Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad, anunció la terminación de los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos. La decisión fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que argumentó abusos y fallas en los mecanismos de verificación asociados a estas protecciones.

La medida pone fin al programa conocido como “Family Reunification Parole” (FRP) para estos siete países. Según el Gobierno estadounidense, los programas habrían sido utilizados de manera indebida, permitiendo que personas insuficientemente verificadas eludieran los canales migratorios tradicionales, lo que, a juicio de la administración, generó riesgos para la seguridad nacional y pública.

De acuerdo con lo publicado en el Registro Federal, los inmigrantes beneficiarios del FRP que no cuenten con otra base legal para permanecer en el país deberán abandonar Estados Unidos a más tardar el 14 de enero de 2026. El DHS precisó que, si el beneficio no ha expirado antes de esa fecha, será terminado automáticamente ese día, salvo en casos específicos relacionados con solicitudes de residencia permanente.

La única excepción prevista aplica para quienes hayan presentado una solicitud de residencia permanente antes del 15 de diciembre de 2025 y cuya petición continúe pendiente al 14 de enero de 2026. No obstante, si dicha solicitud es finalmente negada, el beneficio del FRP será revocado de inmediato y la persona deberá salir del país sin dilaciones.

El DHS informó además que la terminación del programa conllevará la revocación de las autorizaciones de empleo asociadas. Los afectados recibirán notificación individual y quienes deban salir podrán reportar su salida mediante la aplicación CBP Home. El Gobierno indicó que ofrecerá incentivos, como asistencia financiera, apoyo para documentos de viaje y exoneración de multas civiles, a quienes califiquen y cumplan con la salida voluntaria.

WASHINGTON RETIRA SANCIÓN A JUEZ DE CASO BOLSONARO TRAS ACERCAMIENTO DIPLOMÁTICO

Estados Unidos decidió retirar de su lista de sancionados al juez Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y figura central en el proceso judicial que derivó en la condena del ex presidente Jair Bolsonaro. La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, también beneficia a Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado, y a la empresa familiar Lex, que recuperan el acceso a sus bienes y operaciones internacionales.

El Departamento del Tesoro no detalló los motivos detrás del levantamiento de las sanciones, que habían sido impuestas bajo la Ley Magnitsky. Sin embargo, la decisión se produce tras un período de acercamiento diplomático entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de esfuerzos por recomponer una relación bilateral marcada por tensiones políticas y comerciales.

Altos funcionarios brasileños gestionaron activamente la anulación de la medida en reuniones con autoridades estadounidenses. Tanto el presidente Lula como el canciller Mauro Vieira abordaron el caso en encuentros con sus pares en Washington, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, buscando revertir la sanción aplicada al magistrado y a su entorno cercano.

Alexandre de Moraes había sido incluido en la lista Magnitsky en julio, en paralelo con el anuncio de aranceles del 50% impuestos por la Casa Blanca a productos brasileños. Según el gobierno estadounidense, la sanción se justificó por el rol del juez en los procesos judiciales contra Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por una presunta trama golpista. El propio Trump acusó a Moraes de liderar una persecución judicial contra el ex mandatario y sus aliados.

La sanción generó amplio debate internacional y críticas incluso de Bill Browder, impulsor de la Ley Magnitsky, quien calificó la decisión como un uso político desviado de la herramienta. Durante meses, las restricciones implicaron congelamiento de activos y cancelación de servicios financieros para Moraes y su familia.

CONGRESO IMPULSA REFORMA PARA DESTRABAR INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 213 votos a favor y 184 en contra, un proyecto de ley destinado a agilizar el proceso federal de permisos para gasoductos interestatales de gas natural. La iniciativa designa a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) como la agencia líder en la evaluación y aprobación de estos proyectos.

La ley, denominada Improving Interagency Coordination for Pipeline Reviews Act, otorga a la FERC la autoridad para considerar las evaluaciones de calidad del agua dentro de su propio proceso de revisión ambiental, sin necesidad de esperar una certificación independiente bajo la Ley de Agua Limpia por parte de los estados. Según sus impulsores, este requisito ha sido una de las principales causas de retrasos prolongados en el otorgamiento de permisos.

El proyecto forma parte de un paquete más amplio de iniciativas legislativas orientadas a acelerar la aprobación de infraestructura energética. En la misma sesión, la Cámara también aprobó con respaldo bipartidista la propuesta Promoting Efficient Review for Modern Infrastructure Today. Legisladores sostienen que la reforma de permisos es clave para responder a la creciente demanda de electricidad —impulsada en parte por centros de datos— y para contener los costos de la energía que enfrentan los hogares.

El sector energético celebró la votación. “Estas leyes ayudan a desbloquear la infraestructura que Estados Unidos necesita para satisfacer la creciente demanda de energía asequible y confiable”, afirmó el presidente del American Petroleum Institute, Mike Sommers. Mientras tanto, el Senado avanza en una agenda paralela de reforma más amplia, centrada en modificar la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), con el objetivo de agilizar proyectos como la modernización de las redes de transmisión eléctrica.

MEDIACIÓN DE TRUMP FRENA NUEVA ESCALADA ENTRE TAILANDIA Y CAMBOYA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Tailandia y Camboya acordaron “detener todos los disparos a partir de esta noche”, tras una llamada con los líderes de ambos países para frenar una nueva escalada del conflicto fronterizo. El anuncio busca poner fin a los enfrentamientos registrados en los últimos días entre las fuerzas armadas de ambas naciones asiáticas.

Trump informó en su red social Truth Social que sostuvo una “muy buena conversación” con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, sobre “el muy desafortunado resurgimiento” del conflicto. Según el mandatario, ambos gobiernos aceptaron retomar el Acuerdo de Paz firmado en octubre pasado en Kuala Lumpur, con mediación de Estados Unidos y Malasia.

De acuerdo con Trump, la reanudación de los combates se produjo tras la explosión de una bomba que causó muertos y heridos entre soldados tailandeses. El presidente estadounidense calificó el incidente como “un accidente”, aunque señaló que Tailandia respondió “con mucha fuerza”, lo que elevó rápidamente la tensión en la zona fronteriza.

“Ambos países están listos para la paz y para continuar el comercio con los Estados Unidos de América”, afirmó Trump, quien aseguró que fue “un honor” trabajar con Anutin y Hun Manet para evitar lo que, en su opinión, “podría haberse convertido en una gran guerra”. El mandatario también agradeció al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, por su apoyo en las gestiones diplomáticas.

El conflicto entre Tailandia y Camboya tiene raíces históricas en disputas territoriales a lo largo de una frontera de unos 820 kilómetros, delimitada originalmente en 1907 durante la época de la Indochina francesa. Desde el pasado domingo, los enfrentamientos habían dejado cerca de una treintena de muertos y cientos de miles de desplazados. Trump recordó que ya había mediado en julio pasado para detener choques similares, y reiteró que durante su segundo mandato ha contribuido a resolver ocho conflictos internacionales, defendiendo nuevamente su aspiración al Premio Nobel de la Paz.

ESCALADA FEDERAL POR EL CONTROL Y USO DE LOS REGISTROS ELECTORALES

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas contra Colorado, Hawái, Massachusetts y Nevada por no entregar sus listas de registro electoral, al considerar que las autoridades estatales incumplieron requerimientos federales relacionados con la supervisión del padrón. Además, la División de Derechos Civiles demandó al condado de Fulton, en Georgia, por no facilitar registros vinculados a las elecciones de 2020, según informó la agencia en un comunicado oficial.

El Gobierno federal sostuvo que la legislación vigente faculta al fiscal general para exigir listados estatales de votantes y verificar que existan programas “adecuados y efectivos” de registro y depuración electoral. “Los estados tienen el deber estatutario de preservar y proteger a sus ciudadanos de la dilución del voto”, afirmó la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, al advertir que el Departamento de Justicia actuará cuando las autoridades locales no protejan “la integridad de la boleta”.

Las demandas generaron una rápida reacción de funcionarios estatales. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, aseguró que la administración del presidente Donald Trump no tiene derecho legal a la información solicitada, que incluiría datos sensibles no anonimizados como nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones y números de licencias de conducir. “No entregaremos la información electoral sensible de los habitantes de Colorado a Donald Trump”, afirmó. En Massachusetts, el secretario de Estado William Galvin señaló que el Departamento de Justicia no ha presentado “ninguna justificación significativa” y acusó al Gobierno de usar información privada en “expediciones de pesca” con motivaciones políticas.

De acuerdo con el propio Departamento de Justicia, la División de Derechos Civiles ha enviado solicitudes de información electoral a al menos 24 estados durante este año y ya ha interpuesto 18 demandas por incumplimiento. En paralelo, Reuters reportó en septiembre que la cartera de Justicia mantiene conversaciones con Homeland Security Investigations para transferir datos sensibles de registros electorales con fines de investigaciones criminales y migratorias, lo que ha intensificado el debate sobre la protección de la información de los votantes.

DESACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN NO CALMA LA PREOCUPACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Aunque la inflación general en Estados Unidos podría desacelerarse el próximo año, como anticipa la Reserva Federal, el presidente Donald Trump seguirá enfrentando presión política por el costo de vida. Las tasas hipotecarias se mantendrían elevadas, los efectos de los aranceles sobre los precios persistirían durante buena parte del año y algunos bienes clave —como la carne de res y la electricidad— continuarían encareciéndose, con un impacto desproporcionado en la percepción de los consumidores.

Las proyecciones económicas de la Reserva Federal publicadas esta semana ofrecieron señales positivas para la administración, al prever una desaceleración de la inflación y una aceleración del crecimiento económico. El presidente del banco central, Jerome Powell, afirmó que en el sector servicios “la desinflación parece continuar”, mientras que la inflación de bienes debería “descender en la segunda mitad” de 2026, a medida que las empresas terminen de distribuir los costos arancelarios entre consumidores, proveedores y márgenes internos.

Sin embargo, en un año de elecciones legislativas, Trump y los republicanos enfrentan una dificultad común a todos los gobiernos: los votantes suelen prestar menos atención a los indicadores macroeconómicos y más a los precios cotidianos. El costo de los alimentos, las facturas de servicios públicos y las primas de seguros pesan más en el ánimo del consumidor que las métricas agregadas que analizan los economistas.

Desde la llegada de Trump a la presidencia, la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (CPI) hasta septiembre acumula un aumento cercano a 1,6%, equivalente a una tasa anual aproximada de 2,4%, cercana al objetivo de la Fed. Los precios de los alimentos en el hogar han subido incluso menos, alrededor de 1,4%. No obstante, los precios no han caído como el mandatario prometió durante la campaña, y los hogares siguen experimentando una prolongada sensación de encarecimiento que se arrastra desde hace casi cinco años.

Algunos componentes del CPI han registrado incrementos significativos en los últimos meses. En septiembre, la carne molida era 14% más cara que al inicio del actual mandato; la electricidad había subido más de 4% —cerca de 6% en términos anualizados— y el seguro de vivienda avanzaba a un ritmo cercano a 10% anual. Estos rubros, altamente visibles para los consumidores, amenazan con convertirse en un flanco político para la oposición.

Powell también advirtió que el problema de la vivienda seguirá siendo un factor crítico. Aunque las tasas hipotecarias han bajado desde el pico cercano a 8% registrado hace dos años, se han estabilizado alrededor de 6,2% desde septiembre. Con la Fed en pausa y los rendimientos de largo plazo elevados, no se esperan descensos significativos en el corto plazo, lo que limita el alivio para compradores y vendedores.

El mercado inmobiliario refleja este estancamiento. Datos recientes muestran una caída de 11% interanual en los permisos de construcción y de 6% en los inicios de vivienda, mientras el empleo en la construcción se ha estancado y sectores como la manufactura han perdido puestos de trabajo. Aunque los salarios crecen por encima de la inflación y algunos costos, como el alquiler, se moderan, las encuestas de opinión revelan un deterioro del ánimo del consumidor, con niveles de confianza comparables a los observados durante la presidencia de Joe Biden.