A raíz de los nuevos controles de exportación que China impuso sobre insumos y tecnologías ligados a tierras raras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este viernes anunciando que evalúa elevar drásticamente los aranceles a las importaciones chinas y endurecer los controles de exportación de tecnologías estadounidenses hacia ese país. El mensaje —difundido en su red social— irrumpió en una jornada de mercados ya volátil y derivó en fuertes caídas de Wall Street.

En sus publicaciones, Trump calificó la movida de Beijing como “hostil” y dijo estar calculando un “aumento masivo” de aranceles, llegando a mencionar la posibilidad de un arancel adicional del 100 % “a partir del 1 de noviembre o antes”. En el mismo hilo, añadió que “no hay razón” para mantener una reunión prevista con el presidente Xi Jinping a finales de mes en Corea del Sur. Las expresiones fueron reportadas por varios medios estadounidenses que siguieron en tiempo real sus mensajes.

Del lado chino, el Ministerio de Comercio (MOFCOM) ha justificado los controles de exportación sobre determinados materiales de tierras raras y tecnologías relacionadas en razones de seguridad nacional y cumplimiento de obligaciones de no proliferación. El andamiaje normativo se apoya, entre otros, en el Anuncio N.º 18/2025, que introdujo licencias y mayores requisitos de verificación para la exportación de ítems medianos y pesados de tierras raras y sus derivados.

La reacción de los mercados fue inmediata: los tres principales índices estadounidenses cerraron con pérdidas pronunciadas, en su peor sesión desde abril. El S&P 500 retrocedió cerca de 2,7 %, el Nasdaq cayó 3,6 % y el Dow Jones perdió 1,9 % (unos 878 puntos), reflejando el nerviosismo por una nueva escalada comercial y por el impacto potencial sobre cadenas de suministro sensibles. Los sectores tecnológicos y de semiconductores concentraron las ventas.

En términos de lo que se dijo y por quién, la secuencia es clara: Trump amenazó con un “incremento masivo” de aranceles y sugirió controles adicionales de exportación tecnológica; además, afirmó que “no hay razón” para reunirse con Xi este mes. Beijing, por su parte, precisó que sus medidas buscan proteger la seguridad nacional y cumplir compromisos internacionales, enmarcando los controles en un sistema de licencias y supervisión aduanera reforzada. Estas formulaciones, tal como fueron reportadas y/o publicadas, permiten trazar el tenor de la discusión sin añadir valoraciones.

Las implicaciones inmediatas se ubican en tres planos. Diplomático: el lenguaje y la duda sobre el encuentro Trump–Xi enfrían expectativas de distensión y elevan el riesgo de acciones espejo por parte de China. Comercial: un arancel adicional del 100 % —si se materializa— supondría un salto frente al marco vigente y reconfiguraría la economía de importaciones para decenas de rubros con alto contenido chino. Sectorial: el refuerzo de controles sobre tierras raras —insumos críticos para imanes de alto rendimiento, aeroespacial, defensa, semiconductores y vehículos eléctricos— añade fricción a cadenas de valor globales y presiona costos de sustitución.

Para los inversionistas, el episodio reaviva la aversión al riesgo y la volatilidad (VIX al alza), al tiempo que aumenta la sensibilidad de empresas con exposición a China —especialmente tecnología y semiconductores— a noticias de política comercial. La lectura táctica del mercado sugiere monitorear guías empresariales del sector y la evolución del índice de semiconductores de Filadelfia como termómetro de disrupción.

CHINA IMPONDRA UNA “TARIFA PORTUARIA ESPECIAL” A BUQUES VINCULADOS A EEUU DESDE EL 14 DE OCTUBRE

China anunció que aplicará, a partir del 14 de octubre, una tarifa portuaria especial a los buques con vínculo estadounidense como respuesta a los cargos que Estados Unidos decidió imponer —bajo la Sección 301— a embarcaciones vinculadas a China. El Ministerio de Transporte (MOT) detalló que la medida alcanza a naves propiedad u operación de empresas, organizaciones o personas de EE. UU., a buques abanderados o construidos en Estados Unidos y también a aquellos en los que inversionistas estadounidenses posean al menos 25 % de participación (propiedad, votos o representación en junta directiva). 

El esquema chino será escalonado: 400 yuanes por tonelada neta desde el 14 de octubre; 640 yuanes desde el 17 de abril de 2026; 880 yuanes desde el 17 de abril de 2027; y 1.120 yuanes desde el 17 de abril de 2028. El cobro se realizará solo en el primer puerto de recalada en China (aunque el viaje incluya varias escalas en el país) y se limitará a cinco veces por año por cada buque, según el MOT.

Washington, por su parte, oficializó en abril un paquete de acciones bajo la Sección 301 que introduce cargos por servicios portuarios dirigidos a operadores chinos y a buques de construcción china que arriben a puertos de EE. UU., con entrada en vigor también el 14 de octubre. Para operadores de China, el arancel por tonelada neta parte en US$50 (subiendo a US$80 en 2026, US$110 en 2027 y US$140 en 2028), con un tope de cinco cobros anuales por buque. Para buques construidos en China operados por terceros, el cargo alterna entre una modalidad por tonelada neta (US$18 que sube a US$33 en 2028) o una tarifa por contenedor descargado (US$120 que sube a US$250 en 2028), aplicándose la mayor de las dos fórmulas. El aviso federal precisa definiciones, excepciones y la mecánica de cobro por parte de Aduanas (CBP). 

Medios internacionales confirmaron que Pekín enmarcó su decisión como “medida de reciprocidad” frente a lo que considera prácticas “discriminatorias” de Estados Unidos en el sector marítimo y naviero. En paralelo, analistas anticipan que el impacto directo recae sobre armadores y operadores con mayor exposición a rutas China–EE. UU., mientras que para cargadores y puertos el efecto dependerá de contratos de servicio, cláusulas de traspaso de costos y la disponibilidad de tonelaje alternativo. 

En este mismo contexto de tensiones, China abrió una investigación antimonopolio sobre Qualcomm por su adquisición de la israelí Autotalks (chips para vehículos conectados), alegando presuntas omisiones en la notificación de la operación. La pesquisa revive un frente regulatorio sensible para la compañía en un mercado clave y coincide temporalmente con las medidas portuarias, lo que refuerza la lectura de una escalada de contramedidas entre ambos países. 

En términos diplomáticos, ambas decisiones son simétricas y condicionadas: China replica la estructura y el calendario estadounidense, preservando márgenes para ajustar su implementación (directrices de detalle por publicar) y enviando una señal de disuasión antes de eventuales contactos de alto nivel. El diálogo, si se produce, partirá de posiciones más rígidas, pero todavía con mecanismos administrativos que permiten exenciones o suspensiones caso a caso. 

En lo comercial y logístico, los cargos pueden elevar costos operativos de rutas transpacíficas y redirigir flujos hacia buques y operadores no alcanzados por las definiciones de cada país. El tope de cinco cobros anuales por buque atenúa el impacto en servicios de alta frecuencia, pero no lo elimina. La coexistencia de esquemas por tonelada neta y por contenedor en EE. UU. introduce una capa adicional de complejidad contractual para navieras y cargadores al calcular la alternativa más gravosa en cada recalada. 

Los efectos de primer orden serán indirectos: posibles ajustes de fletes y tiempos de tránsito por reconfiguración de flotas; mayor atención a cláusulas de “passthrough” de tarifas en contratos; y seguimiento de excepciones y definiciones (por ejemplo, qué se entiende por buque “construido en China”, o cómo se verifica el 25 % de propiedad estadounidense) que puedan afectar reexpediciones o cadenas multimodales con origen/destino en Asia. 

TRUMP Y ASTRAZENECA ANUNCIAN ACUERDO PARA REDUCIR PRECIOS DE MEDICAMENTOS EN EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con la farmacéutica británica AstraZeneca para ofrecer descuentos en varios de sus medicamentos dentro del sistema público de salud Medicaid. El pacto, similar al alcanzado la semana pasada con Pfizer, forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para reducir los precios de los fármacos recetados en el país. Según el mandatario, este modelo busca “poner fin a los abusos” de la industria farmacéutica y acercar los precios estadounidenses a los estándares internacionales.

El acuerdo establece que AstraZeneca aplicará rebajas en medicamentos seleccionados para los beneficiarios de Medicaid y, además, ofrecerá precios reducidos directamente al público a través del portal TrumpRx, que será lanzado el próximo año. Durante un acto en el Despacho Oval, el director ejecutivo de la compañía, Pascal Soriot, afirmó que el convenio “ayudará a millones de pacientes estadounidenses a acceder a tratamientos esenciales a un costo más justo”, y destacó la cooperación del gobierno en facilitar los procesos regulatorios.

Trump recordó que los estadounidenses pagan en promedio hasta tres veces más por los medicamentos que los ciudadanos de otros países desarrollados. En julio, el presidente envió cartas a 17 grandes farmacéuticas exigiendo recortes inmediatos en los precios y advirtió que, de no hacerlo, impondría sanciones comerciales. Pfizer y AstraZeneca se convirtieron así en las dos primeras empresas en aceptar los términos de la administración, lo que podría sentar las bases para nuevos acuerdos con otras compañías del sector.

El mandatario también reiteró su amenaza de imponer aranceles del 100% a las farmacéuticas que se nieguen a reducir precios o que mantengan su producción fuera de Estados Unidos. Según fuentes citadas por Reuters, esas presiones arancelarias reactivaron las negociaciones tras meses de estancamiento. Trump aseguró que su objetivo es “garantizar que ningún estadounidense tenga que elegir entre su salud y su bolsillo” y anticipó que en las próximas semanas se anunciarán más convenios similares con otras compañías.

EL SENADO VUELVE A FRACASAR EN APROBAR EL PLAN PARA REABRIR EL GOBIERNO

El Senado de Estados Unidos volvió a quedar estancado en sus intentos por poner fin al cierre parcial del Gobierno federal, que mantiene sin financiamiento a decenas de agencias y deja a cientos de miles de empleados públicos sin salario. En una votación procedimental celebrada por la tarde, la cámara rechazó por 54 votos en contra y 45 a favor la resolución de continuidad enviada por la Cámara de Representantes, impidiendo que el proyecto avanzara hacia su debate final.

Se trata del séptimo intento fallido del Congreso por aprobar una medida de financiación temporal que permita reabrir las operaciones gubernamentales. La falta de consenso refleja la profunda división entre republicanos y demócratas sobre el tamaño del gasto federal, las prioridades presupuestales y el papel del Estado en la provisión de servicios sociales. Las posturas más duras dentro del Partido Republicano insisten en recortes a la salud pública y programas de subsidios, mientras los demócratas exigen mantener la financiación de estas áreas.

El cierre parcial, que ya completa varios días, afecta a sectores clave como aeropuertos, parques nacionales y museos federales, muchos de los cuales han tenido que reducir operaciones o cerrar completamente. Además, miles de contratistas privados que dependen de contratos federales han comenzado a reportar pérdidas significativas, elevando el costo económico de la parálisis gubernamental. Analistas estiman que, de continuar el cierre, podría restar hasta 0.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB trimestral.

Varios senadores advirtieron que, si no se alcanza un compromiso antes del fin de semana, la crisis presupuestaria podría prolongarse durante semanas, con efectos acumulativos en la economía y la moral de los empleados públicos. Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene su presión sobre el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto alineado con las prioridades fiscales del presidente Donald Trump, que incluyen aumentos en defensa y recortes en programas sociales y ambientales.

LA CASA BLANCA CONFIRMA DESPIDOS MASIVOS EN EL GOBIERNO FEDERAL POR EL CIERRE ADMINISTRATIVO

La Casa Blanca el inicio de despidos masivos en distintas agencias del Gobierno de Estados Unidos, en cumplimiento de la orden del presidente Donald Trump de reducir la plantilla federal durante el actual cierre administrativo. Según voceros oficiales, los recortes afectan departamentos como Tesoro, Salud, Educación, Comercio y la división de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque aún no se conoce la magnitud total, el plan prevé la salida de unos 300.000 empleados civiles antes de fin de año.

“El proceso de reducción de personal ha comenzado”, escribió en redes sociales el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, quien calificó los despidos como “sustanciales”. Trump, que lleva diez días enfrentado al Congreso por la falta de aprobación presupuestal, había amenazado con recortar lo que denominó “agencias demócratas”, en medio del estancamiento legislativo. Además, ordenó congelar US$28.000 millones en fondos de infraestructura destinados a Nueva York, California e Illinois, estados de mayoría demócrata y críticos de su administración.

Los sindicatos federales han presentado demandas para frenar los despidos, alegando que son ilegales durante un cierre de gobierno. Un juez federal revisará el caso el 16 de octubre, mientras el Congreso continúa sin acuerdo. Los demócratas, que bloquean el presupuesto en el Senado, exigieron mantener los subsidios de salud e insistieron en que los republicanos “son responsables de cada empleo perdido y cada servicio afectado”, según declaró el líder demócrata Chuck Schumer.

Entre las agencias más golpeadas figura el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), donde 41% del personal ha sido suspendido y varios empleados recibieron avisos de despido. En el Tesoro, los recortes alcanzarían a 1.300 trabajadores, incluidos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS), donde casi la mitad del personal fue puesto en licencia sin sueldo. También se reportan despidos en los departamentos de Educación, Comercio, Energía, Interior y Vivienda, mientras la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Seguridad Nacional confirmaron afectaciones en sus divisiones.

El DHS informó además que la ola de despidos incluye a la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), cuya cúpula fue criticada por Trump tras las elecciones de 2020. “Esto forma parte de devolver a CISA a su misión original”, declaró la portavoz Tricia McLaughlin. Según fuentes internas, las agencias de Transporte y la Administración Federal de Aviación no se verán afectadas por los recortes. La reestructuración del aparato federal se convierte así en una de las medidas más drásticas del presidente en el marco del prolongado cierre gubernamental.

JUEZA FEDERAL BLOQUEA DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL EN CHICAGO

Una jueza federal de Chicago emitió una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para respaldar las redadas migratorias de la operación Midway Blitz. La magistrada April M. Perry consideró que el Gobierno no presentó “pruebas creíbles” de riesgo de “rebelión” que justificaran la movilización militar. La audiencia, que se extendió por más de seis horas, reunió a representantes del Departamento de Justicia (DOJ), quienes defendieron la medida como necesaria para proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En su fallo, la jueza Perry sostuvo que permitir la presencia militar en centros de detención como Broadview “solo echaría más leña al fuego”, calificando la percepción de riesgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como “poco fiable”. Pese a la orden, unos 200 soldados de Texas ya se encuentran estacionados en las afueras de Chicago, listos para movilizarse, mientras que otros 300 efectivos de Illinois esperan instrucciones. El Comando Norte del Ejército de EE.UU. indicó que la misión tendría una duración inicial de 60 días, enfocada en proteger a agentes federales.

El envío de tropas fue coordinado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado político de Trump, quien justificó la medida como un apoyo a las políticas migratorias federales. Los efectivos permanecen en un campamento militar en Elwood, a una hora de la zona metropolitana de Chicago, desde donde se preveía su despliegue operativo a mediados de semana. Sin embargo, la decisión judicial ha paralizado temporalmente cualquier avance, mientras organizaciones de derechos civiles preparan demandas adicionales.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, advirtió que su administración presentará cargos criminales contra agentes federales que violen la ley durante los operativos migratorios. Johnson denunció que la operación Midway Blitz ha derivado en detenciones indiscriminadas y uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos latinos, en un contexto de creciente tensión en la ciudad. A pesar de los señalamientos de la Casa Blanca sobre una supuesta “ola de criminalidad”, las cifras oficiales del Departamento de Policía de Chicago muestran una caída de los homicidios del 28% frente al año pasado y del 50% respecto a 2021.

Desde Washington, la fiscal general Pam Bondi defendió la movilización, asegurando que el FBI y el Departamento de Justicia coordinarán directamente las acciones en Chicago. En una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado, Bondi respondió a críticas del senador demócrata Dick Durbin afirmando que “la Guardia Nacional está de camino a Chicago porque las autoridades locales no protegen a sus ciudadanos”. El Gobierno federal insiste en que la medida busca “restaurar el orden”, mientras el juzgado federal y el centro de detención Broadview permanecen bajo vigilancia.

Por su parte, el presidente Trump no descartó invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas regulares en Chicago si el gobernador J.B. Pritzker no coopera. Durante su encuentro con el primer ministro canadiense Mark Carney, el mandatario afirmó que “si el gobernador no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos”. La aplicación de dicha ley permitiría al Ejecutivo eludir restricciones judiciales previas y asumir control directo sobre las fuerzas de seguridad locales, abriendo un nuevo pulso institucional entre la Casa Blanca y los gobiernos demócratas estatales.

MELANIA TRUMP ANUNCIA LA REUNIFICACIÓN DE OCHO NIÑOS UCRANIANOS TRAS NEGOCIAR DIRECTAMENTE CON PUTIN

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció la reunificación de ocho niños ucranianos con sus familias, tras una serie de gestiones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin. Según explicó desde la Casa Blanca, el acuerdo fue posible gracias a un canal de comunicación que ella misma impulsó después de la cumbre bilateral celebrada en Alaska, donde planteó a Putin la necesidad de facilitar gestos humanitarios en medio del conflicto en Ucrania.

Melania Trump relató que envió una carta personal al mandatario ruso solicitando cooperación para el retorno de menores “separados por la guerra”, lo que abrió un nuevo canal de contacto entre Washington y el Kremlin. A través de ese mecanismo —que incluyó reuniones y llamadas “de buena fe”— se concretó la entrega de información y verificación de identidades de los ocho menores, quienes regresaron con sus familias durante las últimas 24 horas. La primera dama agradeció la “disposición constructiva” de las autoridades rusas y la colaboración de Ucrania en el proceso.

En su declaración, la esposa del presidente Donald Trump destacó que Rusia también accedió a permitir el regreso de jóvenes que recientemente alcanzaron la mayoría de edad y anunció que continuará su trabajo diplomático para lograr nuevas reunificaciones. “Espero que la paz llegue pronto. Puede empezar por los niños”, afirmó. Melania subrayó que su prioridad es ampliar los esfuerzos de cooperación humanitaria, especialmente en temas relacionados con la infancia afectada por conflictos.

El anuncio se produce mientras el Tribunal Penal Internacional mantiene vigente una orden de arresto contra Putin por la deportación forzada de menores ucranianos desde los territorios ocupados. Kiev ha denunciado reiteradamente estos traslados y los intentos de Moscú por adoctrinar a los niños en zonas bajo control ruso. Aunque el Kremlin no ha confirmado oficialmente los detalles del acuerdo, la iniciativa de Melania Trump marca un inusual gesto de coordinación humanitaria entre ambos países en medio de tensiones políticas y militares persistentes.

EE. UU. ADJUDICA US$4.500 MILLONES EN CONTRATOS PARA AMPLIAR EL MURO FRONTERIZO

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la adjudicación de 10 contratos de construcción por un valor total de US$4.500 millones para añadir 230 millas (370 kilómetros) de barreras a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. Los proyectos forman parte del sistema de seguridad denominado Smart Wall, que combina barreras de acero, obstáculos marítimos, carreteras de patrullaje, iluminación, cámaras y sensores de detección avanzada. Según el DHS, el objetivo es reforzar la vigilancia y reducir el ingreso irregular desde México.

Siete de los diez contratos fueron adjudicados en septiembre a la empresa BCCG Joint Venture, de acuerdo con la declaración conjunta del DHS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El comisionado de la CBP, Rodney Scott, afirmó que “el Smart Wall significa más millas de barreras, más tecnología y más capacidad para nuestros agentes sobre el terreno”. El proyecto se enmarca en la estrategia de la administración Trump de fortalecer el control fronterizo mediante infraestructura física y tecnológica.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió dos exenciones regulatorias para acelerar los trabajos: una de nueve millas en el sector de San Diego y otra de aproximadamente 30 millas en Nuevo México, dentro del sector de El Paso. Según el comunicado oficial, las exenciones buscan “cortar la burocracia y agilizar la construcción del Smart Wall”. Este tipo de medidas suele aplicarse para eludir requisitos ambientales o de revisión administrativa que podrían retrasar las obras.

Aunque el DHS no detalló las razones específicas de las exenciones, su uso ha generado críticas recurrentes de grupos ambientalistas y legisladores demócratas, quienes advierten que la expansión del muro podría dañar ecosistemas fronterizos y comunidades locales. La inversión se suma a las asignaciones anteriores para infraestructura fronteriza, consolidando una de las prioridades emblemáticas del presidente Donald Trump en materia de seguridad y migración.

LA CASA BLANCA CRITICA AL COMITÉ NOBEL POR “PONER LA POLÍTICA POR ENCIMA DE LA PAZ”

La Casa Blanca arremetió contra el Comité del Premio Nobel tras su decisión de otorgar el galardón de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz presidencial, Steven Cheung, afirmó que “el Comité Nobel demostró que pone la política por encima de la paz” y defendió que Trump “seguirá firmando acuerdos, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, destacando que “no hay nadie como él que pueda mover montañas con la fuerza de su voluntad”.

El Comité Nobel noruego justificó su decisión señalando que Machado representa a los “valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten el autoritarismo”. La líder venezolana ha sido una de las figuras más visibles de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y actualmente enfrenta procesos judiciales y restricciones políticas en su país. Su elección fue interpretada como un mensaje de respaldo internacional a las fuerzas democráticas venezolanas en medio de un contexto de persecución política.

Trump, quien ha hecho campaña para recibir el Nobel de la Paz desde su primer mandato, consideraba que su papel en la negociación de acuerdos de alto al fuego internacional lo hacía merecedor del premio. Esta semana, el mandatario anunció un nuevo acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes en Gaza, que presentó como prueba de su compromiso con la paz mundial. En su red Truth Social, publicó videos de seguidores celebrando el pacto, pero evitó comentar directamente el resultado del premio.

El presidente ha sostenido que ha “puesto fin a ocho guerras” desde que asumió el poder y calificó como un “gran insulto” a Estados Unidos el hecho de no ser reconocido con el Nobel. “¿Voy a recibir el Premio Nobel? Absolutamente no. Se lo darán a alguien que no hizo nada”, declaró Trump el mes pasado ante altos mandos militares. De acuerdo con las reglas del Comité, las nominaciones para el galardón debían presentarse antes del 31 de enero, apenas once días después de que Trump iniciara su segundo mandato presidencial.

REVELAN CARTA DE CONGRESISTAS DE EE.UU. QUE NOMINÓ A MARÍA CORINA MACHADO AL NOBEL DE LA PAZ

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida este viernes con el Premio Nobel de la Paz, un galardón que dedicó al “pueblo de Venezuela, que ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor”. El reconocimiento ha generado una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo desde distintos países, destacando su papel como símbolo de resistencia frente al régimen de Nicolás Maduro. En medio de las reacciones, se conoció la carta enviada por un grupo de congresistas estadounidenses al Comité Noruego del Nobel en la que formalizaron su nominación.

La misiva, fechada el 26 de agosto de 2024, fue firmada por ocho legisladores estadounidenses —dos senadores y seis representantes— que describieron a Machado como “un faro de esperanza y resiliencia” para América Latina. Entre los firmantes se encuentran Marco Rubio, entonces senador de Florida y hoy secretario de Estado, así como Rick Scott, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Byron Donalds, Neal Dunn y Carlos A. Giménez. Todos ellos han sido críticos del gobierno de Maduro y promotores de sanciones internacionales para presionar una transición democrática en Venezuela.

En la carta, los congresistas subrayan que “rara vez hemos sido testigos de tanta valentía, altruismo y firmeza moral como los que hemos visto en María Corina Machado”. Destacan que la dirigente “ha arriesgado todo” por su país, enfrentando “25 años de opresión, tortura, asesinatos y privaciones económicas” bajo el régimen chavista. Los firmantes resaltan también que, pese a las amenazas y los intentos de atentado contra su vida, Machado ha mantenido su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha por elecciones libres y justas.

“Sus incansables esfuerzos por denunciar los abusos y promover una paz democrática encarnan los principios que el Premio Nobel de la Paz pretende honrar”, señala el texto. La carta menciona asimismo el papel protagónico de Machado en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde —según los legisladores— demostró “una inquebrantable determinación y capacidad para inspirar a otros en la noble causa de la democracia”. Su liderazgo, agregan, “beneficia no solo a Venezuela, sino a la región y al mundo entero”.

El representante republicano Carlos Giménez, uno de los firmantes, celebró públicamente el reconocimiento a Machado, calificándolo como “uno de los momentos más gratificantes” de su carrera. “Ha ganado María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz luego de haberla nominado… un momento que nunca olvidaré”, expresó en su cuenta de X. La revelación de la carta confirma el respaldo político y moral que la oposición venezolana ha recibido desde Washington y consolida a Machado como una figura central en la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región.