Un informe de CNN reveló que uno de los bombardeos realizados por Estados Unidos en el Caribe, el pasado 19 de septiembre, habría tenido como objetivo una embarcación que zarpó desde Colombia. Según fuentes militares citadas por el medio, el Pentágono sospechaba que el barco transportaba colombianos vinculados a organizaciones terroristas, aunque no logró identificar individualmente a los tripulantes antes del ataque. El operativo, reportado en su momento por el presidente Donald Trump, dejó tres muertos y fue presentado por Washington como parte de su ofensiva contra el narcotráfico en la región.

Desde agosto, Estados Unidos ha destruido al menos cinco embarcaciones en el marco de su despliegue militar en el Caribe, destinado —según la Casa Blanca— a desmantelar redes de narcotráfico asociadas a Venezuela. En el caso del ataque de septiembre, las autoridades dominicanas confirmaron que el bombardeo ocurrió a unas 80 millas náuticas de una de sus islas, contra una lancha rápida que presuntamente transportaba una tonelada de cocaína. Sin embargo, no se especificó cuántas personas iban a bordo ni su nacionalidad.

El presidente Gustavo Petro había advertido en aquel momento que era “posible” que los tripulantes fueran ciudadanos colombianos y calificó la operación como un “asesinato” si se confirmaba esa versión. En una publicación en la red X, el mandatario invitó a las familias de jóvenes desaparecidos en el Caribe a denunciar ante las autoridades y pidió una investigación internacional sobre los ataques estadounidenses realizados sin coordinación con los países de la región.

CNN señala que las fuentes consultadas dentro del Pentágono admitieron la dificultad de verificar las identidades de las víctimas antes de ejecutar el ataque, lo que abre un debate sobre la legalidad de las operaciones. Los bombardeos forman parte de la nueva estrategia de Trump en el Caribe, que busca extender las acciones antinarcóticos a tierra firme, incluso dentro de territorio venezolano. En lo que va del año, más de 27 personas han muerto en estos operativos, que Washington justifica bajo la figura de “autoridad presidencial permanente” contra organizaciones designadas como terroristas.

Petro advirtió que la escalada militar estadounidense contraviene la resolución aprobada recientemente por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, impulsada por Colombia, que insta a vincular las políticas antidrogas con la protección de los derechos humanos. El mandatario señaló que los ataques “aumentan el riesgo de una invasión a Venezuela” y generan una tensión que “debe resolverse mediante el diálogo, no la violencia”. Aunque aclaró que no comparte las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, insistió en que un conflicto armado en el país vecino afectaría directamente a Colombia.

En su más reciente pronunciamiento, el presidente colombiano elevó el tono contra Washington: “Colombianos, trinitarios, han muerto bajo los misiles de Trump. Los trinitarios eran pescadores. Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo. Mi gobierno incautó 33 toneladas de cocaína en San Andrés Islas sin ningún muerto”. Con esas palabras, Petro reiteró su rechazo a la militarización del Caribe y defendió una estrategia antidrogas basada en cooperación, inteligencia y respeto a la vida.

HELICÓPTEROS DE OPERACIONES ESPECIALES DE EE. UU. FUERON VISTOS CERCA DE LA COSTA VENEZOLANA

El Washington Post reportó que helicópteros militares estadounidenses vinculados a la unidad de aviación de Operaciones Especiales del Pentágono fueron avistados a menos de 90 millas de la costa de Venezuela. Las aeronaves, identificadas como MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk, habrían sobrevolado aguas del Caribe, cerca del noreste de Trinidad, a inicios de octubre durante ejercicios de entrenamiento. Funcionarios estadounidenses señalaron que las maniobras forman parte de preparativos para posibles misiones ampliadas contra el narcotráfico que podrían incluir operaciones dentro del territorio venezolano.

Los helicópteros pertenecerían al 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como los “Night Stalkers”, responsable de misiones de alto riesgo en apoyo a fuerzas de élite como los Navy SEALs, los Boinas Verdes y la Delta Force. Las actividades se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, luego de que el presidente Donald Trump confirmara que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

Trump declaró el miércoles que dio luz verde a la agencia “por dos razones”: el supuesto envío de presos venezolanos hacia Estados Unidos y el aumento del tráfico de drogas proveniente del país suramericano. Añadió que las operaciones antinarcóticos, hasta ahora centradas en objetivos marítimos, se ampliarán a tierra firme. “Muchas de las drogas de Venezuela llegan por el mar, pero también las detendremos por tierra”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval.

Según The New York Times, la nueva autoridad concedida a la CIA incluye misiones encubiertas y acciones letales contra el régimen de Nicolás Maduro o sus aliados. Actualmente, Estados Unidos mantiene unos 10 000 efectivos desplegados en la región, junto con varios buques de guerra en el Caribe. Desde septiembre, los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico frente a las costas venezolanas han dejado al menos 27 muertos, el más reciente el martes, cuando fue destruida una nave con seis presuntos “narcoterroristas”.

CÁMARA DE COMERCIO DE EE. UU. DEMANDA A TRUMP POR IMPONER TARIFA DE US$ 100.000 A VISAS H-1B

La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por la imposición de una tarifa de US$ 100.000 a las nuevas solicitudes de visa H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados. La organización, que representa a más de 300 000 empresas, argumentó que la medida, decretada en septiembre, excede la autoridad presidencial y amenaza con alterar el sistema de visados establecido por el Congreso. Es la primera demanda que la Cámara interpone contra la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato.

El programa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar profesionales especializados, principalmente en tecnología, ingeniería y ciencia. Cada año se otorgan 65 000 visas, más 20 000 adicionales para personas con títulos avanzados, con vigencias de tres a seis años. La Cámara advirtió que la nueva tarifa obligará a las empresas a elegir entre asumir costos laborales desproporcionados o reducir drásticamente la contratación de talento extranjero, lo que afectaría a inversionistas, clientes y trabajadores actuales.

Hasta ahora, los empleadores pagan entre US$ 2 000 y US$ 5 000 por cada solicitud H-1B, dependiendo de su tamaño y otros factores. Trump ordenó que ninguna nueva visa de este tipo sea aprobada sin que la empresa patrocinadora pague el monto adicional de US$ 100 000, aplicable desde la próxima lotería anual de marzo. El mandatario justificó la medida argumentando que el “reemplazo masivo de trabajadores estadounidenses” a través del programa amenaza la seguridad económica y nacional de Estados Unidos.

El Gobierno no ha respondido oficialmente a la demanda, mientras que sindicatos, empleadores y organizaciones religiosas presentaron demandas paralelas en California. La Cámara sostiene que la orden presidencial carece de base legal, ya que el pago lo realizan las empresas y no los solicitantes, y por tanto no constituye una restricción migratoria. Las compañías tecnológicas y grupos empresariales defienden que las visas H-1B son esenciales para cubrir la escasez de mano de obra calificada en el país, en contraste con quienes las ven como un medio para sustituir a trabajadores locales con personal más barato.

TRUMP ANUNCIA PLAN PARA REDUCIR COSTOS Y AMPLIAR EL ACCESO A TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD E INSEMINACIÓN IN VITRO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un conjunto de medidas destinadas a reducir drásticamente el costo de los tratamientos de fertilidad y ampliar la cobertura de la fecundación in vitro (IVF). El programa incluye un acuerdo con la farmacéutica EMD Serono, fabricante líder de medicamentos de fertilidad, que se compromete a ofrecer precios bajo el modelo de “nación más favorecida” (MFN), equiparando los valores a los más bajos del mundo desarrollado. Según la Casa Blanca, el medicamento GONAL-F se venderá con descuentos de hasta 796% para todas las mujeres, y de 2.320% para aquellas con ingresos por debajo del 550% del nivel de pobreza federal.

El acuerdo, el tercero alcanzado bajo la política de precios MFN, permitirá que las mujeres ahorren hasta US$ 2.200 por ciclo de tratamiento, en medicamentos que actualmente superan los US$ 5.000 por ciclo. EMD Serono también ofrecerá descuentos adicionales en otros fármacos, garantizará precios MFN para sus futuros lanzamientos y abrirá una planta de producción en Estados Unidos para fabricar por primera vez medicamentos de fertilidad en el país. Además, todos los programas estatales de Medicaid podrán acceder a los nuevos precios reducidos.

Trump anunció también que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) acelerará la aprobación de un fármaco alternativo de bajo costo dentro del programa prioritario de revisión nacional, reduciendo el proceso de 12 a solo 1 o 2 meses. Este medicamento, ya aprobado en Europa, ofrecería una opción más económica frente a los tratamientos actuales y aumentaría la competencia en el mercado estadounidense de medicamentos de fertilidad, generando reducciones adicionales en los precios.

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva opción de beneficios laborales que permitirá a los empleadores ofrecer planes independientes de fertilidad a sus trabajadores, del mismo modo que se brindan seguros de salud dental o de vida. El Departamento de Trabajo, junto con los Departamentos de Salud y del Tesoro, publicará una regulación para ampliar las posibilidades de cobertura de tratamientos de infertilidad. Actualmente, solo el 42% de las empresas en EE. UU. cubre servicios de fertilidad y apenas el 32% ofrece beneficios para tratamientos de IVF, cifras que la administración busca elevar significativamente.

Trump destacó que las medidas cumplen su promesa de “ayudar a las familias estadounidenses a tener más bebés” en un contexto de baja histórica de natalidad. Los costos de IVF pueden oscilar entre US$ 12.000 y US$ 25.000 por ciclo, lo que representa una barrera para millones de parejas. El mandatario recordó que sus Working Families Tax Cuts crearon las Trump Accounts —cuentas de inversión de US$ 1.000 para cada recién nacido— y ampliaron el crédito tributario por hijos. “Queremos más bebés, y lo digo muy claramente. Siempre he estado a favor de la fecundación in vitro porque permite a más familias tener hijos y asegurar el futuro de Estados Unidos”, concluyó.

TRUMP AFIRMA QUE BUSCA “PONER FIN A LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA” TRAS LLAMADA CON PUTIN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una “muy productiva” conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que ambos discutieron la posibilidad de negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según Trump, Putin lo felicitó por el “gran logro de paz en Medio Oriente” y expresó su esperanza de que ese éxito ayude a alcanzar una solución en Europa del Este. También agradeció a la primera dama, Melania Trump, por su trabajo con niños, destacando su intención de continuar esa cooperación humanitaria.

Durante la llamada, los dos mandatarios abordaron además las perspectivas de comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez que finalice el conflicto. Trump anunció que ambos gobiernos acordaron convocar una reunión de alto nivel la próxima semana, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio y otros asesores designados. El encuentro preliminar definiría los pasos hacia un eventual diálogo directo entre Trump y Putin.

El mandatario estadounidense aseguró que existe disposición para realizar una cumbre bilateral en Budapest, Hungría, con el fin de avanzar hacia el fin de lo que calificó como una “guerra vergonzosa”. Trump añadió que este viernes se reunirá en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir los resultados de su conversación con Putin y explorar vías diplomáticas. “Se logró un gran progreso con la llamada de hoy”, concluyó el presidente.

TRUMP REDIRIGE FONDOS ANTITERRORISTAS DE ESTADOS DEMÓCRATAS HACIA TERRITORIOS REPUBLICANOS

La administración de Donald Trump planea redistribuir los fondos federales de prevención del terrorismo, recortando drásticamente las asignaciones a estados gobernados por demócratas y aumentando los recursos para los republicanos, según documentos oficiales revisados por Reuters. Doce estados liderados por demócratas presentaron una demanda para bloquear los cambios, argumentando que la Casa Blanca busca castigar a los territorios que se negaron a cooperar con las autoridades migratorias federales.

Los nuevos montos fueron comunicados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a finales de septiembre, modificando las estimaciones publicadas en verano. Wisconsin, Carolina del Norte y Ohio —estados ganados por Trump en 2024— registraron los mayores aumentos porcentuales, mientras que Washington D. C. perdió el 70% de su asignación, Illinois el 69%, Nueva Jersey el 49% y California el 31%. Los fondos provienen del programa Homeland Security Grants, creado tras los ataques del 11 de septiembre para fortalecer la seguridad nacional.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones de sesgo político y aseguró que las nuevas fórmulas dan “mayor peso” a las amenazas del crimen transnacional y los cruces fronterizos ilegales. Sin embargo, Trump ha vinculado abiertamente la distribución presupuestal con consideraciones partidistas. Durante el reciente cierre del gobierno, afirmó: “Solo estamos recortando programas demócratas”, una declaración que alimentó las críticas sobre el uso político de los recursos federales.

Un juez federal en Rhode Island suspendió temporalmente la ejecución de los nuevos fondos mientras avanza la demanda de los doce estados afectados. Nueva York, que inicialmente enfrentaba un recorte del 77%, logró que el presidente revirtiera parcialmente la medida el 3 de octubre, sin explicar los motivos. California, por su parte, perdería US$ 55 millones si se mantienen los cambios, pese a ser sede de eventos internacionales de alto perfil como el Super Bowl LX, la Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028.

Los fondos del programa son clave para reforzar capacidades locales en la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad y el crimen organizado. Washington D. C. los ha usado para modernizar sus sistemas de comunicación de emergencia; Nueva York, para financiar sus doce escuadrones antibombas y analistas de inteligencia; e Illinois, para inspeccionar cargamentos en el aeropuerto O’Hare. La demanda argumenta que los recortes pondrían en riesgo la seguridad nacional y violan la legislación que obliga a FEMA a distribuir los fondos según el nivel real de amenaza.

Mientras tanto, estados republicanos como Florida se beneficiarían con incrementos del 76%, en contraste con los recortes en bastiones demócratas. Algunas excepciones, como Nuevo México, Colorado, Maryland y Oregón —estados que votaron contra Trump en 2024— también recibirán aumentos moderados. La redistribución refuerza la tendencia del actual gobierno a reconfigurar la asignación de recursos federales hacia sus aliados políticos, reabriendo el debate sobre la politización de la seguridad interna y la equidad en la protección antiterrorista.

MEDIOS DE EE. UU. RECHAZAN NUEVAS NORMAS DE PRENSA DEL PENTÁGONO

Los principales medios de comunicación de Estados Unidos, entre ellos Fox News, The New York Times, The Washington Post, CNN y Reuters, rechazaron las nuevas normas de prensa impuestas por el Pentágono, cuyo plazo de aceptación venció este miércoles. Según denunciaron en un comunicado conjunto, las disposiciones limitan el acceso a la información y “ponen en riesgo las protecciones fundamentales del periodismo libre y responsable”.

Las cadenas ABC News, CBS News, NBC News y Fox News —donde trabajó el actual secretario de Guerra, Pete Hegseth— advirtieron que la nueva política busca restringir la cobertura independiente de temas militares. Los medios sostienen que las condiciones impuestas “no tienen precedentes” y vulneran el principio de transparencia que debe regir las instituciones públicas, especialmente aquellas con poder militar.

La medida establece que solo los periodistas que firmen un acuerdo de confidencialidad podrán ingresar a las instalaciones del Departamento de Guerra (antiguo Departamento de Defensa). Este documento les prohíbe divulgar información clasificada o “sensitiva”, incluso si no está marcada oficialmente como secreta, lo que, según expertos, amplía peligrosamente la discrecionalidad del Gobierno sobre la información pública.

Hasta el momento, únicamente el canal conservador One America News ha aceptado las condiciones. La decisión del Pentágono, anunciada en septiembre, refuerza el control institucional sobre los contenidos periodísticos y podría alterar el equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad de prensa, una tensión que ha marcado históricamente la relación entre los medios y el aparato militar estadounidense.

TRUMP AMENAZA CON RETIRAR PARTIDOS DEL MUNDIAL DE 2026 EN BOSTON PESE A QUE LA FIFA DEFINE LAS SEDES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar los partidos del Mundial de 2026 programados en los suburbios de Boston, afirmando que partes de la ciudad “han sido tomadas” por los disturbios. Las declaraciones se produjeron durante su encuentro con el mandatario argentino Javier Milei, cuando fue consultado por la alcaldesa Michelle Wu, a quien calificó de “inteligente” pero de “izquierda radical”.

Trump señaló que “podríamos retirarlos”, en referencia a los encuentros que se jugarán en Foxborough, Massachusetts. Aunque no dio detalles, sugirió que “podríamos recuperar” las zonas afectadas “en dos segundos”, en alusión a recientes protestas propalestinas que derivaron en enfrentamientos y dejaron cuatro policías heridos.

La oficina de la alcaldesa Wu respondió sin mencionar directamente al presidente, afirmando que Boston “se siente honrada y emocionada” de recibir el torneo y de “dar la bienvenida a los aficionados del mundo a la cuna de la libertad y ciudad de campeones”. En contraste, el Gobierno federal ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades como Washington y Memphis, mientras enfrenta litigios por intentos similares en Chicago y Portland.

Las amenazas del presidente contrastan con el marco legal de la organización del torneo. Las sedes fueron seleccionadas por la FIFA en 2022 y están amparadas por contratos firmados con las once ciudades estadounidenses anfitrionas —además de tres en México y dos en Canadá—, lo que hace inviable cualquier cambio unilateral. El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, recordó que “es el torneo de la FIFA, bajo su jurisdicción, y ella toma esas decisiones”.

Aun así, Trump insistió en que si percibe “condiciones inseguras”, llamaría directamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA y aliado suyo, para solicitar una reubicación. “No le encantaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad”, afirmó. Los comentarios del mandatario aumentan la tensión entre el Ejecutivo estadounidense y los organizadores del mayor evento deportivo del planeta, que comenzará el 11 de junio de 2026.

VENEZUELA DENUNCIA ANTE LA ONU EL USO DE LA CIA COMO “AMENAZA” CONTRA SU SOBERANÍA

El Gobierno de Nicolás Maduro expresó este miércoles su “extrema alarma” por lo que considera un uso de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos como instrumento de “agresión y hostigamiento” contra Venezuela. En un comunicado oficial, Caracas acusó a Washington de emprender maniobras que buscan “legitimar una operación de cambio de régimen” y advirtió sobre el peligro de una escalada militar en el Caribe, tras los recientes despliegues estadounidenses en la región.

Venezuela anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU, António Guterres, para exigir una “rendición de cuentas” al Gobierno de Estados Unidos. El Ejecutivo chavista pidió medidas urgentes de la comunidad internacional para evitar un conflicto armado, advirtiendo que la “impunidad” ante estas acciones podría tener “consecuencias políticas peligrosas” para toda la región suramericana.

El pronunciamiento se produce tras una investigación de The New York Times, que reveló que la administración del presidente Donald Trump autorizó a la CIA a ejecutar operaciones letales en Venezuela y en el Caribe con el objetivo de “sacar del poder” a Maduro. Según fuentes citadas por el medio, la agencia podría realizar acciones encubiertas contra funcionarios del régimen o coordinarse con fuerzas militares estadounidenses, aunque aún no se ha confirmado si esos planes están en marcha.

En paralelo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá acciones legales ante tribunales nacionales e internacionales para “establecer responsabilidades penales” contra Estados Unidos por sus “amenazas y agresiones”. Además, el Consejo organizará un congreso internacional de juristas y académicos sobre el “derecho a la paz”, para denunciar lo que considera violaciones al derecho internacional por parte de Washington.

El documento de propuestas del Consejo incluye también la convocatoria a una reunión de parlamentarios del Caribe en Venezuela para insistir en declarar la región como “zona de paz”. En su denuncia, el chavismo reiteró que el despliegue estadounidense de unos 10 000 soldados, ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe constituye una “provocación directa”, mientras Washington sostiene que se trata de una operación antidrogas en aguas internacionales.

ALTOS FUNCIONARIOS VENEZOLANOS OFRECIERON A EE. UU. UNA TRANSICIÓN SIN MADURO PARA PRESERVAR EL PODER CHAVISTA

Un grupo de altos dirigentes venezolanos, encabezados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habría promovido discretamente en los últimos meses una propuesta para presentarse ante Washington como una alternativa “más aceptable” al régimen de Nicolás Maduro. Según fuentes citadas por el Miami Herald, las ofertas fueron canalizadas a través de intermediarios en Catar, con el objetivo de lograr una transición pacífica que garantizara la estabilidad política sin desmantelar la estructura del chavismo. Dos propuestas formales fueron transmitidas al Gobierno estadounidense este año, en abril y septiembre, ambas planteando escenarios donde Delcy Rodríguez asumiría la continuidad institucional y el exgeneral Miguel Rodríguez Torres encabezaría un gobierno transitorio.

Los mediadores cataríes habrían intensificado su papel tras el endurecimiento de la política de Washington hacia Caracas, especialmente después del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Catar, con estrechos vínculos financieros con el chavismo y señalado por EE. UU. como refugio de fondos venezolanos, sirvió de canal para las conversaciones. En Doha, Delcy Rodríguez mantendría una “relación cercana” con miembros de la familia real y habría ocultado parte de sus activos. El exembajador y enviado especial estadounidense Richard Grenell habría presentado las propuestas a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, aunque ambas instituciones declinaron comentar.

Las iniciativas, conocidas internamente como el plan del “Cartel Lite”, buscaban ofrecer una versión moderada del chavismo que permitiera una salida ordenada de Maduro sin alterar los intereses del régimen. La primera propuesta, en abril, contemplaba que Maduro renunciara con garantías de seguridad y que EE. UU. levantara las acusaciones judiciales en su contra a cambio de abrir el sector petrolero a empresas estadounidenses y reducir la cooperación con Rusia, China e Irán. Sin embargo, una facción liderada por el secretario de Estado Marco Rubio se opuso, advirtiendo que cualquier acuerdo que no implicara un cambio de régimen traicionaría los principios democráticos.

La segunda propuesta, presentada en septiembre, planteaba la formación de un gobierno transitorio encabezado por Delcy Rodríguez y Rodríguez Torres, con la posibilidad de que Maduro se exiliara en Catar o Turquía. El exministro e investigador del SEBIN, exiliado en España, mantiene vínculos con sectores militares y figuras del chavismo, aunque su historial de abusos de derechos humanos durante su gestión en el Ministerio del Interior constituye un serio obstáculo. El plan también sugería incluir a opositores moderados con vínculos informales con el régimen, pero excluía a la líder María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz, considerada por el chavismo “demasiado inflexible” para participar.

Washington finalmente rechazó las propuestas al considerarlas una maniobra para preservar las estructuras criminales del régimen bajo un nuevo rostro. Según las fuentes, los informes internos concluyeron que el “Cartel Lite” no era una opción viable y que las ofertas solo buscaban asegurar impunidad para los jerarcas chavistas. Desde entonces, la administración Trump ha adoptado una línea dura contra cualquier negociación que involucre a funcionarios sancionados o vinculados con violaciones de derechos humanos y narcotráfico.

COREA DEL SUR EXPRESA OPTIMISMO SOBRE ACUERDO COMERCIAL CON EE. UU., IMPULSANDO ALZA EN LA BOLSA

El principal asesor presidencial de Corea del Sur, Kim Yong-beom, afirmó sentirse “optimista” sobre las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que generó una fuerte reacción positiva en los mercados financieros. Kim, junto con el ministro de Industria Kim Jung-kwan, viajó a Washington para unirse al equipo encabezado por el ministro de Finanzas Koo Yun-cheol y el ministro de Comercio Yeo Han-koo en una nueva ronda de conversaciones.

Las declaraciones de Kim se suman a las de otros altos funcionarios que han señalado avances sustanciales en el diálogo bilateral. A comienzos de semana, Koo Yun-cheol habló de un “progreso enorme”, mientras que el canciller Cho Hyun mencionó “señales positivas” hacia un acuerdo. Del lado estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el miércoles que el pacto está “cerca de concretarse” y que podría anunciarse en los próximos diez días, coincidiendo con la visita del presidente Donald Trump a Seúl a finales de octubre.

El acuerdo preliminar, alcanzado en julio, contempla un paquete de inversión de US$ 350 000 millones y una reducción de aranceles a vehículos surcoreanos del 25% al 15%. No obstante, Seúl busca incluir salvaguardas que mitiguen el impacto cambiario, como una posible línea de swap de divisas o instrumentos financieros que garanticen la viabilidad comercial del pacto. “Hubo respuesta de EE. UU. sobre los riesgos cambiarios, pero aún falta definir el marco general y el texto del acuerdo”, explicó un funcionario de comercio surcoreano.

El optimismo se reflejó en los mercados: el índice KOSPI subió 2,5% hasta alcanzar un máximo histórico, impulsado por el sector automotor. Las acciones de Hyundai Motor se dispararon 8,3%, mientras que las de Kia aumentaron 7,2%, ante las expectativas de una reducción de aranceles que fortalecería la competitividad de la industria surcoreana en Estados Unidos.

Sin embargo, el asesor de seguridad nacional Wi Sung-lac aclaró que no se ha logrado ningún avance en la negociación de una línea de swap con el Tesoro estadounidense. Según el economista Kim Jin-wook, de Citi, la probabilidad de un compromiso parcial tras meses de estancamiento ha aumentado, siempre que se mantenga el monto total de la inversión y se introduzcan medidas alternativas de protección cambiaria en lugar de un intercambio ilimitado de dólares entre bancos centrales.