En una entrevista con The Conversation, programa de POLITICO conducido por la periodista Dasha Burns, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de extender a México y Colombia el tipo de acciones militares que su gobierno ya viene ejecutando contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. 

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional por la ofensiva militar estadounidense sobre supuestos “narco‐botes” que han salido, principalmente, de Venezuela y que, según Washington, forman parte de redes de tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. La campaña ha generado preocupación en gobiernos de la región, organismos de derechos humanos y actores económicos, por sus implicaciones en materia de soberanía, estabilidad y clima de inversión.

¿Qué dijo Trump en la entrevista?

Durante la conversación con Burns, Trump defendió el despliegue de buques de guerra, aeronaves y tropas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, argumentando que los ataques a embarcaciones sospechosas buscan impedir que drogas altamente letales lleguen a territorio estadounidense. En los últimos meses, la administración ha difundido videos de bombardeos a pequeñas lanchas, presentándolos como operaciones contra “narco‐terroristas”. 

Al ser preguntado específicamente si estaría dispuesto a tomar acciones similares contra objetivos en México y Colombia, el mandatario respondió: “Sure, I would” (“claro que sí, lo haría”), sin entrar en detalles sobre el alcance, la modalidad o la ubicación de eventuales ataques.

En la misma entrevista, Trump reiteró sus críticas al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusó de estar vinculado a redes de narcotráfico y afirmó que sus “días están contados”. También se negó a descartar explícitamente una invasión terrestre a Venezuela, señalando que no quería “hablar de estrategia militar”.

Importante resaltar que, aunque el presidente Trump NO utilizó la expresión “ataques en territorio colombiano”, sus palabras han sido interpretadas como una disposición a extender el uso de la fuerza más allá de las aguas cercanas a Venezuela.

Colombia y México en la narrativa antidrogas de Trump

Las referencias a Colombia y México en la entrevista se insertan en una narrativa más amplia en la que Trump presenta a varios países del hemisferio —especialmente Venezuela, México y Colombia— como eslabones críticos en las cadenas de producción y tránsito de drogas sintéticas y cocaína hacia EEUU. 

Al mismo tiempo, el mandatario:

• Ha acusado reiteradamente al gobierno de Maduro de facilitar la operación del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que el propio gobierno de Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera. 
• Ha sostenido que la administración Biden “permitió” la entrada de sus miembros a territorio estadounidense y que no actuó con la suficiente firmeza para expulsarlos, argumentos que ha utilizado para justificar políticas migratorias más duras y el uso de facultades extraordinarias como la Alien Enemies Act. 

No obstante, informes desclasificados de la comunidad de inteligencia de EE. UU. han matizado esa versión, señalando que, si bien Venezuela ofrece un entorno permisivo, no hay evidencia de que el gobierno de Maduro dirija de manera directa al Tren de Aragua ni que esté coordinando una “invasión” al territorio estadounidense. 

En cuanto al fentanilo, estudios y evaluaciones oficiales coinciden en que:

• La mayor parte del fentanilo que llega a Estados Unidos entra desde México, donde carteles producen la droga a partir de precursores químicos mayoritariamente originados en China. 
• La vía principal de ingreso son los puertos de entrada terrestres (fronteras formales), y en su mayoría quienes lo introducen son ciudadanos estadounidenses reclutados por organizaciones criminales, más que migrantes irregulares o pequeñas embarcaciones. 

Trump afirma que su ofensiva marítima ha logrado reducir significativamente el flujo de drogas, pero hasta ahora no ha presentado datos públicos detallados que permitan medir ese impacto, y no existe consenso entre expertos sobre la magnitud del efecto. Las cifras de incautaciones muestran una caída reciente en la cantidad de fentanilo decomisado en la frontera, pero los especialistas advierten que este indicador, por sí solo, no demuestra que haya menos droga disponible en el mercado interno. 

El énfasis de Trump en respuestas militares contrasta con los llamados de diversos actores internacionales —incluida la propia Organización de Estados Americanos, organismos de derechos humanos y analistas de política de drogas— a priorizar enfoques integrales que combinen fortalecimiento institucional, inteligencia financiera, cooperación judicial y políticas de salud pública, además del control de la oferta. 

EE. UU. SANCIONA RED QUE RECLUTABA COLOMBIANOS PARA LUCHAR EN LA GUERRA CIVIL DE SUDÁN

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una red transnacional acusada de reclutar exmilitares colombianos para integrarse a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), uno de los bandos enfrentados en la guerra civil sudanesa que estalló en abril de 2023. Según Washington, esta estructura facilitó el desplazamiento de cientos de colombianos hacia el conflicto, contribuyendo a una crisis humanitaria que ya figura entre las más graves del mundo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a cuatro individuos y cuatro entidades vinculadas a esta presunta red. El Departamento del Tesoro afirmó que estas organizaciones reclutaban a exmilitares colombianos y entrenaban a combatientes, incluidos niños, para integrarse a las RSF. John Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que el objetivo es frenar a grupos que “atacan a civiles, incluidos bebés”, y cuya brutalidad ha desestabilizado aún más la región, generando condiciones que facilitan la expansión del terrorismo.

De acuerdo con Washington, desde septiembre de 2024 cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para operar drones, instruir a menores y apoyar batallas en distintas zonas, incluida la capital, Jartum. Las autoridades estadounidenses subrayan que esta movilización no habría sido posible sin la participación de empresas y personas —principalmente colombianas— que facilitaron logística, financiación y contratos para los combatientes. Las sanciones buscan cortar estos flujos y exponer las estructuras que permiten su funcionamiento.

Entre los señalados figura Álvaro Andrés Quijano Becerra, ciudadano colombiano e italiano, descrito como un militar retirado que reside en Emiratos Árabes Unidos y que habría cumplido un “papel central” en el reclutamiento y despliegue de colombianos hacia Sudán. Quijano cofundó en Bogotá la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), identificada como el “principal nodo de reclutamiento”. Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, gerente de A4SI, también fue sancionada por su rol en la operación mediante la firma panameña Global Staffing, creada para minimizar riesgos legales.

El Tesoro también incluyó a la agencia de empleo Maine Global Corp, dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, y a su gerente suplente, Mónica Muñoz Ucros. Según Washington, estas firmas manejaban pagos, transferencias y operaciones cambiarias con el apoyo de compañías estadounidenses, facilitando así los recursos necesarios para sostener el envío de combatientes colombianos. La Comercializadora San Benito, vinculada a Muñoz, también fue añadida a la lista OFAC y habría participado en transacciones relacionadas.

OFERTAS LABORALES EN EE. UU. SUBEN LEVEMENTE EN OCTUBRE, PERO LA CONTRATACIÓN SIGUE DÉBIL

El mercado laboral estadounidense mostró un avance marginal en octubre, con un aumento de 12.000 vacantes que elevó el total a 7,7 millones, según el informe Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) del Departamento de Trabajo. Esta cifra superó las expectativas de los analistas, que proyectaban 7,2 millones, aunque el incremento no fue suficiente para revertir la sensación de enfriamiento en la demanda laboral. Las cifras incluyeron datos de septiembre, cuyo reporte había sido cancelado por el cierre del gobierno.

En contraste con el leve repunte en vacantes, la contratación cayó de manera significativa. Los empleadores redujeron las nuevas contrataciones en 218.000 puestos, hasta 5,1 millones en octubre, lo que confirma un patrón de debilidad persistente. El Bureau of Labor Statistics explicó que, debido al prolongado shutdown federal, suspendió temporalmente su metodología habitual de alineación mensual para las estimaciones preliminares, que se retomará en los datos finales.

La comparación entre septiembre y octubre revela un mercado que permanece en un estado de “no contratar, no despedir”, según describen economistas y autoridades monetarias. En septiembre había 7,7 millones de vacantes y 5,4 millones de contrataciones, lo que sugiere que las empresas mantienen niveles muy acotados de movimiento laboral. Esta parálisis refleja una mayor cautela ante la incertidumbre macroeconómica.

Diversos analistas atribuyen la rigidez del mercado a una combinación de menor oferta de trabajo —por la reducción de la inmigración iniciada en el último año del gobierno de Joe Biden y profundizada durante la segunda administración Trump— y la adopción creciente de inteligencia artificial, que ha disminuido la demanda de ciertos roles, especialmente posiciones de entrada. Estos factores han limitado tanto la rotación como la creación de empleo.

La debilidad laboral incrementa la presión sobre la Reserva Federal, que los mercados esperan recorte nuevamente su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hacia el rango de 3,50%-3,75%. El banco central no contará con el reporte de empleo de noviembre ni con la tasa de desempleo de octubre, ambos retrasados por el shutdown, lo que aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria del mercado laboral en el cierre del año.

ILLINOIS APRUEBA NUEVAS PROTECCIONES MIGRATORIAS FRENTE A LA OFENSIVA DE TRUMP

Illinois promulgó una nueva ley que permite a los residentes demandar a agentes federales de inmigración si consideran que sus derechos civiles fueron vulnerados, en respuesta a la reciente expansión de operativos migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump. La norma, aprobada por la legislatura estatal el mes pasado, también limita las acciones de ICE fuera de los tribunales estatales y habilita reclamos por daños y perjuicios.

La legislación incluye protecciones adicionales para comunidades educativas, prohibiendo a escuelas y distritos amenazar con revelar el estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o sus familiares. El gobernador demócrata JB Pritzker afirmó que la ley busca garantizar que actos cotidianos como llevar a un niño al jardín, asistir a clases o visitar un médico no se conviertan en riesgos legales o personales.

La medida entra en vigor inmediatamente y constituye una respuesta directa a la agenda migratoria más agresiva de Trump, enfocada en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York. El presidente ha buscado incluso desplegar la Guardia Nacional en Chicago con el argumento de reforzar esfuerzos contra el crimen, pese a que las estadísticas locales muestran descensos en la mayoría de indicadores de violencia este año.

El gobierno estatal ha rechazado los intentos de Washington de intensificar arrestos migratorios y aumentar la presencia federal en Illinois. Autoridades locales sostienen que estas acciones generan temor innecesario y socavan la confianza entre comunidades y autoridades. La nueva ley pretende reforzar un marco estatal que priorice la protección de derechos y la cooperación basada en garantías civiles.

Pritzker, considerado por algunos como posible aspirante presidencial en 2028, defendió la ley como un acto de resistencia frente a políticas que calificó de “crueldad e intimidación”. El gobernador señaló que Illinois elige “solidaridad y apoyo” frente a los esfuerzos de Trump y de líderes como Kristi Noem y Gregory Bovino por impulsar medidas más estrictas. Afirmó que el estado continuará defendiendo a sus residentes independientemente de su estatus migratorio.

LA CORTE SUPREMA EXAMINA IMPUGNAR LÍMITES AL GASTO DE CAMPAÑA EN CASO QUE INVOLUCRA A JD VANCE

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos en un caso clave que podría redefinir el financiamiento electoral en el país. El litigio, impulsado por comités republicanos y por el actual vicepresidente JD Vance, busca anular los límites federales al gasto coordinado entre los partidos políticos y sus candidatos. Los demandantes argumentan que estas restricciones violan la Primera Enmienda al limitar la libertad de expresión en campañas electorales.

La administración de Donald Trump respaldó la impugnación, al igual que otras figuras republicanas como el excongresista Steve Chabot. Los apelantes buscan revertir un fallo de un tribunal inferior que había mantenido los límites impuestos por la Ley de Campaña Electoral Federal de 1971. Dicha norma restringe cuánto puede gastar un partido en coordinación con un candidato para evitar escenarios de corrupción, mientras que los gastos independientes no están sujetos a tope alguno.

Durante la audiencia, algunos jueces liberales expresaron fuerte preocupación por las implicaciones del caso. La magistrada Sonia Sotomayor advirtió que eliminar los límites coordinados equivaldría a dejar el sistema “sin control alguno”, recordando que las campañas presidenciales ya recaudan sumas históricas. También cuestionó posibles escenarios de intercambio de favores, mencionando el caso del multimillonario Elon Musk, quien obtuvo un cargo en la administración Trump tras aportar cientos de millones a su campaña.

Los defensores del desafío argumentaron que no existe evidencia de corrupción quid pro quo y que, por el contrario, permitir mayor coordinación favorecería el discurso político. Noel Francisco, abogado de los republicanos, sostuvo que límites de gasto violan precedentes recientes de libertad de expresión. Desde la administración Trump, la abogada Sarah Harris afirmó que la motivación real detrás de las restricciones no es combatir la corrupción, sino permitir que Congreso y candidatos definan arbitrariamente cuánto debe gastarse en política.

Debido a que la Comisión Federal Electoral bajo Trump se negó a defender la ley, el tribunal designó al abogado Román Martínez para representarla, permitiendo además la participación de tres grupos demócratas. Martínez alegó que el caso debía ser desestimado porque Vance no enfrenta un riesgo real de aplicación de la norma, dado que no existe certeza sobre una futura candidatura suya. Sin embargo, los republicanos replicaron que Vance mantiene una estructura de campaña activa y antecedentes que sugieren intención de aspirar a un cargo en 2028.

Los límites cuestionados varían según la población del estado, con cifras que en 2024 oscilaron entre US$62.000 para distritos pequeños y US$3,7 millones para campañas senatoriales en estados grandes. La jueza Elena Kagan subrayó que el dinero coordinado es más valioso para los candidatos que las contribuciones a Super PAC, porque estos últimos pueden desviar recursos a prioridades no alineadas con una campaña específica.

El juez conservador Brett Kavanaugh expresó inquietud por el efecto acumulado de estas decisiones, señalando que el debilitamiento de los partidos políticos frente a grupos externos puede perjudicar la democracia constitucional. El fallo, que se espera para finales de junio, podría redefinir el equilibrio entre libertad de expresión, integridad electoral y poder de los partidos en las campañas de 2026 y 2028, con implicaciones significativas para el sistema político estadounidense.

APROBACIÓN DE TRUMP REPUNTA IMPULSADA POR SU ENFOQUE EN EL COSTO DE VIDA

Una nueva encuesta de Reuters/Ipsos muestra que la aprobación del presidente Donald Trump subió a 41% en la última semana, tras haber caído a 38% a finales del mes pasado, su nivel más bajo desde que volvió a la Casa Blanca en enero. El repunte coincide con un mayor respaldo entre votantes republicanos, quienes valoran el renovado énfasis del mandatario en medidas para enfrentar el costo de vida. Trump inició su segundo mandato con un 47% de aprobación.

El giro comunicacional y político del presidente se produjo luego de que los republicanos obtuvieran resultados débiles en algunas elecciones estatales de noviembre, golpeados por las críticas demócratas sobre la persistente inflación. En respuesta, Trump ha moderado parte de sus aumentos arancelarios y prometió acciones específicas para frenar el alza en los precios de los alimentos. También ha tachado el enfoque demócrata sobre la inflación como “un engaño”.

Pese a que el manejo del costo de vida sigue siendo uno de sus puntos más débiles —solo 31% lo aprueba en ese tema—, la cifra mejoró frente al 26% registrado a finales de noviembre. El salto se debe principalmente a una ganancia de 10 puntos entre los republicanos: 69% de ellos ahora lo respaldan en este frente. Su aprobación general dentro del partido también subió a 85%, desde 82% el mes anterior.

El repunte ocurre en un contexto donde la inflación continúa por encima de los niveles históricos. Aunque Trump llegó a la Casa Blanca criticando el alza de precios bajo Joe Biden, las presiones inflacionarias se han mantenido elevadas en su segundo mandato: los precios crecieron 3% en los 12 meses hasta septiembre, superando el promedio histórico de alrededor del 2%. Aun así, su narrativa de recuperación económica parece estar resonando con parte del electorado.

La encuesta también muestra una mejora entre los votantes hispanos, un grupo que ha tendido a moverse hacia Trump desde 2024. Su aprobación subió a 34%, frente al 32% de finales de noviembre. El sondeo, realizado en línea entre 4.434 adultos en todo el país, tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. El repunte general en la aprobación sugiere que el discurso sobre asequibilidad podría estar reforzando la posición del mandatario de cara a su próxima intervención económica en Pensilvania.

LIBERAN A LA MADRE DEL SOBRINO DE KAROLINE LEAVITT TRAS SEMANAS EN CUSTODIA DE ICE

Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue liberada con una fianza de US$1.500 después de haber sido detenida el 12 de noviembre por agentes de ICE en Revere, Massachusetts. Su arresto ocurrió mientras conducía hacia la escuela de su hijo, un hecho que desencadenó un intenso debate público sobre su situación migratoria. La fianza otorgada es la mínima permitida por la ley de inmigración.

Su abogado, Todd Pomerleau, afirmó que Ferreira no representa ni un riesgo para la comunidad ni un peligro de fuga, y sostuvo que el relato del Departamento de Seguridad Nacional, que la describió como una “criminal illegal alien”, era falso. Explicó que Ferreira nunca ha sido arrestada por delito alguno y que la única detención registrada fue la del 12 de noviembre, la cual calificó como una “farsa inconstitucional de ICE”. También insistió en que existen múltiples vías legales para que obtenga la residencia permanente.

El Department of Homeland Security (DHS), por su parte, sostuvo que Ferreira, ciudadana brasileña, había sido arrestada por agresión y que había ingresado al país con una visa de turista B2 que la obligaba a salir antes del 6 de junio de 1999. Según la versión oficial, su liberación se produjo después de que un juez autorizara la fianza al iniciar formalmente su proceso de deportación. Las discrepancias entre ambas narrativas reavivaron el debate sobre el manejo de casos migratorios con implicaciones políticas.

En declaraciones al Washington Post, Ferreira rechazó la caracterización del DHS, afirmando que el único incumplimiento fue haber excedido su visa cuando era menor de edad, una violación civil. Contó también detalles de su historia personal, incluido su vínculo con Michael Leavitt, hermano de la vocera, con quien estuvo comprometida hasta 2015 y con quien comparte la crianza de su hijo. Aseguró no entender por qué se habría creado una narrativa negativa en su contra.

El abogado de Ferreira añadió que el incidente juvenil de 2008, cuando tenía 16 años, no conllevó arresto y el caso fue posteriormente archivado. Los registros juveniles permanecen sellados, lo que limita la información pública disponible. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el DHS han respondido a solicitudes de comentarios. El caso deja al descubierto tensiones en torno a la política migratoria y el impacto que estos procesos pueden tener sobre figuras vinculadas a la administración.