La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendrá una reunión previa con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney durante su visita a Washington, en el marco del sorteo de grupos del Mundial 2026. Será el primer encuentro de los tres líderes norteamericanos en un evento deportivo mientras actúan como jefes de Estado de sus respectivos países. La mandataria describió el viaje como breve y estrictamente protocolario.

La presidenta también adelantó que uno de los temas centrales de la conversación con Trump y Carney será la revisión del T-MEC prevista para 2026. Afirmó que el tratado es “muy importante” para las tres economías de Norteamérica y subrayó la estrecha interdependencia económica entre México y Estados Unidos. Explicó que, aunque el encuentro será breve, buscará avanzar en capítulos clave como el automotriz, aún pendiente en la agenda bilateral.

Las declaraciones surgen luego de que Trump sugiriera públicamente dejar expirar el T-MEC, argumentando que el acuerdo “vence en aproximadamente un año” y que su gobierno podría permitir su caducidad o negociar uno nuevo. El presidente estadounidense sostiene que el pacto comercial ha generado beneficios desproporcionados para México y Canadá, favoreciendo la relocalización de empresas estadounidenses hacia esos países, un tema que, según Sheinbaum, inevitablemente estará presente en la conversación trilateral.

Sheinbaum expresó optimismo sobre la revisión del T-MEC y aseguró que su objetivo es “acordar hacia dónde van nuestros acuerdos”, reafirmando su confianza en que el diálogo con Estados Unidos y Canadá avanzará positivamente. Consideró que el Mundial ofrece un contexto propicio para consolidar entendimientos estratégicos, incluso si el encuentro es breve, y reiteró que “todo saldrá bien” en la construcción de una agenda común para 2026.

MUNDIAL 2026: EE. UU. COMBINA FACILIDADES DE VIAJE CON CONTROLES MIGRATORIOS ESTRICTOS

A medida que se acerca el Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, la Casa Blanca ha dejado claro que la seguridad será una prioridad absoluta. El delegado del Gobierno estadounidense para el torneo, Andrew Giuliani, reconoció que el presidente Donald Trump “no descarta” redadas migratorias durante el evento, al ser consultado sobre la posibilidad de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese periodo.

Giuliani, sin embargo, ha intentado equilibrar ese mensaje con otro de apertura. En declaraciones recientes, afirmó que Estados Unidos quiere que el Mundial sea “seguro y acogedor” para los millones de aficionados que se esperan, y que el país está “abierto a los visitantes internacionales siempre que cumplan la ley y no hagan nada ilegal”.

En el plano práctico, la estrategia combina controles estrictos con facilidades de trámite para quienes viajen de forma regular. El Gobierno de EE. UU. y la FIFA lanzaron el sistema FIFA PASS, que otorga prioridad en la programación de entrevistas de visa a quienes ya tengan entradas para los partidos, con el objetivo de gestionar el fuerte aumento de solicitudes. Este pase permite adelantar la cita consular, pero no garantiza la aprobación del visado ni la entrada al país, que siguen sujetos a las evaluaciones habituales de seguridad.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos pro-migrantes han expresado preocupación por el impacto de los operativos migratorios en el ambiente del torneo, especialmente para comunidades inmigrantes que residen en Estados Unidos o para aficionados procedentes de países con mayores restricciones de visado. En una carta dirigida a la FIFA, varias ONG advirtieron que la combinación de una aplicación intensa de las leyes migratorias y la magnitud del evento podría generar miedo y desincentivar la participación de ciertos grupos de hinchas.

Paralelamente, la administración Trump ha desplegado un ambicioso paquete de recursos para reforzar la seguridad. A través del FIFA World Cup Grant Program, FEMA destinará 625 millones de dólares a las 11 ciudades estadounidenses sede, para financiar entrenamiento policial, ciberseguridad y refuerzo de la respuesta de emergencia en estadios, hoteles y nodos de transporte. A esto se suma un programa de 500 millones de dólares en dos años para sistemas que permitan detectar y contrarrestar el uso ilegal de drones, con prioridad inicial para los Estados que albergarán partidos del Mundial.

En este contexto, el reto para Estados Unidos será conciliar seguridad y hospitalidad. Por un lado, el Gobierno mantiene la posibilidad de recurrir a operativos migratorios como herramienta de control; por otro, promete un torneo abierto y ordenado, apoyado en procesos de visado priorizado y en una fuerte inversión en capacidades de seguridad. Para los aficionados, el mensaje práctico es claro: planear el viaje con anticipación, cumplir rigurosamente los requisitos de entrada y mantenerse informados sobre las normas migratorias y de seguridad que regirán durante el Mundial.

TRUMP REAFIRMA LA DOCTRINA MONROE Y PRESENTA EL “TRUMP COROLLARY”

El reciente mensaje presidencial que introduce un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe no se presenta como una orden ejecutiva, sino como una declaración política y conmemorativa en el marco de la celebración de “America 250” y del aniversario de la Doctrina Monroe. Es, por tanto, un mensaje que orienta el discurso y las prioridades de la política exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental, más que una disposición jurídica con efectos normativos directos.

El texto retoma la idea formulada en 1823 por el presidente James Monroe, según la cual los continentes americanos no debían ser objeto de nuevas formas de colonización por parte de potencias externas, y la adapta al contexto contemporáneo. En esta versión, se enfatiza no sólo la no injerencia de otros Estados, sino también una mayor distancia frente a ciertas instituciones internacionales, subrayando que el rumbo del hemisferio debe definirse, principalmente, desde los intereses y decisiones del pueblo estadounidense.

En el mensaje se expone a Estados Unidos como un actor central en la configuración del orden regional. La Doctrina Monroe aparece descrita como un instrumento que ha contribuido a proteger el hemisferio frente a distintas formas de injerencia, y el “Corolario Trump” se plantea como un mecanismo para reforzar ese papel en el presente. Entre las líneas de acción mencionadas se incluyen el fortalecimiento del acceso estadounidense al Canal de Panamá, el impulso a su capacidad marítima, la revisión de prácticas en las cadenas internacionales de suministro y la intensificación de esfuerzos contra el tráfico de drogas, la migración irregular y las redes delictivas transnacionales. El texto también destaca acuerdos comerciales recientes con países de la región, enmarcados en una agenda que busca articular seguridad, comercio y cooperación económica bajo una visión de prioridad a los intereses nacionales estadounidenses.

Para Colombia, este enfoque puede implicar tanto oportunidades como desafíos. En materia de seguridad, un interés renovado de Estados Unidos en la estabilidad del hemisferio podría traducirse en mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ámbitos en los que Colombia ha mantenido una relación estrecha y de larga data con Washington. Esa cooperación puede incluir apoyo técnico, financiero y de inteligencia, así como proyectos conjuntos para fortalecer instituciones y capacidades estatales en zonas estratégicas. En el plano económico, una mayor atención de Estados Unidos hacia América Latina podría abrir espacios para profundizar o ajustar acuerdos existentes, atraer inversión y participar en iniciativas de relocalización de cadenas de suministro hacia la región.

Al mismo tiempo, un énfasis fuerte en la Doctrina Monroe y su corolario puede generar tensiones en términos de autonomía de política exterior para países de la región, incluida Colombia. Un esquema en el que Estados Unidos reafirma su papel protagónico en el hemisferio puede ir acompañado de expectativas respecto a las relaciones de los países latinoamericanos con otros actores extrahemisféricos, especialmente en sectores sensibles como infraestructura, energía, tecnologías de la información y logística. Asimismo, una agenda más estricta en materia de drogas y migración puede dar lugar a solicitudes de políticas internas más firmes en estas áreas, lo cual podría requerir un cuidadoso equilibrio con los objetivos nacionales de paz, desarrollo rural y fortalecimiento institucional.

En el ámbito migratorio, el discurso sobre la necesidad de controlar con mayor rigor los flujos irregulares sugiere la posibilidad de ajustes en las políticas de visados, asilo y retorno, con efectos directos tanto para ciudadanos colombianos como para la gestión regional de flujos migratorios. Esto podría traducirse en mayores requerimientos de coordinación entre Bogotá y Washington para atender fenómenos como el tránsito de migrantes de terceros países por territorio colombiano. Finalmente, la referencia crítica a ciertas instancias internacionales abre el debate sobre el peso relativo de los mecanismos multilaterales frente a las relaciones bilaterales. Para un país como Colombia, que se ha beneficiado de marcos multilaterales, será importante mantener un diálogo que permita, por un lado, aprovechar los espacios de cooperación con Estados Unidos y, por otro, preservar la capacidad de actuar en foros regionales y globales de manera constructiva.

En síntesis, el mensaje presidencial y la propuesta de un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe plantean un escenario en el que Estados Unidos busca reforzar su papel en la definición de la agenda hemisférica desde un contexto conmemorativo pero con implicaciones políticas. Para Colombia, este contexto ofrece posibilidades de profundizar la cooperación en seguridad y comercio, al tiempo que exige una gestión diplomática cuidadosa para armonizar esa relación con sus propias prioridades internas, su diversidad de vínculos internacionales y su compromiso con un enfoque equilibrado de desarrollo, seguridad y gobernanza democrática.

SOLICITUDES DE SUBSIDIO DE DESEMPLEO CAEN A SU NIVEL MÁS BAJO EN TRES AÑOS

Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en más de tres años, una señal de resiliencia del mercado laboral pese a la debilidad mostrada por otros indicadores. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales disminuyeron en 27.000, hasta 191.000 en la semana del 29 de noviembre, muy por debajo de lo previsto por los analistas. Este dato contrasta con el informe de empleo del sector privado en EE. UU. (ADP), que mostró la mayor caída en nóminas privadas en más de dos años y medio.

Los economistas señalaron que las distorsiones propias del feriado de Acción de Gracias pudieron introducir sesgos en las cifras, aunque coincidieron en que los niveles siguen siendo consistentes con pocos despidos. Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, afirmó que algunos indicadores alternativos podrían estar exagerando la debilidad del mercado laboral, sugiriendo que la Reserva Federal deberá revisar sus evaluaciones antes de decidir un nuevo recorte de tasas.

Las cifras sin ajuste estacional también reflejaron un fuerte descenso, con una caída de 49.419 solicitudes hasta 197.221. California y Texas registraron las mayores disminuciones, seguidas por Nueva York, Washington y Florida. Sin embargo, el informe no modifica la percepción general de un mercado laboral estancado, con despidos concentrados en sectores específicos y contrataciones débiles.

Un informe separado de la firma Challenger, Gray & Christmas mostró que los anuncios de despidos disminuyeron 53% en noviembre, aunque en lo corrido del año las empresas han anunciado 1,2 millones de recortes, 54% más que en los primeros once meses de 2024. La mayor parte de estas reducciones se concentra en el sector tecnológico, a medida que las compañías integran inteligencia artificial en funciones antes desempeñadas por trabajadores.

Los economistas describen la situación actual como un mercado laboral de “no fire, no hire”: pocas empresas despiden, pero también pocas están contratando. Las causas incluyen una menor oferta laboral debido a la reducción de la inmigración, un fenómeno que comenzó al final del Gobierno de Joe Biden y se intensificó bajo Donald Trump. A su vez, la adopción de inteligencia artificial ha reducido la demanda por empleos de entrada, mientras que la incertidumbre asociada a la política comercial de Trump ha frenado la capacidad de las pequeñas empresas para expandir sus plantillas.

El número de personas que continúan recibiendo beneficios tras una primera semana de apoyo bajó ligeramente a 1,9 millones, lo que sugiere que la tasa de desempleo podría seguir aumentando. El informe Challenger confirma esta tendencia, con planes de contratación que apenas alcanzan 497.151 puestos en lo que va del año, el nivel más bajo desde 2010. La tasa de desempleo subió a 4,4% en septiembre, reflejando un enfriamiento progresivo del mercado laboral.

ARRESTAN A 19 PERSONAS EN CUATRO PAÍSES POR RED INTERNACIONAL DE FRAUDE DE VISAS Y LAVADO DE DINERO

El Departamento de Justicia informó que diecinueve personas fueron arrestadas en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador por su presunta participación en una red transnacional dedicada al fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero. Cinco de los detenidos están acusados en una imputación federal en EE. UU. por un esquema de cuatro años que estafó más de US$ 2.5 millones a miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica que buscaban trabajar legalmente en el país. Según las autoridades, los implicados suplantaron a funcionarios estadounidenses y falsificaron sellos oficiales para engañar a las víctimas.

Los cargos incluyen conspiración para crimen organizado, lavado de dinero y fraude contra el Gobierno de Estados Unidos. Uno de los acusados fue detenido en Sacramento y otro en el área de Dallas, mientras que tres más fueron capturados en Medellín, donde operaban call centers ilegales. Estos últimos enfrentarán procesos de extradición. Otros detenidos en Ecuador y El Salvador deberán afrontar cargos en sus respectivos países. Un cuarto implicado en Colombia permanece prófugo.

El Departamento de Justicia señaló que los imputados se enriquecieron haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses y cobrando a las víctimas tarifas falsas por supuestos trámites migratorios. El fiscal adjunto interino Matthew Galeotti afirmó que la estructura robó decenas de miles de dólares a cientos de afectados mediante un proceso fraudulento que debilitó la confianza en los mecanismos oficiales. Las agencias resaltaron que el impacto se extendió por toda América Latina.

La organización operaba mediante sitios web y perfiles en redes sociales que ofrecían asistencia para obtener visas de trabajo. Desde call centers en Medellín, “asesores” guiaban a las víctimas a través de un proceso ficticio, prometiendo empleos inexistentes y mostrando documentos falsificados que incluían réplicas de sellos de agencias estadounidenses. Los estafados realizaron transferencias internacionales creyendo pagar tarifas oficiales.

Los acusados también suplantaron a funcionarios en videollamadas, induciendo a las víctimas a presentarse en embajadas de EE. UU. para citas que nunca existieron. Algunas viajaron largas distancias sin saber que el trámite era falso. Las autoridades han entrevistado a 700 víctimas y estiman que más de 7.000 adicionales podrían haber sido engañadas, con pérdidas individuales que van desde US$ 50 hasta US$ 90.000.

Las detenciones se lograron mediante una operación coordinada con autoridades policiales y fiscales de Colombia, Ecuador y El Salvador. En Medellín, se allanaron tres call centers; en Ecuador, operativos en cinco ciudades resultaron en ocho arrestos; y en El Salvador se capturó a seis personas vinculadas a este y otros esquemas similares. Entre los acusados figuran supervisores de centros de llamadas, desarrolladores de páginas fraudulentas, coordinadores financieros y receptores de dinero en California y Texas.

EE. UU. RENOMBRA EL INSTITUTO DE LA PAZ EN HONOR A DONALD TRUMP

El Departamento de Estado anunció el cambio de nombre del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP), que pasó a llamarse Instituto de la Paz Donald J. Trump. La decisión fue presentada horas antes de la ceremonia donde la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz. En un comunicado, la administración destacó a Trump como “el mayor negociador en la historia de la nación”.

La publicación en redes sociales incluyó una imagen del edificio del USIP con su nueva denominación, marcando un giro notable en la trayectoria de la institución. Medios locales recordaron que en febrero Trump había ordenado su disolución, removiendo por la fuerza al titular del organismo y despidiendo a la mayoría de sus empleados en Washington.

Fundado en 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan, el USIP operó durante décadas como una organización independiente, sin fines de lucro y dedicada a la prevención y resolución de conflictos internacionales. Tradicionalmente funcionó como centro de investigación y grupo de expertos en política exterior, características que quedaron radicalmente modificadas tras las decisiones recientes del mandatario.

El texto también recuerda que en septiembre Trump oficializó el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, una denominación que —según él— envía “un mensaje de fortaleza”. El general Dan Caine aseguró que la cartera luchará “para ganar” y no en “conflictos interminables”, mientras el Departamento de Estado difundió una imagen atribuyendo a Trump la detención de siete guerras internacionales. La administración mantiene además negociaciones para un alto al fuego en Ucrania.

PRESIDENTE TRUMP ACOGE FIRMA DE ACUERDO DE PAZ ENTRE EL CONGO Y RUANDA EN MEDIO DE ESCALADA DE VIOLENCIA

El presidente Donald Trump presidió en Washington la ceremonia de firma de un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, en un intento por frenar un conflicto que se ha intensificado en el este congoleño. Previo al encuentro, se registró un aumento en los combates entre el Ejército de la RDC y los rebeldes del M23, quienes son señalados por Kinshasa de contar con apoyo ruandés. Las tensiones crecientes hicieron temer un boicot al proceso, aunque ambas partes acudieron a la cita diplomática auspiciada por Estados Unidos.

La ceremonia tuvo lugar en el recién renombrado Instituto de la Paz Donald J. Trump, donde el mandatario calificó el día como “grandioso para África y el mundo”. Trump aseguró tener plena confianza en los presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame para cumplir los compromisos firmados. Ambos líderes han mantenido una relación marcada por acusaciones mutuas, lo que convierte el acuerdo en un avance significativo dentro de un conflicto que ha causado miles de muertos y desplazados durante el avance del M23.

El pacto ya había sido rubricado por los cancilleres de ambos países en junio, y ahora recibió el respaldo directo de Tshisekedi y Kagame, así como el apoyo de jefes de Estado de Kenia, Angola, Burundi y Togo, además del vicepresidente de Uganda. Kagame elogió a Trump como un mediador “imparcial” y “pragmático”, afirmando que la iniciativa ofrece la ruta más clara hacia la estabilidad regional. Tshisekedi expresó gratitud, pero insistió en que espera que Ruanda cumpla “la letra y el espíritu” del acuerdo.

Aunque el M23 no participó en la ceremonia, continúa un proceso paralelo de negociación facilitado por Qatar, uno de los países con mayor influencia sobre Ruanda. Estados Unidos y Qatar coordinan sus esfuerzos de mediación, en parte debido al enorme potencial económico de la región: la RDC posee minerales estratégicos valuados en unos US$25 billones, esenciales para la industria tecnológica, energética y militar mundial. Trump afirmó que EE. UU. enviará “sus mayores compañías” al país para explotar recursos y generar beneficios económicos compartidos.

El acuerdo también busca atender reclamos históricos: Ruanda exige el desarme del FDLR —grupo vinculado al genocidio de 1994— mientras la RDC exige el retiro de tropas ruandesas de su territorio. Ambos puntos fueron incorporados al pacto, aunque múltiples acuerdos similares desde los años 90 han fracasado por incumplimientos mutuos. Analistas advierten que el M23 continúa expandiendo su territorio y que, sin un cese al fuego real, las probabilidades de que este pacto se implemente plenamente siguen siendo inciertas.

Nuevos enfrentamientos reportados esta semana confirman la fragilidad del proceso. La RDC denunció ataques del M23 en zonas cercanas a Uvira, mientras los rebeldes acusaron al Ejército congoleño de lanzar ofensivas con apoyo de tropas burundesas. Ruanda afirma que ha adoptado “medidas defensivas” frente a amenazas del FDLR. Pese al simbolismo de la ceremonia, expertos creen que el acuerdo podría servir como mecanismo de presión política sobre ambos gobiernos, pero dudan que por sí solo detenga el avance del M23 sin avances militares y compromisos verificables.

MELANIA TRUMP DESTACA AVANCES EN LA REUNIFICACIÓN DE NIÑOS ENTRE RUSIA Y UCRANIA

La Casa Blanca anunció que siete niños —seis niños y una niña— fueron reunidos nuevamente con sus familias en Ucrania, en el marco de la iniciativa humanitaria impulsada con apoyo de Estados Unidos. La primera dama, Melania Trump, emitió una declaración celebrando el avance y subrayando su compromiso con garantizar que todos los menores regresen de forma segura a sus hogares.

Melania Trump elogió la diplomacia persistente de Rusia y Ucrania, resaltando que el esfuerzo conjunto ha permitido construir un ambiente de cooperación tangible en medio de un conflicto prolongado. Según afirmó, este “tender puentes” se ha convertido en un ancla de optimismo que permitirá que el proceso avance hacia una nueva fase de reunificación.

La primera dama señaló que ella y su representante han brindado apoyo humanitario directamente desde Estados Unidos para fortalecer los resultados de la iniciativa. Indicó que esta contribución ha sido clave para acompañar los esfuerzos diplomáticos y asegurar que los casos en curso puedan resolverse con mayor agilidad y protección para los menores.

Finalmente, Melania Trump expresó su esperanza de que el trabajo coordinado entre todas las partes genere, a largo plazo, mayor estabilidad regional. En su mensaje, insistió en que la reunificación infantil no solo es un objetivo humanitario inmediato, sino un paso esencial para construir confianza y reducir tensiones entre ambos países.

FBI ARRESTA AL SOSPECHOSO DE COLOCAR BOMBAS LA VÍSPERA DEL ASALTO AL CAPITOLIO

La fiscal general Pam Bondi anunció que el FBI arrestó a Brian Cole Jr., sospechoso de colocar dos bombas en Washington la noche previa al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Durante años, las autoridades difundieron videos de seguridad, ofrecieron una recompensa de US$ 500.000 y recibieron cientos de pistas en la búsqueda del responsable, cuyo rastro se remontaba a imágenes captadas casi cinco años atrás.

El material de vigilancia muestra a un individuo colocando un artefacto explosivo cerca de un banco frente a la sede del Comité Nacional Demócrata y otro junto a las oficinas del Comité Nacional Republicano, ambos ubicados en las cercanías del Capitolio. Cole, de 30 años y residente en Woodbridge, vivía con sus padres y trabajaba en una empresa de fianzas, según información revelada por una fuente conocedora del caso.

Los artefactos fueron descubiertos el mismo día en que simpatizantes de Donald Trump irrumpieron violentamente en el Congreso para intentar frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La policía logró desactivarlos sin que explotaran, evitando un escenario potencialmente más grave en medio del caos que se desató en la capital estadounidense.

Durante el ataque al Capitolio, los manifestantes superaron las barreras policiales, agredieron a unos 140 agentes y provocaron daños superiores a US$ 2.8 millones. Tras regresar a la Casa Blanca en enero, Trump indultó a casi todas las personas procesadas —alrededor de 1.500— por su participación en la revuelta.

CONGRESO DE EE. UU. INVESTIGARÁ AL DIRECTOR DE LA FHFA POR PRESUNTO ABUSO DE PODER

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el organismo de control del Congreso de Estados Unidos anunció que investigará si el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte, abusó de su cargo para acusar de delitos a figuras consideradas enemigas del presidente Donald Trump. La decisión responde a una solicitud hecha en noviembre por ocho senadores demócratas, quienes alertaron sobre un posible uso partidista de recursos gubernamentales.

En una carta enviada a los legisladores, la funcionaria de la GAO A. Nicole Clowers confirmó que la petición entra dentro del mandato del organismo. Un portavoz del GAO señaló que la investigación no tiene un cronograma definido, mientras que la FHFA declinó comentar. Desde la Casa Blanca, el portavoz Steven Cheung defendió a Pulte, calificándolo como uno de los asesores “más leales e importantes” del presidente.

Pulte, quien dirige la agencia encargada de supervisar parte del mercado hipotecario, ha acusado de fraude hipotecario a varios funcionarios señalados por Trump, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Sin embargo, sus denuncias han enfrentado crecientes objeciones judiciales y fiscales, pese al respaldo público del mandatario.

El mes pasado, un juez federal desestimó los cargos criminales presentados contra James a raíz de una denuncia de Pulte. En paralelo, fiscales federales de Maryland comenzaron a examinar la conducta del funcionario tras acusaciones similares contra el senador demócrata Adam Schiff. James, Schiff y Cook han negado categóricamente cualquier irregularidad.

Los legisladores que solicitaron la investigación, entre ellos Elizabeth Warren y Dick Durbin, citaron reportajes de Reuters que revelaron que Pulte eludió al inspector general de la FHFA en sus denuncias, ignorando protocolos diseñados para impedir el uso partidista del poder federal. La GAO confirmó que coordinará con el inspector general interino de la agencia para evitar duplicidades en la investigación.

ESTADOS UNIDOS CONFIRMA NUEVO ATAQUE CONTRA PRESUNTOS NARCO-TERRORISTAS EN EL PACÍFICO

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la ejecución de un nuevo ataque letal contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en el marco de la Operación Southern Spear. Según el comunicado, la acción se llevó a cabo bajo órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, creada para liderar esta campaña militar contra redes de crimen organizado en el hemisferio occidental.

De acuerdo con la información difundida por el Comando Sur, inteligencia estadounidense habría confirmado que la embarcación era operada por una organización designada como terrorista por Washington y que transportaba cargamentos ilícitos de narcóticos a lo largo de una ruta marítima conocida por el tráfico de drogas en el Pacífico. Durante la operación, cuatro hombres fueron abatidos. Las autoridades estadounidenses se refieren a ellos como “narco-terroristas”, aunque hasta ahora no se ha hecho pública evidencia independiente que permita verificar esa calificación.

El ataque se inscribe en la Operación Southern Spear, una campaña anunciada en noviembre de 2025 por Hegseth, con la que la administración de Donald Trump busca “eliminar narco-terroristas de nuestro hemisferio” mediante el uso combinado de medios navales, aéreos y sistemas no tripulados. Bajo este paraguas, la Fuerza de Tarea Southern Spear y el Comando Sur han llevado a cabo al menos una veintena de ataques letales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de decenas de muertos y sin bajas reportadas entre las fuerzas estadounidenses.

Desde el punto de vista de Washington, el objetivo es interrumpir redes transnacionales de narcotráfico, armas y crimen organizado, así como aumentar la presión sobre grupos criminales vinculados a regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela y a otras organizaciones designadas como terroristas. Voceros estadounidenses han equiparado públicamente a estas redes con “el Al Qaeda del hemisferio occidental”, y sostienen que los ataques buscan impedir que el flujo de drogas llegue al territorio estadounidense.

No obstante, la campaña ha generado críticas crecientes. Juristas especializados en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de que algunas de estas operaciones sean consideradas ejecuciones extrajudiciales, especialmente en aquellos casos en los que se ha denunciado que se atacó a sobrevivientes después de un primer impacto. Varios legisladores en el Congreso estadounidense han pedido mayor transparencia sobre las reglas de enfrentamiento, la base legal de estos ataques y los criterios utilizados para clasificar a las personas muertas como “narco-terroristas”.

En este contexto, el nuevo ataque en el Pacífico refuerza la señal de que Southern Spear seguirá siendo una pieza central de la estrategia de seguridad de la administración Trump en el hemisferio, con implicaciones directas para la seguridad marítima, las relaciones con los países de la región y el debate sobre los límites del uso de la fuerza militar contra actores no estatales vinculados al narcotráfico.