El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart (Partido Republicano, Florida) manifestó su desacuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro de solicitar la salida de la delegación diplomática de Israel en Colombia. En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Balart recordó que, en su juventud, el mandatario “fue miembro del grupo M-19” y afirmó que sus posiciones actuales “respaldan a quienes buscan eliminar al Estado de Israel”.

El legislador señaló además que, a su juicio, el presidente Petro “ha ignorado las atrocidades cometidas por Hamás hace casi dos años”, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, que dejaron más de 1.300 víctimas mortales, y reiteró sus críticas a las posturas del Gobierno colombiano frente a la región.

La decisión anunciada por el presidente Petro se produjo tras la interceptación por parte de la Armada de Israel de la Flotilla Global “Sumud” el 1 de octubre, en la que viajaban dos ciudadanas colombianas. El jefe de Estado calificó esa operación como un “crimen de lesa humanidad”, ordenó la salida del personal diplomático israelí y comunicó la suspensión del tratado de libre comercio con Israel.

Por su parte, Hamás emitió un mensaje de agradecimiento dirigido al presidente Petro, en el que valoró la expulsión de la misión diplomática y la suspensión del acuerdo comercial, calificándolas como una respuesta a lo que considera el “bloqueo” sobre Gaza. El grupo vinculó estas decisiones a la detención de activistas que viajaban en la citada flotilla.

Este intercambio de declaraciones ocurre en el contexto del segundo aniversario del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, derivada de los ataques del 7 de octubre de 2023. Según diversas fuentes, Hamás mantiene aún a 48 personas secuestradas, entre ellas dos estadounidenses y un ciudadano colombo-israelí. La postura del presidente Petro frente a esos hechos ha sido objeto de debate en Colombia y en el exterior.

TRUMP DECLARA “CONFLICTO ARMADO” CONTRA CARTELES Y JUSTIFICA ATAQUES EN EL CARIBE

El presidente Donald Trump informó al Congreso que Estados Unidos está en un “conflicto armado” formal contra los carteles de la droga, cuyos integrantes serán tratados como “combatientes ilegales”. La notificación busca otorgar un marco legal a los recientes ataques militares en el Caribe, que dejaron 17 muertos tras la destrucción de tres embarcaciones.

Según el documento, al menos dos de los barcos procedían de Venezuela y fueron señalados de transportar drogas o de estar operados por supuestos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua. Aunque la Casa Blanca no presentó evidencias públicas, la portavoz Anna Kelly defendió que “el presidente actuó de acuerdo con la ley de conflicto armado para proteger a nuestro país” y reiteró que Trump cumple su promesa de “enfrentar a los cárteles y eliminar amenazas a la seguridad nacional”.

El operativo incluyó un despliegue militar sin precedentes en el Caribe: casi una decena de buques de guerra —entre ellos un crucero, tres destructores y naves anfibias con infantería de Marina—, además de un submarino y 10 cazas furtivos F-35 enviados a Puerto Rico. Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos tres embarcaciones ligeras.

La decisión de clasificar la campaña contra los carteles como un conflicto armado otorga al presidente poderes extraordinarios. Expertos legales explicaron a The New York Times que, bajo el derecho internacional, en estas circunstancias un país puede matar a combatientes enemigos aunque no representen una amenaza inmediata, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.

La notificación al Congreso afirma que los carteles constituyen “grupos armados no estatales” que han lanzado un “ataque armado contra Estados Unidos”. Sin embargo, especialistas en narcotráfico subrayan que la principal causa del aumento de muertes por sobredosis —cerca de 100.000 al año— es el fentanilo proveniente de México, lo que genera dudas sobre la eficacia de los ataques focalizados en embarcaciones venezolanas.

TRUMP AMENAZA CON RECORTES A “AGENCIAS DEMÓCRATAS” EN MEDIO DEL CIERRE DE GOBIERNO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su director de presupuesto, Russell Vought, para definir qué “agencias demócratas” podrían enfrentar recortes durante el cierre de gobierno que entró en su segundo día. En un mensaje en redes sociales, Trump calificó la situación como una “oportunidad sin precedentes” otorgada por los demócratas, a quienes responsabilizó de la parálisis legislativa.

El mandatario ya congeló fondos federales destinados a proyectos de transporte y energía verde en estados de mayoría demócrata, y ha amenazado con despedir a miles de empleados federales. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, señaló que Trump “podría despedir a miles de trabajadores”, mientras que varios sindicatos han presentado demandas judiciales para frenar la medida. Sin embargo, tribunales federales han permitido que los despidos avancen mientras se resuelven los casos.

El cierre, el 15º desde 1981, ha paralizado investigaciones científicas, publicaciones de datos económicos y múltiples servicios administrativos, aunque programas como el Seguro Social continúan operando. Se estima que 2 millones de trabajadores federales han visto suspendidos sus pagos: unos 750.000 fueron enviados a sus casas sin trabajar, mientras que otros, como las tropas y agentes de la Patrulla Fronteriza, deben cumplir funciones sin recibir salario hasta nuevo aviso.

El enfrentamiento mantiene bloqueados alrededor de US$1,7 billones destinados a operaciones de agencias, equivalente a una cuarta parte del gasto anual del gobierno, en un contexto de deuda pública que asciende a US$37,5 billones. Los demócratas insisten en que cualquier proyecto de financiación debe incluir la extensión de subsidios de salud que expiran a fin de año, mientras que los republicanos quieren tratarlos por separado. El Senado volverá a sesionar el viernes, pero los republicanos necesitarán al menos siete votos demócratas para aprobar una ley de gasto.

Mientras tanto, Trump ha dejado claro que usará el cierre para presionar políticamente a la oposición, a la que acusa de debilitar al país. Los demócratas sostienen que se trata de un “secuestro” que pone a los ciudadanos como rehenes y viola la autoridad constitucional del Congreso sobre el gasto público. Por su parte, líderes republicanos afirman que, en ausencia de un presupuesto aprobado, es el presidente quien debe decidir cómo se utilizan los recursos disponibles.

LA CASA BLANCA CONGELA FONDOS PARA ESTADOS DEMÓCRATAS EN MEDIO DEL CIERRE DE GOBIERNO

La administración del presidente Donald Trump anunció la congelación de US$26.000 millones destinados a estados de tendencia demócrata, cumpliendo su amenaza de usar el cierre de gobierno como herramienta para golpear las prioridades de la oposición. Entre los programas afectados se encuentran US$18.000 millones para proyectos de transporte en Nueva York, hogar de los principales líderes demócratas en el Congreso, y US$8.000 millones para iniciativas de energía verde en California, Illinois y otros 14 estados.

El vicepresidente JD Vance advirtió que, si el cierre se prolonga más allá de unos días, el gobierno podría extender su “purga” de empleados federales, sumándose a los 300.000 despidos previstos antes de diciembre. Según informó la Oficina de Patentes y Marcas, ya se prepara el despido del 1% de sus 14.000 funcionarios. Mientras tanto, unos 750.000 trabajadores federales han sido enviados a sus casas sin pago, mientras que tropas y agentes fronterizos siguen trabajando sin remuneración.

El cierre de gobierno, el 15º desde 1981, ha paralizado investigaciones científicas, labores de supervisión financiera y proyectos de limpieza ambiental. Aunque el Departamento de Asuntos de Veteranos continuará con los entierros en cementerios nacionales, no levantará nuevas lápidas ni mantendrá el césped. El propio Trump defendió las medidas, asegurando en Truth Social que “se pueden ahorrar miles de millones de dólares” mediante estos recortes.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de “usar al pueblo estadounidense como peones” y calificó la estrategia como “chantaje partidista”. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, denunció que la congelación de fondos en Nueva York pondrá en riesgo miles de empleos. En contraste, algunos republicanos como el senador Thom Tillis alertaron que la decisión podría “envenenar” el ambiente en el Congreso y dificultar la salida del cierre.

La pugna legislativa quedó reflejada en el fracaso de dos votaciones en el Senado. Una propuesta republicana para extender la financiación hasta el 21 de noviembre y un plan demócrata que incluía beneficios de salud adicionales fueron rechazados, manteniendo el bloqueo. El punto de disputa central es un presupuesto de US$1,7 billones para operaciones de agencias, equivalente a una cuarta parte del gasto anual, en un contexto de creciente deuda pública que alcanza los US$37,5 billones.

Con las elecciones legislativas de 2026 en el horizonte, ambos partidos buscan atribuir al contrario la responsabilidad del cierre. Los demócratas sostienen que los republicanos, con el control de ambas cámaras y la Casa Blanca, son los responsables de la parálisis. Los republicanos, por su parte, acusan a los demócratas de ceder a presiones ideológicas y rechazar propuestas que tradicionalmente apoyaban. La incertidumbre recuerda al cierre de 35 días de 2018-2019, el más largo de la historia, que terminó solo tras el caos generado en aeropuertos por la ausencia de controladores aéreos.

CIERRE DEL GOBIERNO EN EE. UU. PONE EN RIESGO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA 6,7 MILLONES DE PERSONAS

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos amenaza con interrumpir la asistencia alimentaria para 6,7 millones de estadounidenses de bajos ingresos, en medio de un estancamiento en el Congreso que no muestra señales de resolverse pronto. El programa afectado es el Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC), que ofrece alimentos, consejería nutricional y apoyo a mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de cinco años.

Aunque representa apenas US$7.600 millones dentro de un presupuesto federal de alrededor de US$7 billones, WIC debe ser reautorizado anualmente por el Congreso, a diferencia de programas como el Seguro Social o Medicare. El Departamento de Agricultura aseguró que seguirá administrándolo mientras haya fondos disponibles, pero la Asociación Nacional WIC advirtió que las reservas son críticas debido a que el cierre coincidió con el fin del año fiscal.

Gobernadores estatales han tratado de tranquilizar a los beneficiarios, anunciando que mantendrán los servicios en el corto plazo. En Montana, la administración republicana aseguró que los recursos alcanzarán al menos por un mes, mientras que el gobernador demócrata de Connecticut, Ned Lamont, prometió continuidad en el apoyo. No obstante, senadores como John Fetterman advirtieron que millones de familias quedarían desprotegidas si la parálisis se prolonga más allá de los primeros días de octubre.

El enfrentamiento político sigue siendo central. La administración Trump culpó a los demócratas del cierre y de los riesgos para el WIC, mientras que estos señalaron que el propio gobierno había propuesto un recorte de US$300 millones al programa en su presupuesto para 2026. Aunque el Senado aprobó la financiación completa, el proyecto no se convirtió en ley. La senadora demócrata Jeanne Shaheen alertó que “sin esos recursos, muchas mujeres y niños no podrán alimentarse”.

Según expertos, la capacidad de WIC para seguir operando sin interrupciones dependerá de cada estado, que podría usar reservas, fondos no gastados o adelantos federales. Sin embargo, el Departamento de Agricultura advirtió en un informe interno que los recursos podrían agotarse hacia el 15 de octubre, lo que pondría en riesgo inmediato a millones de beneficiarios. “Estamos en un territorio desconocido”, advirtió Katie Bergh, analista del Center on Budget and Policy Priorities.

SECRETARIO DEL TESORO ADVIERTE QUE EL CIERRE DE GOBIERNO PODRÍA AFECTAR AL PIB DE EE. UU.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el cierre del gobierno federal podría impactar negativamente el crecimiento económico de Estados Unidos. “No es la manera de tener una discusión, cerrar el gobierno y reducir el PIB”, afirmó en una entrevista con CNBC. Según Bessent, la parálisis legislativa amenaza con frenar el dinamismo de la economía y golpear a los trabajadores estadounidenses.

Las declaraciones se dieron en el segundo día del cierre, mientras demócratas y republicanos no logran un acuerdo para aprobar una resolución de gasto que permita reabrir las agencias. El Producto Interno Bruto de EE. UU. creció a un ritmo anualizado de 3,8% en el segundo trimestre y, de acuerdo con el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta, la expansión se habría mantenido en el mismo nivel en el tercer trimestre.

Si bien cierres anteriores han tenido efectos limitados sobre el PIB, un bloqueo prolongado podría generar daños mayores, especialmente si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de despedir de forma permanente a parte de los 750.000 empleados federales afectados. Bessent minimizó esa posibilidad al calificarla de “punto de debate”, aunque reiteró sus críticas a los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, a quienes describió como “débiles y desorganizados”.

El mercado laboral ya muestra señales de fragilidad. Según ADP, las nóminas privadas cayeron en 32.000 empleos en septiembre, reflejando una desaceleración en la contratación. Además, la firma Challenger, Gray & Christmas reportó que los anuncios de despidos este año se ubican en su nivel más alto desde 2020, lo que aumenta los temores de un deterioro en la confianza empresarial.

En paralelo, Bessent adelantó que el próximo martes se anunciará un paquete de “apoyo sustancial” para los agricultores, en especial del sector sojero. También confirmó que continúa el proceso para seleccionar al sucesor de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, cuyo mandato expira en mayo de 2026. De los once aspirantes entrevistados, quedará una lista reducida de tres a cinco candidatos que será enviada al presidente Trump para la decisión final.

LA CORTE SUPREMA DE EE. UU. AMPLÍA EL USO DE SU “DOCKET DE EMERGENCIA” Y REFUERZA EL PODER DE TRUMP

La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora de 6-3, ha ampliado el uso de su denominado docket de emergencia, permitiendo al presidente Donald Trump implementar políticas sin esperar una revisión completa de su legalidad. La decisión más reciente autorizó a la Casa Blanca retener US$4.000 millones en ayuda exterior, a pesar de que un juez había determinado que los fondos, aprobados por el Congreso, debían ser ejecutados. La jueza liberal Elena Kagan advirtió en su disenso que se trata de un terreno “inexplorado” para el máximo tribunal.

Desde que Trump regresó al poder en enero, la Corte ha intervenido en 23 casos de emergencia relacionados con sus políticas, fallando a su favor en 21 de ellos y declarando otro como irrelevante. Estas resoluciones, muchas veces tomadas sin audiencias orales y con explicaciones limitadas, han permitido al mandatario avanzar con despidos masivos de empleados federales, recortes en investigaciones científicas y restricciones migratorias antes de que los litigios concluyan en instancias inferiores.

Los críticos señalan que este mecanismo, también llamado shadow docket, otorga a Trump un margen extraordinario para aplicar medidas controversiales, debilitando la supervisión del Congreso y de jueces federales. Según el análisis de Reuters, la Corte ha seguido al menos seis caminos legales distintos para respaldar sus decisiones, entre ellos frenar fallos de cortes inferiores, trasladar casos a otras jurisdicciones e incluso citar sus propios fallos de emergencia como precedente obligatorio.

Entre los efectos más visibles, el tribunal permitió a la administración prohibir a personas transgénero servir en el ejército, despedir funcionarios demócratas de agencias independientes, limitar becas del Instituto Nacional de Salud y deportar migrantes a países con los que no tienen vínculos. Expertos como Stephen Griffin, profesor de derecho constitucional en Tulane University, advierten que estos fallos no mantienen el statu quo, sino que tienen consecuencias irreversibles: “pueden significar que tu investigación no se financie o que tu esposo termine en una cárcel de El Salvador”.

Las juezas liberales han expresado fuertes críticas. Kagan denunció que el tribunal está creando “nueva ley” a través del docket de emergencia, mientras que Ketanji Brown Jackson lo comparó con el juego “Calvinball”, donde no existen reglas fijas salvo que la administración siempre gana. Pese a ello, la mayoría conservadora considera que no ha traspasado ninguna línea y defiende la doctrina del “ejecutivo unitario”, que concentra el poder del gobierno en el presidente.

Aunque la Corte podría verse obligada en el futuro a emitir fallos definitivos sobre algunas de estas políticas, por ahora la estrategia parece orientada a dar a Trump el beneficio de la duda y evitar un choque frontal que lo lleve a desobedecer una orden clara. Como señaló el académico Peter Shane, de la Universidad de Nueva York, el tribunal “intenta posponer al máximo el momento en que deba dictar una instrucción inequívoca que el presidente pueda desafiar”, consolidando así un escenario de creciente poder ejecutivo.

GOBIERNO DE TRUMP PROPONE A UNIVERSIDADES ACUERDO CON LÍMITES IDEOLÓGICOS Y DE MATRÍCULA EXTRANJERA

La administración del presidente Donald Trump envió un memorando de 10 puntos a universidades estadounidenses, proponiendo un acuerdo que condiciona el acceso preferencial a fondos federales a estrictas reglas sobre matrícula extranjera, ideología y políticas de diversidad. Entre las medidas figuran limitar al 15% la inscripción de estudiantes internacionales de pregrado, congelar las matrículas por cinco años, prohibir el uso de criterios de raza o sexo en admisiones y contrataciones, exigir exámenes estandarizados y frenar la inflación de calificaciones.

El documento, compartido con Reuters por un funcionario de la Casa Blanca, también plantea que los estudiantes extranjeros apoyen “los valores de Estados Unidos y de Occidente”, e insta a las universidades a excluir a quienes demuestren hostilidad hacia el país o sus aliados. Además, ordena compartir con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado cualquier información de estudiantes internacionales, incluidos registros disciplinarios, lo que ha despertado preocupaciones por la privacidad y el debido proceso.

Los beneficiarios de este acuerdo recibirían “múltiples beneficios positivos”, incluyendo “subvenciones federales sustanciales y significativas”. Cartas oficiales fueron enviadas a instituciones como Vanderbilt, Dartmouth, la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California, MIT, la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona, Brown y la Universidad de Virginia. El cumplimiento de los términos sería revisado por el Departamento de Justicia, y cualquier incumplimiento implicaría perder los beneficios.

La propuesta se enmarca en una campaña más amplia de Trump contra las universidades, a las que acusa de promover valores “antiamericanos” y de tolerar protestas pro-palestinas en contra de Israel. El gobierno ya ha alcanzado acuerdos con instituciones como Columbia, que aceptó pagar más de US$220 millones, y Brown, que se comprometió a entregar US$50 millones para programas laborales locales. Trump señaló además que está cerca de un acuerdo con Harvard que implicaría un pago de US$500 millones.

Críticos advierten que la iniciativa busca alinear a las universidades con la agenda política del presidente, limitando la libertad académica y de expresión. Organizaciones de derechos civiles sostienen que se confunde deliberadamente la crítica a la guerra de Israel en Gaza con antisemitismo y que las medidas de control ideológico violan principios fundamentales de la educación superior. El memorando intensifica así el choque entre la Casa Blanca y el sector universitario en un contexto de alta polarización política y social en Estados Unidos.

EE. UU. IMPONE NUEVAS SANCIONES A IRÁN EN APOYO AL “SNAPBACK” DE LA ONU

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy un paquete de sanciones en apoyo al “snapback” de sanciones de la ONU por el “incumplimiento significativo” de Irán con sus compromisos nucleares, y designó de forma específica a cinco individuos y a una entidad vinculada a la Organización de Innovación e Investigación Defensiva de Irán (SPND), considerada sucesora del programa nuclear pre-2004. Estas medidas se suman a sanciones previas del Departamento de Estado de mayo de 2025, cuando se sancionaron a tres funcionarios y una entidad por actividades de investigación nuclear con potencial militar.

Las acciones, explicaron las autoridades, responden a los intentos continuos de Teherán por adquirir componentes y tecnologías de doble uso aplicables a programas de proliferación que amenazan la seguridad regional y la de Estados Unidos. Washington subrayó que la reimposición de restricciones conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad —activada el 27 de septiembre— es clave para frenar esas rutas de adquisición.

El Departamento de Estado designó a sus objetivos bajo la Orden Ejecutiva 13382, dirigida a los proliferadores de armas de destrucción masiva (WMD) y a quienes los apoyan. Según el comunicado, las designaciones se hicieron en virtud de la sección 1(a)(ii) de la EO 13382 por participar o intentar participar en actos que “contribuyen materialmente” a la proliferación de WMD o sus medios de entrega, incluidos misiles capaces de transportar esas armas.

Entre los designados figura Reza Mozaffarinia, actual director del SPND, acusado de supervisar los esfuerzos del organismo para desarrollar tecnologías sensibles con aplicaciones nucleares y de procurar equipos de doble uso; Mozaffarinia ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2013 por actuar en favor del MODAFL. Ali Fuladvand, jefe de la Dirección de Investigación del SPND, es señalado por dirigir la obtención y el avance de tecnologías dual-use aplicables al desarrollo de armas nucleares.

También fue designado Mohammad Reza Ghadir Zare Zaghalchi, recientemente nombrado al frente del Shahid Fakhar Moghaddam Group (SFMG), subordinado al SPND y especializado en detección de radiación y comportamiento de neutrones; el SFMG ya había sido sancionado por el Tesoro en 2019 por su vínculo con SPND. Asimismo, la lista incluye a la empresa Andisheh Damavand International Technologies (DamavandTec) y a sus responsables: Ali Kalvand (CEO y director de la entidad pantalla) y Ali Bakouei (presidente de DamavandTec y jefe del departamento de física atómica y molecular en Tarbiat Modares University), señalados por facilitar viajes a Rusia para expertos y por intentar adquirir equipos avanzados con aplicación en armas nucleares.

El Gobierno recordó la directiva presidencial NSPM-2 de 4 de febrero, reiterando que “Estados Unidos está comprometido a negar a Irán todas las rutas hacia un arma nuclear” y advirtió que no dudará en responsabilizar también a entidades no iraníes que contribuyan a los programas de proliferación de Teherán en violación de las restricciones de la ONU. Las sanciones buscan cortar las cadenas de abastecimiento y las redes técnicas que sostienen el avance militar nuclear iraní.

ADMINISTRACIÓN TRUMP ORDENA DESPLIEGUE DE AGENTES MIGRATORIOS EN EL SUPER BOWL DE BAD BUNNY

El Gobierno de Estados Unidos anunció que enviará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al Super Bowl del próximo 8 de febrero en California, cuyo espectáculo de medio tiempo estará a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny. Según Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, la medida busca reforzar los controles migratorios en el marco de una directiva del presidente Donald Trump.

Lewandowski advirtió que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”. El funcionario reiteró que la prioridad del gobierno es aplicar la ley de manera estricta y garantizar la seguridad de los estadounidenses, enviando un mensaje de cero tolerancia a quienes residen sin documentos en territorio estadounidense.

Más allá de la seguridad, la decisión también refleja un trasfondo político y cultural. Lewandowski criticó abiertamente la selección de Bad Bunny como figura central del espectáculo, afirmando que es “una vergüenza” que un artista que “parece odiar tanto a Estados Unidos” represente el evento deportivo más importante del país. Sus comentarios intensifican el debate sobre identidad, migración y cultura en Estados Unidos.

La actuación del cantante puertorriqueño ha generado división de opiniones en la opinión pública. Algunos sectores celebran que por primera vez un artista latino se presente en solitario en el espectáculo de medio tiempo, mientras que otros cuestionan la decisión de la NFL en un contexto de creciente tensión política sobre migración y diversidad cultural en el país.

El Super Bowl, además de su relevancia deportiva, se ha convertido en un escenario de gran impacto político y social. La presentación de Bad Bunny simboliza un reconocimiento a la influencia cultural latina en Estados Unidos, pero también expone las tensiones que persisten en la sociedad respecto a migración, identidad y nacionalismo. El despliegue de ICE añade un matiz de confrontación a un evento que tradicionalmente busca unir a millones de espectadores en torno al entretenimiento.

FIFA ADVIERTE A TRUMP QUE LAS SEDES DEL MUNDIAL 2026 NO DEPENDEN DE LA CASA BLANCA

La Fifa lanzó una contundente advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este asegurara que podría retirar partidos del Mundial 2026 a ciudades gobernadas por demócratas si las considera “inseguras”. El vicepresidente de la organización, Victor Montagliani, fue claro al afirmar que “la Fifa toma las decisiones, es su jurisdicción” y que “el fútbol les supera”, en alusión a los líderes políticos.

Trump había señalado a ciudades como Seattle y San Francisco, a las que calificó de estar bajo el mando de “lunáticos de la izquierda radical”, amenazando con excluirlas de la Copa si las condiciones de seguridad no eran de su agrado. Desde el Despacho Oval, el mandatario dijo: “Si creemos que alguna ciudad puede ser peligrosa para el Mundial, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas”.

El republicano insistió en que la seguridad es un criterio razonable para evaluar las sedes y apuntó incluso a Chicago, pese a que no figura entre las 16 ciudades anfitrionas del torneo. Estas declaraciones se suman a su historial de choques con administraciones locales demócratas, en las que ha llegado a desplegar tropas de la Guardia Nacional en contra de la voluntad de autoridades estatales y municipales.

La Fifa, sin embargo, cerró filas en defensa de su autoridad. Montagliani reiteró que la organización está centrada en la planificación de las 16 sedes ya definidas y que ningún líder político puede alterar esa decisión. Con este pronunciamiento, la máxima entidad del fútbol dejó claro que el Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, será un torneo regido por criterios deportivos y logísticos, no por disputas partidistas.