El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se pronunció  sobre las interpretaciones que se dieron a una imagen creada con inteligencia artificial y que apareció en la carpeta que sostenía un asesor de la Casa Blanca en octubre pasado.

“Como todos saben, no se puede creer ciegamente en todo lo que publican los medios, con el debido respeto a los periodistas. Lo que puedo señalar es que el presidente Trump considera que el narcotráfico no debe verse únicamente como un asunto judicial, sino como un problema de seguridad nacional”, afirmó el funcionario interrogado por periodistas sobre el tema.

Landau criticó directamente al mandatario colombiano. “Resulta lamentable escuchar las declaraciones reiteradas del actual presidente de Colombia, quien se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar, aunque claramente no lo es. Cuando un dirigente fundamenta su popularidad en discursos del pasado, termina llevando al país a la miseria en lugar de la prosperidad”, dijo.

Entre tanto, en Colombia, la canciller Rosa Villavicencio indicó que el Gobierno colombiano no ha llamado oficialmente a consultas al embajador en Washington, Daniel García-Peña, y que por ahora se mantiene el análisis de la situación antes de tomar una decisión formal.

También aclaró además que no se ha contemplado la “expulsión” del encargado de negocios estadounidense, John McNamara y que la Cancillería continúa “revisando todas las informaciones pertinentes” sobre el origen y la difusión de la imagen que ha generado la controversia y considerando los mecanismos diplomáticos para abordar este tema.

Villavicencio explicó que, aunque el documento donde aparece la imagen tendría el membrete del senador republicano Bernie Moreno, “este pertenece al partido del presidente Trump y podría estar influyendo negativamente en su percepción sobre Colombia”. La canciller insistió en que el Gobierno actuará con prudencia y con base en la verificación de los hechos, subrayando la voluntad de mantener el diálogo bilateral. “Queremos unas buenas relaciones. Puede que no estemos de acuerdo en algunos enfoques, pero buscamos la cordialidad y no hacer públicos todos los debates”, añadió.

La controversia se originó el domingo, cuando se conoció una imagen creada con inteligencia artificial en la que el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro aparecían como prisioneros en una cárcel de Estados Unidos. La publicación fue atribuida a un documento oficial de la Casa Blanca, lo que llevó al mandatario colombiano a calificar el hecho como “un irrespeto brutal” y a sugerir que se trataba de una ofensa directa contra la nación.

Según la revista Cambio, que reveló el material, la imagen hacía parte de documentos que mencionarían posibles sanciones e investigaciones de Washington contra Petro y Maduro. El mandatario colombiano denunció que lo revelado por la publicación es una agresión simbólica y política que “pretende humillar a Colombia ante el mundo” y “desconoce la soberanía del pueblo que me eligió”.

Finalmente, señaló que expondrá el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y evaluará acciones legales internacionales, insistiendo en que “ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje”.

EE. UU. BOMBARDEA DOS SUPUESTAS LANCHAS NARCOTRAFICANTES EN EL PACÍFICO

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron dos nuevos bombardeos en aguas del Pacífico contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Según el funcionario, las operaciones fueron ejecutadas “por orden del presidente Donald Trump” y tenían como objetivo neutralizar “organizaciones terroristas designadas” que operaban rutas de narcotráfico en la región.

De acuerdo con la versión del Pentágono, los buques atacados transitaban por una zona marítima conocida por el contrabando ilícito de drogas y fueron identificados mediante labores de inteligencia. “Los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y las embarcaciones estaban relacionadas con el tráfico de estupefacientes”, indicó Hegseth, quien añadió que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.

Con estas acciones, ya son 19 los bombardeos ordenados por Washington desde que el primer ataque se lanzó el 2 de septiembre en aguas del Caribe. Desde entonces, las operaciones militares se han extendido hacia el Pacífico oriental, ampliando el alcance de la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que denomina “narcoterrorismo transnacional”. El Pentágono sostiene que los ataques buscan “disuadir y desmantelar” las redes criminales que operan en el hemisferio occidental.

EN SENADO DE EE. UU. AVANZA PROYECTO PARA PONER FIN AL CIERRE FEDERAL

El Senado de Estados Unidos aprobó una moción clave para avanzar en un proyecto de ley destinado a reabrir el gobierno federal y poner fin a un cierre que ya completa 40 días. La medida, que obtuvo 60 votos a favor y 40 en contra —el mínimo necesario para superar la obstrucción—, contempla financiar al gobierno hasta el 30 de enero e incluir tres proyectos de apropiaciones anuales. El texto, que aún debe ser aprobado en la Cámara de Representantes y firmado por el presidente Donald Trump, busca frenar el impacto sobre trabajadores, aeropuertos y programas de ayuda alimentaria.

El acuerdo se alcanzó tras una negociación entre republicanos y un pequeño grupo de demócratas moderados, quienes lograron que se programe una votación en diciembre para extender los subsidios del Affordable Care Act (ACA), pieza central del enfrentamiento político que generó el cierre. Los subsidios, que ayudan a millones de estadounidenses de bajos ingresos a pagar seguros médicos privados y expiran a fin de año, han sido prioridad demócrata en las discusiones presupuestales. El senador Angus King y las demócratas Maggie Hassan y Jeanne Shaheen fueron los principales mediadores del pacto.

El proyecto también incluye garantías laborales para los empleados federales, prohibiendo despidos hasta el 30 de enero y asegurando el pago retroactivo de salarios a funcionarios civiles, militares, agentes fronterizos y controladores aéreos. Con ello, se frena temporalmente la campaña de reducción del tamaño del Estado impulsada por Trump, que ya había provocado la salida de cerca de 300.000 trabajadores desde el inicio de su segundo mandato. Los sindicatos del sector público celebraron la medida como una victoria parcial frente a los recortes.

Sin embargo, el consenso no es total dentro del Congreso. El líder demócrata Chuck Schumer votó en contra del acuerdo, al considerar que cede demasiado terreno en materia de salud, mientras varios miembros de su bancada lo acusaron de debilidad. “Si no puede liderar la lucha para evitar el aumento de las primas médicas, ¿para qué pelea?”, cuestionó el congresista Ro Khanna. Por su parte, Trump celebró el avance legislativo y dijo que el país está “muy cerca de terminar el cierre”, aunque reiteró su rechazo a los subsidios del ACA, a los que calificó como “una catástrofe para el pueblo estadounidense”.

La prolongación del cierre ha tenido un fuerte impacto económico y social. Más de 2,2 millones de empleados públicos han sido afectados, mientras el tráfico aéreo enfrenta cancelaciones masivas por falta de personal y los programas de asistencia alimentaria han sufrido demoras. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, advirtió que, de continuar el cierre, el crecimiento del cuarto trimestre podría volverse negativo, especialmente si no se normaliza el transporte aéreo antes del Día de Acción de Gracias, el 27 de noviembre.

El Senado retomará las discusiones para acelerar la aprobación final del texto y enviarlo a la Cámara Baja. Aunque los líderes republicanos buscan un acuerdo bipartidista para acortar los procedimientos, el proceso podría extenderse varios días más. Si la Cámara ratifica los cambios, el presidente Trump tendría la última palabra para poner fin a la crisis institucional más larga de la historia moderna de Estados Unidos, que ha evidenciado profundas divisiones sobre el tamaño del Estado y el futuro del sistema de salud del país.

En Washington avanza un acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno de EE. UU. hasta el 30 de enero, con pago retroactivo a empleados y una votación en diciembre sobre los subsidios del ACA. Aún restan trámites en el Senado y la Cámara antes de la firma presidencial, por lo que se debe seguir atentos a los tiempos legislativos y al impacto operativo para empresas y viajeros.

CHINA ACTIVA LA TREGUA CON EE. UU. QUE INCLUYE FENTANILO, PUERTOS Y REBAJA DE ARANCELES

China puso en marcha las medidas acordadas con Estados Unidos dentro de la tregua comercial alcanzada en la cumbre de Busan entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. El paquete incluye la suspensión de aranceles y tasas portuarias, así como un mayor control sobre los precursores químicos del fentanilo. Según la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado, las medidas buscan implementar los compromisos bilaterales alcanzados tras meses de tensiones y dar estabilidad a los flujos comerciales entre ambas economías.

Durante este periodo de un año, Beijing mantendrá un gravamen adicional del 10% sobre ciertos bienes estadounidenses aún no especificados, pero suspenderá los llamados “aranceles recíprocos” que había anunciado en respuesta a las tarifas impuestas por Washington. De su lado, Estados Unidos redujo sus aranceles medios a los productos chinos del 57% al 47%, mientras que China eliminó algunos gravámenes de hasta el 15% sobre bienes agrícolas y energéticos procedentes de su contraparte.

El acuerdo también contempla la reanudación del comercio agrícola bilateral y la flexibilización de los controles chinos sobre la exportación de materiales estratégicos, como las tierras raras. La medida se considera un paso significativo para aliviar la presión sobre las cadenas de suministro globales y restaurar parcialmente la confianza entre ambos socios, en un contexto marcado por la desaceleración económica mundial y la rivalidad tecnológica.

En el ámbito logístico, hoy entró en vigor la suspensión de las tasas portuarias que China y Estados Unidos se habían impuesto mutuamente en octubre, en plena escalada comercial. Estas “tasas especiales” gravaban a los buques de propiedad, operación o bandera del otro país, elevando los costos del transporte marítimo y generando incertidumbre en el sector. Con su eliminación temporal, ambos gobiernos buscan facilitar el intercambio marítimo y evitar nuevas disrupciones en los puertos del Pacífico.

Paralelamente, China reforzó los controles a la exportación de precursores químicos empleados en la producción de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. Desde hoy, los envíos hacia Estados Unidos, México y Canadá requerirán licencias previas, y se estableció un catálogo de 13 sustancias sujetas a control especial. Pekín argumentó que la medida busca “fortalecer la gestión de productos susceptibles de desvío hacia fines ilícitos”, ampliando las regulaciones que antes solo se aplicaban a países del sudeste asiático.

La decisión responde al compromiso alcanzado entre Xi y Trump para intensificar la cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa decenas de miles de muertes cada año en Estados Unidos. Con esta tregua, ambos gobiernos buscan contener la confrontación comercial y mostrar avances en temas de seguridad transnacional, aunque analistas advierten que las diferencias estructurales persisten y podrían reavivar las tensiones antes de que finalice el plazo de un año acordado.

EE. UU. PROPONE AMPLIAR LA TOMA DE DATOS BIOMÉTRICOS Y PRUEBAS DE ADN EN TRÁMITES MIGRATORIOS

El gobierno de Estados Unidos anunció una propuesta para ampliar significativamente la recolección y el uso de datos biométricos y genéticos en los trámites migratorios, incluyendo solicitudes de visa, residencia y naturalización. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración del presidente Donald Trump, busca fortalecer los mecanismos de verificación de identidad, prevenir el fraude y mejorar la precisión en la evaluación de solicitudes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) será la entidad encargada de implementar estas nuevas exigencias.

De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, la norma autorizaría al DHS a exigir huellas dactilares, imágenes faciales, muestras de voz, escaneos oculares e incluso pruebas de ADN, sin restricción de edad. Estas medidas aplicarían no solo a los solicitantes directos de beneficios migratorios, sino también a patrocinadores, dependientes y otras personas asociadas a los trámites. Según el DHS, la recolección integral de biometría permitirá una “verificación continua de identidad” y reforzará la seguridad nacional frente a posibles riesgos.

El documento especifica que las pruebas de ADN podrán utilizarse para confirmar o descartar vínculos familiares en casos de peticiones basadas en parentesco, así como para determinar el sexo biológico cuando sea relevante para definir la elegibilidad de una visa. En la actualidad, el USCIS solo exige estas pruebas en procesos específicos, como naturalización, asilo o residencia permanente. Con la reforma, podrían aplicarse a todo extranjero inadmisible o sujeto a deportación, sin excepción por edad o condición migratoria.

La iniciativa representa un giro en la política migratoria estadounidense, pues amplía las facultades del DHS para recolectar datos incluso en contextos de detención o encuentros con personas extranjeras. Además, define de manera más amplia el concepto de biometría, que incluiría rasgos físicos y conductuales medibles, como huellas palmares, patrones de iris y retina, firmas manuscritas y huellas vocales. Según el DHS, esta información también podrá reutilizarse en futuras verificaciones, optimizando la gestión administrativa y reduciendo costos operativos.

El proyecto normativo establece además un “requisito general de biometría”, que obliga a todas las personas que soliciten cualquier beneficio migratorio a presentarse a la toma de datos, salvo que estén expresamente exentas. También fija un estándar de “circunstancias extraordinarias” para reprogramar citas biométricas o justificar la ausencia, endureciendo las condiciones actuales de flexibilidad. El DHS sostiene que estos cambios buscan estandarizar los procesos y reducir los retrasos en la adjudicación de solicitudes.

Entre las novedades más controvertidas figura la posibilidad de solicitar ADN “sin procesar” o perfiles genéticos parciales para verificar la identidad o el sexo biológico, lo que podría incluir a atletas extranjeros. El DHS argumenta que esta medida ofrecería un método de comprobación más preciso en los casos en que la documentación disponible sea insuficiente o poco confiable.

El organismo también plantea aplicar controles biométricos a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que patrocinen familiares, con el fin de demostrar vínculos genéticos o legales. Hasta ahora, el USCIS acepta principalmente documentos como certificados de nacimiento o matrimonio, y en su ausencia, pruebas secundarias como historiales médicos. No obstante, el DHS sostiene que estos documentos pueden ser falsificados o difíciles de obtener, por lo que el ADN se convertiría en una herramienta esencial de verificación.

Finalmente, la propuesta argumenta que la expansión del uso de biometría permitirá mejorar las investigaciones de antecedentes, combatir la trata de personas y reforzar los controles de seguridad. “El uso de la biometría para la verificación y gestión de identidad ayudará al DHS a confirmar los resultados de las verificaciones penales y disuadir el fraude”, señala el texto. De aprobarse, la norma consolidaría uno de los sistemas de control migratorio más amplios y estrictos en la historia reciente de Estados Unidos, con implicaciones directas para millones de solicitantes y patrocinadores de beneficios migratorios.

TRUMP EXIGE A CONTROLADORES AÉREOS REGRESAR AL TRABAJO MIENTRAS SE AGRAVAN LAS CANCELACIONES DE VUELOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que los controladores aéreos regresen inmediatamente a sus puestos, en medio del caos generado por la escasez de personal y los recortes de vuelos derivados del cierre federal que ya completa 41 días. En un mensaje publicado en redes sociales, Trump advirtió que quienes no se presenten “serán sancionados severamente” y prometió recompensas para los empleados que no hayan faltado durante el cierre, aunque no está claro cuántos cumplirían con esa condición.

El prolongado cierre del gobierno ha dejado sin salario a 13.000 controladores aéreos y a más de 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que entre el 20% y el 40% del personal no se ha presentado a trabajar en los 30 aeropuertos más grandes del país desde el inicio de la crisis. El fin de semana pasado fue el peor en materia de ausentismo, según el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien advirtió que la situación “ha superado los niveles críticos de seguridad operativa”.

El impacto en los viajes aéreos ha sido inmediato. Este lunes se cancelaron más de 1.700 vuelos y otros 3.480 sufrieron retrasos, según la plataforma FlightAware, tras un domingo en el que casi 3.000 vuelos fueron cancelados y más de 11.000 demorados, la peor jornada desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. A esto se suman las restricciones por la tormenta invernal que afecta el área de Chicago y ha agravado el colapso en los principales aeropuertos del país.

Ante el deterioro del sistema, la FAA ordenó a las aerolíneas reducir progresivamente el número de vuelos por motivos de seguridad: 4% desde la semana pasada, 6% a partir de este martes y 10% desde el 14 de noviembre. También suspendió el tráfico de aviación general en 12 aeropuertos, incluidos Chicago O’Hare y Reagan Washington National. La agencia reconoció que el país cuenta actualmente con 3.500 controladores menos de los niveles óptimos y que muchos han estado trabajando jornadas de seis días con horas extras obligatorias.

El Sindicato Nacional de Controladores Aéreos reiteró que sus miembros “seguirán trabajando durante el cierre” y pidió al gobierno garantizar condiciones de seguridad y pago. Mientras tanto, las acciones de las principales aerolíneas, como American, Delta y United, cayeron tras las declaraciones de Trump. El Senado estadounidense aprobó el domingo un proyecto de ley para poner fin al cierre, aunque su entrada en vigor dependerá del aval de la Cámara de Representantes y de la firma del propio presidente.

TRUMP INDULTA A RUDY GIULIANI Y OTROS ACUSADOS POR INTENTAR REVERTIR LAS ELECCIONES DE 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió un indulto preventivo al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y a otros de sus aliados acusados de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La lista, divulgada por el abogado Ed Martin, experto en indultos gubernamentales, incluye decenas de nombres beneficiados con un perdón “total, incondicional y completo”, según el comunicado publicado en su cuenta de X.

Giuliani, quien fue fiscal y luego alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, se convirtió en uno de los principales defensores de las acusaciones infundadas de fraude electoral tras la derrota de Trump frente a Joe Biden. Actualmente enfrenta cargos estatales en Arizona por interferencia electoral y en 2023 fue condenado a pagar más de US$ 145 millones por difundir información falsa sobre trabajadores electorales en Georgia.

En la lista de indultados también figuran Sidney Powell, abogada que en 2023 se declaró culpable de intentar revertir los resultados en Georgia, y John Eastman, asesor legal de la campaña de Trump en 2020. El expresidente también otorgó el perdón a Mark Meadows, su exjefe de gabinete, acusado de presionar a funcionarios estatales para alterar el conteo de votos en ese mismo estado.

“Esta proclamación termina con una injusticia nacional grave perpetrada en la población americana tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa con el proceso de reconciliación nacional”, señala el texto firmado por Trump. El documento fue difundido pocas horas después de que varios de los acusados comparecieran en audiencias estatales programadas para esta semana.

Sin embargo, los indultos anunciados son de carácter preventivo y se limitan exclusivamente a delitos federales. Esto significa que no afectan los procesos en curso a nivel estatal, donde varios de los beneficiados continúan enfrentando cargos por conspiración e interferencia electoral. Expertos legales advirtieron que el alcance real de estos perdones podría ser objeto de debate judicial en los próximos meses.

SECTOR INMOBILIARIO DE NUEVA YORK BUSCA DIÁLOGO CON MAMDANI ANTE PROPUESTA DE CONGELAR ALQUILERES

El sector inmobiliario de Nueva York manifestó su disposición a colaborar con el alcalde electo Zohran Mamdani, luego de que anunciara su intención de congelar los alquileres de los apartamentos bajo control de renta y promover nuevas políticas de vivienda asequible. La industria teme que esta medida limite la capacidad de los propietarios para mantener y renovar los edificios, y que reduzca el atractivo de la inversión en bienes raíces, especialmente en un contexto de altos costos de operación.

David Dworkin, presidente de la National Housing Conference, señaló que la clave del éxito del nuevo alcalde será “sentarse con quienes desarrollan y gestionan vivienda asequible y preguntarles qué necesitan para hacer más”. Mamdani, un demócrata progresista de 34 años, ganó las elecciones impulsado por el apoyo de votantes jóvenes y arrendatarios que buscan reducir el costo de vida en la ciudad más cara del país. Aunque el alcalde no tiene poder directo sobre los precios del alquiler, su administración nombra a los miembros de la Rent Guidelines Board, que define los aumentos o congelamientos de renta.

El congelamiento de rentas fue aplicado por el exalcalde Bill de Blasio, pero revertido por su sucesor Eric Adams. Kenny Burgos, director de la New York Apartment Association, advirtió que es poco probable que la junta apruebe la medida propuesta por Mamdani, al considerar que más de 200.000 unidades de vivienda asequible se encuentran “técnicamente en quiebra” debido al alza de costos. Un informe de 2025 del propio organismo reveló que los ingresos netos de los edificios construidos antes de 1974 cayeron 9% entre 2020 y 2023, y hasta 25 % fuera de Manhattan.

Pese a las preocupaciones, algunos actores del sector ven margen para el diálogo. Jesse Batus, vicepresidente de Community Builders, afirmó que el alcalde electo “no busca dejar a los propietarios fuera del juego”, sino equilibrar el acceso a la vivienda con la sostenibilidad financiera de los proyectos. Mamdani reiteró en su discurso de victoria que su prioridad será congelar los alquileres de más de 2 millones de inquilinos, aunque su equipo no ha ofrecido detalles sobre el mecanismo o su impacto fiscal.

Otros líderes empresariales advierten que las políticas del nuevo alcalde podrían afectar la rentabilidad de la inversión inmobiliaria más allá del mercado residencial. David Funk, director de la American Real Estate Society, recordó que “históricamente, el control de rentas ha provocado una disminución de la inversión” y que la percepción de riesgo podría extenderse a otros segmentos del mercado comercial de Nueva York.

Aun así, las principales asociaciones del sector, como la Real Estate Board of New York y la Partnership for New York City, expresaron su voluntad de trabajar con Mamdani. “Quiere asegurarse de que se construya mucha vivienda, y eso ha sido algo tranquilizador”, declaró Kathryn Wylde, presidenta de la última organización. En la misma línea, Paul Rahimian, de Parkview Financial, ofreció reunirse con el alcalde electo “para diseñar juntos estrategias que ayuden a los residentes a afrontar el costo de vida sin frenar el desarrollo urbano”.

CORTE SUPREMA DE EE. UU. RECHAZA REVISAR FALLO QUE LEGALIZÓ EL MATRIMONIO IGUALITARIO

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Kim Davis, exfuncionaria del condado de Rowan (Kentucky), que buscaba anular el histórico fallo de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Con esta decisión, el tribunal, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, evitó reabrir un debate que divide profundamente a la sociedad estadounidense y reafirmó la vigencia del precedente establecido en el caso Obergefell vs. Hodges.

Davis, una cristiana apostólica que se negó a emitir licencias matrimoniales tras el fallo de 2015 alegando motivos religiosos, fue demandada por una pareja homosexual y posteriormente condenada a pagar más de US$ 360.000 en daños y honorarios legales. Los tribunales inferiores rechazaron su argumento de que la Primera Enmienda la protegía de responsabilidad, señalando que su función como servidora pública la obligaba a cumplir la ley vigente. Davis incluso pasó seis días en prisión por desacatar una orden judicial.

El abogado de los demandantes, William Powell, celebró la decisión de la Corte como “una victoria para todas las parejas del mismo sexo que han construido sus vidas y familias alrededor del derecho al matrimonio”. En su declaración, subrayó que el rechazo a revisar el caso confirma que “la denegación de licencias por parte de Kim Davis violó claramente un derecho constitucional”. Por su parte, el grupo conservador Liberty Counsel, que representaba a Davis, calificó la decisión como “desgarradora” y prometió seguir trabajando para revertir el precedente de Obergefell.

El fallo de 2015 fue aprobado por una estrecha mayoría de 5 a 4 y representó un hito para los derechos LGBT en Estados Unidos. El juez Anthony Kennedy, autor de la opinión mayoritaria, escribió entonces que las parejas del mismo sexo “no deben ser condenadas a vivir en soledad, excluidas de una de las instituciones más antiguas de la civilización” y que “la Constitución les garantiza ese derecho”. Tres de los jueces que votaron en contra en aquel momento —Clarence Thomas, John Roberts y Samuel Alito— permanecen en el tribunal actual.

La negativa de la Corte llega más de tres años después de que el mismo tribunal, con su composición actual, revocara el precedente Roe vs. Wade que protegía el derecho constitucional al aborto, lo que había alimentado las expectativas entre sectores conservadores de que el matrimonio igualitario podría ser revisado. Sin embargo, el tribunal decidió no intervenir en este caso, evitando así abrir una nueva batalla jurídica y política en un año de alta polarización.

El caso de Davis se originó en una demanda civil interpuesta por David Ermold y David Moore, una pareja de Kentucky que la acusó de violar su derecho al matrimonio reconocido por Obergefell. Un jurado les otorgó US$ 100.000 en compensación, y un juez federal añadió más de US$ 260.000 en honorarios legales. La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito también falló en contra de Davis, recordando que “un funcionario electo no puede usar sus derechos constitucionales como escudo para vulnerar los de otros”. Con la decisión de hoy, la Corte Suprema cierra definitivamente el caso, reafirmando el estatus del matrimonio igualitario como derecho constitucional en Estados Unidos.