En la sesión del Consejo de Seguridad dedicada a Colombia, Estados Unidos endureció su postura frente a la implementación del Acuerdo Final de 2016 y puso en revisión la continuidad de su apoyo a la Misión de Verificación de la ONU, al advertir sobre la persistencia de la violencia y el narcotráfico, y el riesgo de que los procesos de diálogo deriven en impunidad para actores armados. El embajador Mike Waltz atribuyó el deterioro de la seguridad a “fallas irresponsables” de liderazgo y cuestionó la efectividad de la estrategia gubernamental para reducir la criminalidad organizada.

La intervención de Washington se produce en un contexto de tensiones bilaterales tras la revocatoria de la visa del presidente Gustavo Petro durante la semana de Alto Nivel de la Asamblea General. De acuerdo con reportes de prensa internacional, el fundamento incluyó la referencia a “acciones temerarias e incendiarias” en Nueva York. 

Qué dijo cada parte hoy

• Estados Unidos (Emb. Mike Waltz):

Señaló que la falta de resultados frente a narcotráfico y violencia está socavando el avance hacia una paz sostenible. Cuestionó la continuidad del respaldo de EE. UU. a la Misión de Verificación, en ausencia de resultados medibles y garantías efectivas, y alertó sobre riesgos de impunidad en negociaciones con grupos armados.

• Colombia (Emb. Leonor Zalabata):

Solicitó la renovación del mandato de la Misión, subrayando el compromiso del Gobierno con la implementación del Acuerdo, en particular con el reconocimiento de los derechos de comunidades étnicas.

• Secretaría de la ONU (ASG Miroslav Jenča):

Describió la paz en Colombia como frágil, en medio de tensiones políticas previas a 2026, y llamó a sostener el acompañamiento internacional y a priorizar garantías de seguridad en los territorios.

Mandato y tiempos de decision

El mandato vigente de la Misión de Verificación fue renovado por unanimidad el 30 de octubre de 2024 mediante la Resolución 2754 (2024) y corre hasta el 31 de octubre de 2025. La discusión de hoy en el Consejo se inserta en el ciclo de revisión de octubre, cuando suele someterse a decisión la prórroga por un año. 

Condicionalidad y métricas 

La intervención de Estados Unidos dejó explícito que su respaldo político y financiero a la Misión de Verificación queda sujeto a resultados verificables en el terreno.

En concreto, Washington pidió evidencias periódicas y comparables de cuatro frentes:

i) Protección efectiva de excombatientes y liderazgos sociales —reducción de homicidios, amenazas y atentados, así como mayor cobertura y tiempos de respuesta de los esquemas de seguridad—;

ii) Descenso sostenido de la violencia y de las economías ilícitas, con trazadores sobre control de corredores, afectación de rentas criminales y disminución de eventos armados;

iii) Reincorporación con ingresos verificables, es decir, tasas de colocación y permanencia laboral, formalización y facturación de proyectos productivos, y acceso estable a servicios sociales; y

iv) Control territorial del Estado frente a grupos armados, medido en presencia simultánea de Fuerza Pública, justicia, oferta social y gobernanza local en zonas de alto riesgo. El embajador Mike Waltz vinculó explícitamente esta condicionalidad a la percepción de “fallas irresponsables” de liderazgo y advirtió que no habrá cheques en blanco si los diálogos se traducen en incentivos a la impunidad; en ese marco, “revisar” el apoyo de EE. UU. a la Misión es una opción real si los indicadores no mejoran con celeridad. 

Enfoque de verificación

Tanto la Secretaría como la delegación de Colombia subrayaron que el mandato mantiene funciones de verificación independiente sobre los compromisos del Acuerdo Final —en particular, reincorporación, garantías de seguridad y reforma rural— y que su eficacia depende de financiación estable y respaldo político en el Consejo.

El diseño institucional vigente (renovado por unanimidad en 2024) busca producir informes periódicos con hallazgos técnicos y recomendaciones, de modo que las decisiones del Consejo —incluida una eventual prórroga— se basen en evidencia y métricas comparables entre periodos. Este énfasis en la trazabilidad y la independencia del verificador fue alineado por la Secretaría con el llamado a sostener el acompañamiento internacional mientras persista la fragilidad de la paz y la presión de actores armados en territorios críticos.

Contexto político

La controversia por la visa del presidente Gustavo Petro —revocada la semana pasada por el Departamento de Estado con alusión a “acciones temerarias e incendiarias” durante una protesta en Nueva York— elevó el umbral de exigencia para mostrar avances en el corto plazo y endureció el tono de la delegación estadounidense en el Consejo. Aunque hoy no se adoptaron ajustes sustantivos al mandato, el clima diplomático implica que cualquier decisión de prórroga en octubre vendrá acompañada de exigencias de desempeño más nítidas y de una lectura más estricta de los reportes de verificación, especialmente en seguridad territorial y resultados contra economías ilícitas. 

Implicaciones para Colombia

• Multilateral: una renovación condicionada exigiría indicadores trimestrales y reportes más finos por territorio, alineados con las preocupaciones de varios miembros del Consejo.
• Bilateral: el tono crítico de EE. UU. puede traducirse en mayor escrutinio sobre cooperación y programas de seguridad rural y sustitución de economías ilícitas.
• Doméstico: se refuerza la urgencia de proteger a firmantes del Acuerdo y de acelerar proyectos productivos y de infraestructura en zonas priorizadas, para cerrar brechas de riesgo y respaldar una prórroga con base empírica. (Marco del mandato vigente). 

Importancia de mantener la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Es esencial para resguardar la confianza internacional y la calidad técnica del proceso de paz. La Misión aporta una verificación independiente de compromisos clave (reincorporación, garantías de seguridad y componentes rurales), con reportes periódicos que permiten decisiones informadas del Consejo de Seguridad; su mandato vigente fue renovado por unanimidad hasta el 31 de octubre de 2025.

En el contexto actual —con llamados de algunos miembros a fortalecer métricas y resultados— contar con un verificador neutral facilita mostrar avances objetivos, ajustar políticas cuando sea necesario y sostener la cooperación de socios clave. En suma, su continuidad ordena la conversación pública con evidencia, refuerza la protección de excombatientes y comunidades y mantiene un marco de acompañamiento multilateral que ha sido respaldo constante del Consejo. 

PETRO RECHAZA CRÍTICAS DE EE. UU. Y PIDE “NO ENTROMETERSE EN LA POLÍTICA INTERNA”

El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a las acusaciones del representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, quien lo señaló de usar una “retórica incendiaria” y de ampliar indebidamente el mandato de la Misión de Verificación en Colombia. Petro pidió al Gobierno Trump “no entrometerse en la política interna” y defendió que la política de paz de su administración es soberana.

El mandatario recordó que el Consejo de Seguridad solo tiene mandato sobre el proceso de paz con las FARC, derivado de un compromiso unilateral del Estado colombiano, y subrayó que su implementación se está cumpliendo. “El consejo de seguridad no tutela nuestra política de paz. Esta es soberana”, afirmó, en un mensaje que busca marcar distancia de las presiones internacionales.

En su intervención, Petro acusó a Washington de condicionar su postura frente al proceso colombiano por razones externas, en particular por la posición de Bogotá sobre Gaza. “La posición errada de los EE.UU. en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las FARC, que busca es el cambio de nuestra posición sobre el genocidio de Gaza, no es aceptada por nuestro Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, Petro reiteró que lo que ocurre en Gaza constituye un genocidio y llamó a que los responsables sean juzgados “como fueron juzgados los genocidas nazis en Núremberg”. La respuesta del presidente refleja el aumento de tensiones entre Bogotá y Washington, en un momento en que la renovación del mandato de la misión de la ONU es clave para garantizar la verificación internacional del acuerdo de paz.

EE.UU. DESTRUYE EMBARCACIÓN CON DROGAS FRENTE A VENEZUELA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una embarcación cargada con drogas fue interceptada frente a las costas de Venezuela, evitando que ingresara a territorio estadounidense. Según el mandatario, el cargamento tenía la capacidad de matar entre 25.000 y 50.000 personas, lo que calificó como una amenaza directa contra la seguridad nacional.

Poco después, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que, por orden directa de Trump, se ejecutó un ataque cinético contra el buque en aguas internacionales bajo el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM). En la operación murieron cuatro presuntos “narcoterroristas” que se encontraban a bordo, mientras que las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas.

Hegseth detalló que el buque se encontraba en una ruta identificada como corredor de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de drogas con destino a Estados Unidos. El funcionario destacó que los servicios de inteligencia confirmaron sin dudas la naturaleza ilícita de la misión y la afiliación del barco con organizaciones terroristas designadas.

“El operativo demuestra que continuaremos con estas acciones hasta que los ataques contra el pueblo estadounidense terminen”, advirtió Hegseth, reforzando el tono de confrontación de Washington frente al narcotráfico en el Caribe. La acción militar refuerza la estrategia de Trump de endurecer las medidas contra las redes de drogas transnacionales y representa un nuevo foco de tensión en la relación con Venezuela.

CIERRE DEL GOBIERNO APLAZA PUBLICACIÓN DE DATOS CLAVE DE EMPLEO EN EE. UU.

El U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) no publicó hoy los datos de empleo correspondientes a septiembre debido al cierre del Gobierno Federal. La paralización de funciones, causada por la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar los presupuestos, ha supuesto el aplazamiento indefinido de un informe clave para evaluar la salud de la economía estadounidense.

La suspensión preocupa especialmente a la Reserva Federal (Fed), que depende de estas cifras para calibrar su política monetaria de cara a la reunión prevista para finales de octubre. El BLS señaló que su web “no se actualiza en estos momentos” y que sus funciones se retomarán únicamente cuando el Gobierno reanude operaciones, dejando a analistas e inversores sin una referencia crítica del mercado laboral.

La situación se agrava por la crisis de liderazgo en la agencia, que permanece sin director desde que Trump despidiera en agosto a Erika McEntarfer tras calificar de “falsos” los datos publicados en julio. Además, la Casa Blanca retiró esta semana la nominación del economista conservador EJ Antoni, al no contar con los votos suficientes en el Senado, lo que prolonga la incertidumbre institucional en el organismo estadístico.

El retraso no solo afecta al reporte de empleo, sino que podría posponer también la publicación de los próximos datos de inflación, prevista para el 15 de octubre. Una demora adicional complicaría aún más el panorama de la Fed, que enfrenta presiones de Trump para aplicar recortes agresivos de tasas, mientras los analistas prevén un ajuste más moderado de 0,25% en la reunión del FOMC del 28 y 29 de octubre.

El cierre federal, que ya entra en su tercer día, no muestra señales de resolverse. Con más de US$1,7 billones en operaciones paralizadas, demócratas y republicanos se acusan mutuamente de bloquear un acuerdo. Ante la ausencia de cifras oficiales, los economistas recurren a fuentes privadas como ADP, cuyo último informe reveló la eliminación de 32.000 empleos en septiembre, confirmando la desaceleración del mercado laboral en un contexto de inflación aún elevada en 2,9%.

TRUMP CONGELA FONDOS DE TRANSPORTE EN CHICAGO EN PLENA PARÁLISIS DEL GOBIERNO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló US$2.100 millones destinados al sistema de transporte público de Chicago, intensificando su ofensiva contra ciudades gobernadas por demócratas en el tercer día del cierre federal. La medida afecta recursos para la expansión de trenes elevados y, según el director de presupuesto Russ Vought, busca evitar que los fondos fluyan mediante “contrataciones basadas en raza”.

Con este anuncio, la Casa Blanca ha bloqueado al menos US$28.000 millones en recursos para estados y ciudades opositoras, incluyendo proyectos de transporte en Nueva York y programas de energía limpia en California y Colorado. Funcionarios adelantaron que se evalúa también retener fondos a Portland, una de las ciudades más críticas de Trump durante su primer mandato.

La decisión provocó la reacción inmediata del gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien acusó a Trump de “tomar como rehenes” a los ciudadanos y de dañar la economía local. Pritzker, considerado un potencial candidato presidencial demócrata en 2028, advirtió que la medida golpea a miles de trabajadores que dependen del transporte público, acusando al presidente de usar el shutdown con fines partidistas.

En Washington, la crisis política sigue sin salida. El Senado se dispone a votar planes enfrentados de republicanos y demócratas para reabrir el gobierno, pero ninguno cuenta con apoyo suficiente. El cierre ha paralizado cerca de US$1,7 billones en operaciones gubernamentales, ha suspendido el pago a dos millones de empleados federales y detuvo la publicación de indicadores clave como el reporte de empleo mensual.

Los efectos empiezan a sentirse en todo el país: investigaciones científicas interrumpidas, retrasos en servicios públicos y riesgo de que programas de asistencia alimentaria se vean afectados si la parálisis se prolonga. Si no se alcanza un acuerdo pronto, los trabajadores federales perderán su primera quincena de pago en octubre, en un escenario que podría convertirse en el quinto cierre más largo de la historia y que recuerda la parálisis de 35 días ocurrida en 2018-2019.

TRUMP ANUNCIA ULTIMÁTUM A HAMAS Y ASEGURA ACUERDO DE PAZ EN MEDIO ORIENTE

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un fuerte mensaje en su red Truth Social, donde calificó a Hamas como una “amenaza despiadada y violenta” responsable de la masacre del 7 de octubre en Israel. Según afirmó, más de 25.000 combatientes de Hamas ya habrían sido abatidos y los restantes se encuentran “militarmente atrapados”, a la espera de una orden final para ser eliminados.

Trump pidió a los palestinos inocentes abandonar las zonas de combate en Gaza para evitar nuevas víctimas, asegurando que recibirán ayuda en áreas seguras. Al mismo tiempo, advirtió que quienes pertenezcan a Hamas “serán cazados y asesinados”, reiterando que no habrá refugio posible para sus integrantes.

El mandatario aseguró que las principales naciones de Medio Oriente, junto con Estados Unidos e Israel, han acordado un plan para alcanzar la paz “tras 3.000 años de conflictos”. En sus palabras, este pacto representa una “última oportunidad” para Hamas, que incluiría la liberación inmediata de todos los rehenes, incluso los cuerpos de quienes han muerto. Trump insistió en que el acuerdo ya cuenta con el respaldo de “todos los países de la región”.

Finalmente, Trump fijó un ultimátum para que Hamas acepte las condiciones antes del domingo a las 6:00 p.m. hora de Washington. De lo contrario, advirtió, se desatará “un infierno como nunca se ha visto antes” contra la organización. “Habrá paz en Medio Oriente, de una manera u otra”, concluyó en su mensaje, subrayando que esta es la última oportunidad para detener la violencia y el derramamiento de sangre en la región.

TRUMP REVIERTE RECORTE DE US$187 MILLONES A FONDOS DE SEGURIDAD EN NUEVA YORK

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió revertir el plan de su administración que recortaba US$187 millones de los fondos de seguridad y contraterrorismo destinados a Nueva York. El mandatario aseguró en redes sociales que los recursos, parte del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional administrado por FEMA, serán restaurados en su totalidad.

La decisión llega después de las críticas de la gobernadora demócrata Kathy Hochul, quien había advertido que los recortes serían “devastadores” para las operaciones de seguridad y contraterrorismo en el estado. Hochul celebró el giro de la Casa Blanca afirmando que sus gestiones evitaron una pérdida que habría afectado directamente la preparación frente a emergencias y el financiamiento de las fuerzas del orden.

El anuncio ocurre en un contexto judicial complejo: a inicios de semana, un juez federal en Rhode Island bloqueó temporalmente un recorte de US$233 millones en fondos de contraterrorismo para estados liderados por demócratas, tras una demanda presentada por once gobernadores. Este fallo puso presión adicional sobre la administración Trump para justificar cambios en la distribución de estos recursos.

Pese a la reversión en el caso de Nueva York, el gobierno mantiene congelados al menos US$28.000 millones en financiamiento para estados y ciudades demócratas, como parte de la estrategia de Trump para presionar a sus opositores en medio del cierre federal. La restauración de los fondos para seguridad neoyorquina muestra que las disputas políticas se entrelazan cada vez más con recursos esenciales para la seguridad nacional.

APPLE RETIRA APPS DE RASTREO DE ICE TRAS PRESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

Apple confirmó que retiró de su App Store a ICEBlock y aplicaciones similares de rastreo de agentes de inmigración, tras recibir una solicitud directa del gobierno de Donald Trump. La medida, poco común en Estados Unidos, se dio después de que el Departamento de Justicia advirtiera que las apps aumentaban el riesgo de ataques contra oficiales de ICE, un organismo central en la política migratoria del presidente.

La empresa tecnológica explicó en un comunicado que actuó “con base en información de las fuerzas del orden sobre riesgos de seguridad asociados a ICEBlock”. El fiscal general, Pam Bondi, celebró la decisión y afirmó que la app “pone en riesgo a agentes que solo cumplen su labor” y advirtió que el desarrollador podría enfrentar acciones legales. El creador de la aplicación, Joshua Aaron, rechazó esas acusaciones y calificó la decisión de Apple como “capitulación ante un régimen autoritario”.

La remoción refuerza el debate sobre los vínculos entre grandes tecnológicas y la Casa Blanca. Expertos advierten que compañías como Apple han buscado evitar choques con Trump, quien ha amenazado reiteradamente con imponer aranceles a las importaciones de insumos clave para sus productos. La sensibilidad es mayor dado que la mayoría de los iPhones se fabrican en China, país que encabeza las solicitudes de retiro de aplicaciones en la App Store.

Organizaciones de derechos civiles criticaron la decisión, al considerar que la vigilancia ciudadana sobre ICE está amparada por la Constitución estadounidense, siempre que no obstruya directamente la labor de los agentes. En varias ciudades, como Washington, residentes usan chats encriptados para alertar sobre redadas, aunque no está claro con qué frecuencia apps como ICEBlock emitían avisos efectivos. Desde que Trump volvió al poder, el ICE ha recibido US$75.000 millones adicionales hasta 2029 y ha intensificado detenciones.

Apple ya había retirado más de 1.700 aplicaciones en 2024 por demandas gubernamentales, en su mayoría solicitadas por China, Rusia y Corea del Sur. En contraste, Estados Unidos casi no aparecía en los reportes de transparencia de la compañía como solicitante de estas medidas. El episodio marca un precedente en el país y refleja cómo la presión política puede condicionar las decisiones de las grandes tecnológicas en un contexto de creciente control estatal y tensiones comerciales globales.

CARNEY VIAJARÁ A WASHINGTON PARA TRATAR CON TRUMP LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE CANADÁ Y EE. UU.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará Washington los días 6 y 7 de octubre para reunirse con el presidente Donald Trump en un momento en que las negociaciones bilaterales se encuentran estancadas. Según la oficina del primer ministro, la visita se enmarca en una agenda de trabajo centrada en “prioridades comunes en una nueva relación económica y de seguridad” entre los dos países, de cara a la revisión del T-MEC prevista para 2026.

Carney, que asumió el poder en abril, llegó con la promesa de recomponer los lazos con Washington tras la decisión de Trump de imponer aranceles a exportaciones canadienses y sus declaraciones sobre la posible anexión de Canadá. Desde entonces, Ottawa busca mantener un diálogo abierto con EE.UU. para frenar las tensiones comerciales, al tiempo que ha defendido la importancia de preservar el marco trilateral con México dentro del tratado norteamericano.

El conflicto se centra en los aranceles que la Casa Blanca mantiene sobre exportaciones estratégicas canadienses, como acero, aluminio y energía. En un principio, Canadá respondió con medidas de represalia, pero recientemente levantó esos gravámenes, quedando como el único socio, junto con China, que había adoptado sanciones de este tipo. México, por su parte, nunca tomó represalias contra Washington, lo que condicionó la estrategia de Ottawa.

El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, defendió la decisión de eliminar los aranceles de represalia argumentando que “ha llegado el momento, a la espera de la revisión del T-MEC, de asegurarnos de que no estamos en una posición diferente a la de nuestros socios mexicanos”. Sin embargo, la postura ha generado fuertes críticas internas y la oposición acusa a Carney de ceder sin obtener concesiones claras de Trump en las negociaciones.

El viaje a Washington representa un nuevo intento de encauzar la relación en medio de acusaciones de fracaso en la estrategia comercial canadiense. Para Carney, se trata de evitar un aislamiento frente a Estados Unidos y México en la antesala de la revisión del T-MEC, mientras enfrenta presiones internas por el costo económico y político de unas represalias que, según la oposición, resultaron contraproducentes para la economía canadiense.

TRUMPISMO ESTALLA CONTRA LA ELECCIÓN DE BAD BUNNY PARA EL SUPER BOWL 2026

La confirmación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 en California desató una ola de indignación entre seguidores de Donald Trump y miembros de su administración. Voceros del movimiento MAGA acusaron a la NFL de politizar el evento y calificaron al puertorriqueño como “enemigo de Trump” y “activista anti-ICE”. La reacción conservadora anticipa un Super Bowl marcado por tensiones políticas más allá del deporte.

Corey Lewandowski, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió en una entrevista que podría desplegar agentes de ICE durante la celebración, generando preocupación en torno a la seguridad de asistentes latinos. En redes sociales, figuras como el influencer Benny Johnson y la ex piloto Danica Patrick sumaron críticas, cuestionando el uso del español en el espectáculo y acusando a la NFL de “autodestruirse” con decisiones que dividen a la audiencia.

El rechazo conservador se extendió con voces como Robby Starbuck, quien responsabilizó a Roger Goodell y a la liga de “convertir el Super Bowl en propaganda progresista”. La molestia revela cómo el mayor evento deportivo de Estados Unidos se ha convertido también en un campo de batalla cultural, donde la representación latina y la política migratoria chocan de manera frontal. El fútbol americano, símbolo de unidad nacional, ahora queda en medio de un pulso ideológico.

Bad Bunny ha expresado reiteradamente críticas a las políticas migratorias de Trump y defendido los derechos de los latinos en Estados Unidos. En 2020 apoyó públicamente a Kamala Harris y en varias ocasiones denunció discursos discriminatorios hacia Puerto Rico. Su ascenso al escenario del Super Bowl, además de ser un logro artístico, simboliza la creciente visibilidad de la comunidad latina en un momento de endurecimiento migratorio.

El 8 de febrero de 2026, Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en encabezar en solitario el medio tiempo del Super Bowl. Más allá del espectáculo musical, su participación se perfila como un hito político-cultural en medio de la polarización estadounidense. Para la comunidad latina, la presentación es un gesto de representación y orgullo, mientras que para el trumpismo se interpreta como una provocación en plena contienda electoral y con la migración en el centro del debate nacional.

La controversia también obligó a la Casa Blanca a pronunciarse. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que, “hasta donde sé, no hay un plan tangible” de redadas migratorias durante el Super Bowl, aunque aclaró que la administración Trump seguirá arrestando y deportando a inmigrantes indocumentados “cuando los encontremos”. La declaración busca calmar temores tras versiones de un eventual despliegue de ICE en el evento, sugerido días atrás por Corey Lewandowski, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, lo que alimentó la percepción de que la final de la NFL podría convertirse en un nuevo escenario de confrontación política.