El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el Ministro del Interior Armando Benedetti, por supuestos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó la medida bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 14059, que permite designar a personas extranjeras implicadas en el comercio ilícito de drogas. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado su nivel más alto en décadas” bajo el mandato de Petro.

La administración estadounidense acusa al presidente colombiano de haber permitido el crecimiento de los carteles de droga mediante su política de “paz total”, la cual —según Washington— habría beneficiado a organizaciones narcoterroristas. El Tesoro señaló que, desde 2022, el país ha experimentado un aumento récord en la siembra de coca y producción de cocaína, lo que habría llevado a la Casa Blanca a determinar el 15 de septiembre que Colombia “falló de manera demostrable” en sus compromisos antidrogas.

El comunicado también recuerda que Petro fue miembro de la guerrilla y lo responsabiliza de haber puesto en riesgo la cooperación internacional en materia financiera. En 2024, según el Tesoro, habría compartido información confidencial obtenida de canales de inteligencia antilavado, lo que provocó la suspensión temporal de Colombia del Grupo Egmont. Además, Washington lo acusa de estrechar lazos con el “régimen narcoterrorista” de Nicolás Maduro y con el Cartel de Los Soles, intensificando la desconfianza entre Bogotá y sus aliados tradicionales.

El documento designa específicamente al presidente Petro bajo la Orden Ejecutiva 14059 por “haber participado o intentado participar en actividades que contribuyen materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”. Con ello, sus bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y las personas o entidades en Estados Unidos tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con él o con sus allegados sancionados.

Entre los sancionados se encuentra Nicolás Petro, descrito como “heredero político” de su padre y señalado por haber canalizado dinero del narcotráfico hacia la campaña presidencial y los programas de paz. OFAC recuerda que Nicolás fue detenido en 2023 por lavado de dinero e enriquecimiento ilícito y admitió haber recibido fondos de origen criminal. La primera dama, Verónica Alcocer, fue incluida por haber sido “nombrada inconstitucionalmente” en un cargo diplomático, mientras que Armando Benedetti figura por su papel en la financiación electoral y su posterior designación como ministro del Interior.

El Tesoro advierte que todas las propiedades, activos o intereses de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Asimismo, cualquier entidad controlada en un 50% o más por alguno de los designados también se considerará bloqueada. La legislación prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar o facilitar transacciones, contribuciones o servicios con estas personas sin una licencia específica.

Finalmente, el comunicado subraya que el objetivo de las sanciones “no es castigar, sino promover un cambio positivo de conducta”. OFAC reiteró que los individuos sancionados pueden solicitar su exclusión de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List) si cumplen con los requisitos legales. Sin embargo, la medida representa la acción más dura adoptada por Washington contra un jefe de Estado colombiano en ejercicio, marcando un punto de inflexión en la relación bilateral.

En respuesta, Gustavo Petro confirmó en su cuenta de X su inclusión en la lista OFAC junto con su familia, señalando que “la amenaza de Bernie Moreno se cumplió”. El mandatario aseguró que su defensa estará a cargo del abogado estadounidense Dany Kovalik y calificó la medida como una paradoja: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”. Concluyó su mensaje afirmando: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también reaccionó en X calificando la sanción como una represalia por “haber defendido la dignidad del país” y negando categóricamente cualquier vínculo con el narcotráfico: “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home.”

Respuestas desde EE. UU. a la sanción impuesta a Gustavo Petro

• Scott Bessent (Secretario del Tesoro): “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se negó a detener esta actividad. Hoy el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas.”
• Carlos A. Gimenez (Congresista Republicano):  “Le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaría su patético accionar. Ahora que coseche lo que ha sembrado. Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de Estados Unidos.”
• Bernie Moreno (Senador EE.UU.): “FAFO” “JPAA”

IMPLICACIONES ANTE UNA INCLUSIÓN DEL PRESIDENTE EN LA LISTA OFAC (“LISTA CLINTON”)

Este documento analiza, en términos estrictamente jurídicos y operativos, los efectos que se derivarían si un Presidente de la República de Colombia fuese incluido en la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) administrada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El análisis es técnico y neutral, no expresa valoraciones de los gobiernos de Estados Unidos ni de Colombia, y debe tomarse como referencia informativa para gestión de riesgos y cumplimiento.

Marco jurídico mínimo

• Base legal: Executive Order (EO) 14059 (15-dic-2021) y su reglamentación en 31 CFR Parte 599 – Illicit Drug Trade Sanctions Regulations. La EO autoriza bloquear bienes/intereses y restringir transacciones de/para personas sancionadas; además, permite suspender la entrada a EE. UU. de ciertos no ciudadanos que cumplan criterios.
• Sujetos obligados: “Personas estadounidenses” (ciudadanos/residentes, entidades organizadas en EE. UU. —incluidas sucursales extranjeras— y cualquier persona situada en EE. UU.) deben cumplir las sanciones, en cualquier lugar.
• Regla del 50 % (propiedad): una entidad queda bloqueada automáticamente si uno o varios sancionados poseen ≥ 50 % en conjunto; control sin 50 % no bloquea per se, pero no se puede negociar, contratar o procesar una transacción si interviene el individuo sancionado (por ejemplo, firmando a nombre de una entidad no bloqueada). 
• Reportes regulatorios: bloqueo (31 CFR 501.603) y rechazos de transacciones prohibidas (31 CFR 501.604).

Efectos económicos y financieros (en derecho y en la práctica)

Inmediatos

• Bloqueo patrimonial del designado: cualquier bien o interés del Presidente designado que esté en EE. UU., entre a EE. UU. o esté bajo posesión o control de una persona estadounidense, queda bloqueado; no puede ser transferido, pagado o dispuesto. 
• Prohibición de trato por personas estadounidenses: bancos corresponsales, emisores, agentes de pago, auditores y contrapartes de EE. UU. no pueden celebrar actos/contratos ni procesar operaciones donde el designado tenga cualquier interés o intervenga (firmen/negocien) —aun si actúa por una entidad no bloqueada. 
• Pagos en USD: toda operación que toque el sistema financiero de EE. UU. queda sujeta a estas prohibiciones; si detectan interés/intervención del designado, las instituciones deben bloquear o rechazar y reportar a OFAC. 

Mediano plazo

• Fricción de mercado y “de-risking”: sin ser sanción país, el riesgo regulatorio / reputacional induce controles reforzados y auto-restricciones de contrapartes internacionales, lo que puede encarecer plazos y spreads. (Efecto de cumplimiento; no surge de un embargo general a Colombia.) 
• Multilaterales: bajo este programa, personas estadounidenses que trabajan para ONU, CIADI/MIGA, Grupo BID, ADB, AfDB, EBRD, CICR /
• Federación sí pueden seguir su negocio oficial por licencia general; no hay “congelamiento automático” por OFAC de líneas de crédito de estas entidades. Decisiones de pausar/desembolsar son de política institucional de cada organismo, no de la norma OFAC.
• Empresas estatales/proyectos: no quedan bloqueados por la sola designación del Presidente; pero si el designado interviene (p. ej., autoriza/firmas), las personas estadounidenses deben abstenerse, lo que exige reasignar facultades de firma y controles de no-intervención para preservar operaciones en USD. 

Gobernabilidad y administración pública

• No es sanción al Estado: el gobierno no queda bloqueado; sin embargo, cualquier intervención del Presidente designado en actos con nexo EE. UU. invalida la posibilidad de que “personas estadounidenses” participen.
• Riesgo de co-designación a terceros: la EO 14059 permite designar a quienes “proporcionen apoyo financiero/material/tecnológico” a un sancionado. No es una “sanción secundaria” automática, pero sí un riesgo de co-designación por apoyo material. 
• Visas/entrada a EE. UU.: la EO autoriza suspender la entrada del no ciudadano que cumpla criterios y para quien se haya seleccionado esa medida; hay excepciones discrecionales (interés nacional/objetivos de aplicación de la ley). 

Relación bilateral y foros internacionales

·         Cooperación con EE. UU.: la continuidad de programas (seguridad, desarrollo, antidrogas) es una decisión de política; OFAC no impone un corte general al Estado, pero la presencia de un designado complica la ejecución contractual con contrapartes de EE. UU. si interviene.

·         Participación en foros: donde haya personas estadounidenses o infraestructura financiera de EE. UU., se exigirán garantías de no-intervención del designado para permitir actos logísticos/financieros. 

EE. UU. HUNDE OTRA LANCHA ATRIBUIDA AL “TREN DE ARAGUA”; AUTORIDADES DICEN QUE MURIERON SEIS TRIPULANTES

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque cinético letal” nocturno contra una embarcación en el mar Caribe que, según el Pentágono, era operada por el “Tren de Aragua” y transportaba narcóticos. Las autoridades afirmaron que seis hombres a bordo murieron en el operativo, ejecutado por orden del presidente Donald Trump, como parte de la ofensiva contra organizaciones designadas como terroristas.

El Gobierno estadounidense aseguró que el ataque se realizó en aguas internacionales y que la lancha transitaba por una ruta “conocida” de narcotráfico. Hegseth calificó a los fallecidos de “narcoterroristas” y sostuvo que los servicios de inteligencia habían rastreado sus movimientos durante días. No obstante, hasta el momento, el Pentágono no ha presentado pruebas que respalden la existencia de cargamentos ilícitos ni la pertenencia de los tripulantes al grupo venezolano.

El secretario de Guerra afirmó que este fue el “primer ataque nocturno” dentro de la actual campaña militar ordenada por Trump para frenar el supuesto flujo de drogas hacia Estados Unidos. Desde septiembre, se han reportado al menos una decena de operaciones similares en el Caribe y el Pacífico, dirigidas contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos. Washington sostiene que la estrategia busca “eliminar” a las redes de narcotráfico en el hemisferio.

Las acciones militares han intensificado las tensiones diplomáticas con los gobiernos de Colombia y Venezuela, cuyos mandatarios, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, han rechazado las acusaciones de Trump de liderar “redes de narcotráfico”. Ambos han denunciado las operaciones como violaciones a la soberanía regional y han exigido transparencia sobre los ataques.

Críticos de la ofensiva alertan que la política estadounidense de “ataques preventivos” podría vulnerar el derecho internacional al usar fuerza letal sin pruebas verificadas ni coordinación con países afectados. Para la administración Trump, en cambio, se trata de una estrategia legítima de seguridad nacional para proteger a Estados Unidos del narcotráfico y de los grupos que vincula con el terrorismo transnacional.

EE. UU. DESPLIEGA SU MAYOR PORTA AVIONES EN EL CARIBE EN MEDIO DE LA TENSIÓN CON EL RÉGIMEN DE MADURO

El Pentágono confirmó el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de su flota, al mar Caribe para reforzar las operaciones contra el narcotráfico bajo el mando del Comando Sur. El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, explicó que la medida responde a una directiva presidencial orientada a “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”. El despliegue se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, tras una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones presuntamente utilizadas por narcotraficantes.

Parnell detalló que la presencia ampliada de fuerzas estadounidenses permitirá mejorar las capacidades de detección, monitoreo e interrupción de actividades ilícitas que amenazan la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad regional. Según el Pentágono, el Gerald Ford y su grupo de ataque se integrarán a la flota desplegada desde septiembre, que ya incluye tres buques anfibios, cazas F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9, operativos desde bases en Puerto Rico. La misión, señaló el portavoz, busca fortalecer la cooperación regional y “degradar y desmantelar las redes de narcotráfico”.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han realizado cerca de una decena de ataques marítimos en el Caribe y el Pacífico contra supuestas narcolanchas, con un saldo de decenas de muertos cerca de las costas de Colombia y Venezuela. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó el viernes sobre una nueva operación en la que fue hundida una lancha presuntamente operada por el grupo venezolano Tren de Aragua, dejando seis muertos. “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos igual que a Al Qaeda”, advirtió Hegseth en la red social X.

El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la escalada militar y confirmó que su administración evalúa extender la ofensiva a operaciones terrestres. “La tierra será lo siguiente”, afirmó en declaraciones a la prensa junto a Hegseth, insistiendo en que “vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”. Trump también ha autorizado a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano, lo que ha aumentado las denuncias del régimen de Nicolás Maduro, que acusa a Washington de intentar provocar un “cambio de régimen” por la fuerza.

En respuesta, Maduro ordenó el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y milicianos a lo largo de las costas venezolanas en ejercicios militares de 72 horas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó la movilización y aseguró que Venezuela alcanzará “el punto óptimo” de preparación ante el despliegue naval estadounidense. “Ellos pueden desplegar cuantas unidades quieran, pero cualquier intento fracasará”, dijo el funcionario durante un acto transmitido por la televisión estatal.

El ambiente se tensó aún más tras reportarse el sobrevuelo de un bombardero estratégico B-1B sobre el Caribe, cerca de la costa venezolana, apenas una semana después de ejercicios con bombarderos B-52. El Comando Sur explicó que se trata de maniobras de “disuasión y entrenamiento”, aunque Caracas las interpreta como provocaciones. Desde Brasil, el asesor presidencial Celso Amorim advirtió que cualquier acción militar contra Venezuela “alimentaría el resentimiento y la radicalización en el continente”, reflejando la preocupación regional ante el aumento del poderío militar estadounidense en el Caribe.

TRUMP EVALÚA ATAQUES CONTRA INSTALACIONES DE COCAÍNA DENTRO DE VENEZUELA EN MEDIO DE UNA CRECIENTE TENSIÓN MILITAR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando planes para atacar laboratorios y rutas de tráfico de cocaína dentro de Venezuela, según confirmaron tres funcionarios estadounidenses a CNN. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, la posibilidad de una acción militar marca un nuevo escalamiento en la estrategia antidrogas de Washington. La Casa Blanca no descarta una vía diplomática, pero las conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro fueron suspendidas este mes tras el colapso de los contactos encabezados por el enviado especial Richard Grenell.

De acuerdo con las fuentes citadas, los planes se están evaluando en distintos niveles del Gobierno, con énfasis en atacar las operaciones que Estados Unidos vincula al tráfico de drogas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó redirigir hacia el Caribe al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente en Europa, mientras el presidente autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en territorio venezolano. Funcionarios estadounidenses aseguran que la ofensiva busca “dismantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo”, aunque admiten que cualquier ataque terrestre requeriría notificación o autorización del Congreso.

Trump ha intensificado su retórica sobre posibles ataques dentro de Venezuela, en paralelo a una campaña de bombardeos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que, según el Pentágono, han dejado al menos 43 muertos desde septiembre. “No voy a pedir una declaración de guerra. Simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”, dijo el mandatario, subrayando que continuará con los ataques sin esperar la aprobación legislativa. Altos funcionarios de su administración consideran que la campaña podría derivar en un cambio de régimen, al presionar a los círculos cercanos a Maduro que se benefician de las redes de narcotráfico.

Aunque Estados Unidos sostiene que parte del tráfico de drogas pasa por Venezuela, informes de la ONU y de la DEA indican que el país no es productor de cocaína y que la mayoría de los cultivos se concentran en Colombia, Perú y Bolivia. Pese a ello, Washington mantiene las acusaciones de que Maduro y altos funcionarios venezolanos están implicados en actividades de narcoterrorismo, basándose en la imputación federal presentada en 2020 por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.

El creciente despliegue militar ha reforzado las dudas sobre los verdaderos objetivos de la administración Trump en la región. A las fuerzas navales en el Caribe se han sumado más de 4.500 marines, destructores con misiles guiados, submarinos de ataque y drones de vigilancia operando desde Puerto Rico, donde también se reactivó la base de Roosevelt Roads tras dos décadas de cierre. La acumulación de poder militar estadounidense cerca de Venezuela, junto con la autorización de operaciones encubiertas, ha elevado la preocupación internacional por una posible intervención directa bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

“LES GOLPEAREMOS MUY DURO”: TRUMP ANUNCIA OFENSIVA TERRESTRE CONTRA NARCOTRAFICANTES Y MADURO RESPONDE CON ADVERTENCIA

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos pasará de los ataques marítimos a operaciones en tierra contra los narcotraficantes, después de ejecutar una serie de asaltos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que, según el conteo oficial, han dejado al menos 34 muertos. En el Despacho Oval aseguró que “les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra” y señaló que el Gobierno ofrecerá explicaciones al Congreso antes de proceder, sin detallar fechas ni objetivos específicos.

La campaña naval, que incluyó la movilización de destructores, unidades de fuerzas especiales y un submarino, comenzó el 2 de septiembre y ya suma ocho ataques letales según declaraciones del Pentágono; el más reciente se registró en el Pacífico y causó dos víctimas mortales. Trump ha defendido las operaciones como medidas preventivas y llegó a afirmar que “cada vez que esto sucede, estás salvando 25.000 vidas estadounidenses” para justificar el uso de fuerza letal sin intentos de captura.

La administración sustenta su estrategia en una orden presidencial que clasifica a ciertos cárteles como “organizaciones terroristas” y en la tesis de que Estados Unidos está en “conflicto armado” contra esas redes, argumento que le permite ampliar el empleo de acciones militares. Legisladores demócratas, expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas operaciones podrían violar normas internacionales y constituir ejecuciones extrajudiciales al no existir procesos judiciales ni evidencia pública presentada sobre cada embarcación atacada.

La ofensiva también ha tensado las relaciones con gobiernos regionales, en particular con Colombia y Venezuela, y ha generado condenas internacionales por el método y el alcance de las acciones. En paralelo, el jefe del Pentágono y otros funcionarios han defendido la necesidad de “eliminar” las redes que trafican fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, mientras el Ejecutivo prepara al Congreso para justificar un eventual despliegue terrestre que, según Trump, servirá para perseguir rutas cuando “pasen por tierra”.

En Caracas, Nicolás Maduro respondió a las amenazas mostrando músculo militar y aseguró que Venezuela dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles rusos Igla-S para defenderse de una posible intervención. Maduro ha denunciado la campaña como una “amenaza y asedio” y ha realizado ejercicios y exhibiciones que, dijo, colocan a su Fuerza Armada en “puestos claves de la defensa antiaérea” para garantizar la seguridad nacional frente a lo que califica de intentos de desestabilización.

TRUMP ROMPE NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ TRAS POLEMICO AVISO DE ONTARIO QUE CITA A REAGAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la terminación de las conversaciones comerciales con Canadá luego de que el gobierno de Ontario difundiera un aviso publicitario en EE. UU. que utiliza fragmentos de un discurso de Ronald Reagan (1987) para criticar los aranceles. En un mensaje en Truth Social, Trump calificó el material como “falso” y vinculó el aviso con los debates legales sobre sus tarifas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que los negociadores “están listos” para retomar el diálogo cuando Washington lo decida y subrayó que se venían registrando avances técnicos antes del abrupto giro. Ontarioconfirmó que pausará la campaña tras la reacción de la Casa Blanca, al tiempo que defendió el objetivo de sensibilizar a la opinión pública estadounidense sobre los efectos de los aranceles.

El aviso de Ontario —con un presupuesto de C$75 millones— recurre a extractos de una alocución radial de Reagan de 1987. La controversia escaló porque el clip ha sido acusado de sacar de contexto el mensaje original, y generó inquietud en Washington en la antesala de un caso clave sobre legalidad de aranceles

El trasfondo inmediato es una relación comercial ya tensionada por aranceles y decisiones unilaterales de ambas capitales este año. En junio, Trump suspendió temporalmente las tratativas debido al impuesto a servicios digitales que Ottawa preparaba; los contactos se reanudaron meses después, cuando Canadá dejó sin efecto esa medida. 

La decisión no rompe el T-MEC/USMCA, pero sí congela el canal bilateral de negociación en un momento sensible, porque el acuerdo debe someterse a revisión conjunta en 2026 y Estados Unidos ya inició consultas públicas para ese proceso.

En términos económicos, el golpe es relevante: alrededor del 76 % de las exportaciones de mercancías de Canadá tuvieron como destino EE. UU. en 2024, por lo que cualquier parálisis negociadora eleva la incertidumbre en cadenas de suministro (autos, acero, madera, energía) y en decisiones de inversión. 

Carney y Trump se habían reunido a inicios de mes en la Casa Blanca, sin cerrar un entendimiento sobre aranceles. Con el nuevo impasse, ambas partes dejan en suspenso avances técnicos y abren un compás de espera para reencauzar la agenda.

LULA EXPRESA INTERÉS EN REUNIRSE CON TRUMP Y PROMETE DEFENDER LOS INTERESES DE BRASIL

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su disposición a mantener un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebrará este domingo en Kuala Lumpur. Desde Yakarta, Lula aseguró estar “plenamente interesado” en esa reunión y dispuesto a “defender los intereses de Brasil”, en especial frente al arancel del 50% impuesto por Washington a las exportaciones brasileñas. “Hubo un error en esos aranceles, y quiero demostrarlo”, afirmó.

El mandatario brasileño señaló que está abierto a abordar cualquier tema con su homólogo estadounidense, desde los conflictos en Gaza y Ucrania hasta cuestiones energéticas y de minerales críticos. “Podemos discutir sobre cualquier cosa… No hay razón para continuar así”, subrayó, en alusión a la reciente tensión comercial entre ambos países. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado un encuentro bilateral, la posible reunión marcaría el primer contacto directo entre ambos líderes desde que Trump asumió nuevamente la presidencia.

Lula destacó que su objetivo es reconstruir una relación “civilizada y constructiva” con Estados Unidos, tras meses de fricciones provocadas por las nuevas medidas proteccionistas de Washington. Evitó, sin embargo, precisar qué concesiones podría ofrecer Brasil en una eventual negociación, aunque se mostró confiado en alcanzar resultados positivos. “Nunca participo en una reunión si no creo que se puede triunfar. Solo sabré si es un éxito si participo”, dijo ante la prensa.

El presidente brasileño confirmó además su intención de buscar la reelección en los comicios de octubre de 2026. Su gira por el Sudeste Asiático incluye reuniones con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y otros líderes regionales antes de su participación en la cumbre de la ASEAN. El encuentro con Trump, si se concreta, podría redefinir el tono de las relaciones bilaterales y abrir una nueva etapa en la política exterior de Brasil frente a Washington.

MARCO RUBIO AFIRMA QUE HAMÁS NO TENDRÁ PAPEL EN EL FUTURO GOBIERNO DE GAZA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró desde el sur de Israel que Hamás no podrá “gobernar ni participar en ningún futuro Gobierno de Gaza”. Durante una visita al nuevo Centro de Coordinación Civil Militar, instalado cerca de la Franja, Rubio enfatizó que el grupo islamista sigue siendo una organización terrorista armada y que su permanencia en el poder sería incompatible con la estabilidad regional. “El mundo necesita entender que al otro lado de esa línea amarilla todavía hay un grupo terrorista armado que ha actuado incluso contra su propia población”, señaló.

Rubio se refirió a la llamada “línea amarilla”, el punto hasta donde se han replegado las fuerzas israelíes dentro de Gaza como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Según explicó, esa zona marca la frontera temporal entre el ejército israelí y las áreas civiles palestinas, mientras se negocia la retirada total de las tropas en una segunda etapa. “No será un camino lineal ni exento de dificultades, pero hay razones para el optimismo”, dijo el funcionario, al destacar los avances en la implementación del plan de 21 puntos acordado entre Israel y Hamás.

El secretario de Estado reiteró que el cumplimiento del alto el fuego depende del desarme completo de Hamás, advirtiendo que su negativa constituiría una violación directa del acuerdo. “Queremos ver una Gaza donde la gente pueda vivir sin Hamás, donde pueda trabajar y no ser rehén de un grupo terrorista”, declaró, en línea con las posiciones expresadas por otros altos cargos estadounidenses en los últimos días.

En paralelo, Hamás afirmó desde El Cairo, tras reunirse con representantes egipcios y otras facciones palestinas, que mantiene su voluntad de cumplir el acuerdo “hasta el final” y proteger al pueblo palestino. Rubio, quien llegó a Israel tras las visitas del vicepresidente JD Vance, el enviado Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, evalúa junto a las autoridades locales los mecanismos de verificación del alto el fuego y el diseño político del futuro de Gaza tras la retirada israelí.

SENADO DE EE. UU. PRESENTA RESOLUCIÓN BIPARTIDISTA PARA HONRAR A MARIA CORINA MACHADO Y RESPALDAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA

El senador demócrata Dick Durbin anunció la introducción de una resolución bipartidista en el Senado de Estados Unidos para reconocer a María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, y reafirmar el apoyo del Congreso a la lucha por la democracia en Venezuela. En su mensaje, Durbin destacó el “coraje” de la dirigente opositora frente a la “crueldad del régimen de Nicolás Maduro”, asegurando que su labor por un futuro libre y democrático para los venezolanos “es digna tanto del Nobel como del reconocimiento del Congreso”.

La resolución, copatrocinada por senadores de ambos partidos —entre ellos Rick Scott, Jeanne Shaheen, Ted Cruz, Ruben Gallego y Michael Bennet—, subraya la legitimidad del liderazgo democrático en Venezuela y exhorta al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos y liberar a los presos políticos. El texto reconoce además a Machado como símbolo de resistencia cívica y promotora de la reconstrucción democrática del país, destacando la represión y persecución que enfrenta la oposición venezolana.

En respuesta, María Corina Machado expresó en X su “más profundo agradecimiento” al senador Durbin y a los demás legisladores que impulsaron la resolución, calificándola como “una poderosa muestra de apoyo del pueblo estadounidense al pueblo venezolano en su lucha por una nación libre y democrática”. La opositora agradeció especialmente el carácter bipartidista del gesto, resaltando que refleja un compromiso común de Estados Unidos con la causa de la libertad en la región.

Machado añadió que los venezolanos “recordarán siempre el compromiso y la determinación” de sus aliados estadounidenses en la defensa de la democracia. Afirmó que una Venezuela democrática “será un aliado firme de Estados Unidos, trabajando incansablemente por un hemisferio libre y democrático”, reiterando su llamado a mantener la presión internacional contra el régimen de Maduro y a respaldar la transición hacia elecciones libres en el país.

LETITIA JAMES PEDIRÁ DESESTIMAR LOS CARGOS FEDERALES EN SU CONTRA EN VIRGINIA

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha solicitado desestimación de los cargos federales por fraude bancario y falso testimonio que enfrenta ante la Fiscalía del Distrito Este de Virginia. Su defensa argumentará que el proceso es inválido debido al “nombramiento ilegal” de la fiscal Lindsey Halligan, designada por el presidente Donald Trump el mes pasado. La moción, presentada este jueves ante el tribunal, sostiene que la acusación carece de fundamento jurídico porque la autoridad que la emitió no fue designada conforme a los procedimientos establecidos.

James, reconocida por liderar varios casos contra Trump en Nueva York, comparecerá en una audiencia en Norfolk donde se espera que se declare no culpable antes de pedir formalmente la desestimación. Su equipo legal acusa a Halligan, exabogada del propio Trump, de actuar con conflicto de interés y de haber sido nombrada por razones políticas para perseguir a adversarios del presidente. La defensa sostiene que su designación viola los principios de independencia judicial y busca debilitar a quienes han investigado a figuras del entorno presidencial.

El nombramiento de Halligan se produjo tras la renuncia del anterior fiscal de Virginia, quien habría abandonado el cargo por presiones de la Casa Blanca luego de negarse a respaldar los casos contra James y el exdirector del FBI, James Comey. Ambos exfuncionarios, críticos de Trump, enfrentan investigaciones similares impulsadas por la nueva fiscal, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible utilización política del sistema judicial.

Según reportó The Guardian, la impugnación formal del nombramiento de Halligan será evaluada también el 13 de noviembre en una audiencia paralela en Carolina del Sur, donde se estudiará la validez de su designación. El caso de James se perfila así como una nueva batalla legal de alto perfil entre el gobierno federal y una de sus principales detractoras, en un momento en que crecen las tensiones entre la administración Trump y autoridades estatales demócratas.