Un funcionario de la Casa Blanca, citado por Reuters, calificó como “infundada y reprochable” la afirmación del presidente Gustavo Petro según la cual una embarcación colombiana con colombianos a bordo habría sido impactada en un reciente operativo militar de EE. UU. en el mar Caribe, y pidió una retractación pública para preservar un diálogo productivo. La Administración estadounidense mantiene que sus operaciones se enmarcan en la ley y forman parte de acciones contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico. 

El presidente Petro, a través de su cuenta de X, señaló que existen “indicios” de nacionalidad colombiana entre los fallecidos y, solicitó información para verificar identidades. AP reportó hoy que el Pentágono no ha confirmado identidades de los ocupantes ni todos los detalles operativos.

En paralelo, el Senado de EE. UU. derrotó hoy una resolución demócrata (War Powers) que buscaba limitar el uso de la fuerza en estos operativos sin autorización del Congreso. El debate legislativo sobre alcance y supervisión seguirá abierto, pero no impone frenos inmediatos. 

Relevancia sobre la mención de nacionalidad de los fallecidos

Entendiendo que las aguas internacionales o alta mar son las zonas situadas fuera del mar territorial y de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados —es decir, áreas que no pertenecen a la soberanía de ningún país—, la solicitud del presidente Petro adquiere relevancia porque, si la operación en cuestión afectó a un buque, rige por regla general la jurisdicción del pabellón: un buque está sometido exclusivamente a las leyes del Estado cuyo pabellón enarbola, salvo excepciones expresas como el derecho de visita (cuando se sospecha que el buque es apátrida o está falseando su bandera) y la persecución en caliente (hot pursuit), que puede iniciarse en aguas jurisdiccionales del Estado ribereño y continuar ininterrumpidamente hacia la alta mar.

Por eso, operaciones en alta mar que se ajusten a estas reglas (o que cuenten con el consentimiento del Estado de pabellón) no vulneran la soberanía de ningún país; en cambio, una acción contra un buque con pabellón colombiano sin consentimiento o sin una excepción válida sí podría implicar una afectación a la jurisdicción colombiana y justificar solicitudes de verificación.

En ese marco jurídico-técnico, la vía apropiada para que Colombia pida información es diplomática y técnica: una nota verbal de la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia) al U.S. Department of State (Departamento de Estado de EE. UU.), y contactos con el Pentágono y el SOUTHCOM (U.S. Southern Command — Comando Sur), que pueden facilitar un briefing clasificado o intercambio reservado de datos operacionales.

Si existen indicios de víctimas colombianas, esas peticiones encajan además en mecanismos del CHMR-AP (Civilian Harm Mitigation and Response Action Plan — Plan de Mitigación y Respuesta al Daño Civil) y en la instrucción DoD 3000.17 del DoD (Department of Defense — Departamento de Defensa), que prevén procedimientos para recibir información externa y realizar evaluaciones de daño a civiles; técnicamente también es posible solicitar registros por la FOIA (Freedom of Information Act — Ley de Libertad de Información), aunque la información operacional sensible suele quedar protegida por exenciones (p. ej., Exemption 1, relativa a seguridad nacional) y los plazos son largos, por lo que en una situación de crisis la vía diplomática/ técnica suele ser la alternativa más expedita y eficaz para obtener aclaraciones o evidencia compartida con cadena de custodia y fines forenses o consulares.

Posibles pasos (48–72 horas)

Posibles acciones de Estados Unidos

• Demarche diplomático formal y comunicación pública
  • Washington intensifica los pedidos públicos de rectificación y realiza un demarche oficial a la Cancillería colombiana (vía nota verbal o canal diplomático), reiterando que considera la afirmación “infundada y reprochable” y pidiendo aclaración. 

• Oferta de intercambio técnico/briefing (reservado)
  • Para desactivar la polémica, EE. UU. puede ofrecer un briefing clasificado o reservado a autoridades colombianas (Cancillería, Ministerio de Defensa) —esto es práctica habitual en relaciones de seguridad para evitar filtraciones públicas y resolver dudas técnicas—, sujeto a condiciones de protección de inteligencia.

• Ajustes condicionados en cooperación
  • Si la disputa se mantiene, Washington puede condicionar el ritmo o acceso a ciertos intercambios sensibles de información y cooperación operativa (por ejemplo, priorización de canales, limitación temporal de compartición de inteligencia operativa), sin cortar programas estratégicos. Este tipo de calibración es la respuesta más frecuente cuando hay fricción política con aliados.

• Señales administrativas / restringidas
  • Como medida de presión escalable pero no extremo, EE. UU. podría aplicar restrictivas selectivas (p. ej., revisiones más estrictas de visados para funcionarios señalados) o posponer visitas bilaterales de alto nivel. No son sanciones económicas y sirven para marcar descontento.

Posibles acciones de Estados Unidos

• Nota verbal y requerimiento técnico inmediato
  • La Cancillería emitirá una nota verbal solicitando información precisa: coordenadas, Battle Damage Assessment (BDA), hora/fecha de la acción, reglas de enfrentamiento aplicadas, lista de blancos investigados y identidad de los fallecidos si existe. Este es el camino diplomático formal y urgente.

• Conformación de equipo técnico-forense
  • El Gobierno articulará un equipo interinstitucional (Cancillería, Fiscalía/Procuraduría, Fuerzas Militares, DIJIN/forense) para recibir y procesar información, establecer cadena de custodia y coordinar peritajes si se comprueba presencia de nacionales. Si procede, se buscará cooperación forense con el Estado de pabellón o terceros. Las normas del DoD y su CHMR-AP sobre mitigación y respuesta al daño civil describen procesos de evaluación y cooperación en estos casos. 

• Mensaje público calibrado
  • Comunicados oficiales prudentes: notificar que se ha solicitado información por canales técnicos y que se informará públicamente una vez haya verificación independiente. Evitar declaraciones culminantes hasta contar con evidencia.

• Activación consular y judicial (si hay víctimas)
  • Si hay indicios de nacionales fallecidos o heridos, se activa la ruta consular (asistencia a familias, repatriación, certificación de identidad) y eventuales procesos judiciales/investigativos en coordinación con la Fiscalía y contrapartes internacionales.

Acciones conjuntas posibles (mecanismos de resolución)

• Briefing bilateral clasificado
  • Acuerdo para un briefing clasificado a representantes técnicos colombianos donde EE. UU. comparte (en la medida que la ley y la seguridad lo permitan) datos operacionales y BDA. Esto puede incluir intercambio de imágenes, coordenadas y evaluación preliminar. El objetivo: cerrar la controversia sin exposición pública de fuentes sensibles.

• Investigación técnico-forense conjunta
  • Si la evidencia lo amerita, montar una investigación conjunta con protocolos de cadena de custodia y expertos forenses independientes (posible participación de terceras partes neutrales) para clarificar identidad de ocupantes y causas de muerte.

• Declaración conjunta o comunicado técnico
  • Concluida la verificación, emitir un comunicado conjunto que aclare hallazgos y pasos posteriores (p. ej., medidas administrativas, reconocimientos ex gratia o investigaciones internas), reduciendo la disputa política.

Nota:La información contenida en este boletín tiene un carácter informativo y analítico. No pretende ni debe entenderse como declaración oficial o como vocería de ninguna de las partes involucradas (Gobierno de Colombia ni Gobierno de Estados Unidos). Se presentan escenarios posibles y pasos probables con base en prácticas diplomáticas y marcos legales, pero ello no implica que tales escenarios vayan a ocurrir, ni que sean los únicos cursos de acción posibles. Los plazos y ventanas temporales mencionados son indicativos —estimaciones razonadas para efectos de seguimiento— y no constituyen una norma, calendario obligatorio ni garantía de que los hechos se desarrollarán conforme a esas estimaciones.

DEMOCRATAS EN EE. UU. IMPULSAN LIMITAR OPERACIONES MILITARES EN EL CARIBE Y PIDEN ESCRUTINIO DEL CONGRESO

El Senado de Estados Unidos debatirá una resolución presentada por los demócratas Adam Schiff y Tim Kaine que busca detener nuevas operaciones militares contra embarcaciones en el Caribe sin autorización del Congreso. La iniciativa, tramitada bajo la War Powers Resolution, pretende asegurar un debate y voto formales sobre el alcance y la base legal de estas acciones.

Según el texto, el narcotráfico por sí solo no constituye un “ataque armado” que habilite el empleo de la fuerza sin aval legislativo, y la designación de organizaciones como terroristas no confiere por sí misma autoridad al Ejecutivo para ordenar ataques. La resolución también señala que el Congreso aún no cuenta con información suficiente sobre los blancos, la necesidad del uso de fuerza letal, alternativas no letales y la base jurídica invocada.

Las operaciones recientes en el Caribe —varios ataques contra presuntas lanchas vinculadas al narcotráfico y decenas de fallecidos— han intensificado el debate sobre legalidad, proporcionalidad y supervisión civil. Desde la administración, el secretario de Estado Marco Rubio y el Departamento de Defensa han defendido la legalidad de las acciones y sostienen que responden a amenazas a la seguridad nacional.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro señaló en X que el Caribe “se ha abierto como un nuevo escenario de guerra” y afirmó que la última embarcación atacada podría haber sido colombiana, mientras que la Casa Blanca negóesa versión. Estas afirmaciones permanecen bajo verificación y han añadido sensibilidad diplomática en la región.

SE ACERCAN FECHAS CRÍTICAS MIENTRAS SE AGRAVA EL CIERRE DEL GOBIERNO EN ESTADOS UNIDOS

Con el cierre del gobierno estadounidense entrando en su segunda semana, aumenta la presión sobre el Congreso para alcanzar un acuerdo que restablezca la financiación. Republicanos y demócratas siguen en punto muerto, y los efectos comienzan a sentirse en la economía y en los servicios públicos. En los próximos días vencen varios plazos clave que podrían incrementar la urgencia de poner fin al bloqueo.

El primer impacto importante llegará el 10 de octubre, cuando la mayoría de los empleados federales no recibirán su salario programado. La semana siguiente, el 15 de octubre, los miembros activos de las Fuerzas Armadas también dejarán de percibir su pago si el cierre continúa, lo que representa un punto políticamente sensible para la Casa Blanca. El personal civil del Pentágono recibirá sueldos reducidos. Aunque en cierres anteriores se ha autorizado el pago retroactivo, el presidente Donald Trump ha sugerido que esta vez podría no ser así.

La recopilación de datos económicos también se ha visto afectada. La Oficina de Estadísticas Laborales no puede procesar la información necesaria para publicar los informes clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de salarios reales, previstos para el 15 de octubre. Esta interrupción aplazará el anuncio anual de ajuste por costo de vida de la Administración del Seguro Social para 2026, que depende de dichos datos para calcular los aumentos en las pensiones de jubilación.

Otro foco de preocupación es el programa de asistencia alimentaria WIC (Mujeres, Infantes y Niños), que beneficia a casi 7 millones de personas en todo el país. Según estimaciones del Senado, los fondos podrían agotarse en varios estados a partir del 15 de octubre. La Casa Blanca ha indicado que evalúa transferir parte de los ingresos por aranceles para sostener temporalmente el programa, aunque cualquier medida será limitada sin la aprobación del Congreso.

Finalmente, hasta US$15.000 millones en ayudas agrícolas destinadas a compensar la caída de exportaciones y los altos costos de insumos quedaron suspendidos por la falta de financiación. Sin autorización presupuestal, el gobierno no puede efectuar los pagos, lo que añade presión al sector rural. A medida que el cierre se prolonga, se prevé que sus costos económicos y políticos aumenten, poniendo a prueba la capacidad operativa del Estado y la paciencia del público.

CIERRE DEL GOBIERNO OBLIGA AL IRS A SUSPENDER CASI LA MITAD DE SU PERSONAL

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) anunció la suspensión temporal de más de 34.000 empleados, equivalente al 46% de su fuerza laboral, debido al cierre del gobierno federal. La medida, que comenzó el 1 de octubre, implica el cierre de los centros de atención al contribuyente y afecta principalmente a trabajadores de tecnología, atención telefónica y personal de la sede central. Solo continuarán laborando quienes implementan la nueva ley fiscal y de gasto firmada por el presidente Donald Trump en julio.

La agencia explicó que la decisión se tomó tras no alcanzarse un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el presupuesto federal. En un comunicado fechado el 29 de septiembre, el IRS había advertido que, si el cierre superaba los cinco días hábiles, sería necesario enviar a parte del personal a casa sin goce de sueldo. El incumplimiento de ese plazo llevó a la ejecución de los despidos temporales esta semana.

En una carta a los empleados, el funcionario David Traynor recordó que una ley de 2019 obliga al gobierno a pagar retroactivamente los salarios de quienes sean suspendidos durante un cierre. Sin embargo, la administración Trump ha propuesto reinterpretar esa disposición, argumentando que los pagos no deberían ser automáticos. El presidente incluso sugirió que algunos trabajadores no recibirían remuneración al reanudarse las operaciones, generando incertidumbre entre los afectados.

Mientras tanto, continúan las negociaciones en el Congreso sin señales de avance. Los líderes demócratas condicionan un acuerdo presupuestal a la extensión de los subsidios de salud para 24 millones de estadounidenses cubiertos por la Ley de Cuidado Asequible (ACA). La Casa Blanca, por su parte, ha rechazado incluir ese componente en el pacto, prolongando el estancamiento que mantiene paralizadas varias agencias federales.

El presidente del sindicato American Federation of Government Employees (AFGE), Everett Kelley, instó al Congreso a aprobar de inmediato una ley para reabrir el gobierno y permitir que los empleados regresen a sus funciones. “Deberían abrir el gobierno hoy, sea como sea”, afirmó. AFGE, que representa a más de 800.000 funcionarios, advirtió que el cierre afecta directamente a millones de contribuyentes y amenaza con retrasar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a nivel nacional.

LA CASA BLANCA REFUERZA SU OFENSIVA INTERNA CON NUEVAS AMENAZAS CONTRA ANTIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las fuerzas federales serán “muy amenazantes” en su ofensiva contra el movimiento Antifa, al que su administración designó recientemente como organización terrorista. “Han sido muy amenazantes con la gente, pero vamos a ser mucho más amenazantes con ellos, incluso con quienes los financian”, afirmó el mandatario durante una mesa redonda en la Casa Blanca dedicada al tema.

En el encuentro participaron la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI, Kash Patel, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Trump sostuvo que los supuestos ataques y amenazas contra las fuerzas del orden justifican su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades como Portland, donde su gobierno asegura que Antifa ha promovido disturbios. Las autoridades federales reiteraron que el movimiento representa una amenaza para la estabilidad interna.

La fiscal Bondi destacó que el gobierno está utilizando “toda la fuerza del aparato de seguridad federal” para combatir a Antifa y otras organizaciones calificadas como terroristas domésticas. En ese sentido, mencionó que empresas como Apple y Google han retirado de sus plataformas aplicaciones que permitían rastrear las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida que consideró necesaria para proteger a los agentes.

El movimiento Antifa —abreviatura de “antifascista”— no cuenta con una estructura formal ni liderazgo definido, sino que se compone de redes y grupos autónomos que se oponen al extremismo de derecha. De acuerdo con la Liga Antidifamación (ADL), se trata de un colectivo descentralizado y heterogéneo. La decisión de Trump de tratarlo como una organización terrorista ha generado críticas por parte de expertos y organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el riesgo de criminalizar la disidencia política.

CASA BLANCA Y AUTORIDADES DE ILLINOIS ESCALAN CHOQUE POR OPERATIVOS MIGRATORIOS Y DESPLIEGES DE GUARDIA NACIONAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que el gobernador JB Pritzker y el alcalde de Chicago Brandon Johnson “deberían ir a la cárcel”, en el marco de su disputa con autoridades locales por los operativos de inmigración. Ni Pritzker ni Johnson enfrentan cargos. 

En el área de Chicago se concentran centenares de efectivos de la Guardia Nacional con el objetivo declarado de proteger a agentes federales y activos federales, mientras continúan los recursos legales presentados por el Estado y la Ciudad para frenar el despliegue. La administración ha señalado que, de ser necesario, podría invocar la Ley de Insurrección, cuyo último uso se remonta a 1992. 

A nivel local, el alcalde Brandon Johnson expidió una orden ejecutiva que prohíbe el uso de propiedad municipalcomo bases o puntos de apoyo para operativos de inmigración civil, y promueve señalización para que propietarios privados, de forma voluntaria, restrinjan ese uso. 

En el frente judicial, Illinois y Chicago interpusieron una demanda federal para detener la movilización en el estado. De forma paralela, un juez en Oregón bloqueó temporalmente un despliegue similar en Portland, decisión que añade incertidumbre sobre el alcance legal de estas iniciativas. 

En un caso separado, el exdirector del FBI James Comey se declaró no culpable tras ser acusado por falso testimonio y obstrucción en el Congreso; críticos consideran el proceso políticamente motivado, mientras el Departamento de Justicia defiende su actuación. 

Datos recientes muestran que la violencia ha disminuido en varias grandes ciudades respecto al pico observado durante la pandemia, elemento que forma parte del contexto del debate sobre seguridad pública. 

EXDIRECTORES DEL BLS ADVIERTEN QUE LOS ATAQUES DE TRUMP SOCAVAN LA CONFIANZA EN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES

Dos excomisionados del U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) advirtieron que los ataques del presidente Donald Trump contra la integridad del organismo están debilitando la confianza pública en los datos económicos y provocando la salida anticipada de personal clave. Durante un foro en el Instituto Cato, Erica Groshen y William Beach —quienes dirigieron la entidad bajo administraciones de ambos partidos— revelaron que el BLS ha perdido 12 de sus 35 líderes sénior desde el inicio del actual mandato.

El BLS, responsable de elaborar informes sobre empleo e inflación, ha sido objeto de críticas reiteradas de Trump, quien ha acusado sin pruebas a la agencia de “fabricar” las cifras de empleo. Groshen advirtió que la credibilidad es “crítica para la misión” de las agencias estadísticas y que los ataques infundados podrían causar un daño duradero. “Estamos en un mal momento para estas instituciones, y será necesario un gran esfuerzo nacional para recuperar la confianza”, señaló la exfuncionaria.

La tensión aumentó en agosto, cuando Trump despidió abruptamente a Erika McEntarfer tras las revisiones a la baja de los datos de nóminas no agrícolas de junio y julio. El mandatario había nominado al economista conservador E.J. Antoni para dirigir la entidad, pero retiró la nominación la semana pasada. Los ataques contra el BLS, sumados al plan de reducción del tamaño del gobierno federal, han acelerado jubilaciones y vacantes que afectan también a otras agencias como la U.S. Census Bureau y la Bureau of Economic Analysis (BEA), con tasas de vacancia superiores al 20%.

Beach comparó la situación con la construcción de un puente sin ingenieros ni arquitectos, al advertir que la pérdida de personal experimentado debilita la capacidad institucional. Los excomisionados coincidieron en que las revisiones a las cifras laborales no son exclusivas de esta administración y que responden a problemas estructurales, como la baja tasa de respuesta empresarial y las limitaciones del modelo de “nacimiento y muerte” de empresas usado para estimar variaciones de empleo.

Ambos especialistas recomendaron modernizar la recolección de datos mediante plataformas digitales, como ya lo han hecho otros países con buenos resultados. Groshen explicó que las encuestas en línea tienden a tener mayores tasas de respuesta y costos más bajos por registro. Sin embargo, advirtió que la transición requerirá pruebas y ajustes técnicos significativos. “Cuando lleguemos allí, los resultados serán más precisos, y la confianza pública en las estadísticas podrá empezar a reconstruirse”, concluyó.

LA MAYORÍA DE LOS ESTADOUNIDENSES RECHAZAN EL DESPLIEGUE DE TROPAS SIN UNA AMENAZA EXTERNA

Un 58% de los estadounidenses considera que el presidente solo debería enviar tropas armadas en caso de amenazas externas, según una encuesta de Reuters/Ipsos divulgada este miércoles. El sondeo refleja la creciente preocupación pública ante la decisión del presidente Donald Trump de desplegar unidades de la Guardia Nacional para patrullar ciudades del país, especialmente aquellas gobernadas por demócratas. La oposición es más marcada entre los demócratas (70%) y moderada entre los republicanos (50%).

El estudio, realizado entre el viernes y el martes, también muestra un descenso en la aprobación general del mandatario, que cayó a 40%, un punto menos que a finales de septiembre. La desaprobación se concentra en su gestión del crimen y del costo de vida, dos temas que el presidente ha situado en el centro de su agenda. Las cifras llegan después de que Trump advirtiera a cientos de generales y almirantes reunidos en Virginia que el país enfrenta “un enemigo interno”.

Los líderes demócratas han acusado al presidente de utilizar las Fuerzas Armadas con fines políticos, desafiando en tribunales los despliegues militares en ciudades como Washington D.C., Los Ángeles y Chicago. Trump, por su parte, ha amenazado con invocar una ley antinsurrección del siglo XVIII para eludir fallos judiciales y mantener la presencia militar, argumentando que busca “restaurar el orden” frente a la supuesta violencia urbana.

Según la encuesta, solo un 37% de los encuestados considera que los presidentes deberían poder enviar tropas a los estados incluso contra la voluntad de los gobernadores, mientras que un 48% se opone a esa facultad. Además, el 83% de los estadounidenses cree que el ejército debe mantenerse políticamente neutral y no participar en debates domésticos, frente a un 10% que apoya una mayor alineación militar con el Ejecutivo.

El apoyo a Trump en materia de seguridad cayó al 41% desde el 43% registrado en septiembre, y su aprobación general se ha reducido siete puntos desde su investidura en enero. Los resultados refuerzan la percepción de un creciente desgaste político del mandatario en medio del debate sobre el uso interno de las fuerzas armadas y la tensión con las autoridades estatales demócratas.

CRUCES FRONTERIZOS ILEGALES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO ALCANZAN SU NIVEL MÁS BAJO EN MÁS DE 50 AÑOS

En los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump, las detenciones de migrantes en la frontera sur de EE.UU. han alcanzado cifras históricamente bajas, con menos de 72.000 arrestos. Esta cifra representa un descenso significativo comparado con los 238.000 detenidos durante los primeros cuatro meses del mandato de su predecesor, Joe Biden.

Los datos más recientes revelan que, bajo la administración de Trump, los cruces ilegales han caído a su nivel más bajo en casi 50 años, desde 1970, lo que subraya el éxito de las políticas implementadas por el actual presidente en materia de seguridad fronteriza. A pesar de las críticas, Trump defiende que sus estrategias, como el despliegue de tropas en la frontera y la suspensión de solicitudes de asilo, han sido clave para reducir la inmigración ilegal.

Por otro lado, Trump ha defendido que las políticas implementadas durante su administración, como el aumento de tropas en la frontera y la suspensión de solicitudes de asilo, han logrado asegurar la frontera y reducir la entrada de inmigrantes ilegales y drogas. Asegura que bajo su mandato, la seguridad de los estadounidenses ha mejorado, y que es necesaria una política más estricta en cuanto a inmigración.

La cifra de 238.000 detenciones incluye múltiples arrestos de personas que intentaron cruzar en más de una ocasión. La Casa Blanca, a través de su portavoz, ha afirmado que las políticas de Trump han sido efectivas, contrastando con las críticas de los demócratas, quienes consideran que aún falta una reforma migratoria más estructural.

RUSIA ADVIERTE A EE.UU. SOBRE “DAÑOS IRREPARABLES” SI ENTREGA MISILES TOMAHAWK A UCRANIA

El Gobierno ruso advirtió este miércoles que una eventual entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania por parte de Estados Unidos provocaría “daños irreparables” en las ya frágiles relaciones bilaterales. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, señaló que Moscú espera que sus advertencias sean escuchadas en Washington, al considerar que la decisión “complicaría significativamente la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano”.

El viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov reforzó el mensaje al pedir a EE. UU. que “piense mil veces” antes de dar un paso que, según dijo, tendría “graves consecuencias”. Ambos funcionarios coincidieron en que el suministro de los Tomahawk —armamento de largo alcance con capacidad para atacar objetivos estratégicos— cruzaría una línea roja para Moscú y deterioraría el incipiente diálogo bilateral que apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación.

Por su parte, el Kremlin aseguró que sigue a la espera de una posición más clara de Washington tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien no descartó la entrega de este tipo de armamento a Kiev. El portavoz Dmitri Peskov recordó que el presidente Vladímir Putin ya había advertido que dicha medida representaría “una escalada seria” en la confrontación con Estados Unidos, aunque sin capacidad para alterar el equilibrio militar en el frente ucraniano.

Las declaraciones reflejan el creciente deterioro de las relaciones entre ambas potencias, descrito por Riabkov como “un edificio que se está derrumbando”. Moscú considera que el eventual envío de misiles estadounidenses consolidaría el alineamiento de Washington con Ucrania, alejando cualquier posibilidad de distensión y abriendo una nueva etapa de confrontación estratégica entre las dos mayores potencias nucleares del mundo.

MADURO ACUSA A EE. UU. DE PROTEGER A LOS RESPONSABLES DE UN SUPUESTO ATENTADO CONTRA SU EMBAJADA EN CARACAS

Nicolás Maduro, afirmó que los autores intelectuales de un presunto plan para atacar la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en territorio estadounidense. Según el mandatario, el Gobierno de Donald Trump ya conoce los “nombres, apellidos y ubicación” de los implicados, información que habría sido entregada por el jefe negociador venezolano, Jorge Rodríguez, al encargado de la misión diplomática norteamericana en Bogotá, John McNamara.

Maduro sostuvo que el ataque frustrado habría sido ejecutado entre el domingo y el lunes con el fin de generar una “escalada de violencia” en el país. Indicó que, aunque posee las pruebas del complot, decidió no hacerlas públicas “por prudencia”, a la espera de que Washington actúe contra los supuestos responsables. “Confiamos en que protejan a su personal diplomático y procedan a las capturas inmediatas”, agregó el presidente.

Durante un encuentro con embajadores de Rusia, China y otros países aliados, el mandatario calificó de “sagrada” la sede diplomática estadounidense, asegurando que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dirigió personalmente las acciones de seguridad para proteger el edificio. En contraste, denunció que la embajada de Venezuela en Washington “está secuestrada”, en alusión a la falta de control de su Gobierno sobre esa representación desde la ruptura de relaciones en 2019.

El incidente ocurre en medio de nuevas tensiones bilaterales. Maduro desestimó reportes del New York Times según los cuales Trump habría ordenado suspender todo contacto diplomático con Caracas, afirmando que aún existen “algunas vías de comunicación” entre ambos gobiernos. No obstante, advirtió que Venezuela “no depende de los gringos”, sino de su propio esfuerzo y del respaldo de su pueblo.

En paralelo, el mandatario firmó la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia, orientado a fortalecer la relación financiera y energética entre ambos países. El acuerdo busca crear mecanismos para facilitar el comercio y la inversión fuera del sistema financiero occidental, además de coordinar posiciones conjuntas en la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas. La escalada de acusaciones y acercamientos con Rusia profundiza la distancia entre Venezuela y EE. UU.

VENEZUELA ACTIVA EJERCICIOS MILITARES ANTE UNA POSIBLE “AGRESIÓN” DE ESTADOS UNIDOS

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que las Fuerzas Armadas venezolanas realizan ejercicios militares bajo la hipótesis de una “agresión” por parte de Estados Unidos, en medio del despliegue naval norteamericano en el mar Caribe. Caracas considera dicha presencia una “amenaza” y un intento de promover un “cambio de régimen”. Según Padrino, los ejercicios buscan “imprimir realismo” ante lo que describió como la “irracionalidad del imperialismo norteamericano”.

El alto funcionario subrayó que su deber como líder militar es prepararse “para la peor hipótesis”, aunque aclaró que no pretende generar alarmismo. No obstante, llamó a la población a mantenerse alerta y a fortalecer la capacidad de defensa nacional frente a lo que calificó como “una conducta anómala y peligrosa” de Washington. “Tenemos que ponernos dos o tres pasos adelante de la agresión militar del imperialismo”, añadió el ministro en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Las maniobras se desarrollan en los estados costeros de Carabobo y La Guaira, como parte del “Plan Independencia 200”, anunciado en septiembre. Este plan contempla ejercicios de defensa terrestre, aérea y marítima con el objetivo de reforzar la preparación militar ante eventuales ataques. Según Padrino, la estrategia busca fortalecer la unidad cívico-militar y garantizar que Venezuela mantenga su “soberanía e independencia” frente a cualquier amenaza extranjera.

El gobierno venezolano sostiene que Estados Unidos intenta forzar un cambio de régimen mediante la “fabricación de mentiras” y el despliegue de su flota naval y aeronaves en el Caribe. Washington, por su parte, justifica su presencia como parte de una operación antinarcóticos para combatir el tráfico de drogas proveniente de la región. La tensión entre ambos países se ha intensificado en las últimas semanas, en paralelo al deterioro del diálogo diplomático.

De acuerdo con The New York Times, el presidente Donald Trump habría ordenado cancelar los contactos con Caracas y detener cualquier avance en la negociación bilateral. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro desestimó la versión y aseguró que aún existen canales de comunicación con Washington. La realización de los ejercicios militares marca una nueva fase de tensión en la relación entre ambos gobiernos, con un tono abiertamente confrontacional que recuerda los momentos más duros del distanciam