El presidente Donald Trump anunció este sábado que los dos sobrevivientes de un ataque militar estadounidense contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar Caribe fueron enviados a sus países de origen, Colombia y Ecuador, para su detención y judicialización.

El operativo, realizado el jueves, destruyó un submarino que, según Washington, transportaba fentanilo y otras drogas ilegales con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con Trump, dos personas murieron durante la operación —una más de lo inicialmente informado— y los dos sobrevivientes fueron rescatados por militares estadounidenses antes de ser puestos bajo custodia.

El Pentágono difundió un video del ataque en el que se observa la embarcación parcialmente sumergida y luego varias explosiones.

El presidente Gustavo Petro confirmó la llegada del colombiano sobreviviente. En un mensaje publicado en su cuenta de X, escribió: “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes.”

Trump justificó la operación señalando que Estados Unidos está en una “guerra armada contra los carteles de la droga”, bajo la misma figura legal utilizada tras los atentados del 11 de septiembre, que permite el uso de fuerza letal contra grupos considerados enemigos. Con este nuevo operativo, ya serían al menos 29 las muertes registradas en ataques de este tipo desde septiembre.

MILES DE ESTADOUNIDENSES MARCHAN EN EL PAÍS EN PROTESTA CONTRA DONALD TRUMP BAJO EL LEMA “NO KINGS”

El sábado 18 de octubre de 2025, bajo el lema “No Kings”, se realizaron manifestaciones en los 50 estados y en Washington, D. C., con más de 2.600 actos locales. Las marchas se concentraron en grandes urbes —Washington, Nueva York, Chicago, Boston, San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Atlanta— y también en ciudades medianas como Houston y Birmingham.

En conjunto, las estimaciones de organizadores y primeras coberturas hablaron de una participación de millones de personas a nivel nacional, con ejemplos como San Francisco con 13.500 y 15.000 en Houston y alrededor de 5.000 en Birmingham. La convocatoria, de carácter nacional, se desarrolló de manera simultánea a lo largo del día, con tono mayoritariamente cívico y festivo, y se centró en la defensa de la democracia y demanda de límites al poder presidencial.

Las consignas más repetidas se centraron en la defensa de la democracia y el llamado a establecer contrapesos claros al poder presidencial. Los organizadores y asistentes citaron como motivaciones un rechazo a lo que perciben como una deriva autoritaria, el uso amplio de medidas ejecutivas, el despliegue o militarización de fuerzas federales en ciudades y el endurecimiento de las operaciones migratorias. El contexto inmediato de un cierre del gobierno federal en curso reforzó el tono cívico de la jornada, al enmarcar las protestas en un reclamo por gobernabilidad y separación de poderes. 

Figuras del Partido Demócrata, entre ellas Bernie Sanders y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, participaron en actos y expresaron respaldo al carácter pacífico y patriótico de las movilizaciones. Desde el oficialismo, referentes republicanos cuestionaron la protesta: el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la descalificó como un “hate-America rally”. Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó restando importancia a la consigna y afirmó que no se considera “un rey”. 

En la mayoría de sedes el ambiente fue festivo y familiar —con música, disfraces y carteles satíricos— y los reportes iniciales apuntaron a concentraciones mayormente ordenadas. La jornada se presentó como una segunda gran movilización nacional del año (tras la del 14 de junio), con la intención declarada de canalizar de manera no violenta el descontento y reafirmar principios constitucionales. 

TRUMP IMPONE NUEVOS ARANCELES DEL 25% A CAMIONES IMPORTADOS Y OTORGA CRÉDITOS FISCALES A LA PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ ESTADOUNIDENSE

Trump impuso nuevos aranceles del 25% a las importaciones de camiones medianos y pesados —clases 3 a 8— y a sus partes, junto con un arancel del 10% para buses importados. Las medidas, justificadas por la Casa Blanca bajo el criterio de “seguridad nacional”, entran en vigor el 1 de noviembre y se acompañan de un crédito fiscal equivalente al 3,75% del precio sugerido de venta (MSRP) para vehículos ensamblados en Estados Unidos, vigente hasta 2030. El paquete busca desalentar la dependencia de unidades y componentes importados y, en paralelo, estimular el armado y la integración local de trenes motrices y subconjuntos.

En 2023, Estados Unidos importó camiones (partida 8704) por aproximadamente 43.000 millones de dólares. Los principales orígenes y montos estimados fueron: México (32.000 millones), Canadá (6.590 millones), Reino Unido (1.140 millones), Japón (998 millones), Alemania (779 millones), España (467 millones), Brasil (≈ 287 millones), Suecia (192 millones), Sudáfrica (62 millones) y Bélgica (51 millones). Adicionalmente, en la subcategoría de tractocamiones de carretera (8701.20) las compras rondaron los 12.000 millones de dólares, de los cuales cerca del 99% provino de México. Considerando ambas corrientes (8704 + 8701.20), el agregado se aproxima a 55.000 millones de dólares, con una altísima concentración en Norteamérica.

Por su estructura de comercio, México es el país más expuesto al nuevo arancel, dado su rol dominante como proveedor de camiones terminados y tractocamiones; Canadá, Reino Unido, Japón y Alemania también podrían verse afectados, en especial en nichos de vehículos y componentes de mayor valor. En principio, los flujos que no cumplan con reglas de origen estrictas enfrentarán la tarifa plena, mientras que parte del contenido regional podría mitigar el impacto si acredita origen conforme a los esquemas vigentes. Para los fabricantes con presencia en EE. UU., el crédito de 3,75% actúa como amortiguador parcial del mayor costo de partes importadas y como incentivo para reubicar capacidades de ensamble y motores dentro del país.

En el frente industrial, el crédito fiscal se perfila como una herramienta de competitividad para plantas domésticas de camiones medianos y pesados, al mejorar la ecuación de inversión frente a alternativas importadas. En el corto plazo, puede esperarse una reconfiguración de cadenas para elevar contenido local y regional, nuevas inversiones en líneas de montaje y tren motriz, y un traspaso parcial a precios en segmentos importados extrarregionales. El efecto en tarifas de transporte y costos logísticos dependerá del grado de sustitución por unidades ensambladas en EE. UU. y de la elasticidad de la demanda de flota por parte de operadores y empresas.

Para Colombia, el impacto directo sobre exportaciones de camiones hacia Estados Unidos es acotado. El país no figura entre los diez principales orígenes de estas partidas ni ostenta un peso significativo en las compras estadounidenses de camiones y tractocamiones, por lo que su participación es marginal en términos porcentuales. El efecto más relevante sería indirecto: encadenamientos de autopartes colombianas insertos en plataformas que se ensamblan en terceros países podrían enfrentar ajustes si pierden competitividad frente a proveedores norteamericanos; asimismo, un eventual encarecimiento de equipos importados podría moderar, en el margen, decisiones de renovación de flota con efectos de segunda ronda en demanda de insumos.

En síntesis, el paquete combina un componente restrictivo —aranceles del 25% para camiones y 10% para buses— con un estímulo fiscal —crédito de 3,75% hasta 2030— que intenta anclar producción en Estados Unidos. La exposición mayor recae en México y, en menor medida, en otros socios con envíos puntuales de unidades o partes; el sector doméstico recibe un apoyo explícito a la inversión y al ensamble local. Para Colombia, el efecto directo es limitado por su escasa presencia en estas partidas, mientras que los impactos indirectos dependerán de cómo evolucionen las reglas de origen, la sustitución de proveedores y la reorganización de cadenas hacia América del Norte.

JUEZA FEDERAL ORDENA A AGENTES DE INMIGRACIÓN EN CHICAGO USAR CÁMARAS CORPORALES DURANTE OPERATIVO DE TRUMP

Una jueza federal en Chicago ordenó que los agentes involucrados en el operativo de inmigración impulsado por la administración del presidente Donald Trump en la ciudad usen cámaras corporales durante todas sus actividades de control migratorio y en cualquier interacción con el público.

La decisión de la jueza Sara Ellis responde a denuncias de que los agentes federales no han cumplido con órdenes judiciales previas que establecían límites al uso de la fuerza contra manifestantes y periodistas durante las recientes protestas. En su fallo, Ellis indicó que todos los agentes capacitados y equipados con cámaras deben encenderlas en sus operativos y anunció una audiencia para el lunes, en la que exigirá explicaciones a representantes de las agencias federales sobre la implementación de su decisión, vigente hasta el 6 de noviembre.

Esta nueva medida se suma a una orden anterior que prohíbe el uso de armas antidisturbios —como gases lacrimógenos o balas de goma— sin previo aviso, y que obliga a los agentes a portar identificación visible. Sin embargo, la jueza señaló que en las últimas semanas se han registrado múltiples incidentes en los que agentes federales desplegaron gases lacrimógenos sin advertencia, violando la disposición judicial.

Las medidas surgen en medio de la operación “Midway Blitz”, la ofensiva nacional de deportaciones de Trump, que ha generado arrestos masivos y protestas en Chicago. En respuesta, la Casa Blanca desplegó cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Illinois, alegando que buscaba controlar “violencia sin precedentes” contra las fuerzas federales.

Organizaciones de periodistas, religiosos y manifestantes interpusieron una demanda contra Trump, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, acusándolos de represalias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a la libertad de expresión. El recurso pide declarar las actuaciones del gobierno como inconstitucionales y prohíbe futuras amenazas o agresiones a civiles que no representen un peligro.

En paralelo, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, obtuvo otra orden judicial temporal que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en el estado, una decisión que fue ratificada por una corte de apelaciones el jueves, intensificando el pulso judicial entre las autoridades locales y la administración Trump.