El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó los datos de 2024 sobre las visas tipo B —destinadas a turismo y negocios—, revelando una fuerte disparidad en las tasas de aprobación en América Latina. Según un análisis de Latinometrics, Nicaragua encabeza la lista con cerca del 60% de solicitudes rechazadas, seguida por Cuba, Haití, El Salvador y República Dominicana, todas con índices superiores al 40%. En contraste, países del Cono Sur como Uruguay, Argentina y Chile mantienen tasas por debajo del 20%.

Colombia figura en el top 10 regional con una tasa de rechazo cercana al 26%, superando a economías como Perú (25%), Chile (22%) y Panamá (21%). En los niveles más bajos se ubican Paraguay (20%), Brasil (18%), México (17%), Costa Rica (14%), Argentina (12%) y Uruguay (10%). Los datos confirman que los países andinos y centroamericanos enfrentan mayores obstáculos migratorios en comparación con las naciones del sur del continente.

El informe atribuye estas diferencias a los criterios de riesgo migratorio y estabilidad económica empleados por el gobierno estadounidense para evaluar solicitudes. Estos factores determinan la probabilidad de que un solicitante exceda su estancia o permanezca ilegalmente, lo que explica las variaciones entre países. Asimismo, influyen variables como los vínculos familiares en EE. UU., historiales de viajes previos y el perfil ocupacional de los solicitantes.

Más allá de la estadística consular, el fenómeno tiene efectos económicos y simbólicos. Las altas tasas de rechazo dificultan la movilidad de empresarios, turistas y profesionales latinoamericanos, afectando el intercambio cultural y las oportunidades comerciales con el principal socio de la región. Expertos señalan que las restricciones también impactan en el turismo receptivo de EE. UU., al reducir la llegada de visitantes de mercados emergentes.

En el caso colombiano, el repunte en los rechazos coincide con un contexto político bilateral más tenso y con percepciones de mayor riesgo migratorio por parte de Washington. Si bien la tasa de aprobación sigue siendo superior a la de varios países vecinos, la tendencia plantea un desafío para los vínculos comerciales y de movilidad con Estados Unidos, especialmente en un momento en que el turismo y la inversión dependen cada vez más de la confianza mutua y la facilitación de visados.

CASA BLANCA SUGIERE QUE EMPLEADOS PODRÍAN NO OBTENER PAGO RETROACTIVO TRAS EL CIERRE DEL GOBIERNO

La administración de Donald Trump ha señalado que algunos empleados federales afectados por el cierre del gobierno podrían no recibir el pago retroactivo después de que termine el cierre, lo que ha generado críticas de varios legisladores, quienes lo consideran ilegal. Un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) explica que la ley de 2019, que garantizó el pago retroactivo a los empleados federales tras un cierre, no se aplica a aquellos que han sido enviados a casa temporalmente. El presidente Trump también expresó que el pago retroactivo dependería de quién fuera el trabajador, sugiriendo que algunos no “merecen ser atendidos”.

Actualmente, unos 750.000 empleados federales no están recibiendo su pago regular debido al cierre, que comenzó el 1 de octubre, y que aún no tiene solución debido al estancamiento entre republicanos y demócratas en el Senado. Mientras los republicanos abogan por una legislación que solo trate sobre el presupuesto, los demócratas quieren que se aborden otros temas, como la atención médica.

El memorando de la OMB menciona que el gobierno está obligado a pagar a los empleados esenciales, como los controladores aéreos, que debieron trabajar durante el cierre, pero no a aquellos que fueron enviados a casa sin salario.

Los demócratas han criticado fuertemente la postura de la administración. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que la ley es clara y que todos los empleados enviados a casa tienen derecho a recibir el pago retroactivo. Por su parte, algunos republicanos también han mostrado dudas sobre la interpretación de la ley, como el senador John Thune, quien aseguró que espera que los trabajadores reciban su salario atrasado, y Thom Tillis, quien consideró un “error estratégico” generar incertidumbre sobre el pago retroactivo.

PRESIDENTE TRUMP ORDENA SUSPENDER TODO CONTACTO DIPLOMÁTICO CON VENEZUELA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó cancelar los esfuerzos diplomáticos con Venezuela y detener cualquier intento de negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, según reveló The New York Times. La instrucción fue comunicada directamente al enviado especial Richard Grenell, quien había liderado los contactos exploratorios en los últimos meses. La medida implica un giro drástico en la política exterior de Washington hacia Caracas.

Fuentes citadas por el diario neoyorquino afirmaron que la orden presidencial tiene aplicación inmediata y anula cualquier iniciativa de diálogo que hubiera estado en curso. Las conversaciones, que se desarrollaban de manera reservada, buscaban establecer canales para discutir la situación humanitaria y la seguridad regional, pero habrían enfrentado resistencia dentro del propio gabinete estadounidense.

La decisión de Trump refleja un endurecimiento de la estrategia hacia Venezuela, tras meses de tensiones y declaraciones cruzadas. Washington mantiene desplegados en el Caribe al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido y más de 4.500 efectivos, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas, por su parte, acusa a Estados Unidos de promover un intento de “cambio de régimen” y violar su soberanía territorial.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido cinco embarcaciones en operaciones antinarcóticos en el Caribe Sur, en las que murieron más de 20 personas. Trump ha sostenido que el país enfrenta un “conflicto armado no internacional” con los carteles, utilizando esa figura legal para justificar la ampliación de operaciones militares en aguas cercanas a Venezuela y el control de rutas marítimas hacia Centroamérica.

La ruptura de los contactos con Caracas cierra una ventana de posible distensión y acentúa la confrontación en el hemisferio. Para América Latina, la medida puede traducirse en mayor inestabilidad regional y presiones sobre aliados de ambos gobiernos. Venezuela, aislada diplomáticamente, podría reforzar su acercamiento a Rusia e Irán, mientras Estados Unidos reafirma su dominio naval en el Caribe como señal de disuasión y poder estratégico.

TRUMP ABRIÓ LA PUERTA PARA RENEGOCIAR EL TLC O ACUERDOS DISTINTOS EN REUNIÓN CON EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un encuentro marcado por tensiones comerciales y la revisión próxima del tratado T-MEC. Trump afirmó que entre ambos países existe “amor mutuo” pero también “conflicto natural”, aludiendo a las diferencias surgidas por los aranceles sectoriales y las amenazas de anexación que han deteriorado una de las alianzas más estables del hemisferio.

Durante la reunión, Trump se mostró dispuesto a renegociar el acuerdo de libre comercio o incluso a buscar “acuerdos distintos”, asegurando que “Estados Unidos tiene derecho a hacerlo”. El mandatario elogió a Carney como un “líder de clase mundial” y un negociador duro, en contraste con su trato hacia el ex primer ministro Justin Trudeau. “Queremos que Canadá prospere, pero también queremos el mismo negocio”, señaló Trump, subrayando la competencia bilateral en sectores estratégicos.

Carney rechazó el término “conflicto” y defendió la cooperación como eje central de la relación. “Competimos en algunos ámbitos, pero somos más fuertes juntos”, afirmó. Sin embargo, reconoció que Canadá busca alivios en los aranceles al acero y al aluminio, que actualmente alcanzan el 50% bajo la Sección 232. Fuentes citadas por The New York Times indicaron que Washington evalúa reducirlos al 25% o establecer cuotas libres de gravamen.

El primer ministro enfrenta presión interna para lograr avances antes de la revisión del T-MEC en 2026, especialmente por parte de la oposición y el empresariado canadiense. Carney recordó que más del 85% del comercio bilateral sigue libre de aranceles, y que Estados Unidos mantiene una tasa promedio de 5,6% sobre bienes canadienses, la más baja entre sus socios. Sin embargo, alertó que la incertidumbre sobre los aranceles amenaza inversiones clave en energía, minería y manufactura.

El ministro canadiense encargado del comercio bilateral comentó después que ambos lados habían avanzado durante lo que describió como una conversación exitosa, positiva y significativa con Trump, aunque destacó que los posibles acuerdos aún no estaban definitivos. “Estoy satisfecho y optimista porque creo que ahora tenemos un impulso que no teníamos al despertar esta mañana… pero todavía nos queda trabajo por hacer”, declaró Dominic LeBlanc a los periodistas.

TRUMP SOPESA INVOCAR LA LEY DE INSURRECCION

El presidente Donald Trump abrió la puerta a invocar la Ley de Insurrección, un instrumento excepcional que permite el uso doméstico de las Fuerzas Armadas, para sostener despliegues federales en ciudades gobernadas por demócratas en medio de un choque jurídico con autoridades estatales y locales. La amenaza llega mientras Illinois y Chicago demandaron a la Casa Blanca para impedir el envío de tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, operación que incluye la federalización de efectivos de Illinois y el traslado de contingentes desde Texas, según la presentación judicial. 

El frente judicial no se limita al Medio Oeste. En la Costa Oeste, un juez federal bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland (Oregón), un revés para la estrategia del Ejecutivo que busca reforzar la seguridad en torno a instalaciones federales y contener protestas intermitentes. Las audiencias continúan esta semana, con gobernadores y alcaldes alegando extralimitación federal y riesgos de militarización. 

Trump sostiene que los despliegues son necesarios para “restablecer el orden” y que no descarta activar la Ley de Insurrección si los tribunales o autoridades locales impiden actuar. Expertos advierten que una invocación de ese tipo abriría un litigio inmediato sobre su alcance, los umbrales de violencia exigidos y la relación entre la autoridad federal y la autonomía de los estados. 

Históricamente, el recurso es rarísimo: la última invocación ocurrió en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles, cuando el entonces presidente George H. W. Bush actuó tras la solicitud del gobernador de California. Antes, la ley se utilizó para hacer cumplir órdenes de desegregación escolar en el Sur durante la era de derechos civiles. 

¿Qué es la Ley de Insurrección (10 U.S.C. 251–255)?

Qué permite. Autoriza al presidente a federalizar la Guardia Nacional y, en ciertos escenarios, emplear a las Fuerzas Armadas dentro del país para:

• Asistir a estados que lo soliciten para sofocar insurrecciones (251);
• Hacer cumplir la autoridad federal cuando la ley sea obstruida (252);
• Responder a insurrección o violencia que impida el cumplimiento de leyes estatales o niegue la igual protección de las leyes (253).

Pasos formales. Prevé la emisión previa de una “proclamación para dispersar” ordenando a los involucrados desistir y retirarse. 

Relación con Posse Comitatus. La Ley de Insurrección es una excepción a la Posse Comitatus Act (1878), que en general prohíbe usar Ejército y Fuerza Aérea para hacer cumplir leyes civiles. Al invocarla, el Ejecutivo puede sortear esa prohibición dentro de los límites del propio estatuto. 

Alcance práctico.

• Permite federalizar a la Guardia Nacional (pasar de control estatal a título 10 federal) y usar unidades militares para misiones de orden público limitadas y concretas.
• No autoriza una militarización open-ended: los usos deben encajar en los supuestos de la ley y son revisables por tribunales.

Impacto potencial.

• Político: eleva la confrontación entre Washington y estados/ciudades; puede movilizar apoyos y resistencias simultáneamente.
• Jurídico: generaría litigios inmediatos para evaluar si se cumplen los umbrales de “insurrección/obstrucción” y si el Ejecutivo respetó los pasos formales.
• Operativo: aumentaría la presencia militar en áreas urbanas, con riesgos de escalada y tensiones con policías locales.

Límites y controles.

• Debe existir una base fáctica suficiente (insurrección, obstrucción grave, denegación de igual protección).
• La proclamación previa es requisito procedural.
• Los tribunales pueden suspender o acotar despliegues, como ya ocurrió en Portland con medidas cautelares.
• La actuación debe ser necesaria y proporcionada, y ceñirse a objetivos acotados (proteger funciones/propiedades federales, restablecer el imperio de la ley). 

PAM BONDI ENFRENTA CRÍTICAS EN EL SENADO Y ACUSA A LOS DEMÓCRATAS DE “POLITIZAR LA JUSTICIA”

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, defendió ante el Comité Judicial del Senado la actuación del Departamento de Justicia (DOJ) bajo la administración Trump, en medio de fuertes cuestionamientos por presunta persecución política a críticos del presidente. Ante los senadores demócratas, Bondi aseguró que su gestión está “retornando a la misión central de luchar contra el crimen real”, mencionando el aumento de operaciones federales en Washington D.C. y Memphis.

La jefa del DOJ rechazó las acusaciones de “instrumentalizar la justicia” mientras defendía investigaciones abiertas contra figuras cercanas a la oposición, como el exdirector del FBI James Comey y el ex “zar fronterizo” Tom Homan. Bondi atacó directamente a varios legisladores demócratas, señalando supuestos vínculos financieros con asociados del fallecido Jeffrey Epstein, después de negarse a divulgar archivos sobre sus casos de tráfico sexual.

En uno de los intercambios más tensos, Bondi responsabilizó a los demócratas por el cierre parcial del gobierno, afirmando que su bloqueo presupuestal “pone en riesgo la seguridad pública”. Dirigiéndose al senador Dick Durbin, líder demócrata del comité, exclamó: “Ojalá amaran tanto a Chicago como odian al presidente Trump”. La declaración provocó la indignación de varios miembros del panel, que acusaron a la fiscal de romper la neutralidad institucional que exige su cargo.

La audiencia se produce tras la imputación formal contra James Comey por presunto falso testimonio y obstrucción del Congreso, cargos que el propio Trump había exigido públicamente. Bondi eludió responder si el presidente intervino en el caso, alegando confidencialidad sobre sus conversaciones con la Casa Blanca. También confirmó que otras figuras que han investigado o criticado a Trump, como la fiscal de Nueva York Letitia James y el senador Adam Schiff, enfrentan procesos federales en curso.

Los demócratas denunciaron que Bondi ha purgado a fiscales de carrera y debilitado las unidades de corrupción y delitos financieros, alineando el Departamento con la agenda política del presidente. “En ocho meses ha transformado radicalmente el DOJ y dejado una mancha enorme en la historia de Estados Unidos”, afirmó Durbin.

ONG DEMANDA AL GOBIERNO TRUMP POR PRESUNTO SOBORNO AL “ZAR DE LA FRONTERA”

La organización anticorrupción Democracy Forward presentó una demanda federal en Washington D.C. contra el Gobierno de Donald Trump para exigir la publicación de una grabación que, según la ONG, probaría que Tom Homan —conocido como el “zar de la frontera”— recibió un soborno de US$ 50.000 de un agente encubierto del FBI. El caso busca obligar al Departamento de Justicia y al propio Buró a entregar la evidencia en cumplimiento de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, afirmó que la administración “Trump-Vance sigue debilitando la rendición de cuentas ante el pueblo estadounidense”. El grupo sostiene que la grabación constituye un asunto de “interés excepcional” para el público, en medio de crecientes denuncias sobre el manejo político de las agencias federales durante el nuevo mandato presidencial.

Según reportes de MSNBC, el supuesto pago se realizó en 2024, cuando Homan prometió a agentes encubiertos —que se hacían pasar por contratistas de seguridad fronteriza— su ayuda para conseguir contratos en caso de un triunfo republicano. El encuentro habría ocurrido un mes antes de las elecciones presidenciales del año pasado, lo que ha reavivado los cuestionamientos sobre el uso político de la seguridad migratoria.

El FBI, actualmente dirigido por Kash Patel, aliado cercano de Trump, habría cerrado la investigación a comienzos de este año, decisión que generó preocupación entre grupos civiles y legisladores demócratas. Homan, en tanto, calificó las acusaciones de “jodidas mentiras” en una entrevista con NewsNation, y aseguró que se trata de un intento de desacreditar sus políticas migratorias.

La denuncia llega en un contexto de tensiones institucionales entre la Casa Blanca y el poder judicial, mientras crece el escrutinio sobre el control político de las agencias de seguridad. El caso podría reabrir el debate sobre la independencia del FBI y la transparencia gubernamental, en un momento en que las investigaciones por corrupción y conflictos de interés amenazan con erosionar aún más la confianza en las instituciones estadounidenses.

DELEGACION DE EEUU VIAJA A EGIPTO; TRUMP AFIRMA “PASOS IMPORTANTES” Y “OPORTUNIDAD REAL” DE UN ACUERDO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que ve “opciones reales” para un acuerdo sobre Gaza y confirmó el envío de una delegación encabezada por su enviado especial Steve Witkoff, junto con Jared Kushner, para sumarse a las conversaciones en Egipto. Las rondas de contactos giran en torno a un plan de 20 puntosimpulsado por la Casa Blanca. Trump dijo sentirse “optimista” con la posibilidad de un entendimiento que incluya liberación de rehenes y garantías de seguridad, aunque evitó dar plazos o detalles operativos. 

Según mediadores y coberturas de prensa, Hamás comunicó que acepta algunos elementos del esquema —entre ellos, la liberación de los rehenes— pero mantiene reservas y solicita aclaraciones sobre varios puntos sensibles. En paralelo, Qatar advirtió que aún faltan precisar muchos detalles, señal de que las diferencias persisten pese al impulso diplomático. 

Del lado israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha manifestado apoyo al proceso alrededor del plan, aunque su gobierno enfrenta resistencia interna sobre asuntos como la desmilitarización de Hamás y la discusión de una eventual ruta hacia un Estado palestino. En las últimas semanas, Netanyahu reiteró públicamente que se opone a la creación de un Estado palestino, lo que tensiona el margen de negociación. 

Las conversaciones se realizan en Sharm el-Sheij (Egipto), con participación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, en el marco del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, murieron alrededor de 1.200 personas en Israel y, según las autoridades sanitarias de Gaza, más de 67.000 palestinos; la situación humanitaria en el enclave sigue siendo crítica.

La Casa Blanca ha presentado un marco de 20 puntos que, en términos generales, plantea un cese del fuego con retirada escalonada de las fuerzas israelíes; la liberación de rehenes a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos; la desmilitarización de Hamás acompañada de garantías de seguridad bajo supervisión internacional; y la administración transitoria de Gaza por una autoridad tecnocrática o internacional, junto con un programa de reconstrucción. Se trata de lineamientos amplios cuyo detalle operativo —secuencias, umbrales y salvaguardas— continúa en discusión entre las partes y los mediadores.

Lo confirmado hasta ahora es que Estados Unidos sostiene que hay avances y ha enviado una delegación a Egipto encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner; que Hamás dice aceptar elementos del plan —en especial lo relativo a la liberación de rehenes— pero condiciona la desmilitarización y la posibilidad de una administración externa de Gaza; que Qatar advierte que “faltan muchos detalles por resolver”; y que el primer ministro Benjamín Netanyahuacompaña el proceso, aunque mantiene su rechazo a la creación de un Estado palestino, una postura que estrecha el margen para una salida política integral.

En este contexto, siguen abiertas cuestiones clave: los mecanismos y plazos para la desmilitarización de Hamás; la definición de quién y cómo gobernará Gaza durante la durante la transición —incluida la legitimidad, el mandato y la coordinación con actores locales—; y las garantías para un flujo sostenido de ayuda humanitaria y la financiación de la reconstrucción, con verificación independiente y cronogramas verificables.

FAMILIAS DE REHENES PIDEN AL COMITÉ NOBEL OTORGAR EL PREMIO DE LA PAZ A DONALD TRUMP

Familias de los rehenes aún retenidos en Gaza, junto con parientes de los ya liberados, enviaron este lunes una carta al Comité Noruego del Nobel solicitando que el presidente Donald J. Trump reciba el Premio Nobel de la Paz de 2025. En el texto, difundido por el Hostages and Missing Families Forum, afirman con “un sentido de urgencia monumental” que la determinación del mandatario “hizo posible lo que muchos consideraban imposible” y que “ningún otro líder ha contribuido más a la paz mundial en el último año”.

Los firmantes destacan que, desde el inicio de su mandato, Trump priorizó la recuperación de rehenes y que su “liderazgo extraordinario” permitió el retorno de 39 personas, además de facilitar “el cierre y la dignidad del entierro” para otras familias. También sostienen que bajo su gestión “decenas de ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades” recuperaron la libertad gracias a sus esfuerzos diplomáticos.

El foro subraya que el plan de paz impulsado por Trump para Gaza y Medio Oriente ha devuelto la esperanza a las familias afectadas. “Por primera vez en meses, creemos que nuestra pesadilla está por terminar”, señala la carta, en la que se expresa confianza en que el mandatario “no descansará hasta que el último rehén sea liberado y la guerra haya terminado”. Los familiares aseguran que el presidente “ha mediado con éxito en la resolución de múltiples conflictos armados en el mundo desde enero”.

Citando el mandato de Alfred Nobel de premiar a quienes promuevan la fraternidad entre naciones y la reducción de los ejércitos permanentes, las familias afirman que Trump “encarna esa visión” y que “no solo ha hablado de paz, sino que la ha conseguido”. La solicitud se produce pocos días antes de que el Comité anuncie al ganador, mientras líderes como Benjamin Netanyahu y el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald S. Lauder, respaldan abiertamente la candidatura de Trump, apoyada ya por al menos siete gobiernos en el último año.

EE. UU. NO PUBLICA SU ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL POR EL CIERRE DEL GOBIERNO

El índice de balanza comercial de Estados Unidos, previsto para publicarse este martes, no fue difundido debido al cierre parcial del Gobierno federal iniciado el 1 de octubre. La Bureau of Economic Analysis (BEA), encargada del informe, suspendió sus operaciones junto con otras agencias como la Bureau of Labor Statistics (BLS), afectando la disponibilidad de datos clave para los mercados y los inversionistas.

El indicador mide la diferencia entre exportaciones e importaciones, tradicionalmente negativa para Estados Unidos. La última cifra disponible, correspondiente a julio, situó el déficit comercial en US$ 78.300 millones, en línea con las proyecciones de los analistas. El reporte de agosto debía publicarse hoy, pero fue aplazado indefinidamente hasta que se apruebe un nuevo presupuesto federal.

La ausencia de este y otros datos económicos genera preocupación entre analistas y operadores financieros, quienes advierten que el “apagón estadístico” limita la capacidad de anticipar decisiones de política monetaria. En las últimas semanas tampoco se han publicado los informes de empleo ni las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, ambos elaborados por la BLS y fundamentales para evaluar la salud del mercado laboral estadounidense.

Economistas como Anthony Willis (Columbia Threadneedle Investments) y Juan José Fernández-Figares (Link Securities) advierten que, si el cierre se prolonga, la Federal Reserve (Fed) podría verse obligada a decidir su próxima movida sobre tasas de interés con información incompleta. “La Fed está navegando a ciegas”, señaló Willis, subrayando que el organismo depende críticamente de datos actualizados para calibrar su estrategia.

El estancamiento político en el Congreso, que ha bloqueado propuestas tanto republicanas como demócratas para reabrir el Gobierno, prolonga la incertidumbre en los mercados. Con la falta de indicadores oficiales y el aumento de la volatilidad financiera, analistas prevén que la Fed opte por mantener su política monetaria sin cambios hasta recuperar acceso pleno a los datos económicos.

BAD BUNNY REAVIVA EL DEBATE CULTURAL EN EE. UU. TRAS PROPUESTA REPUBLICANA POR EL INGLÉS OFICIAL

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene pidió al Congreso aprobar su proyecto de ley para declarar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, luego de los comentarios del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien invitó al país a “aprender español” antes de su presentación en el Super Bowl. La legisladora calificó al cantante como “perverso y no deseado”, y sostuvo que la NFL debía dejar de promover “actuaciones sexuales demoníacas” en sus espectáculos de medio tiempo.

El proyecto, introducido por Greene el 5 de marzo, busca que el inglés sea la lengua obligatoria para todos los actos del gobierno federal y un requisito para la naturalización, aunque no prohíbe la enseñanza de otros idiomas. La propuesta se enmarca en la agenda nacionalista y antiinmigrante del ala MAGA, que ha intensificado su discurso cultural a medida que se acercan las elecciones de 2026.

Bad Bunny, por su parte, se convertirá en el primer artista latino en actuar en solitario en el Super Bowl, el 8 de febrero en California. En su reciente aparición en Saturday Night Live, el músico afirmó que su presencia en el evento representaba un logro para la comunidad latina y que, si el público no entendía sus palabras, tenía “cuatro meses para aprender español”. El comentario desató una ola de críticas de sectores conservadores que lo acusan de “politizar” el espectáculo deportivo.

La controversia también reactivó posturas restrictivas en torno al uso del español, idioma hablado por más de 42 millones de personas en Estados Unidos y fundamental en la cultura y economía del país. Asesores del Departamento de Seguridad Nacional incluso advirtieron sobre mayores controles migratorios durante eventos masivos, mientras figuras latinas en el Congreso y en Hollywood defendieron el valor del bilingüismo como reflejo de una nación diversa.