Estados Unidos anuncio hoy cuatro acuerdos marcos de Comercio Recíproco con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Estos instrumentos se inscriben en la estrategia de la administración Trump de utilizar los “aranceles recíprocos” impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) como palanca de negociación para obtener compromisos regulatorios, comerciales y de seguridad económica por parte de sus socios. En este contexto, los cuatro acuerdos buscan, por un lado, aliviar o levantar los aranceles recíprocos que hoy gravan exportaciones clave hacia Estados Unidos (10 % en el caso de Argentina, El Salvador y Guatemala, y 15 % en el caso de Ecuador) y, por otro, consolidar una agenda amplia de reformas domésticas en cada país, con énfasis en apertura de mercados, eliminación de barreras no arancelarias y convergencia en temas laborales, ambientales, digitales y de seguridad nacional.

Un rasgo común de los cuatro marcos es que todos mantienen la arquitectura de acuerdos ya existentes y la “profundizan”, más que reemplazarlos. En Centroamérica, los entendimientos con El Salvador y Guatemala se construyen sobre el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), vigente desde 2006. En Argentina y Ecuador, los nuevos compromisos complementan acuerdos bilaterales previos de comercio e inversión, así como procesos internos de reforma económica. En todos los casos, el mensaje político central es similar: Estados Unidos ofrece aliviar la carga de los aranceles recíprocos y considerar positivamente estos acuerdos al evaluar futuras medidas de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, mientras que sus contrapartes se comprometen a abrir más sus mercados y a alinear sus marcos regulatorios con estándares estadounidenses.

En cuanto a los compromisos comunes de los cuatro países, destaca en primer lugar la agenda de eliminación o prevención de barreras no arancelarias. Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala se comprometen a simplificar licencias, registros y autorizaciones para bienes estadounidenses, especialmente en sectores sensibles como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, maquinaria, bienes remanufacturados y vehículos. Se generaliza la aceptación de normas técnicas y estándares de Estados Unidos (por ejemplo, estándares automotrices y certificados de la autoridad sanitaria estadounidense), la eliminación de requisitos consulares y de apostilla, el reconocimiento de certificados electrónicos y la agilización de los registros de productos. Esta convergencia regulatoria reduce costos para los exportadores estadounidenses y obliga a los países socios a modernizar sus instituciones de control y sus procedimientos administrativos.

Otro elemento recurrente es el tratamiento del comercio agrícola. Los cuatro acuerdos incluyen compromisos para evitar el uso discrecional de medidas sanitarias y fitosanitarias como barreras encubiertas, reforzar marcos regulatorios basados en ciencia y riesgo, y garantizar que el acceso al mercado no se restrinja por el solo uso de determinados términos de quesos y carnes, en línea con las preocupaciones de Estados Unidos frente a la expansión de regímenes de indicaciones geográficas de tipo europeo. Además, se prevé cooperación específica para abordar obstáculos no arancelarios que afectan al comercio de alimentos y productos agropecuarios, y en el caso de Argentina se incluyen aperturas concretas a ganado vivo, carne de ave, productos cárnicos y lácteos de Estados Unidos.

Los cuatro países también convergen en compromisos de propiedad intelectual, trabajo y medio ambiente. En propiedad intelectual, se comprometen a avanzar en la adhesión a tratados internacionales, fortalecer la observancia frente a mercancía falsificada o pirateada (incluido el entorno digital) y resolver problemas señalados en el Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. En materia laboral, reiteran la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente y se comprometen a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, así como a fortalecer la aplicación de sus leyes laborales. En el frente ambiental, asumen la obligación de mantener altos niveles de protección, combatir la tala ilegal, mejorar la gobernanza del sector forestal, reforzar el cumplimiento de medidas relacionadas con la pesca, combatir el comercio ilegal de vida silvestre y la minería ilegal, e implementar el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio.

En comercio de servicios y economía digital, los cuatro marcos apuntan a un mismo objetivo: garantizar que no se introduzcan impuestos o medidas discriminatorias contra los servicios digitales y productos distribuidos digitalmente de Estados Unidos, y apoyar una moratoria permanente sobre derechos de aduana a transmisiones electrónicas en la Organización Mundial del Comercio. Se refuerza la libre circulación de datos entre jurisdicciones “confiables” y, en el caso argentino, se incorpora el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencias transfronterizas de datos personales, así como la intención de reconocer la validez de firmas electrónicas emitidas bajo la normativa estadounidense. Esta agenda posiciona a los cuatro países como socios que se alinean con la visión estadounidense de un entorno digital abierto y sin gravámenes aduaneros.

Finalmente, los cuatro acuerdos comparten un componente de seguridad económica y nacional. Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala se comprometen a cooperar con Estados Unidos para enfrentar políticas “no basadas en el mercado” de terceros países, reforzar la resiliencia e innovación de las cadenas de suministro, combatir la evasión de derechos de aduana y coordinar enfoques en materia de control de exportaciones, seguridad de las inversiones y, en algunos casos, contratación pública y empresas estatales. En varios textos se menciona expresamente que Estados Unidos podrá tomar en cuenta la existencia y calidad de estos acuerdos al considerar acciones futuras bajo la Sección 232, lo que refuerza el vínculo entre disciplina comercial y alineamiento geopolítico.

Más allá de estos ejes comunes, cada acuerdo presenta rasgos específicos que reflejan la estructura productiva y la agenda de reformas de cada país. El entendimiento con Argentina tiene un énfasis más fuerte en el acceso a mercados industriales y de recursos naturales, así como en temas de inversiones y materias primas críticas. Argentina concede un acceso preferencial adicional a bienes estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas.

A cambio, Estados Unidos se compromete a eliminar los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles localmente y sobre insumos no patentados para la industria farmacéutica, además de mejorar las condiciones recíprocas de acceso para el comercio de carne bovina. En el plano regulatorio, Argentina se compromete a eliminar licencias de importación como barrera, suprimir el llamado “impuesto estadístico” para bienes de Estados Unidos, alinear sus normas técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad con estándares internacionales o estadounidenses, y reforzar la observancia de derechos de propiedad intelectual. El acuerdo también incorpora un capítulo relevante sobre cooperación en minerales críticos y estabilidad del comercio mundial de soja, reflejando la importancia de Argentina en estas cadenas globales.

Bajo el nuevo marco de comercio recíproco entre Estados Unidos y Argentina, los espacios de competencia directa con Colombia se dan principalmente en: (i) combustibles y otros productos energéticos, donde ambos son proveedores relevantes del mercado estadounidense; (ii) aluminio y otros metales básicos, donde los dos países ya tienen volúmenes significativos; (iii) grasas y aceites (soja en el caso argentino, palma y mezclas en el caso colombiano); (iv) azúcar y productos de azúcar; (v) pescados, mariscos y algunas preparaciones agroindustriales a base de frutas y frutos secos. El acuerdo con Argentina no toca el “corazón” de la ventaja comparativa colombiana, pero sí puede estrechar los márgenes en segmentos donde ambos compiten como proveedores de energía, metales y agroindustria, especialmente si Estados Unidos termina levantando la sobretasa recíproca del 10 % para ciertos recursos naturales argentinos que también tienen oferta colombiana.

Ecuador, por su parte, parte de una situación de mayor presión arancelaria, con una tasa de arancel recíproco de 15 % + NMF. El acuerdo con Estados Unidos se centra en la reducción o eliminación de aranceles ecuatorianos para productos estadounidenses en sectores como maquinaria, salud, tecnologías de la información y comunicaciones, químicos, vehículos y ciertos productos agrícolas, así como en el establecimiento de contingentes arancelarios para otros bienes del agro.

A cambio, Estados Unidos se compromete a eliminar sus aranceles recíprocos para “ciertas exportaciones calificadas” ecuatorianas, definidas como aquellos bienes que no pueden cultivarse, extraerse o producirse de manera natural en cantidades suficientes dentro de Estados Unidos. Esto apunta directamente a productos tropicales y especializados —como banano, café, cacao y parte importante de la oferta florícola— que hoy soportan, además del arancel de Nación Más Favorecida (Most Favoured Nation, MFN, en inglés), una sobretasa recíproca que encarece su acceso al mercado norteamericano. El objetivo político declarado es que, para ese grupo de productos, la carga vuelva a ser únicamente la derivada del trato de Nación Más Favorecida, eliminando el componente recíproco adicional.

El caso de las flores ilustra de manera clara el cambio que se busca. Las rosas frescas cortadas, clasificadas bajo el código 0603.11.00 del Sistema Armonizado, pagan hoy en Estados Unidos una tarifa general de Nación Más Favorecida de 6,8 por ciento ad valorem. Sobre ese porcentaje se aplica el arancel recíproco país de 15% para las mercancías originarias de Ecuador, de modo que la carga efectiva se aproxima a 21,8 por ciento sobre el valor de importación. Si, como anuncia el marco del acuerdo, Estados Unidos levanta el arancel recíproco para las flores ecuatorianas consideradas exportaciones calificadas, la tarifa volvería a situarse en el entorno del 6,8 por ciento, es decir, solo el componente de Nación Más Favorecida. La reducción no es menor: supone recuperar alrededor de quince puntos porcentuales de margen arancelario en un sector en el que el centavo por tallo puede definir la viabilidad de contratos de largo plazo.

El acuerdo incluye un componente importante de facilitación del comercio, con compromisos de Ecuador para eliminar inspecciones previas al embarque, fortalecer su Ventanilla Única, ampliar el programa de Operador Económico Autorizado y modernizar sus sistemas de licencias e inspección de alimentos y productos agrícolas, además de obligaciones en propiedad intelectual, estándares laborales y ambientales similares a las de los otros marcos.

Desde la óptica de Colombia, el acuerdo con Ecuador plantea retos competitivos claros, dado que ambas canastas exportadoras hacia Estados Unidos se solapan en flores de corte, banano, cacao y derivados, frutas frescas y procesadas y ciertos productos del mar. Si el nuevo acuerdo se concreta como está planteado y se elimina el componente recíproco para flores, banano, cacao y otros productos tropicales ecuatorianos, Ecuador pasaría a enfrentar solo el arancel de Nación Más Favorecida, mientras que Colombia seguiría gravada con el 10 %, salvo que logre un entendimiento equivalente; en la práctica, esto otorgaría a la oferta ecuatoriana mejores precios netos, más margen para absorber costos logísticos y mayor atractivo para importadores que comparan proveedores andinos en función del costo total puesto en el mercado estadounidense.

Los acuerdos con El Salvador y Guatemala, ambos bajo el paraguas del CAFTA-DR, tienen una estructura muy parecida y ponen especial énfasis en la eliminación de barreras no arancelarias que afectan a exportaciones estadounidenses, así como en el tratamiento arancelario de textiles y confecciones. En ambos casos, los países centroamericanos se comprometen a agilizar y racionalizar los requisitos regulatorios y de aprobación para productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros bienes; eliminar restricciones a bienes remanufacturados; aceptar los estándares automotrices estadounidenses; simplificar los certificados de libre venta; aceptar certificados electrónicos; eliminar exigencias de apostilla; y acelerar los procesos de registro de productos. En agricultura, se comprometen a evitar nuevas barreras a los productos estadounidenses, reconocer la supervisión regulatoria de Estados Unidos y, en el caso de Guatemala, mantener marcos regulatorios basados en ciencia y riesgo con procesos de autorización eficientes.

En materia de propiedad intelectual, Guatemala asume un estándar particularmente robusto, con compromisos explícitos de implementar plenamente tratados internacionales y resolver problemas históricos identificados por Estados Unidos, mientras que El Salvador se compromete a avanzar en determinados instrumentos y garantizar transparencia en indicaciones geográficas. En ambos países se refuerzan las obligaciones en servicios, comercio digital, trabajo y medio ambiente, en línea con la pauta general de los cuatro marcos. Un elemento distintivo del acuerdo con Guatemala es el compromiso de restringir el acceso de proveedores de países sin acuerdos de libre comercio a determinadas compras públicas a nivel central, en términos comparables a las restricciones de contratación pública existentes en Estados Unidos, lo que introduce una dimensión adicional de alineamiento estratégico.

La reducción del arancel efectivo a las exportaciones de El Salvador hacia Estados Unidos en el marco del nuevo acuerdo de comercio recíproco configura un riesgo competitivo claro para Colombia en varios sectores donde ambos países compiten. En confecciones (camisetas, suéteres y otras prendas de punto y no de punto), El Salvador podría pasar a exportar a un arancel cercano a 0 % para las prendas originarias bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica (CAFTA-DR) y Estados Unidos, mientras que las prendas colombianas seguirían enfrentando una sobretasa recíproca cercana al 10 %, generando una brecha en contra de Colombia en un segmento intensivo en precio.

Algo similar ocurriría en café y, potencialmente, en azúcar y productos de azúcar: es razonable prever que el café salvadoreño y parte de sus exportaciones azucareras dentro de los contingentes preferenciales de su acuerdo con Estados Unidos pierdan el recargo del 10 % y vuelvan a un tratamiento cercano a 0 %, mientras que el café y el azúcar colombianos mantendrían la sobretasa recíproca. 

Desde la perspectiva de política comercial, estos cuatro marcos de acuerdos de comercio recíproco configuran un patrón claro: Estados Unidos utiliza la eliminación de los aranceles recíprocos introducidos al amparo de la IEEPA como incentivo para obtener de sus socios compromisos más profundos de apertura de mercado, convergencia regulatoria y alineamiento en materia de seguridad económica. Para Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, el atractivo radica en recuperar competitividad perdida por la imposición de esos aranceles, mejorar el acceso de sus exportaciones al mercado estadounidense y consolidarse como socios “confiables” en un contexto internacional marcado por tensiones geoeconómicas. Para otros países de la región, incluidos aquellos que ya cuentan con tratados de libre comercio con Estados Unidos, estos acuerdos establecen un nuevo punto de referencia sobre el nivel de disciplina y cooperación que Washington espera a cambio de aliviar las cargas arancelarias recíprocas introducidas en los últimos años.

Cuadro comparativo de productos por país frente a Colombia

(foco en productos donde hay competencia en el mercado de Estados Unidos)

País	Productos del país con mejora arancelaria prevista hacia EE. UU.	Productos colombianos que compiten en EE. UU.	Riesgo estimado para Colombia
Argentina	Recursos naturales no disponibles en EE. UU. y ciertos insumos no patentados para la industria farmacéutica; algunos productos agroindustriales y cárnicos que podrían beneficiarse de reducciones de arancel recíproco.	Combustibles y otros energéticos, azúcar y confitería, frutas y frutos secos, grasas y aceites vegetales, pescados y mariscos, aluminio y otros metales básicos.	Riesgo Bajo: hay solapamiento en energía, metales y agroindustria, pero el corazón de la canasta colombiana (café, flores, banano) no es el objetivo principal del alivio arancelario argentino en esta fase.
Ecuador	Bienes “no producidos suficientemente” en EE. UU., con foco en banano, café, cacao y otros productos agro-tropicales; potencialmente flores, mariscos y preparados de alimentos dentro de la lista de exportaciones “calificadas”.	Banano, café, cacao y sus preparaciones, flores y plantas vivas, frutas frescas, productos del mar, azúcar y confitería.	Riesgo alto: coincide casi uno a uno con la canasta agrícola colombiana hacia EE. UU.; si Ecuador pierde el 15 % recíproco + NMF y Colombia se mantiene con 10 %, Ecuador gana un diferencial relevante en precio en productos clave.
El Salvador	Textiles y confecciones originarias bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) y ciertos bienes “no producidos suficientemente” (incluyendo café y azúcar dentro de contingentes); posible eliminación del 10 % recíproco en esas líneas.	Prendas de vestir de punto y no de punto, café, azúcar y confitería, plásticos y empaques.	Riesgo medio-alto: en ropa, El Salvador quedaría en 0 % mientras Colombia seguiría con ≈10 %; en café y parte del azúcar podría darse también una brecha de ~10 puntos si se eliminan los recargos salvadoreños y no los colombianos.
Guatemala	Textiles y confecciones CAFTA-DR; exportaciones “no producidas suficientemente” en EE. UU., especialmente bananos y melones, café y azúcar; eliminación del 10 % recíproco en productos “calificados”.	Banano y otras frutas, café, azúcar, confecciones de punto, plantas y ornamentales.	Riesgo alto en agro y medio en textiles: Guatemala compite con Colombia en banano, café y azúcar; si sus productos entran sin recargo y los colombianos mantienen el 10 %, el diferencial de precio puede ser significativo.

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA “OPERACIÓN SOUTHERN SPEAR” PARA COMBATIR NARCOTERRORISMO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

El secretario de Guerra de Estados Unidos anunció en X el inicio de la Operación SOUTHERN SPEAR, una misión ordenada directamente por el presidente Donald Trump y liderada por el Joint Task Force Southern Spear en coordinación con el Comando Sur.

Según el anuncio oficial publicado en la red X, la operación tiene como objetivos centrales:

• Defender el territorio estadounidense,
• Eliminar organizaciones consideradas narco-terroristas en el hemisferio,
• Interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El secretario afirmó que Washington considera al hemisferio occidental como “el vecindario de América” y que, bajo esa premisa, la administración Trump actuará para proteger la seguridad nacional frente a amenazas provenientes de la región. La publicación no ofrece más detalles sobre procedimientos, fechas o acciones en concreto.

El lanzamiento de SOUTHERN SPEAR se enmarca en la estrategia más amplia del Gobierno estadounidense para intensificar su ofensiva contra redes de narcotráfico y actores señalados como hostiles en el Caribe y América Latina.

Más temprano, un informe de CBS News informó que altos mandos militares de Estados Unidos habrían presentado al presidente Donald Trump un conjunto actualizado de posibles operaciones contra Venezuela, incluidas opciones de ataques terrestres, citando fuentes conocedoras de las reuniones en la Casa Blanca. En el encuentro habrían participado el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y otros altos funcionarios. Aunque se discutieron escenarios operativos para los próximos días, dos de las fuentes aseguraron a CBS News que aún no se ha tomado una decisión final.

Sobre esa reunión, la Casa Blanca no emitió comentarios sobre las deliberaciones, y el Pentágono declinó pronunciarse.

Las discusiones ocurren en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región. A comienzos de semana, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur, que supervisa las operaciones en el Caribe y Sudamérica. La embarcación se suma a un despliegue que ya incluye destructores, aviones de combate y unidades de operaciones especiales.

Durante los últimos dos meses, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques contra al menos 21 embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Los bombardeos han dejado más de 80 personas muertas quienes estaban a bordo de las lanchas mientras que dos sobrevivientes fueron repatriados a Ecuador y Colombia. En uno de los casos, autoridades ecuatorianas dejaron en libertad al detenido al no encontrar evidencia de actividades criminales.

En una cumbre de defensa celebrada el miércoles en Fort Wayne, Indiana, Hegseth volvió a justificar la ofensiva de la administración Trump contra los grupos dedicados al narcotráfico. “Mi consejo para las organizaciones terroristas extranjeras es que no se suban a una lancha. Si están traficando drogas para envenenar al pueblo estadounidense y sabemos que pertenecen a una organización designada como terrorista, los encontraremos y los mataremos”, advirtió el secretario al defender la postura más agresiva del Gobierno.

SENADOR LINDSEY GRAHAM DICE QUE HAY UN CALIFATO DEL NARCOTRÁFICO ENTRE VENEZUELA, CUBA Y COLOMBIA

El senador republicano Lindsey Graham publicó un mensaje en la red X en el que respaldó plenamente la posición del presidente Donald Trump frente a Venezuela, afirmando que el mandatario estadounidense “está totalmente comprometido” con frenar lo que calificó como un “estado narcoterrorista”.

Graham aseguró que, según la visión de la Casa Blanca, Venezuela continúa participando en actividades ilícitas que afectan directamente a Estados Unidos, y sostuvo que el presidente Trump considera que Nicolás Maduro “es un líder ilegítimo cuyo tiempo en el poder está llegando a su fin”. El senador agregó que coincide con esta apreciación y recordó que Maduro enfrenta cargos por narcotráfico en tribunales estadounidenses.

En su publicación, Graham comparó la situación actual con la operación realizada por Estados Unidos en 1989 contra el entonces líder panameño Manuel Noriega, indicando que existen paralelos en materia de seguridad regional.

El senador también señaló que, a su juicio, existe un “califato del narcotráfico” en el hemisferio compuesto por Venezuela, Colombia y Cuba, y destacó que la administración Trump mantiene el objetivo declarado de poner fin a dicha amenaza.

Graham concluyó que, desde su perspectiva, la salida de Maduro “sería positiva tanto para el pueblo venezolano como para los Estados Unidos”.

BRASIL Y EE. UU. REACTIVAN NEGOCIACIONES PARA DESMONTAR EL ARANCEL DEL 50% A LAS EXPORTACIONES BRASILEÑAS

Brasil y Estados Unidos retomaron esta semana el canal político de alto nivel para resolver la disputa arancelaria abierta desde agosto, cuando Washington impuso un arancel adicional del 50% a la mayoría de las exportaciones brasileñas. El canciller Mauro Vieira y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron una reunión bilateral en Canadá, al margen del encuentro ministerial del G7, con el objetivo de destrabar una negociación que ha tensado la relación entre ambos gobiernos.

Durante la conversación, Vieira reiteró que Brasil presentó el pasado 4 de noviembre una propuesta formal para iniciar un proceso de entendimiento, luego de una reunión técnica virtual entre ambos países. El ministro enfatizó que la instrucción política de avanzar provino directamente de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, quienes discutieron el tema en su encuentro del mes pasado en Malasia, lo que añade presión para que los equipos diplomáticos encuentren una salida.

Las partes acordaron mantener el impulso y celebrar una reunión presencial en las próximas semanas, con la intención de lograr avances más concretos. Brasil ha insistido en que la medida estadounidense carece de justificación económica, dado que Estados Unidos mantiene desde hace años un superávit comercial sostenido con Brasil. Por ello, la meta del gobierno de Lula es obtener una suspensión inmediata de las sobretasas mientras se negocia un acuerdo más amplio, que incluiría también minerales estratégicos y tierras raras.

El ambiente político parece mostrar señales mixtas desde Washington. Mientras continúa el arancel del 50%, Trump sugirió el martes la posibilidad de reducir ciertas tarifas de importación de café como parte de su estrategia para moderar la inflación interna. El anuncio, aunque preliminar, generó expectativas en Brasil, dado que el café es uno de sus principales productos de exportación hacia EE.UU. y no figura entre los ítems exentos del arancel adicional.

El distanciamiento entre los dos países se intensificó en los últimos meses con sanciones personales a funcionarios brasileños y la cancelación de visados para magistrados del Supremo Tribunal Federal, involucrados en la condena del expresidente Jair Bolsonaro. Con este telón de fondo, el reinicio del diálogo entre Vieira y Rubio busca evitar que el conflicto escale y, al mismo tiempo, reencauzar una relación comercial clave para ambos países.

PRESIDENTE TRUMP FIRMA LA LEY QUE PONE FIN AL CIERRE DE GOBIERNO MÁS LARGO EN LA HISTORIA DE EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el proyecto de ley aprobado por el Congreso que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo registrado en el país. La medida fue avalada en la Cámara de Representantes con 222 votos a favor y 209 en contra, en medio de fuertes divisiones partidistas y críticas demócratas por la exclusión de subsidios sanitarios. “Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró Trump desde el Despacho Oval antes de poner su firma.

El paquete legislativo restablece la financiación para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero del próximo año y contempla aumentos de recursos para sectores clave como la Patrulla Fronteriza, los servicios migratorios, el Departamento de Asuntos de Veteranos y los programas de nutrición infantil. El acuerdo, sin embargo, dejó por fuera la extensión de los subsidios federales del Obamacare, lo que generó un rechazo frontal de los demócratas, que acusaron a Trump de actuar con “crueldad” contra millones de ciudadanos que dependen de la asistencia sanitaria y alimentaria.

Además de reabrir el Gobierno, la ley incluye partidas de financiamiento anual para Agricultura, Desarrollo Rural, Asuntos de Veteranos y Construcción Militar. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó que estas asignaciones permitirán planificar proyectos de infraestructura y servicios médicos con mayor certidumbre y evitarán nuevas disrupciones mientras avanza la negociación de un presupuesto más amplio para 2026.

Uno de los elementos más polémicos del acuerdo es la incorporación de una cláusula que autoriza a los senadores a demandar al Departamento de Justicia si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin aviso previo durante la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La disposición establece compensaciones de hasta medio millón de dólares y habría sido añadida discretamente en la fase final de negociación, lo que provocó sorpresa e indignación incluso dentro de la bancada republicana.

La firma del proyecto también revierte los más de 4.100 despidos efectuados por la Administración Trump desde el 1 de octubre en medio del cierre, incluidos cientos de trabajadores del sector de salud pública. Con ello, los empleados federales suspendidos podrán regresar a sus puestos y recibir el pago retroactivo correspondiente. Miles de funcionarios fueron convocados a reincorporarse desde este jueves, una vez levantada oficialmente la paralización.

El cierre tuvo impactos severos en la economía y en los servicios esenciales. Según el Departamento de Transporte, la falta de personal obligó a reducir hasta en 6% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos, lo que derivó en miles de cancelaciones y pérdidas estimadas en US$ 580 millones diarios. En el plano social, cerca de 42 millones de personas dejaron de recibir cupones de alimentos, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron efectos devastadores en familias vulnerables.

Desde el punto de vista político, Trump calificó la reapertura del Gobierno como una victoria frente a lo que llamó una “extorsión demócrata”. Sostuvo que el cierre se prolongó debido a la insistencia opositora en ampliar subsidios sanitarios y envió un mensaje a los republicanos del Congreso: “Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder”. El mandatario también señaló que el país se acerca a “otra fecha próxima”, en referencia a las elecciones intermedias de 2026.

LAS RESTRICCIONES AL TRÁFICO AÉREO EN EE. UU. PERSISTIRÁN MIENTRAS SE NORMALIZAN LAS OPERACIONES TRAS EL CIERRE FEDERAL

Las restricciones al tráfico aéreo en Estados Unidos continuarán por tiempo indefinido, incluso después de la reapertura del Gobierno federal que puso fin a 43 días de paralización. La escasez de controladores aéreos, agravada por el cierre, obligó a mantener recortes de hasta el 6% de los vuelos en 40 aeropuertos, según confirmaron el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford. Las autoridades señalaron que, aunque la reducción no llegará al 10% inicialmente previsto, la medida seguirá vigente por motivos de seguridad.

El Departamento de Transporte explicó que el retorno gradual de cerca de 3.000 controladores y supervisores exigirá un periodo de ajuste antes de que la red aérea pueda operar con normalidad. “El equipo de seguridad de la FAA está animado al ver el aumento de personal”, señaló Duffy, quien añadió que la pausa en el calendario de reducción permitirá revisar el estado del espacio aéreo antes de levantar las restricciones. La recuperación será progresiva, en coordinación con aerolíneas y operadores aeroportuarios.

La industria aérea estima que tomará al menos una semana para restablecer completamente las operaciones, mientras los empleados reciben sus salarios atrasados y retoman turnos habituales. Solo este jueves se registraron casi 1.000 cancelaciones y más de 700 demoras en todo el país, lejos aún del pico de 2.900 vuelos cancelados del domingo pasado. Entre los aeropuertos más afectados siguen figurando O’Hare en Chicago, Hartsfield-Jackson en Atlanta, Denver y Newark Liberty, reflejando el impacto acumulado de semanas de disrupción.

Aunque las agencias federales ya cuentan con fondos tras la aprobación del presupuesto temporal hasta el 30 de enero, la reapertura del aparato estatal no será inmediata. Cientos de miles de funcionarios suspendidos regresarán a sus puestos tras más de un mes sin cobrar, mientras empleados esenciales —incluidos controladores y agentes de seguridad— comenzarán a recibir sus pagos atrasados. La Casa Blanca indicó que los 42 millones de beneficiarios del programa SNAP verán restablecidas sus ayudas a partir de hoy.

La normalización total del Gobierno podría extenderse varias semanas: agencias clave como el Departamento de Trabajo, el BEA y el BLS aún necesitan tiempo para retomar la recolección de datos sobre empleo, inflación y actividad económica. También los museos y parques nacionales avanzan hacia una reapertura escalonada. El Instituto Smithsonian anunció que sus principales museos reabrirán a partir del viernes, en un proceso gradual que refleja la magnitud del daño dejado por el cierre más largo en la historia del país.

EE. UU. ESTUDIARÍA NEGAR VISAS A PERSONAS CON OBESIDAD, DIABETES O CÁNCER POR POSIBLE “COSTO PARA EL ESTADO”

Estados Unidos podría comenzar a negar visas a solicitantes que tengan obesidad, cáncer, diabetes u otras enfermedades crónicas, según un cable filtrado y verificado por The Washington Post. El documento, presuntamente enviado por el secretario de Estado, Marco Rubio, les indicaría a embajadas y consulados que estas condiciones podrían representar un gasto alto para los recursos públicos del país, ampliando los controles médicos que ya existen en los trámites migratorios.

La filtración señala que la propuesta incluiría enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, metabólicas y trastornos mentales, y que el cable fue redactado por directivos políticos del Departamento de Estado sin consultar a los funcionarios de carrera. Esto ha generado preocupación porque la decisión podría haberse tomado sin el procedimiento técnico habitual.

Ante la polémica, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió que desde hace décadas las leyes migratorias permiten negar visas a personas que puedan convertirse en una carga económica para el Gobierno, por ejemplo quienes busquen atención médica financiada con recursos públicos. Sin embargo, incluir enfermedades crónicas no contagiosas sería un cambio importante respecto a lo que se ha hecho tradicionalmente.

De aplicarse esta medida, se sumaría a otras políticas impulsadas por la administración de Donald Trump para restringir la migración. Hasta ahora, las visas suelen negarse por falta de solvencia económica, escaso arraigo, riesgos de quedarse de manera irregular o antecedentes penales. Con esta posible modificación, la edad o cualquier condición que implique una discapacidad también podrían ser motivos para rechazar solicitudes, haciendo más estrictos los requisitos para millones de personas.

TRUMP FIRMA ORDEN EJECUTIVA PARA REFORMAR EL SISTEMA DE ACOGIDA Y FORTALECER APOYO A JÓVENES DEL FOSTER CARE

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con la que busca modernizar el sistema de acogida infantil en Estados Unidos y ampliar las herramientas disponibles para jóvenes que están dentro o están saliendo del sistema de foster care. La medida, impulsada junto con la primera dama, sostiene que el sistema actual mantiene a muchos niños durante años sin lograr estabilidad y deja a quienes alcanzan la mayoría de edad sin redes de apoyo suficientes para su vida adulta.

La orden instruye al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a actualizar sus normas y sistemas para mejorar la recopilación y publicación de datos, eliminar reportes innecesarios y promover el uso de plataformas tecnológicas más modernas. También ordena impulsar herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo para mejorar la identificación de familias idóneas, fortalecer el seguimiento de casos y acelerar los tiempos para que los niños logren un hogar permanente.

El programa central, “Fostering the Future”, deberá establecer alianzas con empresas, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro para crear nuevas oportunidades educativas y laborales para jóvenes que salen del sistema de acogida. Además, desarrollará una plataforma digital nacional para orientar a estos jóvenes sobre programas disponibles en vivienda, educación, empleo, salud y mentorías, ofreciendo planes personalizados que faciliten su transición hacia la autonomía.

Otro componente clave es el fortalecimiento de la colaboración con organizaciones religiosas. El HHS deberá identificar políticas estatales que, según la Casa Blanca, excluyen indebidamente a instituciones o cuidadores por sus creencias religiosas, y trabajar para ampliar su participación en programas financiados por el Gobierno federal. La Casa Blanca afirma que esto permitiría incrementar el número de familias disponibles para acoger niños.

Finalmente, la orden ejecutiva también flexibiliza el uso de becas educativas y reasigna fondos no utilizados por los estados para destinarlos a formación técnica, desarrollo laboral y educación financiera de jóvenes en transición. La Casa Blanca sostiene que la medida no crea nuevos derechos legales, pero sí moviliza recursos y alianzas para modernizar un sistema que, según el Gobierno, ha fallado en garantizar bienestar, seguridad y oportunidades para miles de menores en el país.

ECUADOR ANTICIPA LA INSTALACIÓN DE DOS BASES ESTADOUNIDENSES SI PROSPERA EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL

El Gobierno de Ecuador confirmó que Estados Unidos podría instalar dos bases en su territorio —una militar y otra de seguridad— si la ciudadanía aprueba en el referéndum del próximo domingo la reforma constitucional que permitiría el establecimiento de instalaciones extranjeras. El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que los posibles emplazamientos serían Manta y Salinas, ambos en la costa continental, y que la decisión responde a la creciente necesidad de reforzar la cooperación frente al crimen organizado.

Las dos localidades fueron inspeccionadas la semana pasada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó Ecuador por segunda vez en tres meses para evaluar junto al gobierno ecuatoriano las ubicaciones estratégicas. Reimberg explicó que una de las bases estaría bajo responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), orientado a labores de control fronterizo, lucha contra el terrorismo y ciberseguridad. El ministro defendió la iniciativa como una medida necesaria para “atacar con todas las fuerzas” a las organizaciones criminales que operan desde la costa.

La propuesta solo podrá materializarse si el referéndum elimina la prohibición constitucional de 2008, introducida por el expresidente Rafael Correa, que impide la presencia de bases militares extranjeras. Ecuador ya tuvo instalaciones estadounidenses en su territorio: una base en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y otra en Manta entre 1999 y 2009, donde operaban fuerzas antidrogas hasta su salida obligada tras la aprobación de la nueva Constitución.

El renovado interés de Washington se explica por el creciente uso de puertos ecuatorianos, como Manta, para el envío de cocaína en embarcaciones rápidas hacia Centroamérica. Tras su visita, Noem calificó a Ecuador como un socio “excelente” en la lucha contra narcotráfico, tráfico ilegal y contrabando, y su presencia reiterada en el país fue interpretada por Reimberg como una señal clara del compromiso estadounidense para avanzar en el proyecto de bases conjuntas.

ESTADOS UNIDOS EXIGE UNA TREGUA INMEDIATA EN SUDÁN ANTE EL DETERIORO HUMANITARIO

Estados Unidos urgió a las partes enfrentadas en Sudán a aceptar e implementar de inmediato la tregua humanitaria propuesta, en medio de un rápido agravamiento de la crisis que golpea al país desde abril de 2023. Massad Boulos, asesor principal de EE.UU. para Asuntos Árabes y Africanos, advirtió que la situación ha alcanzado niveles “catastróficos”, con millones de civiles sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica básica.

Boulos señaló que Washington ya presentó un texto sólido para la tregua y expresó la expectativa de que tanto las Fuerzas Armadas sudanesas como las Rapid Support Forces (RSF) lo acepten sin condiciones políticas o militares que prolonguen la violencia. Subrayó que es imperativo que todos los actores “honren sus compromisos, cesen las hostilidades y permitan un acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos” a las zonas más afectadas.

El asesor estadounidense remarcó que la implementación inmediata de la tregua no solo permitiría salvar miles de vidas, sino que también podría servir como un primer paso hacia un proceso de diálogo más amplio y sostenido. “El pueblo de Sudán no puede permitirse seguir esperando. Es hora de actuar”, enfatizó, reconociendo la urgencia de reducir la presión sobre una población exhausta por meses de enfrentamientos.

El conflicto entre el ejército sudanés y las RSF, desatado en 2023, ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con millones de personas desplazadas y atrapadas en zonas de combate. Organismos internacionales han alertado sobre el colapso de los servicios básicos, la escasez crítica de alimentos y medicinas, y la intensificación del riesgo de hambruna, mientras la comunidad internacional busca reactivar sin éxito los esfuerzos de mediación.