En el día de hoy, el presidente Donald Trump afirmó en una rueda de prensa desde la Oficina Oval que suspenderá todos los recursos de ayuda de Estados Unidos a Colombia, un anuncio que eleva la tensión política bilateral y deja en el aire la continuidad de programas clave de cooperación. En el intercambio con periodistas, Trump fue consultado por unas declaraciones del presidente de Colombia y respondió con una mezcla de ironía y dureza. “Estamos hablando ahora de Colombia, el país, no la universidad. ¿Sí? ¿Él dijo qué?” [We’re talking about now Colombia, the country, not the university. Yes? He said what?], replicó primero, luego de que se le recordara la frase del mandatario colombiano: “Muchas gracias. El presidente de Colombia, en una entrevista reciente, dijo que si usted no cambia, cree que la gente debería deshacerse de usted.” [Thank you so much. The president of Colombia, in a recent interview, said that if you won’t change, he thinks that people should get rid of you.]

Ante la repregunta —“Dijo que, si usted no cambia, entonces quizá haya que deshacerse de usted. ¿Lo considera una amenaza?” [He said that if you won’t change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat?], Trump elevó el tono: “Bueno, es un matón y un tipo malo. Es alguien que está produciendo muchas drogas. Acabamos, a partir de hoy, de detener todos los pagos que van a Colombia, el país, Colombia. También, la escuela de Colombia, no, ya lo resolvimos. Llegamos a un arreglo con él.” [Well, he’s a thug and bad guy. He’s a guy that is making a lot of drugs. We’ve just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country, Colombia.

Also, the school of Colombia, no, we settled. We made a settlement with him.] A continuación, insistió en sus acusaciones y lanzó una advertencia directa: “Pero no, es un matón y un tipo malo, y ha dañado mucho a su país. Lo están haciendo muy mal, Colombia. Ellos producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína.

Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México. Y será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias en su contra y contra su país. Su país es… a lo que ha llevado a su país es a una trampa mortal.” [But no, he’s a thug, and he’s a bad guy, and he’s hurt his country very badly. They’re doing it very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that’s drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we’ll take very serious action against him and his country. His country is, what he has led his country into is a death trap.]

El efecto inmediato de este anuncio es político: coloca a la relación entre Washington y Bogotá en un terreno de alta fricción y anticipa decisiones administrativas para frenar nuevas obligaciones y desembolsos mientras se determinan los alcances legales. Para Colombia, su señal implica incertidumbre sobre la continuidad de iniciativas financiadas por Estados Unidos en seguridad, justicia, salud, desminado y desarrollo territorial; para los implementadores, entra en juego la necesidad de activar planes de contingencia y revisar cronogramas de actividades y entregas.

La traducción práctica dependerá de lo que se comunique a las agencias ejecutoras y de lo que resuelvan, en el corto plazo, los equipos técnicos y jurídicos en materia presupuestal y contractual. Entretanto, la retórica empleada por Trump, que incluye acusaciones y descalificaciones personales, añade un componente de presión pública que puede condicionar la agenda bilateral más allá del frente antinarcóticos.

Dicho lo anterior, también es cierto que la ejecución de la asistencia exterior de Estados Unidos se rige por reglas presupuestales y contractuales: hay partidas que ya estaban comprometidas con contratos firmados, otras que dependen de apropiaciones en curso y, de cara al nuevo año fiscal, la continuidad requiere marcos legales vigentes. En ese contexto, el anuncio de hoy funciona de forma simultánea como señal política y como instrucción administrativa para frenar obligaciones nuevas, mientras los equipos técnicos y jurídicos determinan qué pagos proceden, cuáles pueden aplazarse y qué líneas quedan sujetas a decisiones del Congreso o a litigios.

Para Colombia y sus contrapartes, el foco inmediato será mapear con precisión qué proyectos dependen de fondos aún no obligados, cuáles están amparados por acuerdos existentes de provisión de bienes y servicios, y dónde se requerirían fuentes alternas o planes de contingencia para evitar vacíos críticos en seguridad, justicia y desarrollo.

Para FY2026, en cambio, el año fiscal arrancó el 1 de octubre de 2025 sin una ley de apropiaciones en vigor para “State/Foreign Ops”, y de hecho el gobierno federal entró en cierre por falta de una resolución de continuidad (CR) o paquete anual, lo que de por sí congela la mayoría de nuevas obligaciones en asistencia exterior hasta que el Congreso actúe. La Cámara avanzó su proyecto NSRP (antes “SFOPS”) H.R. 4779 en julio, pero no ha sido convertido en ley, y al 22 de octubre de 2025 no existe una apropiación FY2026 aprobada que permita reanudar normalmente los flujos; Por tanto, incluso sin el anuncio político de hoy, la ejecución de 2026 ya estaba parada por razones legales.

En síntesis: para 2025, hubo presupuesto aprobado (con mínimos y condiciones para Colombia); para 2026, no hay aún aprobación final y rige un cierre que inmoviliza la ayuda hasta nueva orden del Congreso. 

PETRO PROPONE A EE. UU. UNA AGENDA ANTIDROGAS Y COMERCIAL; AMCHAM RESPONDE CON LLAMADO A “MEDIDAS REALISTAS”

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que presentó una propuesta dirigida al gobierno de Estados Unidos en medio de la crisis diplomática bilateral. En su texto, el mandatario aseguró que Colombia trabaja en “decisiones administrativas sobre aranceles no como reacción a la amenaza, sino por interés nacional” y explicó que la iniciativa fue transmitida a Washington a través del encargado de negocios, John McNamara.

Petro detalló tres puntos centrales: establecer un cero arancel para los productos alimentarios y agroindustriales colombianos que se exporten a EE. UU. como contraprestación por la lucha contra el narcotráfico; crear estímulos del gobierno estadounidense a las empresas que firmen contratos de largo plazo con campesinos vinculados a la sustitución de cultivos ilícitos; y promover un tratado internacional para la persecución de bienes y capitales de los capos del narcotráfico. El mandatario también advirtió que el gobierno estadounidense enfrenta un cierre administrativo por falta de acuerdo presupuestal, lo que, según él, “impide cualquier lobby eficaz en este momento”.

De acuerdo a la propuesta la cámara colombo americana replicó en un mensaje en X. “Con respeto, presidente Gustavo Petro, aporto datos para un debate útil y sereno sobre Estados Unidos, aranceles y sustitución, con soluciones realistas que cuiden el ingreso de los hogares y el bienestar de los colombianos”, inició la presidenta.

Precisó que un “shutdown” en EE. UU. no paraliza completamente las decisiones, ya que el Congreso y algunos organismos continúan operando, por lo que “mantener los canales abiertos y el lobby sigue siendo útil y eficaz”. Sobre los aranceles, advirtió que subir impuestos a bienes que Colombia no produce en volumen —como maquinaria, químicos o partes— encarecería los insumos y afectaría el bolsillo de los colombianos, recordando que el 70% de las importaciones provienen de productos que no se fabrican localmente.

La presidenta reconoció que el punto del cero arancel para el agro colombiano es viable y que la orden del 5 de septiembre emitida por Washington permite acordar un 0% recíproco en productos agrícolas, pero subrayó que la negociación técnica aún no se ha iniciado. Además, propuso priorizar temas inmediatos como reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias y agilización de admisibilidad, aspectos clave para aumentar las exportaciones agroindustriales.

En cuanto a los estímulos para las compras estadounidenses explicó que subsidiar importaciones sería “pagarles a terceros para que nos compren”, una medida poco realista. Como alternativa, sugirió utilizar mecanismos del U.S. International Development Finance Corporation (DFC) para financiar inversiones y contratos de compra de largo plazo. Sobre la persecución de activos del narcotráfico, señaló que ya existen tratados multilaterales como la Convención de Viena de 1988 y el Convenio de Palermo de 2000, además de los estándares del GAFI, y que Colombia puede liderar en foros existentes sin necesidad de nuevos acuerdos.

La presidenta de AmCham concluyó su mensaje instando a que el debate se centre en “medidas realistas y pragmáticas, con resultados en los próximos diez meses”, en lugar de propuestas difíciles de ejecutar en el corto plazo. El intercambio entre el presidente y la presidenta de AmCham se suma a la creciente tensión entre Colombia y EE.UU., que atraviesan un momento de fricción comercial y diplomática tras los recientes señalamientos del presidente Donald Trump contra el gobierno colombiano.

EE. UU. REALIZA SU PRIMER BOMBARDEO EN EL PACÍFICO FRENTE A COLOMBIA EN MEDIO DE SU OFENSIVA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El Ejército de Estados Unidos ejecutó en la noche del martes un nuevo bombardeo contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, esta vez en el océano Pacífico frente a las costas de Colombia. Se trata del primer ataque de este tipo fuera del Caribe desde el inicio de la ofensiva antidrogas ordenada por el presidente Donald Trump, según informó la cadena CBS News. El operativo, realizado en aguas internacionales, habría dejado entre dos y tres muertos, según un funcionario estadounidense citado por el medio.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó el ataque en su cuenta de X, asegurando que se trató de “un golpe cinético letal” contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada. “Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, indicó. Hegseth justificó la operación al comparar a los ocupantes de la embarcación con miembros de Al Qaeda, aunque no presentó pruebas sobre su presunta vinculación con el narcotráfico.

Desde el 2 de septiembre, cuando Trump dio luz verde a la ofensiva, las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses han realizado ocho ataques contra embarcaciones sospechosas, todos hasta ahora en el Caribe. Según cifras preliminares, estos bombardeos han dejado 32 muertos. La Casa Blanca sostiene que los operativos se enmarcan en el principio de defensa propia y en un conflicto formal contra los cárteles del narcotráfico.

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar del hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente”, afirmó Hegseth. El presidente Trump ha insistido en que estas acciones buscan “restaurar la seguridad nacional” y proteger a Estados Unidos de lo que considera “una amenaza directa a su población”.

El gobierno colombiano ha expresado su preocupación por la falta de información oficial sobre los ataques y el riesgo de violación del derecho internacional en aguas cercanas a su territorio. El bombardeo en el Pacífico podría agravar las tensiones diplomáticas entre EE.UU. y Colombia, justo cuando ambos países intentan recomponer sus relaciones tras los recientes ataques verbales de Trump contra Gustavo Petro. La ofensiva estadounidense mantiene desplegados a más de 10.000 soldados en el Caribe, junto con 2.200 infantes de marina, ocho buques de guerra y un submarino patrullando la región.

NICOLÁS MADURO ENVÍA MENSAJE DE APOYO A GUSTAVO PETRO Y LANZA FUERTE ADVERTENCIA A ESTADOS UNIDOS: “LO QUE SEA CON COLOMBIA ES CON VENEZUELA”

En medio de la crisis diplomática más tensa en años entre Colombia y Estados Unidos, Nicolás Maduro, expresó un contundente respaldo al gobierno de Gustavo Petro y advirtió a Washington que cualquier acción contra Colombia será considerada también una agresión contra su país. “Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia”, afirmó durante una aparición televisada transmitida por el canal estatal VTV.

Maduro aseguró que Colombia y Venezuela conforman “una sola patria” y reveló que un oficial colombiano —cuyo nombre no mencionó— le habría escrito recientemente para advertirle: “Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia”. El líder venezolano destacó que la unión entre ambos países es “una alianza de sangre y de historia” frente a las amenazas externas, en clara referencia a las recientes medidas del gobierno de Donald Trump contra Bogotá.

Las declaraciones se producen tras una semana de escalada diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Trump calificó a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico ilegal”, anunció la suspensión total de la ayuda económica a Colombia y ordenó aplicar nuevos aranceles a las exportaciones colombianas. La administración estadounidense también justificó un bombardeo naval en el Caribe, alegando que la embarcación atacada pertenecía al ELN, mientras que el gobierno colombiano denunció la muerte de un pescador civil y habló de una violación de soberanía.

Como respuesta, Bogotá llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, y exigió explicaciones formales a través de los canales diplomáticos. Maduro aprovechó la tensión para respaldar públicamente a Petro, asegurando que “Venezuela no permitirá que se repita la historia de agresiones del norte contra nuestros pueblos”. Según analistas, su pronunciamiento busca proyectar liderazgo regional y fortalecer una alianza política con Colombia frente a la Casa Blanca.

En medio de este escenario, el presidente Petro sostuvo en la noche del 20 de octubre una reunión con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. El mandatario confirmó en entrevista con Daniel Coronell que McNamara llevó “razones oficiales” del gobierno estadounidense. La cita se produjo en un clima de incertidumbre entre empresarios y trabajadores colombianos, que temen nuevas medidas económicas o comerciales de Washington en respuesta a la postura de Petro.

DENUNCIAN EN EL SENADO DE EE. UU. EL AUMENTO DE LA PRESENCIA DE HIZBULÁ EN VENEZUELA POR NICOLÁS MADURO

Un grupo de expertos compareció ante el Senado de Estados Unidos para alertar sobre la creciente presencia del grupo Hizbulá en América Latina, especialmente en Venezuela, desde la llegada al poder de Nicolás Maduro. Durante la audiencia, los especialistas presentaron evidencias que, según dijeron, muestran cómo el régimen venezolano ha mantenido vínculos operativos y financieros con la organización considerada terrorista por Washington.

Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo durante el primer mandato de Donald Trump, aseguró que el Gobierno venezolano otorgó contratos a empresas pantalla de Hizbulá desde 2001. “Cuando Maduro tomó el control, la extensión y profundidad de la presencia de Hizbulá en Venezuela se ampliaron drásticamente”, señaló. Según Billingslea, la isla Margarita se convirtió en un centro de entrenamiento paramilitar, mientras que la Agencia Venezolana de Pasaportes habría facilitado documentos a miembros de Hizbulá y Hamás.

El exfuncionario afirmó que varios de esos individuos lograron trasladarse a Estados Unidos y que algunos mantienen vínculos directos con Hizbulá. Los expertos coincidieron en que la tolerancia del régimen venezolano ha permitido que el grupo fortalezca su red de apoyo financiero y logístico en la región, lo que representa un riesgo creciente para la seguridad hemisférica.

Durante la audiencia también se mencionó a Colombia. Matthew Levitt, exsubsecretario de Inteligencia y Análisis del Tesoro, reconoció que existen reportes sobre miembros de Hizbulá en territorio colombiano. Consultado por el senador republicano Bernie Moreno, el experto señaló que “antes de esta Administración había mucho más esfuerzo conjunto del que hay ahora en cooperar con EE. UU. y otros países para atajar el problema”, en alusión a los cambios en la política de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro.

ESTADOS UNIDOS SANCIONA A LAS DOS PRINCIPALES PETROLERAS RUSAS POR LA GUERRA EN UCRANIA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, en respuesta a lo que calificó como la “falta de compromiso serio” del Kremlin con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. “Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.

Las sanciones, publicadas poco después del anuncio desde la Casa Blanca, buscan “mermar la capacidad del Kremlin” de sostener su ofensiva militar. Según Bessent, Washington mantiene su disposición a “tomar nuevas medidas si es necesario para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a otra guerra más” e instó a los aliados de Estados Unidos a sumarse a las restricciones. Desde el Despacho Oval, el mandatario calificó las medidas como “sanciones masivas” y afirmó que espera que ejerzan presión sobre Putin y también sobre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Rosneft, empresa estatal rusa, produce cerca del 6% del crudo mundial y casi la mitad del petróleo de Rusia, mientras que Lukoil, de carácter privado, es su principal competidora y exporta grandes volúmenes hacia Europa y Asia. En conjunto, ambas compañías comercializan alrededor de 3,1 millones de barriles de crudo al día. Las nuevas sanciones amplían las ya existentes y ahora se extienden a todas las filiales y empresas vinculadas en las que las petroleras tengan más del 50% de participación, directa o indirectamente.

El alcance de las medidas incluye el bloqueo de todos los bienes e intereses en territorio estadounidense, la prohibición de transacciones con personas o empresas de EE. UU. y la exclusión total del sistema financiero estadounidense. Con estas disposiciones, Washington busca cortar las fuentes de ingresos clave del Kremlin y restringir su capacidad de financiar operaciones militares, al tiempo que refuerza la presión diplomática sobre Moscú.

Las sanciones llegan en un momento en que las relaciones entre Washington y Moscú siguen congeladas. Este martes, la Casa Blanca aclaró que no existen “planes inmediatos” para una nueva cumbre entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, pese a que el mandatario estadounidense había afirmado la semana pasada que el encuentro se realizaría “en un corto plazo”. La pausa diplomática se da mientras Rusia mantiene su ofensiva en el este de Ucrania y Ucrania busca apoyo internacional para sostener su defensa.

Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, Estados Unidos ha sancionado a más de 6.000 personas y entidades vinculadas con la maquinaria bélica rusa, en coordinación con la Unión Europea, el Reino Unido y otros aliados. Además, en el marco de su política de presión económica global, Trump impuso aranceles de hasta 50% a India por la compra de crudo ruso y amenazó con endurecer las tarifas si Moscú no trabaja hacia un cese al fuego duradero con Kiev. Con estas nuevas medidas, Washington reafirma su estrategia de aislar financieramente al Kremlin y de forzar un cambio de postura frente al conflicto ucraniano.

EE.UU. EVALÚA ARANCELES DEL 100% A NICARAGUA POR SUS POLÍTICAS “IRRAZONABLES” DE DERECHOS HUMANOS

El Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer aranceles de hasta 100% a Nicaragua y suspender su participación en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), tras concluir que el régimen de Daniel Ortega mantiene políticas “irrazonables” en materia de derechos humanos y laborales. Según la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), estas prácticas “obstaculizan o restringen el comercio estadounidense” y vulneran principios fundamentales del Estado de Derecho.

El informe de la USTR plantea aplicar los aranceles de manera inmediata o escalonada en un plazo de hasta 12 meses. Además, propone retirar o suspender los beneficios del DR-CAFTA, acuerdo que desde su entrada en vigor en 2006 casi cuadruplicó las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos. La entidad aceptará comentarios públicos hasta el 19 de noviembre antes de tomar una decisión final sobre las medidas.

La investigación bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974 comenzó el 10 de diciembre de 2024, durante la Administración de Joe Biden, tras múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Luego de recibir más de 160 comentarios y celebrar una audiencia pública en enero, la USTR concluyó que el régimen “ha cometido o permitido una serie de abusos laborales y de derechos humanos, incluso contra personas y bienes estadounidenses”.

El reporte advierte que esas políticas limitan las oportunidades comerciales de las empresas estadounidenses en Nicaragua y denuncian el “desmantelamiento del Estado de Derecho” bajo el control del matrimonio Ortega-Murillo. En febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había anticipado que Washington estudiaría una posible expulsión de Nicaragua del DR-CAFTA, en respuesta a la represión política y la falta de libertades en el país centroamericano.

Economistas y analistas nicaragüenses alertaron que las consecuencias de estas medidas serían “devastadoras”. Juan Sebastián Chamorro, opositor excarcelado y expulsado a Washington, señaló que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones nicaragüenses, en especial el oro y el sector textil, por lo que la pérdida de beneficios comerciales afectaría severamente al país. También advirtió que la incertidumbre sobre la relación con Washington podría disuadir la inversión extranjera y profundizar el aislamiento económico del régimen de Ortega.

EE. UU. SE COMPROMETE A DESARMAR A HAMÁS Y RECONSTRUIR GAZA TRAS LA REUNIÓN VANCE-NETANYAHU

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reafirmó en Jerusalén el compromiso de Washington con el desarme del grupo islamista Hamás y la reconstrucción de la Franja de Gaza, tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “Tenemos un reto muy difícil por delante que es desarmar a Hamás y reconstruir Gaza; mejorar las vidas de la gente en Gaza, pero también asegurar que Hamás ya no suponga una amenaza para nuestros amigos en Israel”, declaró Vance en un comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

El vicepresidente destacó que este objetivo forma parte de la agenda prioritaria de la Administración Trump, centrada en garantizar la seguridad de Israel y supervisar la aplicación del alto el fuego vigente en la región. La visita de Vance busca además fortalecer los mecanismos de cooperación humanitaria y militar que Estados Unidos impulsa en el Mediterráneo oriental para estabilizar Gaza tras meses de conflicto.

Vance llegó a Israel el martes para una visita de dos días, acompañado del enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La delegación estadounidense recorrió el nuevo Centro de Coordinación Civil y Militar ubicado cerca de la Franja, destinado a supervisar la distribución de ayuda y las tareas de reconstrucción.

Netanyahu agradeció la presencia del vicepresidente y resaltó la “solidaridad total” de Estados Unidos con Israel. Aseguró que, aunque ha trabajado con distintas administraciones estadounidenses, “nunca antes ha habido una alianza como la actual”, en referencia a la cercanía entre su Gobierno y el círculo más próximo al presidente Trump. Según Netanyahu, esta cooperación “marca una nueva era de entendimiento estratégico” entre ambos países.

EL REPRESENTANTE COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS, JAMIESON GREER, Y EL SECRETARIO DEL TESORO, SCOTT BESSENT, VIAJARÁN A MALASIA PARA REUNIONES CON FUNCIONARIOS CHINOS

El Representante Comercial de Estados Jamieson Greer anunció que él y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, viajarán a Malasia para sostener reuniones con sus homólogos chinos sobre las recientes restricciones de China a las exportaciones de minerales de tierras raras. Greer calificó las medidas de China como “increíblemente agresivas” y “desproporcionadas”, señalando que violan compromisos previos de mantener el suministro de estos materiales esenciales para la industria tecnológica estadounidense.

El viaje de los altos funcionarios se enmarca en la agenda del presidente Donald Trump, quien asistirá esta semana a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur y posteriormente al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Seúl, programado para el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Greer afirmó que todavía existe la posibilidad de una reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, al margen de estos encuentros, aunque aclaró que la decisión será “mutua” y dependerá del clima diplomático.

Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo se reavivaron en las últimas semanas después de que China impusiera controles a las exportaciones de casi todos los minerales de tierras raras, lo que llevó a Trump a ordenar aranceles adicionales del 100% sobre los productos chinos a partir del 1 de noviembre. El USTR Greer y Bessent subrayaron que Estados Unidos no busca una desvinculación económica con China, sino un comercio más equilibrado y transparente. “Hay un buen punto de aterrizaje donde ambos países pueden comerciar de forma constructiva y en bienes no sensibles”, explicó Greer.

El funcionario también adelantó que las conversaciones incluirán temas agrícolas, tras la decisión de Pekín de detener la compra de soya y sorgo estadounidenses, medida que calificó como un intento deliberado de dañar a los agricultores del país. El USTR Greer aseguró que el presidente Trump abordará personalmente el tema en las reuniones multilaterales, recordando que China aún mantiene compromisos pendientes de compra de productos agrícolas y manufacturados adquiridos durante el primer mandato del republicano.

LA ÚLTIMA OLA MIGRATORIA ELEVÓ LA POBLACIÓN INDOCUMENTADA DE ESTADOS UNIDOS A 13,7 MILLONES EN 2023

La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos aumentó de 10,7 millones en 2019 a 13,7 millones a mediados de 2023, según un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI). El reporte reveló que el salto de tres millones fue el mayor incremento registrado desde comienzos de siglo, impulsado por el aumento de llegadas desde Sudamérica y el Caribe. La proporción de migrantes indocumentados alcanzó así el 26% del total de extranjeros en el país.

El estudio atribuyó este repunte a múltiples factores, entre ellos la rápida recuperación económica de Estados Unidos tras la pandemia, la inestabilidad política en América Latina y la violencia de pandillas en Haití, Ecuador y partes de México. También destacó el impacto de las políticas de ‘parole’ humanitario del gobierno de Joe Biden, que habrían incentivado a más personas a intentar cruzar la frontera.

La nacionalidad mexicana sigue siendo la más común entre los migrantes sin estatus legal, con más de 5,5 millones de personas en 2023. Sin embargo, el informe subrayó que el aumento reciente se debió sobre todo a la llegada de ciudadanos de Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil. Estas nacionalidades contribuyeron a que la composición del flujo migratorio fuera más diversa que en décadas anteriores.

A mediados de 2023, el 26% de los migrantes en EE. UU. carecía de documentación legal. De ellos, unos cuatro millones contaban con algún tipo de protección temporal —TPS, DACA, asilo o permiso humanitario—. Además, 4,2 millones estaban casados con ciudadanos o residentes legales, pero muchos no podían regularizar su estatus debido a restricciones establecidas en la ley migratoria de 1996.

El informe advirtió sobre el impacto social de esta situación, al estimar que 6,3 millones de niños vivían con al menos un progenitor indocumentado, de los cuales solo un millón eran ciudadanos estadounidenses. Según el MPI, estos menores enfrentan limitaciones en el acceso a educación, salud y ayudas públicas, además del riesgo constante de separación familiar por las medidas de control migratorio.

Finalmente, el estudio indicó que cerca del 80% de los migrantes indocumentados llevan más de cinco años en Estados Unidos y la mitad más de veinte. La construcción es el principal sector laboral de esta población, con un 22% del total, seguida por los servicios de alimentación con un 10%. Los Ángeles, Houston y Miami encabezan las ciudades con más presencia, mientras California, Texas y Florida concentran la mayor cantidad de indocumentados. No obstante, el MPI estima que la cifra habría disminuido desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, debido al endurecimiento de las políticas migratorias y al aumento de las deportaciones.

EL KREMLIN RESPONDE A TRUMP: “NADIE QUIERE PERDER TIEMPO”

El Kremlin respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el aplazamiento de la cumbre bilateral prevista en Budapest, afirmando que “nadie quiere perder el tiempo”. “Ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, declaró el portavoz Dmitri Peskov en su rueda de prensa diaria, en alusión a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien había dicho que no deseaba “una reunión inútil”. Según Peskov, ambos líderes están acostumbrados a trabajar “de manera efectiva y con grandes resultados”, aunque subrayó que “la efectividad siempre requiere tiempo”.

El funcionario ruso aseguró que “por el momento no hay ninguna noticia” sobre la fecha de la cumbre y calificó de “chismes y rumores” las especulaciones sobre su cancelación. No obstante, reconoció que existe una “pausa” en las negociaciones de paz sobre Ucrania que requiere la implicación directa de Trump y Putin. “Esa reunión debe estar bien preparada”, insistió, sugiriendo que el aplazamiento no implica una ruptura en el diálogo entre Moscú y Washington.

Trump había afirmado el martes desde la Casa Blanca que no quiere “perder el tiempo” en una reunión que no produzca resultados concretos. “Vayan a la línea de batalla, a los campos de combate, y luego regresen a casa. Todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente”, dijo el mandatario al explicar su decisión de posponer el encuentro. La Casa Blanca confirmó que la reunión, prevista para finales de octubre, no se realizará en el “futuro inmediato”.

El anuncio se produjo después de una conversación telefónica entre el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Durante esa llamada, Lavrov rechazó la posibilidad de un alto el fuego inmediato en Ucrania, contradiciendo la propuesta de Trump, respaldada por Kiev y la Unión Europea. La negativa rusa profundiza el estancamiento diplomático entre ambos países, que intentan mantener abiertos los canales de comunicación pese a la creciente tensión sobre el conflicto ucraniano.

EL ALCALDE DE NUEVA YORK REITERA QUE LA CIUDAD NO COOPERA CON ICE TRAS REDADA EN MANHATTAN

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró que la ciudad no colabora con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en operativos de deportación, tras la detención de varias personas en una redada en plena calle en el barrio de Chinatown, en Manhattan. “La Ciudad de Nueva York no coopera con las autoridades federales en materia de deportaciones civiles, de acuerdo con nuestras leyes locales”, escribió Adams en su cuenta de X, recordando que la urbe mantiene su estatus de “ciudad santuario”.

Según medios locales, alrededor de cuarenta agentes de inmigración participaron en la operación en Canal Street, zona conocida por sus vendedores ambulantes y la mezcla de comunidades latina y asiática. Testigos aseguraron que los oficiales interceptaron a varios transeúntes y exigieron pasaportes o documentos de estatus migratorio, lo que provocó protestas entre los presentes, quienes gritaron “¡Qué vergüenza!” mientras grababan los hechos.

De acuerdo con organizaciones como la Immigrant Coalition, al menos cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a un edificio federal cercano donde ICE mantiene bajo custodia a migrantes con procesos de deportación. Sin embargo, sus identidades y paradero exacto no han sido confirmados. La cadena ABC reportó que el operativo incluyó agentes de otras agencias federales como el FBI y la DEA, bajo coordinación del Departamento de Seguridad Nacional.

El alcalde Adams insistió en que su administración “no tuvo ninguna participación en la operación” y subrayó que los esfuerzos de las autoridades locales deben concentrarse en combatir el crimen violento y no en perseguir a inmigrantes que buscan una vida mejor. “Los neoyorquinos indocumentados que intentan perseguir sus sueños americanos no deben ser el objetivo de las fuerzas del orden”, declaró.

La Policía de Nueva York también aclaró en redes sociales que no participó en la redada y reafirmó el compromiso de la ciudad con sus políticas de protección a los migrantes. Como ciudad santuario, las agencias municipales tienen prohibido cooperar con ICE en deportaciones civiles. El hecho, ocurrido en un contexto nacional de endurecimiento migratorio, reavivó el debate sobre el alcance de la cooperación entre las autoridades locales y federales en Estados Unidos.

INDUSTRIA NAVAL Y PORTUARIA DE EE. UU. SUFRE IMPACTO POR OFENSIVA DE TRUMP CONTRA LA ENERGÍA EÓLICA MARINA

Los astilleros y operadores portuarios de Estados Unidos están enfrentando pérdidas millonarias como consecuencia de la campaña del presidente Donald Trump para desmantelar la industria de la energía eólica marina. Según una investigación de Reuters, las políticas de la actual Administración —que incluyen órdenes de suspensión de obras y revisiones de permisos— han provocado la cancelación de contratos, la pérdida de más de 679 millones de dólares en financiamiento federal y un futuro incierto para miles de empleos e inversiones.

La ofensiva de Trump, dirigida contra un sector impulsado por la política verde de Joe Biden, ha tenido efectos colaterales sobre industrias que el propio mandatario dice defender, como la marítima y la portuaria. El Departamento de Transporte canceló 12 subvenciones destinadas a apoyar proyectos de infraestructura portuaria vinculados a la energía eólica, entre ellos uno en Salem, Massachusetts, que habría generado 800 empleos y 75 millones de dólares en ingresos fiscales. En California, la cancelación de fondos retrasará al menos cinco años el proyecto del puerto de Humboldt Bay.

El impacto también golpea a los astilleros estadounidenses. La empresa danesa Maersk canceló un contrato de 475 millones de dólares para la construcción de un buque especializado en instalar turbinas eólicas, mientras que otras navieras han vendido sus embarcaciones o las han trasladado a otros países. Oceantic Network, asociación de la industria marítima, estimó que el sector había atraído más de 5.000 millones de dólares en inversiones portuarias y 1.800 millones en pedidos de buques antes del giro político de la Casa Blanca.

Empresas como Blount Boats en Rhode Island y Seacor Marine en Texas informaron que dejaron de fabricar o vender barcos diseñados para proyectos eólicos ante la falta de contratos. En paralelo, el constructor estadounidense Great Lakes Dredge & Dock anunció que su buque “Acadia”, el primero en instalar rocas para cimentar turbinas, probablemente trabajará en el extranjero. “El argumento de Trump es contradictorio”, advirtió Joe Orgeron, exempresario del sector naval y legislador republicano en Luisiana, quien recordó que “la energía eólica fue responsable de muchos pedidos que ahora se han detenido por completo”.

Pese al golpe económico, la Administración Trump sostiene que puede “restaurar la dominancia marítima” del país sin depender de la energía eólica marina, apostando por la modernización de los puertos y la expansión de la construcción naval para competir con China. Sin embargo, los sindicatos y autoridades locales advierten que la política actual amenaza con desmantelar una cadena industrial emergente que integraba la manufactura, la ingeniería y el empleo en múltiples estados. “Trump siempre mostró pasión por el acero”, dijo Jim Strong, de United Steelworkers. “Queremos creer que, cuando entienda el impacto en estas industrias, podría reconsiderar su posición”.

DONALD TRUMP RECLAMA 230 MILLONES DE DÓLARES POR LAS INVESTIGACIONES FEDERALES EN SU CONTRA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Departamento de Justicia una compensación de aproximadamente 230 millones de dólares por las investigaciones federales que se realizaron en su contra tras su primer mandato. Desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó: “Sí, probablemente me deben mucho dinero”, al referirse a los procesos judiciales que enfrentó antes de volver al poder. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia del país, pues las causas ahora serían revisadas por funcionarios designados por su propia Administración.

Expertos legales advirtieron que la situación plantea serios conflictos éticos, ya que algunos de los actuales responsables del Departamento de Justicia fueron abogados o asesores del presidente. Las investigaciones mencionadas incluyen los casos sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, el manejo de documentos clasificados y las pesquisas sobre el presunto uso indebido de fondos de campaña durante su primer gobierno.

Trump ya había iniciado un proceso administrativo en 2023 para reclamar una indemnización por supuestas violaciones a sus derechos constitucionales. En una segunda denuncia presentada en 2024, acusó al FBI de vulnerar su privacidad durante el registro de su residencia y club Mar-a-Lago, en Florida, en agosto de 2022, cuando los agentes buscaban documentos confidenciales. También responsabilizó al Departamento de Justicia de un “procesamiento malicioso” por el caso de los registros clasificados.

Durante su actual mandato, Trump ha promovido acciones legales y disciplinarias contra exfuncionarios que participaron en las investigaciones en su contra, incluidos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI James Comey. Ambos lideraron pesquisas que afectaron al entonces expresidente en su etapa como empresario y candidato. La reclamación de 230 millones de dólares, según analistas, busca no solo reparación económica, sino también desacreditar los procesos judiciales que marcaron su primer periodo presidencial.