Secretario Del Tesoro De Estados Unidos Advierte Que Parte De La Economía Ya Está En Recesión Por Las Altas Tasas De Interés -  AmCham Colombia
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Secretario del Tesoro de Estados Unidos advierte que parte de la economía ya está en recesión por las altas tasas de interés

2 de noviembre de 2025

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este domingo que sectores clave de la economía estadounidense, especialmente el inmobiliario, ya podrían estar en recesión debido al impacto de las altas tasas de interés. Durante una entrevista en el programa State of the Union de CNN, Bessent afirmó que, aunque el panorama general sigue siendo “sólido”, algunas áreas muestran una clara contracción económica.

“Estamos en buena forma en términos generales, pero hay sectores que ya están en recesión. La Reserva Federal ha causado muchos problemas distributivos con sus políticas”, señaló.

El funcionario sostuvo que el mercado de la vivienda se encuentra particularmente afectado, pues las altas tasas hipotecarias continúan frenando la actividad. “La vivienda está, de hecho, en recesión. Y los consumidores de menores ingresos son los más golpeados, porque tienen deudas, no activos”, añadió.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las ventas pendientes de viviendas en septiembre se mantuvieron estancadas, reflejando el enfriamiento del sector. Bessent reiteró su llamado a que la Reserva Federal (Fed) acelere los recortes de tasas de interés para evitar que el debilitamiento de ciertos sectores se extienda al conjunto de la economía.

Bessent subrayó además que la reducción del gasto público impulsada por la administración Trump ha contribuido a mejorar las finanzas del país: el déficit en proporción al PIB bajó del 6,4% al 5,9%, lo que, según él, ayudará a contener la inflación.

“Si estamos contrayendo el gasto, la inflación debería bajar. Y si la inflación baja, la Fed debería seguir reduciendo las tasas”, concluyó.

PRESIDENTE TRUMP AFIRMA QUE XI NO TOMARA MEDIDAS SOBRE TAIWAN DURANTE SU MANDATO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el líder chino, Xi Jinping, le transmitió que Beijing no emprenderá acciones orientadas a la unificación con Taiwán mientras él permanezca en la Casa Blanca. La declaración fue realizada en una entrevista televisiva, en la que sostuvo que cuenta con la convicción de que no habrá movimientos en ese sentido durante su mandato.

Trump explicó que el tema no se abordó de forma directa durante su reciente encuentro con Xi en Corea del Sur, centrado principalmente en asuntos comerciales. Pese a ello, señaló que dispone de garantías suficientes y dio a entender que Beijing comprende las posibles consecuencias de un cambio de postura en el Estrecho de Taiwán.

Consultado sobre si ordenaría una intervención militar en caso de una eventual acción contra la isla, el mandatario evitó una respuesta específica y se limitó a señalar que su posición se conocería de producirse un escenario de crisis. Con ello, mantuvo en reserva los posibles cursos de acción de Washington.

El marco de referencia de la política estadounidense hacia la isla se basa en la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que establece el apoyo para que Taipéi cuente con medios adecuados de defensa. Dicha normativa no obliga de manera automática a una intervención militar, lo que ha sustentado una política de ambigüedad estratégica por parte de Estados Unidos.

En paralelo, China considera a Taiwán parte de su territorio y sostiene que la cuestión forma parte de sus asuntos internos, mientras que la isla es una democracia autogobernada. En este contexto, las declaraciones de Trump se inscriben en una coyuntura marcada por la competencia estratégica entre Washington y Beijing y por la atención constante a la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.

De cara a los próximos meses, los observadores seguirán de cerca las señales provenientes de ambas capitales. Cualquier movimiento o pronunciamiento adicional podría incidir en el delicado equilibrio regional, donde la comunicación prudente y los canales diplomáticos resultan esenciales para evitar malentendidos y escaladas no deseadas.

ESTADOS UNIDOS REALIZA NUEVO ATAQUE LETAL CONTRA PRESUNTOS NARCOTRAFICANTES EN EL CARIBE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque letal contra una embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el mar Caribe, en el marco de la ofensiva impulsada por el presidente Donald Trump.

En una publicación en redes sociales, Hegseth afirmó que la nave era operada por una organización designada como terrorista por Estados Unidos, aunque no precisó cuál. Tres personas murieron en la operación, que sería al menos la número 15 desde comienzos de septiembre.

“Esta embarcación —como todas las anteriores— era conocida por nuestra inteligencia como parte de una ruta de narcotráfico y transportaba estupefacientes”, indicó Hegseth en su mensaje en X.

Con este nuevo ataque, el número de personas muertas asciende a al menos 64, según el recuento oficial del Departamento de Defensa.

VECINOS DE CHICAGO SE MOVILIZAN CONTRA LAS REDADAS MIGRATORIAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

En medio de la intensificación de las operaciones migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump, los barrios de Chicago se han convertido en escenario de enfrentamientos y resistencia civil frente a agentes federales. Lo que comenzó como una redada aislada en un vecindario del norte de la ciudad ha derivado en una red de vigilancia ciudadana que busca obstaculizar las detenciones de inmigrantes.

Durante un operativo reciente en el barrio Lakeview, agentes de inmigración lanzaron granadas de gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que intentaban impedir la captura de un trabajador de la construcción. “No los queremos aquí, salgan de nuestro vecindario”, gritó Rae Lindenberg, residente del sector, mientras decenas de personas salían a las calles tras escuchar las sirenas.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Vecinos de distintas zonas organizaron redes digitales de alerta en Facebook, WhatsApp y Signal, donde miles de usuarios comparten en tiempo real la ubicación de los agentes, los autos no identificados que usan y los barrios donde se registran operativos. En algunos grupos llegan a participar más de 50.000 personas, según reportes locales.

“No somos una ciudad violenta ni una zona de guerra. Están aterrorizándonos y tratando de provocar confrontaciones”, dijo Courtney Conway, una habitante de Chicago que se unió a las protestas en bicicleta.

Desde septiembre, cuando Chicago se convirtió en uno de los principales focos de la campaña migratoria federal, los residentes han implementado lo que llaman una “defensa por zonas”, una táctica que —según activistas— ha logrado ralentizar las operaciones y forzar la retirada de agentes en varios casos.

La Oficina de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que más de 3.000 personas han sido detenidas en la ciudad desde que comenzaron las redadas. En un comunicado, la vocera Tricia McLaughlin afirmó que los oficiales “han actuado con profesionalismo frente a disturbios, filtraciones de datos personales y ataques físicos”.

EE. UU. ACLARA QUE LAS PRUEBAS NUCLEARES ORDENADAS POR TRUMP NO INCLUIRÁN EXPLOSIONES

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó este domingo que las pruebas nucleares anunciadas por el presidente Donald Trump no implicarán detonaciones reales.

“Las pruebas de las que hablamos son pruebas de sistema, no explosiones nucleares. Son ensayos no críticos”, explicó Wright en una entrevista con Fox News.

Según el funcionario, los ejercicios se realizarán con el objetivo de verificar el funcionamiento de todos los componentes de las armas nucleares y asegurar que los nuevos sistemas sean más confiables y eficaces que los anteriores.

El anuncio se produce días después de que Trump ordenara reiniciar el proceso de pruebas nucleares tras 33 años de pausa, lo que generó preocupación internacional. La medida, interpretada como un mensaje disuasorio a China y Rusia, no incluirá por ahora los ensayos subterráneos que fueron comunes durante la Guerra Fría.

Wright destacó que el avance tecnológico permite hoy simular con precisión los efectos de una explosión nuclear sin necesidad de detonar armas reales.

“Con nuestra capacidad científica y computacional podemos recrear exactamente lo que ocurre en una detonación y proyectar resultados según el diseño del arma”, explicó.

Las últimas pruebas nucleares con explosión realizadas por Estados Unidos datan de las décadas de 1960 a 1980, periodo en el que se recopilaron mediciones detalladas de los efectos de los ensayos.

El anuncio busca reforzar la estrategia de modernización del arsenal nuclear estadounidense y reafirmar su capacidad de disuasión sin violar los acuerdos internacionales vigentes.

ESTADOS Y FEDERACION: EL PULSO POLITICO QUE MARCA LAS ELECCIONES

Las votaciones de esta semana en Estados Unidos llegan en un contexto de polarización territorial creciente. Más que decidir nombres, los comicios podrían consolidar una tendencia visible desde hace años: dos constelaciones de estados —unos de mayoría republicana y otros de mayoría demócrata— que avanzan por sendas políticas cada vez más separadas y, a veces, abiertamente en conflicto. El resultado no es solo un mapa más “uniforme” para cada partido, sino también mayores tensiones entre gobiernos estatales y federales sobre cómo regular temas sensibles.

En primer lugar, es probable que los cargos en disputa —gobernaciones, legislaturas y autoridades locales— refuercen el alineamiento con los patrones presidenciales. En estados que suelen votar demócrata, los demócratas tienden a ganar gran parte de los puestos; y en los de inclinación republicana ocurre lo propio con los republicanos. Ese encaje creciente reduce el espacio para las excepciones que antes generaban puentes entre visiones distintas dentro de un mismo territorio.

El segundo factor es la redistribución de distritos para la Cámara de Representantes. Tanto en estados gobernados por republicanos como por demócratas, se multiplican los esfuerzos por redibujar mapas que favorezcan a sus coaliciones, a veces mediante iniciativas en las legislaturas y, en otros casos, a través de consultas populares o comisiones. Este “tira y afloja” podría disminuir el número de escaños competitivos y, con ello, la presencia de representantes de un partido en zonas donde la presidencia suele votar por el otro. Si se estrecha aún más ese espacio, habrá menos voces con incentivos para tender puentes en el Congreso.

Las implicaciones para la representación son significativas. A medida que disminuyen los distritos competitivos, los votantes de la minoría partidista en cada estado corren el riesgo de ver mermado su peso en la Cámara, incluso si representan millones de sufragios agregados. Este debate se superpone con otro de largo recorrido: el alcance de las protecciones al voto de grupos raciales y étnicos, y el papel de los tribunales a la hora de arbitrar cuándo un mapa diluye su capacidad de elegir a candidatos de su preferencia. Aquí, juristas y organizaciones civiles sostienen posiciones encontradas sobre cómo equilibrar criterios de competencia, representatividad y continuidad comunitaria.

Las fricciones no se limitan al terreno electoral. Cuando el gobierno federal impulsa políticas sobre inmigración, educación, salud pública o cambio climático, amplios sectores de uno u otro bloque estatal suelen reaccionar con desconfianza o con litigios, alegando invasión de competencias o incompatibilidad con sus prioridades. A la inversa, desde la Casa Blanca —sea cual sea el partido— se advierte el riesgo de un mosaico normativo que dificulte la coordinación nacional. Esta dinámica alimenta la percepción de “dos países” dentro de uno solo, dificultando la elaboración de reglas aceptables para ambos polos.

Sin embargo, la evolución no es lineal ni irreversible. Persisten factores que moderan la polarización territorial: votantes que cruzan líneas partidarias en elecciones locales; sectores económicos que demandan previsibilidad regulatoria; y contrapesos institucionales —tribunales, gobernadores y congresos estatales— que, en muchos casos, obligan a negociar. Además, temas como infraestructura, seguridad pública, costos de vida o atracción de inversión suelen generar coaliciones transversales más allá de las etiquetas partidarias.

De cara a los próximos meses, habrá varios indicadores a observar. Primero, la magnitud de las victorias y derrotas: márgenes amplios pueden reforzar estrategias de “movilizar a los propios” por encima de “persuadir al centro”. Segundo, la evolución de los mapas legislativos y las demandas judiciales asociadas: allí se define buena parte de la competencia futura por la Cámara. Tercero, el comportamiento de suburbios, áreas rurales y grandes ciudades, cuyos realineamientos han sido decisivos en la última década. Y, por último, la capacidad de distintos liderazgos —estatales y federales— para sostener canales de cooperación práctica incluso cuando las diferencias ideológicas se agudizan.

En suma, las elecciones del martes pueden ahondar la homogeneidad partidaria de grandes zonas del país y, con ello, la probabilidad de choques entre estados y gobierno federal. Un enfoque prudente, atento a la diversidad de intereses dentro de cada bloque y dispuesto a mantener espacios de diálogo, será clave para gestionar un escenario en el que los incentivos políticos empujan, con fuerza, hacia la separación.

Qué son las “comisiones” y por qué importan

En varios estados de Estados Unidos, los mapas electorales que definen los distritos para la Cámara de Representantes y las legislaturas estatales no los dibuja directamente la mayoría política de turno, sino comisiones de redistritación. Estas pueden ser ciudadanas (independientes), bipartidistas o mixtas, y suelen trabajar tras cada censo decenal. Su composición varía —personas ciudadanas seleccionadas bajo reglas de imparcialidad, expertos, o integrantes designados por líderes legislativos— y operan con procedimientos públicos, audiencias y criterios previamente establecidos.

Los criterios más comunes incluyen: igualdad poblacional entre distritos; continuidad geográfica y cierta compacidad del trazo; respeto por comunidades de interés y límites locales; cumplimiento de las normas federales de derechos electorales; y, en algunos estados, la competitividad y/o la neutralidad partidista del mapa. Estas metas a veces entran en tensión (por ejemplo, preservar comunidades puede chocar con maximizar la competitividad), lo que explica que los procesos terminen con frecuencia en revisión judicial.

¿Qué implican estas comisiones?

Primero, inciden en quién compite y con qué probabilidades en cada distrito, afectando el equilibrio de poder entre partidos y el número de escaños “seguros” frente a los realmente competitivos. Segundo, tienen efectos sobre la representación de minorías y sobre la capacidad de distintos territorios de elegir perfiles afines a sus prioridades. Tercero, pueden reducir prácticas de gerry mandering al sustraer decisiones del control directo de los partidos; no obstante, también pueden enfrentar críticas por sesgos indirectos, criterios poco claros o intentos de captura política.

En términos de gobernabilidad y economía, la configuración final de los mapas influye en la estabilidad de mayorías legislativas, en el clima regulatorio y en la previsibilidad de políticas públicas (impuestos, infraestructura, comercio interestatal). Por eso, cada ciclo de redistritación —y cualquier ajuste intermedio— genera atención de empresas, inversionistas y gobiernos locales: un nuevo mapa puede reordenar coaliciones y prioridades por varios años.

RECONFIGURACION ESTRATEGICA EN EL CARIBE: OBRAS EN PUERTO RICO Y PRESENCIA MILITAR DE EEUU CON MIRA EN SEGURIDAD REGIONAL

Estados Unidos está modernizando infraestructura clave en el Caribe, con trabajos en la antigua base naval Roosevelt Roads, en Puerto Rico, y ajustes en aeropuertos de la isla y de St. Croix, en Islas Vírgenes Estadounidenses. De acuerdo con una investigación visual periodística, las labores incluyen limpieza y repavimentación de calles de rodaje hacia la pista, así como la incorporación de equipamiento de comunicaciones y una torre móvil de control aéreo en un aeropuerto civil. En conjunto, estos movimientos sugieren preparativos para operaciones sostenidas en la región, a unos 800 kilómetros de Venezuela, y se interpretan como parte de un despliegue más amplio iniciado en agosto.

Roosevelt Roads, clausurada por la Marina en 2004 tras haber sido una de las mayores estaciones navales del país durante la Guerra Fría, ofrece ubicación estratégica y amplio espacio para acopio de equipos. Analistas señalan que la mejora de calles de rodaje podría permitir el uso intensivo tanto por cazas como por aeronaves de transporte. En paralelo, imágenes satelitales y registros locales dan cuenta de obras en el Aeropuerto Rafael Hernández, en el noroeste de Puerto Rico—incluida una torre de control móvil empleada habitualmente en picos de tráfico aéreo en zonas de conflicto o desastres—y de trabajos en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de St. Croix, donde la ampliación de plataformas permitiría estacionar y reabastecer a más aeronaves. También se ha observado construcción asociada a almacenamiento, cuyo propósito específico no ha sido precisado públicamente.

Las interpretaciones sobre el objetivo final de estas mejoras difieren. Fuentes militares y especialistas consultados sostienen que, además de robustecer la capacidad de vigilancia y respuesta frente a redes de narcotráfico, la infraestructura podría respaldar eventuales operaciones dentro de Venezuela. Otros expertos advierten que algunos trabajos podrían obedecer a mantenimiento o a una planificación de más largo plazo centrada en misiones de interdicción y seguridad marítima. En cualquier caso, la proximidad geográfica de Puerto Rico y las Islas Vírgenes a rutas críticas del Caribe refuerza su valor como nodos de apoyo logístico, inteligencia y movilidad aérea.

El refuerzo regional ha incluido el envío de buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear, aviones de combate y aeronaves de reconocimiento. También se ha seguido la pista a un barco de apoyo con capacidad para helicópteros, y se han documentado vuelos de bombarderos de largo alcance frente a la costa venezolana, así como decenas de misiones de transporte estratégico (C-17) y patrullajes marítimos (P-8A) sobre el Atlántico occidental y el Caribe. De acuerdo con datos abiertos y observaciones en campo, parte de este despliegue permanece activo, y un grupo de portaaviones con miles de efectivos y decenas de aeronaves se ha desplazado hacia el hemisferio occidental.

Estas acciones han elevado la atención sobre el Caribe, un teatro al que en años recientes se habían destinado recursos limitados, y han coincidido con operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Las cifras de interdicciones reportadas desde septiembre y los incidentes letales asociados han tensado las relaciones con Caracas y, en menor medida, con Bogotá, a la vez que han reavivado debates sobre reglas de enfrentamiento, coordinación interagencial y efectos colaterales en comunidades costeras y pesqueras.

En el plano político, la Casa Blanca enmarca la expansión de capacidades como parte de la promesa de enfrentar con mayor determinación a los carteles de la droga. El Pentágono no ha detallado públicamente el objetivo operacional de las obras ni del despliegue, mientras que el gobierno de Puerto Rico no ha respondido a solicitudes de comentario. Por su parte, las autoridades de Islas Vírgenes han señalado que una mayor presencia de fuerzas estadounidenses puede fortalecer la seguridad y disuadir el tráfico de drogas y armas a través del territorio, sin acceso a detalles operativos. Del lado venezolano, el gobierno ha denunciado reiteradamente que Washington busca desestabilizarlo, lo que alimenta la percepción de riesgo y el intercambio de mensajes disuasivos.

Más allá de las hipótesis sobre su propósito inmediato, las obras en Roosevelt Roads y en los aeropuertos del área tienen implicaciones prácticas: mejorar tiempos de alistamiento, ampliar puntos de reabastecimiento y “descongestionar” la gestión del espacio aéreo con controles móviles, elementos que facilitan tanto misiones de interdicción como respuestas a desastres naturales. La instalación de nuevos radares y el incremento de vuelos de patrulla también podrían apuntar a cerrar brechas históricas de cobertura, especialmente en corredores aéreos utilizados por traficantes que sortean la vigilancia marítima.

El desenlace de este proceso dependerá de decisiones políticas y operativas que aún no son públicas. Para la región, el reto inmediato es gestionar el equilibrio entre disuasión y transparencia, de manera que el fortalecimiento de capacidades contribuya a la seguridad sin escalar tensiones innecesariamente. En un entorno altamente sensible, la comunicación prudente con aliados y vecinos, la cooperación en materia de seguridad y el respeto a los marcos legales internacionales serán determinantes para evitar errores de cálculo y preservar la estabilidad del Caribe.