La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad una resolución para obligar al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein. El resultado —427 votos a favor y solo uno en contra— se produjo dos días después de que el presidente Donald Trump retirara su oposición tras meses de resistencia. La medida pasa ahora al Senado, donde el líder de la mayoría, John Thune, afirmó que podría aprobarse por consentimiento unánime. El cambio de postura de Trump buscó contener una amarga disputa interna que estaba fracturando al Partido Republicano.

Antes de la votación, unas dos docenas de sobrevivientes del abuso de Epstein se unieron a legisladores demócratas y republicanos para exigir la liberación de los documentos. Portaban fotografías de sí mismas durante la adolescencia, cuando fueron víctimas del financista. Tras la aprobación, muchas se pusieron de pie en la galería de la Cámara, aplaudiendo y llorando. El caso Epstein ha sido un punto vulnerable para Trump, quien durante años amplificó teorías de conspiración que alimentaron expectativas entre sus propios seguidores sobre supuestos encubrimientos.

A pesar de retirar su oposición, Trump reaccionó con evidente molestia al ser cuestionado sobre el tema durante un evento en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Trump insistió: “No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein”, afirmando que lo expulsó de su club “hace muchos años” por considerarlo un “pervertido”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había bloqueado durante meses la iniciativa, pero el creciente apoyo entre ambos partidos, incluida la congresista Marjorie Taylor Greene,quien enfrentó presiones directas de Trump para retirarse del esfuerzo finalmente obligó a la votación.

MÉXICO RECHAZA ROTUNDAMENTE CUALQUIER INTERVENCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN SU TERRITORIO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó de manera tajante la posibilidad de permitir una intervención militar estadounidense en territorio mexicano, luego de que el presidente Donald Trump reiterara su disposición a enviar tropas para combatir a los carteles. En su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que ha sido clara en todas sus conversaciones con Trump: México puede colaborar y recibir información, pero las operaciones en territorio nacional corresponden únicamente al Estado mexicano. La mandataria subrayó que su gobierno no aceptará injerencias de ningún país extranjero.

Sheinbaum aseguró que Trump ha planteado esta idea en múltiples ocasiones durante llamadas telefónicas previas, ofreciendo una intervención militar estadounidense para enfrentar a los grupos delictivos. Sin embargo, explicó que esta postura ha sido siempre rechazada y que todos los funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, han sido informados del principio innegociable de soberanía. La mandataria reiteró que existe un marco de colaboración y coordinación bilateral, pero sin subordinación ni acciones unilaterales.

La presidenta recordó que, tras algunas de esas conversaciones, el propio gobierno estadounidense emitió comunicados en los que quedó explícito que solo intervendrían militarmente si México lo solicitaba, algo que Sheinbaum dejó claro que nunca ocurrirá. “Nosotros no lo vamos a pedir”, insistió, subrayando que México no aceptará intervenciones militares extranjeras bajo ninguna circunstancia. Para el gobierno mexicano, la cooperación debe centrarse en el intercambio de inteligencia y el combate al tráfico de armas, no en despliegues militares.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron un día después de que Trump afirmara que no está “contento” con el combate antidrogas en México y que no descartaba un ataque contra carteles que operan a ambos lados de la frontera. La tensión se ha incrementado en el marco de la estrategia estadounidense, que desde septiembre ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico dejando más de 70 muertos en operaciones extrajudiciales justificadas como acciones contra “narcoterroristas”.

MBS CALIFICA DE “ERROR” EL ASESINATO DE KHASHOGGI DURANTE VISITA A EE.UU. Y PROMETE INVERSIONES RÉCORD

El presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MBS), quien anunció que expandirá las inversiones saudíes previstas en Estados Unidos de US$ 600.000 millones a US$ 1 billón. La visita, la primera de MBS desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, estuvo dominada por elogios entre ambos líderes y por un marcado interés en reforzar los vínculos económicos. Trump insistió en que el príncipe “no sabía nada” del crimen, pese a que las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que MBS probablemente ordenó la operación.

La tensión aumentó cuando un periodista preguntó directamente al príncipe sobre el asesinato de Khashoggi. Trump describió al periodista como “polémico” y afirmó que “a mucha gente no le caía bien”, antes de reiterar que MBS desconocía el plan. El príncipe calificó el homicidio como “un gran error” y aseguró que Arabia Saudita está tomando medidas para evitar que un hecho así vuelva a repetirse. Sin embargo, el tema de derechos humanos quedó claramente relegado ante las prioridades económicas y estratégicas de la reunión.

En el encuentro también se discutió la propuesta venta de aviones de combate furtivos F-35 a Arabia Saudita. Trump expresó su apoyo, pero dentro de su administración existen posiciones encontradas: algunos consideran que fortalecer militarmente a un aliado cercano facilita la interoperabilidad con EE.UU., mientras otros temen que China pudiera acceder a tecnología sensible a través del reino. La operación sería una de las más delicadas y controvertidas del actual ciclo de ventas militares estadounidenses.

El expresidente volvió a mostrar una afinidad personal poco habitual con MBS, al afirmar en público que “le gusta mucho… le gusta demasiado”. Esta cercanía ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, especialmente porque empresas asociadas a Arabia Saudita participan en nuevos desarrollos inmobiliarios de la marca Trump, como varios proyectos de lujo en las Maldivas en colaboración con Dar Global. Trump negó tener relación con esas operaciones mientras ocupa la presidencia, aunque la polémica persiste.

Durante la misma comparecencia, Trump fue consultado sobre el proceso para seleccionar al próximo presidente de la Reserva Federal. Respondió que están evaluando “algunos nombres sorprendentes y algunos nombres habituales de los que todo el mundo habla”. La reunión también abordó la posibilidad de que Arabia Saudita se incorpore a los Acuerdos de Abraham. MBS afirmó estar trabajando para normalizar relaciones con Israel “lo antes posible”, sin revelar más detalles, lo que subraya la ambición geopolítica compartida entre Washington y Riad.

EXSECRETARIO DEL TESORO SE APARTA DE LA VIDA PÚBLICA TRAS REVELARSE NUEVOS CORREOS CON JEFFREY EPSTEIN

Larry Summers, exsecretario del Tesoro bajo la administración de Bill Clinton y una de las figuras económicas más influyentes de las últimas décadas, anunció que se retirará temporalmente de sus actividades públicas luego de la divulgación de nuevos documentos que exponen años de correspondencia con Jeffrey Epstein. En un comunicado, expresó estar “profundamente avergonzado” y reconoció el daño causado, afirmando que asumirá “toda la responsabilidad” por haber mantenido contacto con el magnate, incluso después de conocerse sus delitos.

Los documentos publicados por la Cámara de Representantes la semana pasada incluyen correos que evidencian la cercanía entre Summers y Epstein, e incluso la intervención del pederasta fallecido en asuntos personales del exfuncionario. Este nuevo material ha reavivado el escrutinio público y ha tenido consecuencias inmediatas para el economista, afectando su trabajo en centros de pensamiento donde participaba en análisis e informes económicos. Summers señaló que mantendrá únicamente sus actividades académicas mientras busca “reconstruir la confianza”.

La polémica se amplificó tras la publicación de cerca de 20.000 documentos adicionales, que no solo involucraron a Summers, sino que también pusieron en el centro del debate al presidente Donald Trump. En los correos, Epstein asegura que el mandatario tenía conocimiento de sus crímenes y que pasó “horas” con una de las mujeres que denunció haber sido víctima. Estas afirmaciones han intensificado las presiones para que el Congreso libere en su totalidad los archivos del caso.

La Cámara de Representantes podría votar esta semana un proyecto que busca la desclasificación completa de los documentos relacionados con Epstein, un impulso que cobró fuerza tras la juramentación de la demócrata Adelita Grijalva, que permitió alcanzar los 218 votos necesarios para avanzar la moción. De aprobarse, la publicación total de los archivos podría tener implicaciones legales y políticas significativas, y profundizar el escrutinio sobre figuras públicas que tuvieron vínculos con Epstein.

CHINA ELEVA EL TONO CONTRA EE. UU. POR NUEVA VENTA MILITAR A TAIWÁN

China criticó con dureza la aprobación por parte de Estados Unidos de una venta de repuestos y componentes para aeronaves militares taiwanesas valorada en US$ 330 millones, la primera operación de este tipo desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. El Ministerio de Defensa chino acusó a Washington de vulnerar el principio de “una sola China” y de interferir en sus asuntos internos, al tiempo que reiteró que la cuestión taiwanesa constituye una línea roja en la relación bilateral. Pekín afirmó haber presentado una “protesta formal” y prometió adoptar “todas las medidas necesarias” para defender su soberanía.

El portavoz Zhang Xiaogang advirtió que cualquier apoyo externo al “separatismo” taiwanés generará consecuencias para quienes lo promuevan, insistiendo en que la vía militar para resistir la reunificación está “condenada al fracaso”. También acusó a las autoridades de Taipéi de “malgastar” recursos públicos en armamento y de depender excesivamente del respaldo de potencias externas. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente presión militar china sobre la isla, con incursiones frecuentes en la llamada “zona gris”.

La venta aprobada por Washington incluye repuestos para los aviones F-16, C-130 y para el caza local IDF, según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa. Para Taiwán, estos suministros permitirán fortalecer su capacidad de respuesta ante los ejercicios y maniobras chinas cerca de su espacio aéreo. El gobierno taiwanés sostiene que mantener operativas sus aeronaves es crucial para preservar la disuasión y evitar cambios unilaterales en el statu quo del estrecho.

Estados Unidos, principal proveedor de armas de Taiwán desde hace más de siete décadas, mantiene una posición ambigua: no reconoce diplomáticamente a la isla, pero podría defenderla en caso de un ataque chino, según lo establecido por la Ley de Relaciones con Taiwán. Esa dualidad ha sido fuente constante de fricciones, especialmente desde que Xi Jinping reforzó el objetivo estratégico de “reunificación” bajo su mandato. Para Pekín, la operación militar de venta forma parte de una escalada que socava la estabilidad regional.

RUSIA Y CHINA CUESTIONAN FALTA DE CLARIDAD EN RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE GAZA

Rusia y China criticaron en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución impulsada por Estados Unidos para la paz en Gaza, basada en el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump. Aunque el texto fue aprobado, ambos países se abstuvieron al considerar que carece de elementos esenciales y que fue negociado con excesiva rapidez. La resolución contempla la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF) hasta diciembre de 2027, encargada de asegurar las fronteras de Gaza, proteger a civiles, garantizar corredores humanitarios y entrenar a una nueva fuerza policial palestina.

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, señaló que el documento otorga un amplio control a una “Junta de Paz” y a la ISF, organismos sobre los cuales —dijo— “no sabemos nada”. Afirmó que la resolución no establece plazos para la transferencia del control de Gaza hacia la Autoridad Palestina, ni detalla cómo funcionarán los mecanismos clave de gobernanza en la etapa de posguerra. Para Moscú, el esquema propuesto evoca “prácticas coloniales” y otorga demasiada autonomía operativa a entidades no definidas.

Nebenzia agregó que ningún país dispuesto a contribuir con la ISF aceptó el mandato de “desmilitarizar Gaza” o de “desarmar grupos locales usando todos los medios disponibles”. Esta falta de compromiso, dijo, pone en duda la viabilidad real de la fuerza internacional. También cuestionó que el Consejo esté “bendiciendo una iniciativa estadounidense basada en promesas de Washington”, sin garantías suficientes para asegurar una transición política legítima en el territorio palestino.

El embajador chino, Fu Cong, coincidió en que la resolución es “vaga y no clara en elementos críticos”, especialmente en lo referente a la estructura, composición y criterios operativos de la Junta de Paz y la ISF. Pekín advirtió que estos organismos, llamados a tener un rol central en la gobernanza de Gaza, fueron autorizados sin especificaciones mínimas que permitan evaluar su eficacia o legitimidad. China también expresó preocupación porque el texto no incorpora plenamente la solución de dos Estados.

Fu subrayó que la presencia palestina en la futura gobernanza “apenas es visible” y que la soberanía y propiedad del pueblo palestino no están adecuadamente reflejadas. Según el diplomático, la Junta de Paz podría “asumir toda la responsabilidad” sin mecanismos de supervisión real, más allá de informes escritos anuales. Para Moscú y Pekín, la resolución corre el riesgo de consolidar un modelo de posguerra impuesto desde el exterior, sin participación efectiva de Palestina ni garantías de un proceso político sostenible.

MÁS DE 130 DETENIDOS EN CHARLOTTE EN LAS PRIMERAS 48 HORAS DE LA NUEVA OPERACIÓN MIGRATORIA

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 130 personas en Charlotte, Carolina del Norte, durante las primeras 48 horas de una amplia operación federal dirigida a migrantes indocumentados. Según Rob Brisley, portavoz de CBP, los arrestos se realizaron entre sábado y domingo como parte de la campaña nacional de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump. El funcionario afirmó que las autoridades “no se detendrán” hasta retirar del país a todos los inmigrantes considerados ilegales, aunque no precisó cuándo finalizará el operativo en la ciudad.

La operación ha generado preocupación entre autoridades locales, que advierten sobre la falta de coordinación y el impacto en la población. La alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, confirmó que la ofensiva federal se expandirá a su ciudad, pese a que la policía local no participó en su planificación. Por su parte, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, enfatizó que los derechos constitucionales de todos los residentes deben ser protegidos, independientemente de su estatus migratorio, y aseguró que el gobierno local está trabajando para apoyar a las comunidades afectadas.

Las detenciones provocaron manifestaciones y una creciente tensión en Charlotte, una de las ciudades de mayor crecimiento en Estados Unidos. Estudiantes de East Mecklenburg High School realizaron un walkout el lunes, mientras en redes sociales circularon videos de arrestos, incluido uno donde agentes enmascarados rompen la ventana de una camioneta para extraer por la fuerza a un hombre. Algunos negocios latinos cerraron durante el fin de semana ante el temor generado por la presencia de agentes armados en vecindarios y estacionamientos.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, criticó duramente los operativos, denunciando prácticas de “perfilamiento racial” y el uso de agentes “enmascarados y fuertemente armados” en vehículos sin identificación. Según Stein, la ofensiva federal ha derivado en arrestos de ciudadanos estadounidenses basados únicamente en su apariencia, lo que alimenta confrontaciones entre residentes y autoridades migratorias. Las imágenes de los operativos han intensificado el debate sobre el alcance de la intervención federal en ciudades que rechazan colaborar con ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la operación asegurando que Charlotte ignoró cerca de 1.400 solicitudes para retener a sospechosos por 48 horas adicionales, lo que habría impedido a las autoridades migratorias asumir su custodia. La ciudad, atractiva por su dinamismo en sectores como finanzas, tecnología y logística, enfrenta ahora el impacto social y económico de las redadas.

JUEZA DE TENNESSEE BLOQUEA TEMPORALMENTE EL DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL EN MEMPHIS

Una jueza estatal de Tennessee bloqueó temporalmente la orden del gobernador republicano Bill Lee de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Memphis, al considerar que la medida probablemente viola la ley de milicias del estado. La canciller Patricia Head Moskal determinó que dicha ley exige que la Asamblea General de Tennessee, y no el gobernador, sea quien autorice la movilización para fines de seguridad pública. También concluyó que los niveles de criminalidad en Memphis no constituyen una “grave emergencia” que habilite el despliegue bajo la autoridad ejecutiva del gobernador.

La decisión judicial impide que Lee continúe activando o enviando personal de la Guardia Nacional, aunque la orden entrará en vigor dentro de cinco días para permitir una eventual apelación. El despliegue había comenzado como parte de una fuerza de tarea federal contra el crimen solicitada por el presidente Donald Trump en septiembre. Legisladores estatales y el alcalde del condado de Shelby, Lee Harris, demandaron al gobernador argumentando que la medida violaba la constitución estatal y excedía las facultades del ejecutivo. Harris celebró el fallo como una victoria del “estado de derecho”.

El caso se desarrolla en un contexto nacional de creciente controversia por el uso de tropas en ciudades estadounidenses, una práctica inusual y criticada por apartarse de normas históricas que limitan el empleo militar en territorio nacional. Trump ha defendido estas movilizaciones para enfrentar disturbios civiles, reforzar la seguridad fronteriza y combatir el crimen, mientras que demócratas y organizaciones civiles lo acusan de abusar de poderes militares reservados para emergencias extremas como invasiones o catástrofes. En varios estados, jueces federales ya han rechazado preliminarmente los despliegues ordenados por la Casa Blanca.

A diferencia de otros casos, donde los gobernadores demócratas se han opuesto a la intervención federal, en Memphis las tropas están bajo control estatal y fueron enviadas por un gobernador republicano. Sin embargo, la demanda en Tennessee se basa en leyes estatales que regulan estrictamente cuándo puede activarse la Guardia Nacional para tareas de seguridad interna. Este enfoque jurídico singular podría convertir al caso en un precedente importante para delimitar el uso de fuerzas militares en funciones policiales a nivel estatal.

El debate ocurre mientras Memphis enfrenta altos índices de violencia: con 611.000 habitantes, registra uno de los mayores niveles de criminalidad del país y tasas de pobreza superiores al doble del promedio nacional. Aun así, la jueza Moskal insistió en que estos desafíos no equivalen a una emergencia que justifique la movilización militar. Con múltiples procesos legales avanzando en tribunales estatales y federales, el tema del despliegue de la Guardia Nacional parece encaminado a un eventual pronunciamiento final de la Corte Suprema.

AGENTE MIGRATORIO FUERA DE SERVICIO APUNTA CON UN ARMA A UN MENOR EN CALIFORNIA

Un supuesto agente migratorio estadounidense fue arrestado en Riverside, California, tras ser captado en video apuntando con un arma a un adolescente latino de 17 años que regresaba a casa después de una fiesta. El incidente ocurrió el 10 de noviembre y es el segundo caso reciente en el sur de California donde un oficial federal, estando fuera de servicio, apunta a un conductor. Las autoridades indicaron que recibieron una llamada de emergencia por una persona blandiendo un arma en plena zona residencial. El sospechoso, identificado como Gerardo Rodríguez, fue detenido días después. El hecho ha generado preocupación por el uso de fuerza fuera de protocolo por parte de agentes federales.

Según el relato del menor y su familia, Rodríguez se paró en medio de la calle con una pistola en la mano, ordenó detener el vehículo y mostró una placa para obligar al joven a salir de la camioneta. El adolescente afirmó que el hombre llegó a cuestionarlo por su estatus migratorio, pese a ser ciudadano estadounidense. No fue liberado hasta que su madre llegó con el pasaporte de su hijo. El abogado de la familia, Greg Kirakosian, señaló que Rodríguez no actuó ante una emergencia, sino que caminaba armado sin justificación. El video del incidente refuerza esa versión.

El Departamento del Alguacil de Riverside confirmó que Rodríguez fue arrestado por agresión con arma mortal, poner en peligro a un menor y agresión cometida por un funcionario público. Sin embargo, las autoridades no han precisado a qué agencia pertenece, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tampoco ha confirmado si el detenido es miembro de ICE u otra unidad migratoria. La familia del menor anunció que presentará cargos y exigió claridad institucional sobre el vínculo del sospechoso con cuerpos federales. El caso se ha convertido en un punto de tensión respecto a la supervisión y control interno de agentes.

Este episodio se suma a una cadena creciente de incidentes similares en el sur de California. A inicios de mes, un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue grabado apuntando a una conductora en el área de Fullerton, lo que encendió alarmas sobre patrones de conducta excesiva y fuera de norma. Organizaciones civiles han advertido que estos comportamientos pueden estar relacionados con el ambiente de “envalentonamiento” derivado de los operativos migratorios intensificados bajo la administración Trump.