Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

Según el MinCIT, durante esta administración se ha logrado una inversión histórica que supera los $1,2 billones en 654 municipios entre 2022 y 2025: más de siete millones de visitantes en 2024, un crecimiento del 6,8 % en 2025 frente al año anterior y divisas por US$ 2.865 millones solo en el primer trimestre de 2025.

Más allá de los indicadores económicos, el Ejecutivo plantea un modelo regenerativo y sostenible, que protege ecosistemas, dignifica saberes locales y convierte a las comunidades en protagonistas. El Plan Sectorial de Turismo “Turismo en armonía con la vida” estructura esta visión a través de diez grandes transformaciones: inversión territorial, campañas internacionales de promoción, turismo para la paz en municipios PDET, fomento del turismo comunitario e indígena, formación de talento humano y accesibilidad, planificación con enfoque ecológico, adaptación al cambio climático, turismo responsable contra la explotación y el tráfico ilegal, certificaciones de calidad y desarrollo de experiencias auténticas ligadas a la identidad cultural y natural del país.

● Minero energético

El Gobierno nacional, a través de la UPME, adjudicó a la empresa PEL Panamá ESTATE S.A. el proyecto de la Subestación Trinitaria 230 kV y sus líneas de transmisión, una obra clave para mejorar la cobertura y estabilidad del servicio eléctrico en el sur de Santander. Esta iniciativa surge de la convocatoria UPME 09-2021, enmarcada en el Plan de Expansión de Generación–Transmisión 2016–2023, que contempla el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

La obra busca fortalecer el suministro energético en la región, reduciendo riesgos de fallas, ampliando la capacidad de transporte para atender la creciente demanda y permitiendo la interconexión de proyectos de energía renovable, como solar y eólica. Líderes comunitarios, como el presidente de la JAC de la vereda El Tabor, destacaron el impacto positivo que tendrá en las comunidades locales.

Según Manuel Peña Suárez, director (e) de la UPME, cada nueva obra de transmisión constituye un paso hacia una transición energética justa, al garantizar un servicio confiable, sostenible y equitativo para miles de familias. A la audiencia pública se presentaron como oferentes el Grupo Energía Bogotá, Grupo ISA, Electrificadora de Santander, Alupar Colombia, DISTASA, el Consorcio SANSONT y PEL Panamá, siendo esta última la adjudicataria del proyecto.

● Salud

El Ministerio de Salud y Protección Social alertó sobre los riesgos de la ponencia alternativa de la reforma a la salud presentada recientemente. Según la entidad, esta propuesta mantiene la intermediación financiera de las EPS, pese a su crisis de insolvencia y deudas con hospitales y proveedores. Además, otorga a estas entidades un manejo discrecional de los recursos y las privilegia al destinar recursos públicos para cubrir sus pasivos, lo que podría perpetuar un modelo ineficiente y costoso para el sistema. A la cartera de salud también le preocupa que la validación del cálculo de la UPC recaiga en una universidad extranjera y que el Estado asuma de manera ilimitada los sobrecostos de las EPS, sin auditoría ni control efectivos.

Aseguran que el documento también desconoce avances logrados en la Cámara de Representantes, como la protección laboral del personal de salud y el subsidio de maternidad para mujeres no cotizantes, al tiempo que elimina instrumentos clave para fortalecer la red pública hospitalaria, la atención primaria y la autonomía territorial en la planeación en salud. En lugar de pagos directos a hospitales y clínicas, las EPS seguirían decidiendo cómo distribuir los recursos.

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que el informe de la ACHC sobre cartera evidencia nuevamente las fallas estructurales del modelo de aseguramiento, donde la mayor carga de la deuda recae en los prestadores. Con corte a junio de 2025, 28 EPS reportaron obligaciones reconocidas y pendientes de pago por 12,8 billones de pesos, sin incluir a la Nueva EPS, que no ha entregado su información financiera. Mientras las EPS registran solo deudas auditadas, los prestadores contabilizan todas sus cuentas por cobrar, lo que genera diferencias históricas entre ambas partes.

El superintendente Giovanny Rubiano reiteró la necesidad de depurar y auditar los datos, en especial en el caso de la Nueva EPS, principal deudor del sistema, que acumula más de 11 billones en anticipos pendientes de aplicar y facturas represadas. Para enfrentar esta situación, la Supersalud implementa auditorías médicas y forenses, acompaña procesos de depuración de facturas y mantiene mesas técnicas de conciliación. Según el informe, once EPS concentran la mayor deuda al cubrir al 60% de los afiliados, algunas con incumplimientos financieros y reportes contables inconsistentes. El llamado de la entidad es a fortalecer controles, transparentar las cifras y avanzar en pagos y conciliaciones que garanticen el flujo oportuno de recursos en el sistema de salud.

El 22 de septiembre inició la etapa de oferta dentro de la negociación conjunta autorizada por la SIC, cuyo propósito es garantizar un acceso más oportuno a medicamentos de alto costo, tratamientos para enfermedades huérfanas y otras patologías graves. En la fase previa se inscribieron 68 laboratorios, que ahora deberán presentar sus propuestas hasta el 5 de octubre. Esta primera fase beneficiará a más de 269 mil afiliados de las 13 EPS participantes, al permitir mejores precios y condiciones de compra.

De manera paralela, desde el 17 de septiembre se desarrolla otra fase de la negociación enfocada en pañales y alimentos de propósito médico especial (APME). El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, destacó que mientras avanza este mecanismo de negociación en bloque, se realizan verificaciones para evitar que el cierre del Mipres se convierta en un obstáculo administrativo que impida a las EPS garantizar la entrega de medicamentos a sus usuarios.

● Laboral

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentó en el Senado el proyecto de ley 353 de 2025, que busca establecer un marco de reparación simbólica para las víctimas de la masacre de las bananeras (1928) y de la violencia antisindical en Colombia. La iniciativa reconoce la lucha histórica por la formalización laboral, la dignidad en el trabajo y los derechos de organización sindical, negociación colectiva, huelga y protesta.

El proyecto se fundamenta en tres ejes —educación, cultura y comunicaciones— para promover la memoria, la reparación y el reconocimiento a los trabajadores. Entre sus medidas contempla la creación del 6 de diciembre como Día Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de las Bananeras, la entrega anual de la Orden “Héroes de las Bananeras” a líderes y organizaciones sindicales, una estrategia de divulgación cultural liderada por el Ministerio de las Culturas, y la producción de contenidos en medios públicos que fortalezcan la cultura del trabajo decente y rindan homenaje a las víctimas.

La propuesta cuenta con respaldo parlamentario, entre ellos el senador Alberto Benavides, y con la participación de las principales centrales sindicales (CUT, CGT y CTC). Según la Comisión de la Verdad, entre 1970 y 2021 se registraron más de 15 mil violaciones de derechos humanos contra sindicalistas, incluyendo asesinatos y desplazamientos. En ese marco, el sindicalismo fue reconocido en 2023 como sujeto de reparación colectiva y trabaja actualmente en su plan integral de reparación colectiva (PIRC) con apoyo del Estado.

● Tributario y asuntos financieros

El Congreso avanza en la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, fijado en COP$546,9 billones, tras un recorte de 10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno. Aunque el ajuste redujo parcialmente el déficit proyectado, de COP$26,3 billones a COP$16,9 billones; el desbalance fiscal sigue siendo significativo. El proyecto ya superó su primer debate en las Comisiones Económicas y ahora deberá pasar por el segundo y cuarto debate antes del 20 de octubre, fecha límite establecida por la ley. En este tramo final del trámite legislativo se definirá si el recorte se mantiene o si se revierte dado que aún puede ser negado en segundo debate y por ende, se sancionaría con lo aprobado en el primer debate.

Más allá de las cifras, la forma en que se aprobó el recorte encendió las alarmas jurídicas. El Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que, una vez vencido el 15 de septiembre, solo pueden hacerse redistribuciones, no modificaciones al monto global. Sin embargo, el Congreso redujo el total después de esa fecha, lo que abre la posibilidad de demandas ante la Corte Constitucional por un eventual vicio de trámite.

El debate no solo gira en torno a las cifras sino también a la arquitectura institucional del presupuesto. El Congreso eliminó facultades extraordinarias que habrían permitido al Ejecutivo un manejo más discrecional de recursos y vigencias futuras. Senadores como Efraín Cepeda celebraron estos ajustes, advirtiendo que, pese a la aprobación, el PGN “está desfinanciado”. Esta percepción es compartida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que estima un faltante cercano a los COP$29,4 billones para cumplir la meta de déficit (6,2% del PIB). Frente a este panorama, el Gobierno insiste en la necesidad de una ley de financiamiento que aporte, al menos, COP$16,9 billones. Sin embargo, aun con esa recaudación, quedaría un déficit adicional cercano a COP$12,5 billones.

La discusión política refleja un ambiente polarizado. Voces de la oposición, como Efraín Cepeda y Ciro Ramírez han reiterado que votarán en contra de cualquier nuevo paquete de impuestos, mientras que otros sectores, como la senadora Angélica Lozano, reconocen que el presupuesto aprobado sigue “inflado” y que una reforma fallida podría llevar al Gobierno a endeudarse. Desde el sector empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, calificó la estrategia oficial como un “chantaje fiscal” al Congreso, al presentar un presupuesto desbalanceado para forzar La Tributaria.

El trasfondo político es inevitable. La aprobación del PGN 2026 se da en vísperas de un año electoral y se ha convertido en una prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para el Gobierno, insistir en una reforma tributaria puede desgastar aún más su relación con el Congreso y alimentar la narrativa de improvisación fiscal. Para la oposición, bloquear la reforma y señalar el desfinanciamiento del presupuesto es una estrategia para minar la maniobra de acción del Ejecutivo.

● Bebidas y alimentos

El Invima recordó a los fabricantes y procesadores de leche y derivados lácteos que, para exportar estos productos a Chile, deben cumplir con un proceso de admisibilidad específico que incluye la obtención del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS). Para este trámite, además de la documentación habitual, los exportadores deben cargar en la plataforma de Trámites en Línea la autodeclaración diligenciada y los soportes que respalden cada etapa del proceso productivo de los lotes a exportar.

La información debe ser clara y trazable desde la materia prima hasta el producto final, y tanto la autodeclaración como los soportes deben presentarse por separado para cada alimento. Este procedimiento aplica únicamente a leche y derivados lácteos; si se requiere un CIS que incluya otros alimentos, se deberá realizar una solicitud distinta. Finalmente, el certificado bajo este modelo se emite de forma conjunta entre el Invima y el ICA, y se entrega en original con firma y sello de ambas entidades.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) entregó 25 certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 11 certificaciones de Predio Exportador a productores de cebolla de Boyacá. Esta gestión responde a la crisis de 2024 por los bajos precios y la comercialización ilegal, y se enmarca en un plan integral de asistencia técnica, capacitación y control en alianza con el Gobierno nacional, ministerios, la Gobernación de Boyacá y gremios del sector.

Además, en coordinación con la DIAN y la POLFA, se reforzó la lucha contra el contrabando con puestos de control permanentes en Rumichaca y en el peaje El Placer. Gracias a estas medidas, se avanza en la formalización y preparación de los agricultores para competir en mercados internacionales.

Boyacá se posiciona como líder nacional en producción de cebolla con 6.000 hectáreas y 250.000 toneladas anuales, y se proyecta hacia destinos como Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Panamá y la Unión Europea. En paralelo, Norte de Santander desarrolla un proceso similar con 30 productores en certificación.

● TIC

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) presentó su balance de gestión 2024, resaltando logros regulatorios y técnicos que consolidan a Colombia como referente en la administración del espectro radioeléctrico en la región. Además, dejó definida la nueva Política de Espectro 2025-2029, que prioriza el impulso a la innovación con tecnologías 5G Advanced y 6G, el uso de analítica de datos y la promoción de la inclusión digital con soluciones satelitales.

El director de la entidad, Sergio Sotomayor, destacó el cierre exitoso de la Política 2020-2024 y el inicio de una etapa enfocada en ciencia de datos, pruebas pioneras y nuevas herramientas que fortalezcan la competitividad y el servicio al ciudadano.

Entre los principales hitos de 2024 se encuentran: la ejecución de la Política 2020-2024 con participación internacional y soporte técnico en renovaciones IMT; la formulación de la Política 2025-2029 con ejes de modernización, innovación tecnológica, conectividad rural y vigilancia; avances en el Plan Maestro de Gestión del Espectro, incluyendo estaciones satelitales y actualización de radiodifusión FM; investigaciones en alianza con universidades para combatir la clandestinidad y desarrollar prototipos de monitoreo; metodologías de valoración y mejores prácticas para asignaciones IMT; la apertura de bandas como 6 GHz y 900 MHz para ampliar cobertura; y jornadas de capacitación regionales sobre gestión del espectro y despliegue de 5G.

De cara al próximo quinquenio, la ANE proyecta integrar redes terrestres y satelitales, aplicar inteligencia artificial a la planeación y llevar soluciones de conectividad a las zonas rurales y periféricas del país.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]