El gasto de los consumidores estadounidenses mostró una ligera desaceleración en septiembre, avanzando 0,3% tras un 0,5% revisado a la baja en agosto, según el Bureau of Economic Analysis (BEA). El resultado sugiere que la economía perdió parte de su impulso al cierre del tercer trimestre, en un contexto marcado por un mercado laboral debilitado y un costo de vida todavía elevado que modera la demanda interna.

Aunque el dato cumplió con las previsiones de los economistas encuestados por Reuters, el informe llegó con retraso debido al cierre del Gobierno federal, que duró 43 días. La moderación ocurre después de tres meses consecutivos de aumentos sólidos impulsados, principalmente, por los hogares de mayores ingresos beneficiados por el repunte bursátil. En contraste, los hogares de ingresos medios y bajos enfrentan mayor presión por la combinación de un empleo más débil y el impacto de los aranceles a las importaciones.

Economistas consultados apuntan a una economía donde las familias de ingresos altos mantienen un consumo dinámico mientras que los segmentos más vulnerables ajustan gasto. Goldman Sachs anticipó que, hacia 2026, el débil crecimiento de ingresos —junto con recortes en programas como Medicaid y Supplemtental  Nutrition Assistance Program (SNAP)— pesará aún más sobre el consumo de los hogares de menores recursos.

Aun con la pérdida de impulso en septiembre, el gasto de los consumidores habría crecido a un ritmo robusto en el tercer trimestre. La Reserva Federal de Atlanta estima un avance anualizado del PIB de 3,8% entre julio y septiembre, cifra que igualaría el ritmo del segundo trimestre. El BEA publicará su estimación oficial y retrasada del PIB el 23 de diciembre, tras el cierre gubernamental que afectó la difusión de estadísticas clave.

En materia de precios, el índice PCE aumentó 0,3% mensual y 2,8% interanual en septiembre, mientras que la medida subyacente avanzó 0,2% mensual y se ubicó también en 2,8% interanual. El dato, aunque ligeramente por encima del objetivo de 2% de la Fed, no modificaría la decisión de política monetaria de la próxima semana, donde los mercados ya descuentan un recorte de 25 puntos básicos.

LA ADMINISTRACIÓN TRUMP BUSCA VETAR LA ENTRADA A CIUDADANOS DE MÁS DE 30 PAÍSES

La Administración de Donald Trump elevó el alcance de su nueva política migratoria al anunciar que busca imponer una prohibición “total” de viaje a ciudadanos de más de 30 países. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó en Fox News que la cifra supera la treintena, aunque evitó entregar nombres específicos. Señaló que la Casa Blanca “sigue evaluando” qué naciones cumplen los criterios para ser incluidas en la lista.

Noem justificó la ampliación del veto argumentando que Estados Unidos no debería permitir el ingreso de personas procedentes de países “que no tienen un gobierno estable” o no pueden ofrecer garantías sobre la identidad de sus ciudadanos. Días antes, la funcionaria había recomendado una “prohibición total de viaje” desde territorios que “inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”, sin mencionar públicamente a cuáles se refería.

El nuevo anuncio se suma a una proclamación firmada por Trump en junio, que ya vetaba la entrada de ciudadanos de una docena de países, entre ellos Afganistán, Birmania, Guinea Ecuatorial, Haití o Irán, y que imponía restricciones adicionales a visitantes de otros siete: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La ampliación plantearía uno de los bloqueos migratorios más extensos de los últimos años.

En paralelo, miles de extranjeros enfrentan incertidumbre tras la suspensión y revisión exhaustiva de trámites de Green Card para ciudadanos de 19 países considerados “prioritarios para la seguridad nacional”. La medida, adoptada después de un ataque armado cerca de la Casa Blanca, reactivó controles sobre la autenticidad de documentos y antecedentes, generando preocupación entre comunidades migrantes y asesores legales.

Reuters confirmó que el United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) emitió directrices a finales de noviembre para frenar temporalmente la resolución de solicitudes de residencia permanente de ciudadanos provenientes de Afganistán, Haití, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Cuba y Venezuela. Funcionarios señalaron que el endurecimiento responde a la identificación de un ciudadano afgano como sospechoso del ataque a miembros de la Guardia Nacional.

EE. UU. REDUCE LA VIGENCIA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO

El gobierno de Estados Unidos anunció una reforma significativa a su política migratoria al reducir la vigencia máxima de los permisos de trabajo (EAD) para refugiados, asilados y personas bajo protección humanitaria. Desde el 5 de diciembre de 2025, estos documentos deberán renovarse cada 18 meses —en lugar de cinco años—, un cambio que busca establecer controles más frecuentes sobre quienes se encuentran en procesos migratorios sensibles. La medida afecta tanto a solicitudes pendientes como a las que se presenten en adelante.

Según comunicó el United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), la reducción del plazo tiene como objetivo reforzar la verificación periódica de antecedentes y el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los titulares del permiso. Reportes de The Washington Post y análisis de la American Immigration Lawyers Association (AILA) coinciden en que la nueva normativa permitirá al gobierno revisar con mayor frecuencia la elegibilidad de quienes acceden al mercado laboral mediante autorizaciones temporales.

Las autoridades migratorias justificaron la decisión señalando que controles regulares garantizarán que solo accedan al empleo personas que cumplen plenamente con los estándares establecidos. Joseph Edlow, director de USCIS, afirmó que la medida permitirá comprobar “de manera constante” la idoneidad legal y de seguridad de los beneficiarios, evitando riesgos y fortaleciendo la supervisión de quienes atraviesan procesos humanitarios. Esta política se suma a ajustes recientes que han endurecido la vigilancia migratoria en el país.

La reducción de vigencia impacta a una amplia gama de personas legalmente reconocidas: refugiados admitidos, asilados y solicitantes de asilo en trámite, solicitantes de ajuste de estatus, beneficiarios de suspensión de deportación o cancelación de expulsión, así como titulares de programas especiales como (Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (NACARA). Según USCIS, estos grupos representan una fracción considerable de quienes tramitan permisos laborales temporales, por lo que el cambio podría tener un alcance administrativo importante.

No obstante, los permisos emitidos antes del 5 de diciembre de 2025 conservarán su vigencia original de hasta cinco años. La nueva norma no invalida documentos existentes ni obliga a los titulares a modificar su estatus antes de su fecha de expiración. Solo se aplicará a futuras renovaciones o solicitudes en trámite al momento de la entrada en vigor. Esta transición busca evitar interrupciones abruptas en la vida laboral de las personas afectadas.

Con el nuevo plazo, los migrantes deberán gestionar renovaciones con mayor frecuencia, siguiendo los procedimientos vigentes: presentar la solicitud ante USCIS, aportar documentación que acredite su estatus, someterse a verificaciones de antecedentes y esperar la resolución. AILA advirtió que este cambio podría incrementar la congestión administrativa, elevando la necesidad de planificar con mayor anticipación cada renovación para evitar lapsos en la autorización de empleo.

Expertos legales señalan que, aunque la política no limita el acceso al trabajo ni altera la posibilidad de renovar el permiso indefinidamente, sí aumenta la carga logística y administrativa para los migrantes. The Washington Post destacó que el cambio obliga a someterse más veces a controles federales y presentar documentación actualizada, un proceso que podría generar costos adicionales y mayor incertidumbre. Aun así, los derechos laborales se mantienen mientras el estatus migratorio siga vigente.

Finalmente, USCIS enfatizó que la modificación no altera las condiciones de elegibilidad para el EAD ni afecta la posibilidad de solicitar residencia permanente, asilo u otros beneficios. El único cambio sustancial es la duración. Quienes deban renovar deberán hacerlo bajo el nuevo plazo de 18 meses, mientras que los demás podrán conservar su permiso hasta la fecha establecida.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REACTIVA EL MAPA ELECTORAL DE TEXAS IMPULSADO POR TRUMP

La Corte Suprema de Estados Unidos revivió un mapa electoral rediseñado por el estado de Texas que busca incrementar el número de escaños republicanos en la Cámara de Representantes. La decisión, adoptada por la mayoría conservadora del tribunal, supone un impulso considerable para la estrategia del presidente Donald Trump de asegurar el control del Congreso de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El fallo levanta la orden de un tribunal inferior que había bloqueado el uso del nuevo mapa al considerar que probablemente violaba protecciones constitucionales contra la discriminación racial. La versión aprobada por la legislatura republicana y firmada por el gobernador Greg Abbott podría voltear hasta cinco distritos actualmente en manos demócratas. Mientras funcionarios republicanos celebraron la decisión, los tres jueces liberales del Supremo expresaron un contundente rechazo.

En su opinión breve, el Supremo acusó al tribunal inferior de “insertarse indebidamente” en un proceso electoral en curso, alterando el “delicado equilibrio federal-estatal” en materia electoral. El tribunal también cuestionó que los demandantes no presentaran un mapa alternativo que cumpliera los objetivos abiertamente partidistas fijados por el estado. La jueza Elena Kagan, en disenso, sostuvo que la decisión permitirá que ciudadanos texanos sean ubicados en distritos por motivos raciales “sin justificación constitucional alguna”.

La decisión se produce en medio de un enfrentamiento nacional por la redistribución de distritos electorales, con estados gobernados tanto por republicanos como por demócratas buscando redibujar los mapas a su favor. California, de mayoría demócrata, reaccionó a la movida de Texas aprobando su propio mapa que favorece a los demócratas, lo que motivó una demanda de la Administración Trump para impedir que entre en vigor.

En otros estados como Indiana, Carolina del Norte, Misuri, Florida, Virginia y Maryland, los procesos de redistritación también avanzan con disputas legales en curso. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo afirmando que el estado “pavimenta el camino para recuperar el país, distrito por distrito”, mientras legisladores demócratas denunciaron que la decisión marca “el fin de la Ley de Derecho al Voto” al permitir que minorías sean marginadas deliberadamente.

Los críticos sostienen que el nuevo mapa texano intensifica un desequilibrio representativo ya existente: aunque solo 40% de la población del estado es blanca, este grupo controla más de 73% de los escaños federales, según datos de organizaciones civiles. Para los opositores, el fallo del Supremo legitima una práctica que, en su opinión, diluye la representación política de comunidades latinas y afroamericanas.

LA CORTE SUPREMA REVISARÁ LA LEGALIDAD DEL PLAN DE TRUMP PARA LIMITAR LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la legalidad de la directiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, un pilar histórico de la Constitución desde el siglo XIX. El tribunal tomó el caso tras un fallo de una corte inferior que bloqueó la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, la cual instruía a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos a los niños nacidos en territorio estadounidense si ninguno de sus padres es ciudadano o residente permanente legal.

El tribunal inferior había determinado que la política violaba la Decimocuarta Enmienda —que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos— y contravenía una ley federal que codifica ese derecho. La Corte Suprema escuchará argumentos durante el actual periodo y emitirá su decisión antes de junio, sin haber fijado aún una fecha específica para la audiencia.

La administración ha defendido el cambio argumentando que la ciudadanía automática al nacer incentiva la inmigración irregular y fomenta el llamado “turismo de nacimiento”. La demanda que llegó al máximo tribunal incluye un caso colectivo presentado por familias que alegan que la orden amenaza su ciudadanía, así como litigios impulsados por varios estados. Al tomar el caso antes de que un tribunal de apelaciones emitiera un fallo, el Supremo dejó claro que la controversia tiene implicaciones constitucionales profundas que requieren una resolución definitiva.

Los opositores sostienen que la Corte ya resolvió este debate en 1898, en el caso United States v. Wong Kim Ark, que estableció que los hijos de padres no ciudadanos nacidos en EE. UU. tienen derecho a la ciudadanía. También argumentan que la directiva contradice disposiciones del Congreso de 1940 y 1952 que consagraron el derecho automático al nacer. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) afirman que “ningún presidente puede cambiar la promesa fundamental de la Decimocuarta Enmienda”, anticipando una batalla constitucional de gran alcance.

El debate llega en un momento en que la Corte Suprema ha permitido la entrada en vigor de varias medidas migratorias de Trump mientras sus desafíos legales avanzan. Entre ellas figuran la revocación de protecciones humanitarias, deportaciones a terceros países y redadas internas. El futuro de la ciudadanía por nacimiento, uno de los principios más duraderos del sistema estadounidense, ahora queda en manos de un tribunal cuya mayoría conservadora ha mostrado disposición a revisar precedentes históricos.

PRESIDENTE TRUMP RECIBE EL PREMIO DE LA PAZ DE LA FIFA EN WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado con el nuevo Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento creado para destacar “los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y aportan esperanza a las generaciones futuras”. En una ceremonia realizada en el Kennedy Center de Washington DC, donde se celebró también el sorteo del Mundial 2026, Trump calificó el premio como “uno de los mayores honores de mi vida”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el galardón al mandatario estadounidense, exaltando su “acción extraordinaria” en escenarios como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania. Trump, quien recibió un trofeo y una medalla conmemorativa, afirmó que “el mundo es un lugar más seguro ahora” gracias a los esfuerzos de su administración, reiterando que su prioridad no son los reconocimientos, sino “salvar vidas”.

La relación cercana entre Trump e Infantino volvió a quedar en evidencia, especialmente por el apoyo del dirigente deportivo a las iniciativas de paz del presidente y a la promoción del fútbol en Estados Unidos. Trump aprovechó la ocasión para agradecer a Canadá y México por la coordinación en la organización del Mundial 2026, resaltando que la amistad y la colaboración entre los tres países ha sido “excepcional”.

El mandatario aseguró que Estados Unidos está plenamente preparado para su papel como anfitrión conjunto del torneo. En declaraciones desde la alfombra roja, señaló: “Estamos preparados para esto”, subrayando que la llegada del sorteo marca un momento histórico para el deporte en la región. El Mundial 2026 será el primero celebrado en tres países y reunirá a 48 selecciones, ampliando el alcance y la complejidad organizativa del evento.

Trump destacó la magnitud del evento y su impacto en Estados Unidos, afirmando: “Es un gran día y es un gran deporte… realmente está llegando a América”. Con ello, anticipó que el torneo transformará el panorama futbolístico regional, consolidando a EE. UU., México y Canadá como epicentro del fútbol mundial en 2026.

Previo al evento en Washington y en respuesta a declaraciones para periodistas del Canal RCN, el presidente Trump, a solicitud de los comunicadores de un mensaje al país dijo: “I love Colombia, hello Colombia”.