apoyo. Los mandatarios señalaron que su mensaje central es la importancia de garantizar continuidad a programas efectivos, con énfasis en resultados verificables y respeto a los marcos legales de ambos países.

De forma técnica, la certificación es una determinación periódica del Gobierno de Estados Unidos sobre el grado de cooperación de los países en la lucha contra las drogas. Una descertificación puede conllevar restricciones a ciertos tipos de asistencia y condicionar apoyos en distintos frentes, salvo excepciones de interés nacional. Si bien se trata de una decisión de carácter nacional, los alcaldes destacan que sus ciudades podrían verse afectadas por eventuales ajustes en programas y recursos, por lo que consideran pertinente aportar información de terreno y criterios de política públicadesde el nivel local.

La agenda incluye reuniones con miembros del Congreso y actores relevantes del sector público y privado. De acuerdo con los mandatarios, el objetivo es proteger la estabilidad económica y social de los territorios, salvaguardar la competitividad regional y mantener la cooperación en un momento crítico para la relación bilateral.

PRESIDENTE TRUMP PIDE A LA CORTE SUPREMA AVAL PARA RETENER US$ 4.000 MILLONES EN AYUDA EXTERIOR

La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos autorización para retener cerca de US$ 4.000 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso. El Departamento de Justicia argumentó que dichos fondos —destinados a operaciones de paz de la ONU y programas de promoción de la democracia— son contrarios a la política exterior delineada por la Casa Blanca. El pedido busca frenar la orden de un juez federal que obligaba al Ejecutivo a ejecutar los recursos.

El debate se centra en el uso de la figura de “pocket rescission”, un mecanismo poco común que permitiría al presidente suspender fondos hasta 45 días, lo suficiente para que expiren al cierre del año fiscal. La Casa Blanca sostiene que la herramienta fue utilizada por última vez en 1977 y que otorga al Ejecutivo margen para redirigir recursos según su estrategia internacional. Sin embargo, críticos advierten que se trata de una maniobra inconstitucional que evade al Congreso.

El juez Amir Ali dictaminó el 3 de septiembre que la administración no puede bloquear unilateralmente los recursos, ya que el poder de apropiación recae en el legislativo. Según su fallo, el Ejecutivo debe cumplir las leyes de gasto vigentes mientras no sean modificadas. El Tribunal de Apelaciones de Washington ya había rechazado en un fallo 2-1 la petición de suspender la orden, lo que motivó la apelación urgente a la Corte Suprema.

Los demandantes, integrados por organizaciones de ayuda internacional, sostienen que la administración busca acumular poderes de forma ilegal. Afirman que el bloqueo compromete programas en curso y pone en riesgo compromisos multilaterales de Estados Unidos. Para ellos, el intento de usar la “pocket rescission” representa una amenaza a la separación de poderes y a la credibilidad del país en el ámbito internacional.

El caso ilustra la tensión entre la política exterior de Trump, caracterizada por el repliegue internacional y la reducción de compromisos financieros, y las atribuciones del Congreso. La Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6-3, ya ha favorecido en varias ocasiones a la administración desde enero. Una decisión favorable reforzaría la discrecionalidad del Ejecutivo sobre los fondos de ayuda exterior, con implicaciones en la política global de Washington.

ESTADOS UNIDOS REFUERZA PRESENCIA MILITAR EN EL CARIBE CON BASE EN PUERTO RICO

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, llegaron a Puerto Rico para supervisar las operaciones militares que Washington adelanta en el Caribe contra carteles de droga.

La visita se produce días después del despliegue de cientos de marines en la isla para ejercicios anfibios y logísticos, y en medio de los preparativos para el envío de 10 aviones F-35 destinados a operaciones antinarcóticos en la región.

La gobernadora Jenniffer González agradeció a la administración Trump “por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico en la seguridad nacional de Estados Unidos y en la lucha contra el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro”.

El refuerzo militar ocurre tras un ataque estadounidense en el sur del Caribe contra un barco procedente de Venezuela, que según Washington transportaba drogas y era operado por la banda Tren de Aragua. La operación dejó 11 muertos y ha generado reacciones divididas en la región: mientras Trinidad y Tobago respaldó la acción, otros miembros de Caricom pidieron abrir canales de comunicación para evitar sorpresas.

Venezuela, por su parte, negó vínculos con el narcotráfico y acusó a EE. UU. de usar el tema como pretexto político para intervenir en su territorio.

La llegada de tropas y equipo militar ha reavivado el debate interno. Organizaciones locales protestaron frente a la Guardia Nacional en Carolina con consignas como “No a la guerra” y denunciaron el uso histórico de la isla como plataforma militar. Sin embargo, las autoridades locales defendieron los ejercicios como necesarios para la seguridad estadounidense y aclararon que no incluyen uso de municiones.

Según estimaciones de la gobernadora, más de 1.000 marines se encuentran en la isla desarrollando entrenamientos en terreno y clima tropicales, considerados ideales para operaciones anfibias.

LA CORTE SUPREMA RESPALDA REDADAS MIGRATORIAS DE TRUMP EN CALIFORNIA

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración Trump para continuar con redadas migratorias en el sur de California, incluso cuando se basen en factores como el idioma, el acento o la apariencia étnica. La decisión suspendió una orden de un juez federal que había limitado estas prácticas por considerarlas violatorias de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones arbitrarias. El fallo refleja la línea dura de la mayoría conservadora del tribunal frente a las políticas migratorias.

Los tres jueces liberales disintieron, advirtiendo que la medida abre la puerta a detenciones indiscriminadas de trabajadores latinos, incluso de ciudadanos estadounidenses. La magistrada Sonia Sotomayor denunció que la política convierte a cualquier latino en “presa fácil” de los agentes migratorios. El Departamento de Justicia defendió la estrategia al señalar que en la región aproximadamente 10% de la población se encuentra en situación irregular.

Las redadas, realizadas por agentes enmascarados y armados, han provocado miedo en comunidades migrantes y protestas en ciudades como Los Ángeles. En junio, Trump llegó incluso a desplegar tropas de la Guardia Nacional y marines en la ciudad para apoyar los operativos, un hecho inusual que tensó aún más la relación con autoridades locales y con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la medida como ilegal e innecesaria.

La respuesta judicial se produce en paralelo a una demanda colectiva presentada por latinos —incluyendo ciudadanos estadounidenses— que aseguran haber sido víctimas de interrogatorios y detenciones basadas en perfiles raciales. Uno de los demandantes afirmó que fue agredido tras no creerle los agentes que era ciudadano. El juez Maame Frimpong, que inicialmente bloqueó las redadas, había prohibido usar criterios como raza o lugar de trabajo como base para arrestos.

El fallo confirma la fortaleza institucional de la agenda migratoria de Trump, diseñada por su asesor Stephen Miller, que busca alcanzar un ritmo de 3.000 deportaciones diarias. La Corte Suprema ya ha respaldado en otros casos medidas similares, consolidando la discrecionalidad del Ejecutivo en política migratoria. No obstante, el respaldo judicial aviva tensiones políticas y sociales en California, y proyecta un escenario de mayor confrontación entre el gobierno federal y los estados que se oponen a la estrategia.

ESCASEZ DE MANO DE OBRA POR LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP GOLPEA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump ha abierto una grieta profunda en el sector de la construcción estadounidense. Con un 34% de su fuerza laboral integrada por inmigrantes, la industria ha sufrido pérdidas de empleo en los últimos tres meses y enfrenta retrasos en múltiples proyectos. Encuestas sectoriales revelan que casi un tercio de las empresas han sido afectadas por acciones del ICE, mientras que el 92% reporta dificultades para conseguir trabajadores.

Los efectos de la campaña migratoria no se limitan a los indocumentados. Muchos trabajadores con permisos temen por sus familias y comunidades durante las redadas, lo que agrava la escasez. Estados como Georgia, Virginia, Alabama y Carolina del Sur figuran entre los más golpeados. Según la Asociación General de Contratistas de América, algunos subcontratistas han perdido hasta un 20% de sus empleados, minando la estabilidad de la cadena laboral.

La Reserva Federal confirmó en su Libro Beige el impacto de la política migratoria en el mercado laboral. Distritos como Nueva York y Richmond reportan retrasos en obras por la falta de mano de obra inmigrante. Para mitigar la situación, algunas firmas ofrecen jornadas de cuatro días con el fin de retener trabajadores. Sin embargo, la percepción general es de creciente dificultad y pesimismo sobre la disponibilidad futura de personal cualificado.

Economistas advierten que la reducción de inmigrantes no beneficia a los trabajadores nativos, sino que los perjudica. La complementariedad entre oficios —como techadores inmigrantes y electricistas estadounidenses— se ve interrumpida, reduciendo empleo, consumo e inversión. Aunque el informe JOLTS muestra un aumento de ofertas en construcción, los expertos lo atribuyen más a la necesidad de cubrir vacantes por escasez de personal que a un repunte en la demanda real de proyectos.

La falta de mano de obra amenaza con prolongar retrasos y encarecer la construcción en EE. UU., justo cuando el sector ya enfrenta la presión adicional de los costos arancelarios. El 78% de las firmas consultadas afirma tener proyectos detenidos, y casi la mitad culpa a la carencia de trabajadores. Esta combinación de factores revela cómo la política migratoria se ha convertido en un desafío estructural para el desarrollo económico y la competitividad en el país.

TRUMP LANZA UNA ÚLTIMA ADVERTENCIA A HAMÁS EN MEDIO DE NEGOCIACIONES POR REHENES

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una “última advertencia” a Hamás para que acepte un acuerdo que permita liberar a los rehenes israelíes. En su mensaje, publicado en Truth Social, aseguró que Israel ya ha aceptado sus condiciones y que es el momento de que el grupo islamista haga lo mismo. Trump insistió en que “todo el mundo quiere que esta guerra termine” y advirtió de graves consecuencias si Hamás rechaza la propuesta.

La declaración llega tras conocerse que el enviado especial de EE. UU. en Oriente Medio, Steve Witkoff, hizo llegar la semana pasada una nueva propuesta al grupo palestino a través de un activista israelí. El plan busca combinar la liberación de rehenes con un alto el fuego, en un intento de destrabar las estancadas negociaciones. El mandatario confirmó que su gobierno está en “profundas negociaciones” con el objetivo de lograr un acuerdo inmediato.

El conflicto en Gaza, desatado tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, ya ha dejado más de 64.000 muertos, según cifras de las autoridades de la Franja controladas por el grupo. A la devastación militar se suman los efectos de la crisis humanitaria: casi 400 palestinos han fallecido por desnutrición, incluyendo más de un centenar de niños. Este escenario presiona a Washington y a los mediadores internacionales para acelerar una solución.

En respuesta, Hamás aseguró horas más tarde que está dispuesto a negociar “de manera inmediata” tras recibir la propuesta estadounidense. En un comunicado, el grupo afirmó que acoge cualquier paso que contribuya a frenar la ofensiva israelí y reiteró su disposición a liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego y la retirada de las tropas. Hamás también recordó que ya aceptó en agosto una iniciativa de Egipto, Catar y EE. UU., a la que aún no ha respondido Israel.

La tensión diplomática refleja el delicado equilibrio entre presiones políticas, exigencias militares y el drama humanitario. Para Trump, el desenlace será también un test de liderazgo internacional en plena campaña por consolidar su posición global. Si Hamás cede, Washington podría reclamar un éxito estratégico que refuerce sus lazos con Israel; si no, la región corre el riesgo de entrar en una nueva fase de violencia con efectos imprevisibles para la estabilidad de Medio Oriente.

TRUMP IMPULSA LA INICIATIVA “AMERICA PRAYS” RUMBO AL 250 ANIVERSARIO DEL PAÍS

Desde el Museo de la Biblia en Washington, D. C., el presidente Donald Trump presentó “America Prays”, una convocatoria cívico-religiosa enmarcada en las actividades de America250, el programa oficial que prepara la conmemoración de los 250 años de la independencia del país, cuya fecha central será el 4 de julio de 2026, aniversario de la firma de la Declaración de Independencia en 1776. La propuesta invita a la ciudadanía a dedicar una hora semanal de oración por el país, priorizando encuentros comunitarios y la articulación con iglesias y organizaciones de fe.

De acuerdo con el anuncio, la iniciativa busca reafirmar el principio de “una nación bajo Dios” y promover la unidad social en el período previo a la conmemoración de los 250 años de independencia en 2026. El llamado promueve que los participantes se reúnan en grupos de al menos diez personas, de manera voluntaria y abierta, con énfasis en la cooperación entre comunidades locales.

Durante el acto, el mandatario subrayó que el componente espiritual puede contribuir a fortalecer la cohesión y el bienestar del país en un contexto de alta polarización. En esa línea, planteó que el ejercicio de la fe, expresado en la oración comunitaria, acompaña —sin sustituir— las responsabilidades del Estado y la sociedad civil en materia de seguridad, educación y desarrollo.

La presentación contó con la presencia y el respaldo de líderes religiosos de distintos denominaciones, quienes destacaron el valor espiritual y social de la oración como práctica que fomenta la solidaridad y la responsabilidad cívica. Organizaciones de fe y plataformas de oración anunciaron su disposición a apoyar la difusión y a facilitar recursos formativos para las comunidades interesadas.

En paralelo, el presidente indicó que el Departamento de Educación emitirá nuevas directrices para proteger el derecho a la oración en las escuelas públicas. De momento, no se detallaron los alcances regulatorios ni el calendario de publicación; su implementación deberá respetar el marco constitucional sobre libertad religiosa y neutralidad del Estado, así como la jurisprudencia vigente.

Observadores señalan que “America Prays” integra un componente cívico-conmemorativo con un énfasis religiosoorientado a reforzar la identidad nacional de cara al aniversario 250. En términos de política pública, el desarrollo de la iniciativa y la eventual expedición de nuevas guías federales permitirán precisar su alcance operativo, los mecanismos de acompañamiento a las comunidades y su articulación con actores sociales y educativos.

TRIBUNAL DE APELACIONES CONFIRMA EL FALLO DE US$ 83 MILLONES CONTRA TRUMP EN EL CASO CARROLL

Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York rechazó la petición del presidente Donald Trump de anular el veredicto que lo condena a pagar US$ 83,3 millones a la escritora E. Jean Carroll. El jurado determinó en enero de 2024 que Trump dañó la reputación de Carroll al negar públicamente sus acusaciones de violación en 2019. La Corte concluyó que los daños eran razonables dadas las “circunstancias extraordinarias y atroces” del caso.

El fallo representa un duro revés legal para Trump, quien alegó que debía gozar de inmunidad presidencial frente a las demandas civiles. Sus abogados argumentaron que los comentarios realizados en 2019 se hicieron en calidad de jefe de Estado y que desestimarlos podía poner en riesgo la independencia del Ejecutivo. Sin embargo, el panel de jueces desechó esa interpretación, marcando un límite a la amplitud de la inmunidad presidencial.

Este veredicto se suma a una condena previa de US$ 5 millones dictada en 2023 por otro jurado, que halló a Trump responsable de difamación y agresión sexual contra Carroll. En ambos casos, el expresidente negó los hechos y acusó a la demandante de inventar la historia para promocionar sus libros. Carroll, de 81 años, ha convertido sus batallas judiciales en una denuncia pública contra el abuso de poder y la impunidad.

La defensa de Trump también cuestionó la actuación del juez Lewis Kaplan, quien supervisó los juicios, al impedir que el mandatario justificara sus comentarios como una defensa de la presidencia. Además, invocaron la decisión de la Corte Suprema de 2024 que otorgó inmunidad sustancial en procesos penales, intentando extenderla al ámbito civil. Los jueces de apelación rechazaron ambas líneas de defensa.

El caso Carroll se inserta en un escenario donde Trump enfrenta múltiples frentes judiciales mientras busca reforzar su liderazgo político. La confirmación del fallo de US$ 83 millones aumenta la presión financiera y reputacional sobre su figura, al tiempo que envía una señal de que la inmunidad presidencial no es absoluta en casos de difamación civil. El desenlace podría influir en la percepción pública sobre los límites del poder presidencial en EE. UU.

EL COMERCIO ENTRE CHINA Y EE. UU. SE CONTRAE 11% TRAS PRÓRROGA DE LA TREGUA ARANCELARIA

El intercambio comercial entre China y Estados Unidos cayó casi un 11% entre julio y agosto, según cifras oficiales de Pekín. El retroceso marca el segundo mes consecutivo de descensos, luego del repunte de más de 20% registrado en junio tras la prórroga por 90 días de la tregua arancelaria. La caída evidencia que, pese a los esfuerzos por contener nuevas medidas, las tensiones continúan afectando el flujo bilateral.

Las exportaciones chinas hacia Estados Unidos fueron las más golpeadas, con una disminución intermensual de 12%, mientras que las importaciones desde EE. UU. se redujeron 6,9%. Un mes antes, las ventas chinas ya habían caído 6,4%, en contraste con un crecimiento cercano al 4% en los envíos estadounidenses a China. Estos datos apuntan a un deterioro más marcado para la economía asiática, todavía muy dependiente del mercado norteamericano.

En términos interanuales, el cuadro es más severo: el comercio bilateral en agosto fue casi 30% inferior al de agosto de 2024. Las exportaciones chinas se contrajeron más de 32%, mientras que las importaciones desde EE. UU.retrocedieron 16%. La brecha sugiere que, aunque la tregua evita por ahora una nueva ronda de incrementos arancelarios, no logra revertir la tendencia negativa que arrastra el intercambio desde hace meses.

Entre enero y agosto, el comercio acumulado cayó 13,5% frente al mismo periodo del año pasado. Las exportaciones de China retrocedieron 14,6%, reflejando la fragilidad de su sector externo en un contexto de menor demanda global y reconfiguración de cadenas de suministro. En contraste, las importaciones desde EE. UU. disminuyeron 10,1%, lo que sugiere un impacto relativamente más moderado para la economía estadounidense.

Impacto

• La tregua dio un alivio temporal, pero mantiene aranceles elevados y no despeja la incertidumbre regulatoria de cara a su vencimiento hacia noviembre de 2025.
• Empresas en ambos lados han acelerado estrategias de diversificación (“China + 1”, nearshoring, multi-sourcing), lo que desvía comercio y reduce elasticidades del canal bilateral.
• El deterioro comercial se suma a otros factores (controles tecnológicos, revisiones de inversión, cumplimiento aduanero más estricto), reforzando una desaceleración estructural del flujo.

Sectores con mayor contracción (China → EE. UU.)

• Electrónica, computación y equipos de comunicaciones (TIC). Núcleo del intercambio y el más expuesto a medidas tecnológicas/controles. Se observa sustitución de oferta hacia ASEAN y México, y mayor cautela en componentes sensibles.
• Bienes de consumo intensivos en mano de obra muebles, juguetes, artículos del hogar, productos para bebé muestran caídas por traslado a precios y reubicación de proveedores, con presión al margen de retailers y marcas.
• Maquinaria y aparatos mecánicos. Menor inversión y mayor incertidumbre regulatoria frenan pedidos; empresas industriales dividen proveedorespara reducir riesgo arancelario.
• Cadenas ligadas a imanes/tierras raras y subsectores electrónicos. La posibilidad de nuevos gravámenes en insumos críticos eleva costos y tiempos de homologación, afectando sectores como automotriz, electrónica de consumo y defensa.

¿Qué impacto se observa en Estados Unidos?

·       Precios y márgenes: parte del costo arancelario se traslada a precios (muebles, juguetes, hogar), mientras que otra parte se absorbe en márgenes; efecto heterogéneo según categoría y poder de marca.

·       Logística y e-commerce transfronterizo: ajustes en de minimis y mayor fiscalización encarecen y ralentizan micro-importaciones, afectando a pymes importadoras y plataformas.

·       Desvío comercial y nearshoring: México y Vietnam ganan participación en electrónica, textil-confección, muebles y partes, con mayor contenido regional en cadenas que abastecen a EE. UU.

·       Exportadores estadounidenses hacia China: persisten riesgos para agro (soya, carne, granos), aeroespacial y bienes industriales por medidas espejo y menor demanda, aunque con resiliencia en nichos de alto valor agregado.

LULA CRITICA LA PRESENCIA MILITAR DE EE. UU. EN EL CARIBE DURANTE LA CUMBRE DE LOS BRICS

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe durante la cumbre virtual de los BRICS. Lula afirmó que la presencia de fuerzas de la mayor potencia mundial en la región genera tensión y contradice la vocación de paz consagrada en el Tratado de Tlatelolco de 1968, que prohíbe el uso de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Sus declaraciones apuntaron directamente al reciente envío de ocho buques y un submarino nuclear a aguas cercanas a Venezuela.

El despliegue ha exacerbado la tensión regional, especialmente tras un ataque de fuerzas estadounidenses contra una lancha que partía de Venezuela y que, según Washington, transportaba narcotraficantes. Para Lula, estos movimientos militares refuerzan la necesidad de que América Latina defienda su autonomía política y mantenga su carácter de región pacífica. El mensaje busca también proyectar a Brasil como voz moderadora y defensora del multilateralismo frente al unilateralismo estadounidense.

En su intervención, Lula instó a los BRICS a levantar una “sola voz” en defensa del multilateralismo, particularmente en la ONU. Reiteró el reclamo de Brasil por una ampliación del Consejo de Seguridad, en el que el país busca un asiento permanente. Este posicionamiento refleja la ambición de Brasil de aumentar su peso diplomático global a través de su participación en bloques alternativos como los BRICS.

El mandatario también vinculó la agenda del bloque con temas de desarrollo sostenible, transición energética y cambio climático. Reconoció que los países en desarrollo son los más afectados por los impactos ambientales, pero al mismo tiempo defendió el uso transitorio de combustibles fósiles para financiar la transición hacia energías limpias. Esta postura evidencia el pragmatismo brasileño ante la urgencia climática y las limitaciones económicas.

Las críticas de Lula coinciden con un contexto de mayor distanciamiento entre Washington y potencias emergentes. Las políticas comerciales de Trump, con aranceles sobre Brasil e India, han incentivado una mayor cooperación entre los BRICS. Para Brasil, estrechar lazos con China, Rusia e India no solo es un contrapeso a EE. UU., sino también una estrategia para ganar margen de maniobra en un orden global en redefinición.