El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este viernes, con 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y EE. UU.), la renovación por un año más del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. No hubo votos en contra.

En virtud de la resolución adoptada, la Misión verá reducido su alcance, al excluir dos de sus funciones clave: el seguimiento a las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la verificación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016. No obstante, mantendrá su labor en la supervisión de la Reforma Rural Integral, uno de los puntos más rezagados del Acuerdo, así como en la reintegración de excombatientes y las garantías de seguridad individual y colectiva para las comunidades en territorios afectados por el conflicto.

La decisión se produce en un contexto marcado por las críticas de Estados Unidos, que ha acusado a la Misión de haberse “politizado” bajo el actual gobierno colombiano.

Aunque la votación suele ser un trámite rutinario, esta vez se desarrolló en medio de tensiones diplomáticas entre Washington y Bogotá. La amplia mayoría de los miembros del Consejo respaldaron la extensión del mandato, destacando el papel de la ONU en la verificación de los compromisos de justicia, reincorporación y desarrollo rural. Sin embargo, Estados Unidos argumentó no apoyar la resolución, y su embajador ante la ONU, Mike Waltz, explicó las razones de esa postura:

“(…) tiene importantes reservas sobre el proceso de paz en Colombia, incluida el empeoramiento de la situación de seguridad y el riesgo de impunidad para los terroristas y narcotraficantes. En particular, las prioridades de política del presidente Petro en materia de paz y seguridad, tanto en Colombia como en la región y en el mundo, están equivocadas y son irresponsables, y han contribuido a una mayor inestabilidad y violencia en el país. Como resultado, no podemos respaldar esta resolución. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ya no está dispuesto a comprometer sus posiciones en materia de seguridad y justicia en nombre de un proceso de paz defectuoso. Estados Unidos sigue comprometido con el apoyo a la paz y la justicia en Colombia, y nuestras relaciones con el pueblo colombiano y sus instituciones son sólidas y seguirán siéndolo mucho después de que el presidente Petro deje el cargo y sus políticas fracasadas hayan sido abandonadas.”

El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia, principal canal de recursos internacionales, ha recibido más de US$ 251 millones desde 2016. Estos recursos han financiado 305 proyectos en 719 municipios, beneficiando a más de 2,6 millones de personas en departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Meta y Norte de Santander. Con la extensión del mandato, la ONU reafirma su compromiso con el proceso de paz colombiano.

Desde AmCham Colombia argumentamos frente el Departamento de Estado, ante el sub secretario de estado Landau que Insistimos en que “mantener la Misión de Verificación de la ONU en Colombia es esencial para resguardar la confianza internacional y la calidad técnica del proceso de paz. La Misión aporta una verificación independiente de compromisos clave (reincorporación, garantías de seguridad y componentes rurales), con reportes periódicos que permiten decisiones informadas del Consejo de Seguridad; En el contexto actual —con llamados de algunos miembros a fortalecer métricas y resultados— contar con un verificador neutral facilita mostrar avances objetivos, ajustar políticas cuando sea necesario y sostener la cooperación de socios clave.

En suma, su continuidad ordena la conversación pública con evidencia, refuerza la protección de excombatientes y comunidades y mantiene un marco de acompañamiento multilateral que ha sido respaldo constante del Consejo.”

Por lo anterior, hoy destacamos la importancia de la decisión del Consejo de Seguridad: “Saludamos la renovación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Un verificador neutral sostiene la confianza internacional y la calidad técnica del proceso de paz. Gracias al Departamento de Estado y al Subsecretario de Estado por su respaldo.

Ahora corresponde: fijar metas medibles, garantizar acceso y seguridad en territorio, entregar datos oportunos a la Misión y coordinar Nación-territorios. Desde la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, seguiremos impulsando métricas, resultados y protección a excombatientes y comunidades”.

TRUMP NIEGA ATAQUES DENTRO DE VENEZUELA EN MEDIO DE MAYOR PRESENCIA MILITAR DE EE. UU. EN EL CARIBE

El presidente Donald Trump negó este viernes que esté considerando ataques dentro del territorio venezolano. Consultado a bordo del Air Force One, respondió con un escueto “No”, desmintiendo versiones que apuntaban a planes inmediatos de acción militar. El Wall Street Journal y Reuters reportaron la negativa; El País precisó que la respuesta ocurrió en el avión presidencial. 

La declaración se produce mientras Washington acelera su despliegue regional. El Pentágono ordenó enviar el portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque al área del Comando Sur, como parte de una campaña reforzada contra organizaciones de narcotráfico en el Caribe. Medios especializados y militares estadounidenses confirmaron el movimiento y sus objetivos declarados. 

En paralelo, desde septiembre EE. UU. ha realizado golpes letales contra embarcaciones que atribuye al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Según un recuento difundido hoy, se registran 14 ataques y al menos 61 fallecidos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó estas operaciones de “inaceptables”, pidió detenerlas y advirtió sobre posibles ejecuciones extrajudiciales al ocurrir fuera de un conflicto armado reconocido.

Otro foco fue la versión de que bombarderos B-1 habían volado “cerca” de Venezuela como muestra de fuerza. Trump lo negó públicamente, contradiciendo reportes de prensa que atribuían la información al Pentágono. 

Mientras tanto, en Washington crecen las preguntas sobre el marco legal y la supervisión de estas operaciones. De acuerdo con WSJ, líderes en el Senado han pedido documentos y explicaciones al Departamento de Defensa sobre el alcance de la campaña y la notificación al Congreso.

SIN ACUERDO Y CON COSTOS CRECIENTES: EL CIERRE FEDERAL LLEGO A 31 DÍAS

El Senado levantó su sesión del jueves sin acuerdo y no volverá a reunirse hasta el lunes 3 de noviembre, por lo que el cierre del Gobierno federal —iniciado el 1 de octubre— se extenderá, como mínimo, hasta su día 34, quedando a un día del récord histórico de 35 días (2018–2019). 

La parálisis presupuestal ha dejado cientos de miles de empleados federales sin salario. Estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) apuntan a alrededor de 750.000 trabajadores furloughed cada día, con un costo cercano a 400 millones de dólares diarios en sueldos diferidos. En aviación, la FAA confirmó que más de 11.000funcionarios fueron suspendidos sin sueldo, mientras 13.000 controladores y unos 50.000 agentes de la TSA siguen trabajando sin paga, con riesgos operativos conocidos por episodios previos.

El nudo político central enfrenta a demócratas y republicanos sobre la prórroga de los subsidios ampliados del “Obamacare” (ACA), que expiran al cierre de 2025 si el Congreso no actúa. Demócratas condicionan su apoyo a mantener las ayudas, mientras que líderes republicanos buscan recortes y enfocarse en otras prioridades de gasto. La disputa ha sido explícita en el Senado y figura entre los detonantes del estancamiento. 

El 1 de noviembre es un hito por dos razones: (1) arranca la inscripción abierta de planes ACA para 2026 —con primas ya cargadas en los sistemas de CMS—, lo que puede elevar la presión pública sobre el Congreso; y (2) la continuidad de los cupones alimentarios (SNAP) para ~42 millones de personas enfrenta tensiones de financiamiento por el cierre (jueces federales ordenaron usar fondos de contingencia, una solución temporal). Se esperan demoras y/o recortes si no hay resolución presupuestal inmediata. 

En el frente económico, la CBO calcula un costo entre 7.000 y 14.000 millones de dólares dependiendo de la duración del cierre, con impactos en el crecimiento del cuarto trimestre y en la confianza del consumidor. Aunque parte del golpe se recupera al reabrir, una fracción del daño sería permanente. 

Qué significa y qué mirar esta semana

• Duración: si el lunes 3 no hay acuerdo, el cierre rozará el récord de 35 días (2018–2019). 
• Servicios esenciales: la aviación se mantiene operativa con personal crítico sin sueldo; cualquier aumento de ausencias puede traducirse en retrasos.
• Presión social: la publicación de primas y el inicio de inscripción ACA suelen aumentar la visibilidad de costos médicos para familias, reforzando incentivos para un acuerdo. 
• Programas sociales: SNAP y otras ayudas están bajo estrés operativo; las órdenes judiciales no garantizan normalidad sostenida.

TRUMP PIDE ELIMINAR LA REGLA DE OBSTRUCCIONISMO EN EL SENADO PARA PONER FIN AL CIERRE DEL GOBIERNO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Senado a eliminar la regla del obstruccionismo con el fin de superar el bloqueo legislativo que mantiene paralizado al Gobierno federal desde hace 30 días. En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario republicano pidió aplicar la llamada “opción nuclear” para permitir que las leyes se aprueben por mayoría simple. “Es hora de que los republicanos jueguen su ‘TRUMP CARD’ y se deshagan del obstruccionismo, ¡y lo hagan ahora!”, escribió.

El obstruccionismo exige el apoyo de 60 de los 100 senadores para aprobar la mayoría de los proyectos de ley. Actualmente, los republicanos cuentan con 53 escaños frente a 47 de los demócratas, y una estrecha ventaja de 219 a 213 en la Cámara de Representantes. El pedido de Trump busca forzar el avance de una resolución presupuestal temporal que los demócratas han bloqueado en el Senado mientras exigen negociaciones sobre la extensión de créditos fiscales vinculados al programa de salud conocido como Obamacare.

El cierre de Gobierno, iniciado el 1 de octubre, ha dejado a unos 750.000 empleados federales suspendidos o trabajando sin sueldo. Aunque la administración ha garantizado los pagos a las fuerzas armadas, agentes de inmigración y cuerpos de seguridad, gran parte del aparato estatal continúa paralizado. Los republicanos proponen financiar temporalmente las operaciones gubernamentales hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas condicionan su apoyo a mantener subsidios de salud que caducan este año.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) advirtió que la prolongación del cierre podría costar entre US$ 7.000 y 14.000 millones, reduciendo hasta en 2% el crecimiento del PIB durante el cuarto trimestre. “Si hiciéramos lo que debemos, este cierre ridículo que está destruyendo al país terminaría de inmediato”, afirmó Trump, reforzando la presión sobre su propio partido para que adopte medidas más drásticas y reabra el Gobierno antes de que el impacto económico se agrave.

EE. UU.: EL SENADOR BERNIE MORENO PIDE EVALUAR DESIGNACION DE AGC (“CLAN DEL GOLFO”), ACSN (“LOS PACHENCAS”) Y DISIDENCIAS DE CALARCA COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA (FTO)

El senador estadounidense Bernie Moreno (R–Ohio) solicitó que el Departamento de Estado evalúe la inclusión de tres estructuras armadas colombianas en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por su sigla en inglés Foreign Terrorist Organization): las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, también conocidas como “Clan del Golfo”), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN, llamadas “Los Pachencas”) y una facción disidente vinculada a Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”. La competencia para designar FTOcorresponde al Secretario de Estado, bajo los criterios de la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por Immigration and Nationality Act).

A la fecha (31 de octubre de 2025), estas tres organizaciones no figuran en el listado oficial de FTO del Departamento de Estado. En febrero de 2025, el Gobierno de EE. UU. anunció la designación de ocho organizaciones criminales (entre ellas Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo –CDG– de México, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, MS-13 y Tren de Aragua) como FTO y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por Specially Designated Global Terrorists). Esta ampliación no incluyó a las AGC, a las ACSN ni a la disidencia de “Calarcá”. Conviene evitar confusiones: el acrónimo CDG designado por EE. UU. se refiere al Gulf Cartel de México, no al “Clan del Golfo” colombiano.

Sobre AGC/“Clan del Golfo”, fuentes públicas y sanciones estadounidenses identifican el liderazgo operativo en Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”. Reportes periodísticos de 2025 lo siguen ubicando como máximo comandante y objetivo de operaciones en Colombia. 

En cuanto a ACSN/“Los Pachencas”, su actuación se concentra en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, con mandos fragmentados y episodios de suspensión de diálogos con el Gobierno colombiano a lo largo de 2025. No existe confirmación oficial de que Hernán Giraldo —antiguo jefe paramilitar— ejerza hoy un mando efectivo sobre esa organización. 

Respecto de la disidencia de “Calarcá”, se trata de una facción de las FARC que lidera Alexander Díaz Mendoza (“Calarcá Córdoba”). En 2025, el Gobierno colombiano no renovó el cese al fuego con ese grupo, manteniendo conversaciones separadas y retomando operaciones militares en zonas de despliegue de la facción. Diversas crónicas han reseñado acciones armadas recientes atribuidas a ese bloque. 

De prosperar una designación FTO, entrarían en juego herramientas penales y financieras propias del marco estadounidense —desde el delito de apoyo material (18 U.S.C. § 2339B) hasta medidas de congelamiento de activos y restricciones migratorias, coordinadas con OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) y otras agencias. El procedimiento exige revisión interagencial, notificación al Congreso y publicación en el Registro Federal.

En síntesis, la petición del senador Moreno se inscribe en una agenda de cooperación bilateral para combatir estructuras criminales transnacionales, mientras que la decisión final sobre cualquier designación FTO corresponde al Departamento de Estado. Con fines de transparencia: al cierre de esta nota no se encontró en el sitio oficial del senador un texto público de la carta referida; si se publica, podrá incorporarse como referencia.

EE. UU. ADVIERTE A CHINA QUE DEFENDERÁ CON FIRMEZA LOS INTERESES DE TAIWÁN Y SUS ALIADOS EN EL INDO-PACÍFICO

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a China que Washington “defenderá con firmeza” sus intereses y los de sus aliados en el Indo-Pacífico, durante una reunión en Kuala Lumpur con su homólogo chino, Dong Jun. El encuentro tuvo lugar en el marco del foro de ministros de Defensa de la ASEAN y se centró en las tensiones crecientes alrededor de Taiwán.

En una publicación en su cuenta de X, Hegseth calificó la reunión como “constructiva y positiva” y subrayó la necesidad de mantener un equilibrio de poder en la región. “He destacado la importancia de preservar la estabilidad en el Indo-Pacífico y he enfatizado las preocupaciones de Estados Unidos acerca de las actividades de China alrededor de Taiwán”, escribió el jefe del Pentágono. Agregó que su país no busca el conflicto, pero mantendrá sus capacidades militares listas para responder a cualquier amenaza.

Por su parte, el ministro chino de Defensa insistió en que la reunificación con Taiwán es “inevitable” e instó a Washington a adoptar una postura “clara” contra la independencia de la isla. Dong afirmó que China “mantiene su compromiso con el desarrollo pacífico”, pero advirtió que “defenderá con firmeza sus intereses de seguridad nacional”.

EE. UU. REAFIRMA SU COMPROMISO CON BOLIVIA EN REUNIÓN ENTRE MARCO RUBIO Y EL PRESIDENTE ELECTO RODRIGO PAZ

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, con el objetivo de reafirmar el compromiso de Washington con una relación sólida y constructiva entre ambos países, basada en la prosperidad mutua.

Durante el encuentro, celebrado en Washington, Rubio destacó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales y de avanzar en una agenda común que promueva la estabilidad económica, el desarrollo sostenible y la cooperación regional.

Según informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ambos líderes abordaron medidas para ampliar y profundizar la relación entre Estados Unidos y Bolivia en beneficio de los ciudadanos de ambas naciones.

SUPERMERCADOS DE EE. UU. SE PREPARAN PARA UNA CAÍDA EN VENTAS ANTE POSIBLE SUSPENSIÓN DE SUBSIDIOS ALIMENTARIOS

Las principales cadenas de supermercados y empresas de alimentos de Estados Unidos, entre ellas Walmart y Smithfield Foods, se preparan para una disminución de las ventas en noviembre si los beneficios del programa federal de asistencia alimentaria (SNAP) se suspenden por primera vez debido al prolongado cierre del Gobierno. El programa, que beneficia a casi 42 millones de personas, podría quedar sin financiamiento si el Congreso no aprueba pronto un presupuesto que reabra las agencias federales.

El cese temporal de los subsidios tendría un impacto estimado de US$ 8.000 millones en ingresos para los comercios, afectando también a proveedores y trabajadores del sector. “No solo se verán afectados los beneficiarios del SNAP, sino también las tiendas y empleados que dependen de ese flujo de dinero”, advirtió Marion Nestle, profesora emérita de nutrición en la Universidad de Nueva York. La Asociación Nacional de Supermercados urgió al Congreso a restaurar el financiamiento del programa para evitar consecuencias “graves” en la cadena de suministro y en el empleo local.

Rob Karr, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Illinois, alertó que los minoristas enfrentan “una situación terrible” al tener que gestionar inventarios y costos con menor demanda, lo que podría traducirse en desperdicio de productos perecederos. Según el Departamento de Agricultura (USDA), cerca de 267.000 tiendas están autorizadas para aceptar los beneficios, que suman unos US$ 8.000 millones mensuales. Walmart concentra el 26% de ese gasto, seguido por cadenas como Dollar General y Dollar Tree, que también anticipan caídas menores al 1% en sus ventas del cuarto trimestre si el programa se interrumpe.

El USDA calificó el posible colapso del SNAP como “un punto de inflexión para los demócratas del Senado”, responsabilizándolos del cierre por bloquear una ley de gasto mientras buscan extender créditos fiscales de salud. En paralelo, el sector minorista enfrenta otros desafíos regulatorios, como nuevas normas de abastecimiento para tiendas que aceptan SNAP y los recortes al programa introducidos por la ley tributaria y de gasto firmada por Trump en julio. Algunos economistas anticipan que, ante la caída de ingresos, los pequeños supermercados podrían verse obligados a subir precios para proteger márgenes.

La Unión de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW), que agrupa a empleados del sector, advirtió que la suspensión de los subsidios podría derivar en reducción de horas y salarios para miles de trabajadores. “Nuestros miembros sentirán el impacto directo si los dólares del SNAP dejan de circular en sus tiendas o fábricas”, indicó el sindicato en un comunicado.

JUECES DE EE. UU. ORDENAN AL GOBIERNO DE TRUMP MANTENER LOS SUBSIDIOS ALIMENTARIOS DURANTE EL CIERRE FEDERAL

Dos jueces federales en Massachusetts y Rhode Island fallaron que la administración del presidente Donald Trump no puede suspender los beneficios del programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el actual cierre del Gobierno, que ya completa un mes. Las decisiones judiciales obligan al Departamento de Agricultura (USDA) a utilizar fondos de contingencia para garantizar el pago de los subsidios a los 42 millones de estadounidenses que dependen de este programa, conocido también como cupones de alimentos.

Las resoluciones se produjeron tras demandas presentadas por gobiernos estatales, sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro que buscaban evitar la suspensión de los beneficios a partir del 1 de noviembre. Los jueces John McConnell, en Providence, e Indira Talwani, en Boston, coincidieron en que la negativa del USDA a emplear los recursos de emergencia —unos US$ 5.250 millones— carecía de fundamento legal. Ambos ordenaron al Gobierno presentar el lunes un informe detallando cómo cumplirá con los fallos.

El juez McConnell sostuvo que la decisión del Gobierno era “arbitraria” y advirtió sobre el daño irreparable que causaría la incertidumbre entre millones de familias de bajos ingresos. Señaló que el USDA debía distribuir el dinero “lo antes posible” e incluso considerar recurrir a un fondo adicional de US$ 23.000 millones si los recursos iniciales no bastaban. Por su parte, la jueza Talwani afirmó que la suspensión del programa “se basó en la conclusión errónea” de que los fondos de contingencia no podían utilizarse durante el cierre federal.

El Departamento de Agricultura había sostenido que no contaba con autoridad legal ni con fondos suficientes para cubrir los US$ 8.500 millones a US$ 9.000 millones mensuales que cuesta el programa. Sin embargo, los demandantes recordaron que el propio plan de cierre del USDA establecía que los fondos de emergencia podían ser usados si el Congreso no aprobaba un presupuesto. El cambio de postura del organismo la semana pasada —cuando publicó en su web que “el pozo se había secado”— precipitó las demandas judiciales.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, defendió la posición del Gobierno y calificó los argumentos demócratas como “una mentira”, afirmando que el fondo de contingencia solo puede emplearse si el Congreso aprueba los recursos correspondientes. No obstante, los jueces concluyeron que el Ejecutivo dispone de discrecionalidad para financiar el SNAP temporalmente. Con el fallo, se despeja de momento el riesgo de una suspensión inmediata de los subsidios, aunque la incertidumbre sobre el futuro del programa persiste mientras el cierre del Gobierno continúa sin una solución política a la vista.