El presidente Donald Trump advirtió este sábado que habrá una “represalia muy seria” tras un ataque atribuido al Estado Islámico (ISIS) en Siria que dejó dos militares y un civil estadounidenses muertos.

El mandatario calificó el hecho como un ataque directo contra Estados Unidos en una zona “muy peligrosa” del país árabe y aseguró que los responsables enfrentarán consecuencias.

Trump afirmó que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, se encuentra “devastado, extremadamente molesto y perturbado” por lo ocurrido, y subrayó que las fuerzas sirias están combatiendo junto a las tropas estadounidenses contra el terrorismo. El ataque, según autoridades estadounidenses, ocurrió en una región que no está plenamente bajo control del gobierno sirio.

Las dos víctimas militares pertenecían a la Guardia Nacional de Iowa, de acuerdo con una fuente informada sobre el caso. El Comando Central de EE. UU. confirmó además que otros tres soldados resultaron heridos en la emboscada perpetrada por un atacante solitario vinculado al ISIS en el centro de Siria. Trump indicó que los heridos “parecen estar evolucionando bien”. El agresor fue abatido durante el ataque.

El Pentágono informó que el civil fallecido era un intérprete estadounidense. El tiroteo se produjo cerca de la ciudad histórica de Palmira y también dejó heridos a miembros de las fuerzas de seguridad sirias, según autoridades locales. Los heridos fueron evacuados en helicóptero a la base de Al-Tanf, cerca de las fronteras con Irak y Jordania.

Funcionarios sirios señalaron que el atacante estaba vinculado a fuerzas de seguridad internas desplegadas en zonas desérticas y que existían evaluaciones previas sobre una posible radicalización ideológica, aunque las autoridades estadounidenses no confirmaron esa versión. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que cualquier persona que ataque a estadounidenses “será perseguida, encontrada y eliminada”.

Este fue el primer ataque mortal contra tropas de EE. UU. en Siria desde la caída del expresidente Bashar al-Assad hace un año. Washington mantiene cientos de efectivos en el este del país como parte de la coalición internacional contra el ISIS. Aunque el grupo fue derrotado territorialmente en 2019, la ONU estima que aún cuenta con entre 5.000 y 7.000 combatientes en Siria e Irak.

TIROTEO EN LA UNIVERSIDAD BROWN DEJA AL MENOS DOS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS EN RHODE ISLAND

Un tiroteo ocurrido este sábado en el campus de la Universidad Brown, una de las instituciones de la Ivy League en Estados Unidos, dejó múltiples personas heridas y al menos dos fallecidas, según información preliminar citada por The Associated Press.

La fiscal general Pam Bondi informó que agentes del FBI y otras autoridades federales se desplazaron al lugar para apoyar la respuesta y la investigación. La universidad pidió a estudiantes, personal y visitantes resguardarse mientras avanzaban las labores de seguridad.

Funcionarios de la ciudad de Providence evitaron precisar el número total de víctimas o confirmar oficialmente las muertes, señalando que la investigación continúa en desarrollo. Medios locales han reportado que hasta 20 personas podrían haber resultado heridas, aunque esa cifra no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Las autoridades mantienen un operativo activo en el campus y han reiterado el llamado a seguir las instrucciones de seguridad mientras se esclarecen los hechos.

TRIBU POTAWATOMI ENFRENTA FUERTE RECHAZO POR CONTRATO VINCULADO A CENTROS DE DETENCIÓN MIGRATORIA

La Prairie Band Potawatomi Nation, una tribu indígena cuya población fue expulsada por la fuerza de la región de los Grandes Lagos en el siglo XIX, enfrenta una intensa controversia tras conocerse que una empresa afiliada firmó un contrato federal de casi 30 millones de dólares relacionado con el diseño preliminar de centros de detención migratoria, en el marco de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

El contrato fue adjudicado en octubre, sin competencia pública, a KPB Services LLC, una entidad creada este año y vinculada al brazo empresarial de la tribu. El acuerdo inicial, por 19 millones de dólares, fue ampliado posteriormente hasta un tope de 29,9 millones para trabajos de “diligencia debida y diseños conceptuales” de centros de procesamiento y detención de inmigrantes en todo Estados Unidos.

La revelación del contrato generó una ola de críticas dentro y fuera de la comunidad indígena. Miembros de la propia tribu denunciaron que no fueron informados y calificaron el acuerdo como una traición histórica, al considerar que replica prácticas de confinamiento forzado similares a las sufridas por pueblos originarios. La presión fue tal que la tribu anunció el despido de los responsables de desarrollo económico que negociaron el contrato y aseguró que está explorando vías legales para cancelarlo.

El presidente tribal, Joseph “Zeke” Rupnick, prometió transparencia y reconoció el profundo conflicto moral que plantea el acuerdo. Recordó que las reservas indígenas fueron, en sus orígenes, una forma de detención impuesta por el gobierno federal, y cuestionó que la tribu participe ahora en iniciativas que evocan ese mismo trauma histórico.

El caso también ha reavivado el debate sobre los vínculos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y entidades tribales o corporaciones indígenas, en un contexto de mayor presión económica sobre estas comunidades debido a recortes de fondos federales, inflación y competencia en sectores como el juego. Abogados especializados en contratación pública han señalado que el uso de contratos millonarios sin licitación plantea serias dudas de transparencia y va en contra de los principios que rigen el gasto público.

JUEZ ORDENA DEVOLVER EVIDENCIA EN CASO CONTRA JAMES COMEY, PERO ABRE LA PUERTA A NUEVO INTENTO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos devolver los archivos incautados a Daniel Richman, profesor de derecho y exabogado del exdirector del FBI James Comey, en un fallo que representa un revés temporal para los fiscales que evalúan un nuevo intento de procesar al exfuncionario, crítico del presidente Donald Trump.

La jueza Colleen Kollar-Kotelly, del tribunal federal de Washington, concluyó que fue una incautación irrazonable que los fiscales conservaran copias de los archivos de Richman sin las debidas salvaguardas legales, luego de que el material fuera utilizado para sustentar el caso penal que el gobierno presentó contra Comey y que posteriormente fue desestimado.

No obstante, la magistrada permitió que una copia de los archivos quede bajo custodia del tribunal, con el fin de preservarlos en caso de que el Departamento de Justicia solicite una nueva orden judicial para obtenerlos de forma legal. Además, rechazó bloquear al gobierno para que, en el futuro, pueda utilizar la información como base para nuevas líneas de investigación.

Richman había demandado el mes pasado para impedir que los fiscales usaran los materiales, alegando que fueron incautados de manera indebida durante una investigación previa realizada entre 2019 y 2020, que concluyó sin cargos en 2021.

La jueza sostuvo que, aunque el gobierno puede seguir investigaciones derivadas de lo aprendido, no puede conservar ni examinar los archivos sin una orden válida.

Los fiscales habían utilizado ese material este año para formular cargos contra Comey, quien fue acusado en octubre de hacer declaraciones falsas y obstruir al Congreso en relación con su testimonio de 2020 sobre filtraciones anónimas de información del FBI a medios de comunicación. El caso fue desestimado el mes pasado, al igual que el proceso contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de que un juez determinara que las acusaciones fueron presentadas por un fiscal federal nombrado de manera irregular.

El fallo no impide que el Departamento de Justicia intente reactivar el caso mediante nuevos mecanismos legales, pero refuerza los límites sobre el uso de evidencia incautada sin las garantías constitucionales correspondientes.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE VETERANOS DE EE. UU. PLANTEA ELIMINAR HASTA 35.000 PUESTOS DE SALUD

El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos planea eliminar hasta 35.000 puestos de trabajo en el sector salud durante este mes, según informó The Washington Post, citando un memorando interno, empleados de la agencia y asesores del Congreso. La medida afectaría principalmente cargos que actualmente están vacantes, entre ellos plazas de médicos, enfermeras y personal de apoyo.

De acuerdo con el reporte, el objetivo es reducir la fuerza laboral del sistema de salud del departamento a cerca de 372.000 empleados, lo que representaría una disminución aproximada del 10 % frente al tamaño registrado el año pasado. Un memorando compartido con líderes regionales el mes pasado indica que la mayoría de los puestos eliminados corresponden a cargos creados durante la pandemia de covid-19 que ya no serían necesarios.

Un portavoz del Departamento de Asuntos de Veteranos confirmó al medio que se eliminarán alrededor de 26.400 vacantes abiertas y aseguró que la decisión no tendrá impacto en la operación de la entidad ni en la prestación de servicios a los veteranos, al tratarse de posiciones no ocupadas.

Los recortes se suman a una reducción previa de cerca de 30.000 empleos realizada en julio. Con ello, el número total de recortes de personal en este año fiscal sería menor al inicialmente proyectado por la agencia. Reuters señaló que no pudo confirmar de manera independiente la información y que el Departamento de Asuntos de Veteranos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.