Los precios de importación en Estados Unidos permanecieron inesperadamente sin cambios en septiembre, según reportó el Bureau of Labor Statistics. El dato sorprendió a los analistas, que anticipaban un aumento de 0.1%, y refleja cómo el encarecimiento de bienes de consumo —excluyendo vehículos— fue compensado por una caída en los costos energéticos. La cifra de agosto también fue revisada a la baja, de 0.3% a 0.1%.

En términos anuales, los precios de importación subieron 0.3%, su primera variación positiva desde marzo, apoyados por un dólar más débil frente a las monedas de los principales socios comerciales. Aunque el traspaso de los aranceles a los precios finales ha sido limitado, economistas advierten que los márgenes de las empresas están cayendo y esa situación podría acelerar el traslado de los mayores costos al consumidor.

El componente energético fue decisivo para el estancamiento del índice: los combustibles importados cayeron 1.5% en septiembre, con descensos de 3.0% en el precio del gas natural y de 0.8% en alimentos. Excluyendo energía y alimentos, los precios de importación subieron 0.3%, repitiendo la variación observada en agosto. En la comparación anual, estos precios subyacentes aumentaron 0.8%.

El reporte llega en un contexto de presiones al alza en los precios del productor, impulsadas mayormente por alimentos y energía. A pesar de ello, las empresas continúan absorbiendo parte de los costos arancelarios, aunque los analistas consideran que esta estrategia es insostenible en el mediano plazo y podría limitar la inversión y la contratación laboral.

Con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal programada para la próxima semana, los datos aportan más incertidumbre al debate interno. Mientras varios funcionarios del Comité Federal de Mercado Abierto se muestran reacios a nuevos recortes de tasas, un grupo dentro de la Junta de Gobernadores insiste en que es necesario reducirlas. Las señales mixtas en los precios de importación complican aún más la lectura sobre la dinámica inflacionaria y su impacto en las decisiones monetarias.

EE.UU. ELEVA RECOMPENSA HASTA US$ 5 MILLONES POR INFORMACIÓN QUE PERMITA CAPTURAR A LÍDER DEL TREN DE ARAGUA

El Departamento de Estado anunció un aumento en la recompensa, ahora de hasta US$ 5 millones, por información que permita la captura o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los principales líderes del Tren de Aragua. La medida se da en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional y busca reforzar la presión internacional sobre una organización que Washington considera una amenaza criminal para todo el hemisferio.

Mosquera Serrano es el primer miembro del Tren de Aragua incluido en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, debido a su rol en la coordinación de las operaciones globales de narcotráfico y finanzas del grupo. En febrero, el secretario de Estado designó formalmente al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado, una categorización que endurece las facultades de persecución y sanción del gobierno estadounidense.

El líder criminal enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos. En enero fue acusado en el Distrito Sur de Texas por conspiración internacional para traficar cocaína, y en abril recibió nuevos cargos por el mismo delito y por proveer apoyo material a una organización terrorista. Estas acusaciones consolidan la estrategia de Washington de perseguir judicialmente a los cabecillas del TdA mediante casos federales de alto perfil.

Además, el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, sancionó el 24 de junio a Mosquera Serrano e impuso este miércoles nuevas sanciones a 11 integrantes y aliados del Tren de Aragua. Entre ellos figuran la reconocida DJ y actriz venezolana Jimena Romina Araya Navarro, señalada de colaborar con “Niño Guerrero” y de financiar actividades del cartel; su exmánager Eryk Manuel Landaeta Hernández, operador financiero del grupo en Bogotá; así como Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, considerado el lugarteniente de Niño Guerrero. También fueron incluidos varios jefes regionales —Richard José Espinal Quintero, Noe Manases Aponte Córdova y Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera— y Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano del líder del TdA. Las sanciones abarcan, además, empresas como Eryk Producciones SAS, Maiquetía VIP Bar Restaurant y Global Import Solutions S.A.

MARCO RUBIO ADVIERTE A MADURO Y AFIRMA QUE “NO VAN A ENGAÑAR A DONALD TRUMP”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una dura advertencia contra Nicolás Maduro, asegurando que el dictador venezolano no podrá engañar al presidente Donald Trump. En declaraciones a Fox News, Rubio afirmó que Maduro ha firmado “cinco acuerdos con diferentes partidos en los últimos 10 años y los ha roto todos”, cuestionando la credibilidad de cualquier intento de negociación. “El presidente está dispuesto a sentarse, reunirse y hablar con cualquiera… pero al final tiene que haber alguien con quien realmente se pueda llegar a un acuerdo”, dijo, en referencia a la disposición de Trump a dialogar.

Rubio acusó al régimen venezolano de operar como una “organización de transbordo” de cocaína producida en Colombia, facilitando su salida hacia Estados Unidos a través de aviones y embarcaciones. Según explicó, estos señalamientos justifican la ofensiva antidrogas que Washington ha intensificado en el Caribe, donde se han realizado ataques contra presuntos barcos cargados de droga. “El hecho de que Maduro esté molesto por esto indica que hay drogas saliendo de Venezuela”, sostuvo el secretario de Estado.

El funcionario también reiteró que Maduro no es considerado un líder legítimo y responsabilizó al régimen de generar inestabilidad en toda la región. Mencionó que más de ocho millones de venezolanos han migrado a países vecinos como consecuencia directa de las acciones del gobierno. Rubio añadió que el Departamento de Estado avanza en el proceso para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que actualmente beneficia a unos 600.000 venezolanos en Estados Unidos.

Rubio relató además un episodio de negociación fallida durante la administración Biden, en la que, según él, Maduro exigió la liberación de sus sobrinos —condenados por narcotráfico— y de su principal operador financiero a cambio de elecciones libres. “Recuperó a los sobrinos, recuperó al hombre del saco, y nunca celebró elecciones libres y justas”, afirmó, acusando al gobierno de Biden de haber sido engañado. “Engañaron a Joe Biden. No van a engañar a Donald Trump”.

Las declaraciones se producen días después de que Trump confirmara haber hablado por teléfono con Maduro. De acuerdo con el presidente estadounidense, advirtió al dictador que debe abandonar el poder o enfrentarse a una posible acción militar. Aunque la Casa Blanca no ha detallado escenarios, sostiene que “todas las opciones están sobre la mesa” mientras aumentan la presión diplomática y militar sobre Caracas.

El mensaje de Rubio también apunta a reforzar la narrativa de que Trump está dispuesto a explorar vías diplomáticas, pero solo si existen garantías de cumplimiento. Para la administración, Maduro no ofrece dichas garantías, razón por la cual cualquier conversación futura estaría condicionada a señales verificables de compromiso. Con tropas y activos militares estadounidenses operando cerca de Venezuela, el clima de presión continúa escalando.

TRUMP ANUNCIA “REINICIO” DE LOS ESTÁNDARES CAFE Y REVERSA REGLAS DE EFICIENCIA DE BIDEN

El presidente Donald J. Trump anunció un “reset” de los estándares de economía de combustible del programa estadounidense conocido como CAFÉ (Corporate Average Fuel Economy), al revertir las reglas de eficiencia vehicular adoptadas durante la administración de Joe Biden. Según la Casa Blanca, las normas anteriores eran “costosas e ilegales” y, en la práctica, operaban como un mandato para acelerar la adopción de vehículos eléctricos. El gobierno sostiene que las nuevas metas devuelven el programa a niveles que pueden cumplirse con tecnologías convencionales de gasolina y diésel.

Los estándares CAFE son las siglas en inglés de Corporate Average Fuel Economy, traducido habitualmente como “promedio corporativo de economía de combustible”. Se trata de un programa federal creado en 1975 por el Congreso de Estados Unidos, que exige a los fabricantes de automóviles cumplir un rendimiento mínimo promedio de combustible en la flota de vehículos que venden en el país. La implementación y aplicación de estos estándares está a cargo del Departamento de Transporte, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, conocida por sus siglas en inglés como NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

La administración Trump argumenta que las normas ampliadas durante la presidencia de Biden excedían la autoridad que el Congreso otorgó al programa CAFE y fijaban objetivos imposibles de alcanzar con la tecnología disponible en vehículos a gasolina. Según el gobierno, esos estándares habrían obligado de facto a los fabricantes a una transición mucho más amplia hacia los vehículos eléctricos, conocidos como EV por sus siglas en inglés (electric vehicles). La Casa Blanca sostiene que estos vehículos son más costosos de producir y, con frecuencia, se venden con márgenes muy ajustados o incluso con pérdidas que se compensan incrementando el precio de los modelos a gasolina, lo que afectaría directamente al consumidor.

En sus proyecciones, el gobierno afirma que, de no haberse modificado las reglas heredadas de la administración Biden, el costo promedio de un vehículo nuevo en Estados Unidos habría aumentado en alrededor de 1.000 dólares. Presenta el cambio como una corrección a lo que describe como aumentos indirectos del costo de vida vinculados a las políticas climáticas anteriores. Al mismo tiempo, sostiene que el reajuste de los estándares CAFE generará ahorros acumulados para las familias estadounidenses de más de 100.000 millones de dólares en los próximos cinco años, como resultado de precios de vehículos más bajos y de un marco regulatorio que, a su juicio, impone menos cargas a la industria.

La Casa Blanca también vincula la modificación de los estándares con argumentos de seguridad vial. Al abaratarse el costo de los autos nuevos, el gobierno estima que más consumidores podrán renovar sus vehículos con mayor frecuencia y acceder a modelos más modernos y seguros. En ese contexto, las autoridades han difundido estimaciones según las cuales la medida permitiría evitar más de 1.500 muertes y cerca de un cuarto de millón de lesiones graves de aquí a 2050, como resultado de la incorporación de tecnologías de seguridad más avanzadas en el parque automotor.

En términos técnicos, las normas impulsadas bajo el gobierno de Biden buscaban que la flota de vehículos nuevos alcanzara alrededor de 50 millas por galón hacia comienzos de la próxima década, mientras que la revisión anunciada por Trump reduce esa meta a un nivel considerablemente menor. Para el gobierno actual, se trata de un estándar más realista y consistente con el ritmo de avance de las tecnologías de combustión interna, mientras que sus críticos consideran que implica una relajación significativa de las exigencias de eficiencia energética.

El restablecimiento de estándares CAFE menos estrictos se suma a otras decisiones recientes en materia de política de transporte y energía. Entre ellas, la administración destaca la anulación del mandato de vehículos eléctricos de California, que buscaba poner fin a la venta de autos nuevos a gasolina para 2035, así como la aprobación de legislación que fija en cero las multas por incumplir las normas CAFE. Desde la perspectiva del gobierno, estas medidas tienen como objetivo proteger a la industria automotriz estadounidense y evitar que mayores costos regulatorios terminen trasladándose a los consumidores.

Paralelamente, la Casa Blanca ha resaltado el papel de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA por sus siglas en inglés (Environmental Protection Agency), en la revisión del enfoque regulatorio sobre el cambio climático. En particular, ha señalado el avance de una propuesta para revertir la “Endangerment Finding” de 2009, una determinación según la cual los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud y el bienestar público y, por tanto, deben ser regulados bajo la Ley de Aire Limpio. El gobierno actual sostiene que, a lo largo de los años, esta decisión ha servido de base para un conjunto de regulaciones climáticas con costos económicos muy elevados.

Las organizaciones ambientalistas, así como algunos analistas del sector energético y del consumidor, han expresado preocupaciones frente a este giro regulatorio. Señalan que la relajación de los estándares CAFE podría incrementar el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero, además de reducir el ahorro de gasolina que los usuarios obtendrían durante la vida útil de sus vehículos. También advierten que una menor presión regulatoria podría ralentizar la innovación en tecnologías de bajas emisiones y limitar la competitividad de la industria estadounidense frente a otros países que avanzan con mayor rapidez en la electrificación del transporte.

En este contexto, la administración Trump presenta el “reinicio” de los estándares CAFE, la revisión de regulaciones climáticas y otros incentivos, como la deducibilidad de los intereses de préstamos para autos fabricados en Estados Unidos, como parte de una estrategia integral orientada a aliviar los costos para los consumidores, apoyar a la industria automotriz tradicional y redefinir el equilibrio entre protección ambiental, seguridad energética y crecimiento económico.

TRUMP OTORGA INDULTO AL CONGRESISTA DEMÓCRATA HENRY CUELLAR EN CASO FEDERAL DE SOBORNO Y CONSPIRACIÓN

El presidente Donald Trump indultó este miércoles al representante demócrata por Texas, Henry Cuellar, y a su esposa, quienes enfrentaban cargos federales por soborno y conspiración. Trump aseguró que el caso era producto de un sistema judicial “politizado” y afirmó que la administración Biden había perseguido al congresista por criticar sus políticas migratorias. Cuellar y su esposa habían sido acusados de recibir miles de dólares a cambio de favorecer los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y de un banco mexicano.

Según los cargos, Cuellar habría aceptado presionar legislación favorable al gobierno azerbaiyano y pronunciar un discurso pro-Azerbaiyán en la Cámara de Representantes. El congresista ha defendido reiteradamente su inocencia, y su juicio estaba programado para comenzar en abril. En su mensaje anunciando el perdón, Trump afirmó: “Henry, no te conozco, pero podrás dormir tranquilo esta noche. ¡Tu pesadilla ha terminado!”.

Tras conocerse el indulto, Cuellar agradeció públicamente al presidente Trump y aseguró que su prioridad seguirá siendo trabajar por su distrito fronterizo. Negó cualquier intención de cambiar de partido y reiteró que “nada ha cambiado”. La Casa Blanca no se pronunció de inmediato sobre el indulto, mientras expertos recalcaban que la Constitución otorga al presidente amplias facultades para conceder perdones federales.

El caso de Cuellar destaca entre una serie de indultos otorgados por Trump este año a figuras políticamente sensibles o aliadas, incluidos participantes en sus esfuerzos por revertir las elecciones de 2020, acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero y exmandatarios o celebridades con antecedentes por fraude o evasión fiscal. El indulto a Cuellar, sin embargo, es inusual por beneficiar a un demócrata moderado con posiciones críticas hacia Biden, especialmente en materia migratoria y de control fronterizo.

Documentos publicados por Trump mostraron que las hijas de Cuellar solicitaron el indulto en una carta enviada el 12 de noviembre, en la que apelaban al impacto personal de las acusaciones sobre su familia. La defensa del congresista también había presentado argumentos al Departamento de Justicia buscando que se desestimaran los cargos, aunque sus abogados insistieron en que no eran alegatos de carácter político.

A pesar del indulto, Cuellar sigue sujeto a una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, abierta en 2024 y aún en curso. Cuellar, con más de dos décadas en el Congreso, es uno de los pocos demócratas que se opone al derecho al aborto y ha sido un crítico constante de la gestión migratoria de Biden. El indulto revive además un debate sobre el uso político del poder presidencial para influir en investigaciones y procesamientos federales.

MEXICO EXTRADITA A 55 JEFES CRIMINALES Y REFUERZA COOPERACION ANTIDROGRAS CON EE.UU.

México ha entregado este año a Estados Unidos a 55 presuntos capos y operadores de alto perfil del narcotráfico, en dos operaciones coordinadas que marcan un punto de inflexión en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Los traslados, organizados con fuerte reserva, incluyeron a miembros del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Zetas y de otras organizaciones, que pasaron de prisiones mexicanas a centros penitenciarios federales en territorio estadounidense.

Entre los extraditados destacan figuras emblemáticas como Rafael Caro Quintero, señalado por el asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, así como los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, identificados como antiguos líderes de Los Zetas. También fueron entregados otros jefes y operadores considerados piezas clave en redes de tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero, pese a llevar años recluidos en penales de alta seguridad en México.

Para Washington, la llegada de este grupo de detenidos representa una herramienta estratégica. La expectativa es que, ante la posibilidad de enfrentar cadenas perpetuas o largas sentencias en condiciones de máxima seguridad, algunos de ellos decidan cooperar con la justicia estadounidense. Sus testimonios podrían aportar información sobre rutas de tráfico, esquemas financieros y presuntas redes de protección política y policial, y reforzar procesos judiciales en curso contra organizaciones transnacionales.

Del lado mexicano, las autoridades presentan estas extradiciones como parte de una política de corresponsabilidad en la lucha contra el crimen organizado. Los operativos incluyeron revisiones internas en varios penales, el reforzamiento de protocolos de seguridad y convoyes fuertemente custodiados para trasladar a los reos a aeropuertos militares y civiles, con el fin de minimizar riesgos de fugas, emboscadas o motines. Una vez en Estados Unidos, los detenidos fueron distribuidos en prisiones federales en distintas jurisdicciones, según los cargos y procesos abiertos en cada caso.

La magnitud de estas entregas ha generado debate en ambos países. Sus defensores argumentan que mantener a estos capos en cárceles mexicanas implicaba un riesgo constante de corrupción y continuidad operativa de sus redes, mientras que su envío a EE.UU. permitiría procesos más sólidos y un mayor control sobre su reclusión. Sus detractores alertan sobre los retos que persisten para fortalecer el sistema penitenciario mexicano, evitar vacíos de poder en los territorios que controlaban y prevenir que nuevos mandos ocupen su lugar dentro de los cárteles.

En conjunto, la extradición de 55 capos en 2025 se perfila como uno de los movimientos más significativos de la cooperación antidrogas reciente. Para Estados Unidos, abre una ventana de oportunidad judicial y de inteligencia; para México, supone un intento de combinar la presión externa con la necesidad interna de recuperar autoridad sobre sus prisiones y reducir la influencia de los grandes grupos criminales. El efecto real de esta operación en la estructura de los cárteles y en la violencia en la región seguirá siendo objeto de seguimiento y evaluación en los próximos años.

EE.UU. SUSPENDE TRÁMITES MIGRATORIOS DE 19 PAÍSES TRAS ATAQUE EN WASHINGTON

La administración Trump anunció la suspensión inmediata de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países catalogados como de “alto riesgo”, una decisión atribuida directamente al reciente tiroteo en Washington que dejó un oficial de la Guardia Nacional muerto y otro herido. El atacante, un ciudadano afgano con historial de colaboración con un grupo antiterrorista vinculado a la CIA, fue presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como detonante de la medida. Con ello, la Casa Blanca profundiza una línea de seguridad que prioriza el control de nacionalidades consideradas sensibles.

Los países afectados por la suspensión incluyen Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Venezuela, Cuba y Eritrea, entre otros, y coinciden con la lista publicada en junio bajo una proclamación presidencial que impuso restricciones parciales o totales de entrada. El DHS señaló que la pausa aplica a cualquier persona nacida o con ciudadanía en estos 19 países, sin importar su situación o motivo de solicitud. Organizaciones de derechos civiles han calificado esta política como una “prohibición de viaje casi total”.

El memorando difundido por el DHS exige que todos los solicitantes de estas naciones se sometan a un proceso de revisión intensificado que puede incluir entrevistas adicionales, nuevas verificaciones de antecedentes o revisiones de seguridad ampliadas. La política abre la puerta a rechazos por “inadmisibilidad o inelegibilidad”, criterios amplios previstos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Abogados especializados advierten que esta redacción otorga al presidente amplias facultades para negar solicitudes sin criterios públicos precisos.

Expertos legales, como Todd Pomerleau, anticipan que la medida enfrentará demandas inmediatas, comparando la política con programas de vigilancia migratoria posteriores al 11 de septiembre. Pomerleau sostuvo que esta decisión “permite la selección de personas por nacionalidad y creencias religiosas”, recordando mecanismos que obligaron a miles de hombres de países musulmanes a registrarse ante el gobierno estadounidense. Aunque ese programa fue eliminado en 2011, su sombra vuelve a aparecer bajo el nuevo enfoque de seguridad de la administración Trump.

La suspensión también amenaza con aumentar significativamente los tiempos de procesamiento, que podrían multiplicarse por cuatro o cinco, según especialistas. Pomerleau advirtió que “miles de casos verán añadido un nuevo nivel de burocracia”, con solicitudes que podrían demorar entre dos y tres años en resolverse. Durante ese periodo, los solicitantes enfrentarían requerimientos permanentes de documentación y verificaciones adicionales, lo que podría saturar aún más un sistema migratorio ya tensionado.

EE.UU. INSISTE EN SU PLAN DE PAZ PARA UCRANIA MIENTRAS EL KREMLIN NIEGA HABERLO RECHAZADO

Washington continúa impulsando su propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, pese a que el Kremlin negó haber rechazado el plan de paz presentado por el enviado estadounidense, Steve Witkoff, durante una reunión con Vladímir Putin. Moscú aseguró que se trató de un “intercambio de opiniones” donde algunas ideas fueron aceptadas y otras descartadas, señalando que es parte de un proceso normal de búsqueda de compromisos. Pese al hermetismo, Rusia reiteró su disposición a reunirse con Estados Unidos “las veces que haga falta” para avanzar hacia un arreglo pacífico.

La Casa Blanca mantiene así un papel central en la arquitectura diplomática del conflicto, con Witkoff realizando ya seis visitas a Rusia en 2025. Putin agradeció al presidente Donald Trump su “voluntad política” para seguir buscando una solución, un gesto que Washington interpreta como señal de que Moscú sigue interesado en un canal bilateral directo. Sin embargo, persistentes diferencias en temas estructurales siguen frenando avances concretos.

Desde el Kremlin, el asesor Yuri Ushakov confirmó que no hubo un compromiso definitivo, pero reconoció que varias propuestas estadounidenses son “más o menos aceptables” y pueden discutirse. Aun así, ambas partes admiten que las divergencias persisten, con Washington presionando para un acuerdo duradero mientras Moscú mantiene exigencias firmes sobre el territorio, particularmente la retirada ucraniana del Donbás. Pese a ello, Ushakov insistió en que “las posiciones no están más lejos que antes”.

La reunión también incluyó el análisis del plan original de Trump y otros cuatro documentos entregados por Witkoff, que buscan establecer una hoja de ruta negociada. Para la administración estadounidense, estos encuentros refuerzan su estrategia de combinar presión, diplomacia directa y propuestas escalonadas para forjar un marco de paz. Aunque el avance es limitado, Washington considera que la apertura rusa a seguir dialogando mantiene viva la posibilidad de una negociación real.

FAMILIA DE PESCADOR COLOMBIANO PRESENTO DENUNCIA CONTRA ESTADOS UNIDOS ANTE LA CIDH POR ATAQUE MILITAR EN EL CARIBE

La familia del pescador colombiano Alejandro Carranza presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que Estados Unidos lo mató ilegalmente durante un bombardeo naval ocurrido el 15 de septiembre en el Caribe. La petición sostiene que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó ataques contra embarcaciones sin conocer la identidad de quienes se encontraban a bordo, calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales”. Los representantes legales afirman que en Colombia no existen mecanismos adecuados para obtener reparación.

El caso ha generado tensiones diplomáticas después de que el presidente Gustavo Petro acusara públicamente a EE.UU. de “asesinato” y violación de la soberanía colombiana. Petro aseguró que Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico y que la lancha se encontraba a la deriva, exhibiendo señales de emergencia por fallas en su motor. Según Washington, tres personas murieron en el ataque, que formó parte de una operación antimotines marítima ordenada directamente por el presidente Donald Trump.

Trump ha defendido los bombardeos afirmando que la embarcación transportaba drogas procedentes de Venezuela y aseguró que tras el ataque quedaron “bolsas de cocaína y fentanilo” flotando en el mar.