En una declaración de apertura ante los comités de House Ways and Means y Senate Finance (16 y 17 de diciembre de 2025), el Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), delineó la postura de la Administración frente a la Revisión Conjunta a seis años del USMCA (T-MEC/USMCA), prevista para el 1 de julio de 2026. Su mensaje central, expresado en términos institucionales pero firmes, fue que Estados Unidos no debería “renovar por inercia”: la extensión del acuerdo, en su enfoque, dependerá de corregir fallas específicas y estructurales que —según afirmó— siguen afectando la competitividad estadounidense.

Greer comenzó traduciendo el momento como “territorio nuevo”: el USMCA incluye un mecanismo de revisión periódica que no existe en otros TLC de EE. UU. y que, en la lógica original explicada por Robert Lighthizer en 2019, buscaba evitar quedar “atrapados” por reglas desactualizadas y preservar margen de negociación. Bajo esa premisa, Greer ubicó la revisión de 2026 dentro de una estrategia más amplia de “reciprocidad” comercial, presentada como una forma de “nivelar el terreno” para trabajadores y empresas estadounidenses en un entorno marcado por pandemia, choques de cadenas de suministro, déficit comercial y mayor coerción económica global.

En el plano procedimental, el embajador enfatizó que USTR cumplió los pasos exigidos por la ley de implementación del USMCA: la publicación de un aviso en el Federal Register (señaló que se publicó el 17 de septiembre de 2025, antes del plazo), la realización de una audiencia pública y la obligación de reportar al Congreso con antelación. Aclaró, además, que aunque algunos legisladores esperaban un informe escrito formal sobre el funcionamiento del acuerdo, la norma no lo exige; en cambio, anunció que publicaría su declaración de apertura en el sitio de USTR para ampliar la transparencia fuera de la sesión a puerta cerrada.

Sobre la consulta pública, Greer reportó 1.514 comentarios y describió un consenso parcial: muchos apoyan el USMCA y piden extenderlo, pero casi todos solicitan mejoras. La evidencia que citó refleja tensiones típicas de una revisión comercial: en agricultura, disputas sobre acceso lácteo a Canadá, reglas sanitarias basadas en ciencia, y posturas contrapuestas sobre restricciones a importaciones estacionales de México o el retorno del etiquetado de país de origen para carne. En industria, destacó la centralidad de las reglas de origen, con voces que piden endurecerlas para asegurar que el trato preferencial beneficie principalmente a Norteamérica, y otras que advierten sobre costos y disrupciones.

Un eje que atravesó el diagnóstico fue la seguridad económica: Greer mencionó preocupaciones sobre el impacto de políticas “no de mercado”, la sobrecapacidad industrial y el riesgo de que terceros países usen la región —particularmente México— como plataforma para evadir aranceles o medidas de defensa comercial. En paralelo, subrayó el peso de los temas laborales y ambientales: elogios al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) y propuestas para ampliarlo, junto con ideas para crear herramientas “tipo RRM” en materia ambiental, además de reforzar mecanismos de cumplimiento en pesca y conservación.

La audiencia pública (3 al 5 de diciembre) reforzó, según Greer, esa mezcla de apoyo y críticas. En comercio digital, citó posiciones encontradas: sectores empresariales pidieron no reabrir el capítulo digital, mientras otras organizaciones propusieron remover o ajustar disposiciones que, a su juicio, podrían limitar la regulación pública sobre flujos transfronterizos de datos o requisitos de localización. También destacó llamados a mejorar facilitación aduanera, combatir fraude y reducir pérdidas en perecederos mediante mayor coordinación fronteriza.

En su evaluación de resultados, Greer sostuvo que el USMCA ha sido “exitoso hasta cierto punto”, aportando certidumbre y un aumento de exportaciones estadounidenses de bienes y servicios a Canadá y México (afirmó un +56% desde 2020). También atribuyó parte del aumento salarial manufacturero en México —cifras que situó en un salto relevante entre 2020 y 2025— a reformas laborales asociadas al acuerdo y al uso del RRM, como elemento que facilitaría la competencia para trabajadores de EE. UU.

Sin embargo, enfatizó que persisten déficits, desventajas estructurales y problemas de cumplimiento: mencionó, entre otros, desafíos de México en ejecución laboral, limitaciones presupuestales en su “ventanilla única” aduanera y preocupaciones sobre clima de inversión, incluyendo reformas energéticas y un caso de disputa con una empresa estadounidense; del lado canadiense, señaló disputas en servicios digitales y acceso lácteo.

El punto más sensible llegó en la recomendación política: Greer dijo que, para USTR, “un sello de caucho” (renovación automática) no sería de interés nacional. Planteó mantener “abiertas las opciones” del presidente y negociar con firmeza, recomendando la extensión solo si se logran soluciones. Identificó una lista de temas prioritarios: con México, desde políticas que incentiven contenido de terceros países, hasta energía, propiedad intelectual, pagos electrónicos, brokers aduaneros y agricultura estacional; con Canadá, desde lácteos y leyes digitales, hasta procurement provincial y trabas aduaneras; y para ambos, endurecimiento de reglas de origen en bienes industriales no automotrices, alineación en aranceles/controles de exportación/screening de inversión, creación de un “mercado” regional de minerales críticos y mejoras en la implementación de prohibiciones de importación vinculadas a trabajo forzoso.

Greer también describió acciones ya emprendidas para “destrabar” asuntos antes de la revisión: mencionó aranceles impuestos en febrero ligados a fentanyl y seguridad fronteriza, y un proceso bilateral con México tras una llamada presidencial en julio que habría producido reformas y propuestas en aduanas, propiedad intelectual, control de inversiones, control de exportaciones y medidas frente a importaciones desde países sin TLC. Con Canadá, sostuvo que conversaciones desde abril habrían logrado avances en temas como un impuesto a servicios digitales y la remoción de aranceles retaliatorios. En su narrativa, estos pasos serían “específicos”, mientras que la Revisión Conjunta deberá enfrentar lo “estructural”.

Las implicaciones son claras en términos de clima de negocios y negociación regional. Primero, el mensaje introduce condicionalidad explícita: la extensión del USMCA se presenta como un resultado a ganar, no como un trámite, lo que puede elevar la incertidumbre regulatoria para inversión y cadenas de suministro hacia 2026. Segundo, si prosperan ajustes en reglas de origen, minerales críticos y herramientas de seguridad económica, podría haber un endurecimiento del contenido regional y del escrutinio a inversiones asociadas a terceros países, con efectos directos sobre estrategias de nearshoring, abastecimiento y costos de cumplimiento. Tercero, el énfasis en cumplimiento laboral, ambiental y trabajo forzoso sugiere que el acuerdo podría evolucionar hacia una etapa de aplicación más intensa y, eventualmente, mecanismos más ágiles de respuesta.

Para América Latina fuera del USMCA —incluida Colombia— el discurso sugiere un entorno donde Estados Unidos prioriza resiliencia de cadenas, trazabilidad, cumplimiento y seguridad económica. Sin afirmar efectos automáticos, sí apunta a que proveedores de la región que quieran integrarse a cadenas norteamericanas podrían enfrentar mayores exigencias de origen, debida diligencia laboral/ambiental y verificación aduanera, mientras surgen oportunidades para quienes puedan demostrar cumplimiento y confiabilidad como socios en insumos, logística o transformación complementaria.

En síntesis, Greer no descalifica el USMCA: reconoce beneficios y apoyo amplio. Pero lo redefine como un acuerdo que, en su visión, debe actualizarse y corregirse para merecer extensión. La señal diplomática es doble: apertura al diálogo con Canadá y México, pero con una línea roja política —la renovación no es un fin en sí mismo— y con una agenda que combina comercio tradicional con seguridad económica, tecnología, trabajo y sostenibilidad como ejes de la negociación de 2026.

JUSTICIA DE EE. UU. AUMENTA OFENSIVA CONTRA EL TREN DE ARAGUA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la desclasificación de múltiples acusaciones federales contra más de 70 personas, incluidos líderes y miembros del Tren de Aragua (TdA), organización criminal transnacional designada como terrorista. Los cargos abarcan delitos violentos y financieros cometidos dentro y fuera del país, como asesinato, robo, extorsión, secuestro, lavado de dinero y tráfico de drogas, y se extienden a cinco distritos judiciales federales.

Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento ha imputado a más de 260 integrantes de TdA a nivel federal. La fiscal general Pam Bondi afirmó que la ofensiva responde a una directriz del presidente Donald Trump para “eliminar totalmente” a los carteles y organizaciones criminales transnacionales, subrayando el compromiso de la administración con la seguridad pública y el desmantelamiento de redes de tráfico violento.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia y de agencias federales coincidieron en que TdA representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Las autoridades destacaron la estrategia integral de golpear el liderazgo, cortar los flujos financieros y negar cualquier refugio seguro a quienes crucen fronteras para cometer delitos violentos.

En el Distrito de Colorado, dos presuntos líderes de TdA fueron acusados por conspiración bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO), por un patrón de actividades que incluye robos, extorsiones, secuestros, lavado de dinero y delitos de drogas. Las acusaciones también abarcan robos armados a joyerías en el área de Denver en 2024, con cargos adicionales por uso de armas de fuego.

En Nebraska, un gran jurado presentó dos acusaciones contra 54 personas por una conspiración a gran escala para robar millones de dólares mediante malware y ataques a cajeros automáticos. En Nuevo México, 11 presuntos miembros y líderes enfrentan cargos por secuestro y asesinato, además de vínculos con un enfrentamiento armado en Colorado que dejó un muerto.

En el Distrito Sur de Nueva York se imputó a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder histórico de TdA y arquitecto de su expansión en América y Europa. Según la acusación, ordenó y facilitó actos de violencia transnacional y el tráfico de grandes volúmenes de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. El acusado permanece prófugo y el Departamento de Estado ofrece hasta US$5 millones por información que conduzca a su captura.

En el Distrito Sur de Texas, una acusación ampliada señala a cuatro ciudadanos venezolanos —incluidos altos mandos de TdA— por brindar apoyo material a la organización y por conspiración para distribuir cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Los casos forman parte de la Joint Task Force Vulcan, ampliada para atacar a TdA, con apoyo interagencial e internacional, incluido el enlace judicial en Bogotá. TdA, originado como pandilla carcelaria en Venezuela, ha expandido delitos violentos y financieros, como narcotráfico, armas, trata, secuestro y fraude, a lo largo del hemisferio.

DESACELERACIÓN DE PRECIOS EN EE. UU. LLEVA LA INFLACIÓN A 2,7% EN NOVIEMBRE

La inflación en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en noviembre, ubicándose en 2,7% interanual, según informó U.S. Bureau of Labor Statistics. El dato sorprendió a los analistas, que proyectaban una variación cercana al 3%, y marcó una moderación frente al registro de septiembre, cuando el índice de precios al consumidor (IPC) había alcanzado precisamente ese nivel.

La publicación del informe se retrasó ocho días como consecuencia del cierre parcial de la administración federal, que se extendió por 43 días e impidió la recopilación de las cifras oficiales de inflación general y subyacente correspondientes a octubre. De este modo, el reporte de noviembre se convirtió en la primera actualización oficial del IPC desde el 24 de octubre, cuando se divulgaron los datos de septiembre.

En términos desagregados, los precios de la energía aumentaron 4,2% interanual, impulsados principalmente por el alza en los precios de los combustibles. No obstante, al excluir alimentos y energía, la inflación subyacente se moderó a 2,6%, por debajo del 3% registrado en septiembre y en su nivel más bajo desde marzo de 2021, reforzando la señal de desaceleración de las presiones inflacionarias de fondo.

Pese a esta moderación, la inflación continúa por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, en un contexto marcado por la política arancelaria del presidente Donald Trump. La imposición de aranceles de dos dígitos a la mayoría de las importaciones, junto con gravámenes específicos sobre productos como acero, aluminio y automóviles, ha generado presiones alcistas sobre los precios, aunque menores a las anticipadas inicialmente por los economistas.

Este escenario complica las decisiones de política monetaria de la Fed, que busca equilibrar el control de la inflación con el apoyo a un mercado laboral que muestra señales de debilitamiento.

HASSETT DEFIENDE LAS AFIRMACIONES DEL PRESIDENTE SOBRE EL EMPLEO

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que la economía estadounidense ya es una “economía Trump”, incluso cuando el presidente responsabilizó reiteradamente a su antecesor, Joe Biden, por el “desastre” económico que asegura haber heredado. Hassett hizo estas declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca, al ser consultado sobre en qué momento la situación económica pasa a ser responsabilidad plena de la actual administración.

“Bueno, es una economía de Trump”, respondió Hassett, aunque matizó que una cosa es la titularidad política de la economía y otra la rendición de cuentas por los resultados. Según explicó, las políticas implementadas por el Gobierno ya están teniendo efectos sobre la vida de los ciudadanos, pero todavía es prematuro medir de forma concluyente su impacto agregado en los principales indicadores macroeconómicos.

En ese sentido, Hassett sostuvo que el tiempo será un factor determinante para evaluar el alcance de las reformas. “Nuestras políticas están cambiando la vida de la gente, pero ¿cuándo podremos mostrar cifras y decir que solucionamos el problema, que llenamos el hoyo que cavó Biden?”, afirmó, al tiempo que reconoció que algunos ajustes, como en ciertos precios de consumo, requieren más tiempo para reflejarse plenamente en las estadísticas.

El funcionario evitó pronunciarse de manera directa sobre las acusaciones de exageración presidencial en materia de inflación, pero defendió con mayor énfasis las afirmaciones de Donald Trump sobre la evolución del empleo. Ante cuestionamientos de CNN sobre por qué el Presidente sostiene que el desempleo ha bajado cuando los datos recientes indican lo contrario, Hassett argumentó que existe un factor metodológico clave que altera la lectura tradicional de las cifras.

Según explicó, la reducción del gasto público y del déficit fiscal ha implicado una pérdida significativa de empleos federales, lo que distorsiona el dato agregado. “Si ajustamos la tasa de desempleo considerando la gran pérdida de empleos para los empleados del gobierno federal, las cifras coinciden con lo que dijo el presidente”, aseguró, defendiendo así la narrativa oficial sobre la evolución del mercado laboral.

SOLICITUDES SEMANALES DE SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN EE. UU. CAEN PESE A LA VOLATILIDAD ESTACIONAL

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada, revirtiendo el fuerte aumento observado previamente y sugiriendo que el mercado laboral se mantiene relativamente estable en diciembre. El Departamento de Trabajo informó que las nuevas solicitudes cayeron en 13.000, hasta 224.000, en la semana finalizada el 13 de diciembre.

No obstante, las cifras recientes han mostrado fuertes oscilaciones, reflejando dificultades para ajustar los datos estacionales en torno al feriado de Acción de Gracias. Los economistas coinciden en que el tono general del mercado laboral no ha cambiado de forma sustancial: las empresas se muestran cautelosas para contratar nuevo personal, pero tampoco están recurriendo a despidos masivos.

Según analistas, uno de los factores que explica esta prudencia es el impacto inesperado de los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, que han generado incertidumbre en el sector empresarial. Una encuesta a 548 directores financieros, realizada por los bancos de la Reserva Federal de Richmond y Atlanta junto con la Universidad de Duke, indicó que los aranceles siguen siendo una de las principales preocupaciones para las compañías, influyendo en decisiones de contratación.

Los datos de solicitudes de desempleo corresponden al periodo utilizado para la encuesta empresarial del informe oficial de empleo de diciembre. En noviembre, las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 4,6%, su nivel más alto desde septiembre de 2021. Esta cifra estuvo distorsionada por factores técnicos asociados al cierre del gobierno federal de 43 días, que impidió la publicación del dato correspondiente a octubre.

En el plano monetario, la Reserva Federal recortó la semana pasada su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,50%–3,75%, aunque anticipó una pausa en futuros recortes mientras evalúa señales más claras sobre el mercado laboral y la inflación. Al mismo tiempo, el número de personas que continúan recibiendo subsidios tras la primera semana aumentó en 67.000, hasta 1,897 millones, lo que sugiere que la debilidad en la contratación está prolongando los periodos de desempleo para algunos trabajadores.

PRESIDENTE TRUMP FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE PODRÍA RECLASIFICAR LA MARIHUANA COMO UNA DROGA MENOS PELIGROSA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que podría reclasificar la marihuana como una sustancia menos peligrosa, marcando un giro relevante en la política federal antidrogas y acercando la legislación nacional a lo que ya han adoptado muchos estados. La medida abre además nuevas posibilidades para la investigación médica y científica sobre el cannabis.

La orden permitiría retirar a la marihuana de la categoría de drogas de la Lista I —donde se encuentra junto a la heroína y el LSD— para ubicarla en la Lista III, compartida con sustancias como la ketamina y algunos esteroides anabólicos. Aunque el cambio no legalizaría el uso recreativo a nivel federal, sí modificaría su marco regulatorio y reduciría significativamente la carga tributaria que enfrenta la industria del cannabis.

Trump aseguró que recibió una fuerte presión pública para avanzar en esta dirección, especialmente por su potencial beneficio terapéutico. “Tenemos gente rogándome que haga esto. Personas que sufren un gran dolor”, afirmó el mandatario, subrayando el componente médico como uno de los principales argumentos detrás de la decisión.

El proceso de reclasificación, que depende de la Administración para el Control de Drogas (DEA), suele ser largo e incluye un periodo de comentarios públicos que ya ha generado miles de reacciones. La revisión estaba en curso desde la administración de Joe Biden, que también propuso mover la marihuana a la Lista III, pero la orden de Trump podría acelerar el trámite, aunque no se precisó el calendario.

La decisión se produce en un contexto de creciente apoyo social a una política menos restrictiva. Según Gallup, el respaldo a la legalización de la marihuana aumentó de 36% en 2005 a 68% el año pasado. Sin embargo, el anuncio enfrenta resistencia dentro del propio Partido Republicano: más de 20 senadores conservadores pidieron este año mantener la marihuana en la Lista I, argumentando riesgos para la salud, la seguridad vial y el orden público.

En paralelo, la orden ejecutiva también impulsa la expansión de la investigación y el acceso al canabidiol (CBD), un derivado legal del cáñamo. El director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, anunció un nuevo programa que permitiría a adultos mayores acceder gratuitamente a CBD recomendado por un médico. Aun así, Trump ha dejado claro que su prioridad sigue siendo la lucha contra drogas como el fentanilo, al que incluso declaró arma de destrucción masiva mediante otra orden ejecutiva.

ESTADOS UNIDOS RESPALDÓ LAS REFORMAS ECONÓMICAS ANUNCIADAS POR BOLIVIA: “LA APERTURA A LA INVERSIÓN ES ESENCIAL”

Estados Unidos expresó su respaldo a las reformas económicas anunciadas por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y destacó su importancia para restablecer la estabilidad, la prosperidad y la confianza de los inversionistas. El Departamento de Estado señaló que estas medidas representan un giro necesario tras décadas de políticas fallidas y subrayó que la apertura económica será clave para el crecimiento del país.

En un comunicado oficial, la administración del presidente Donald Trump manifestó su apoyo al paquete de reformas presentado por Paz, resaltando que busca atraer inversión internacional y sentar las bases para una economía más sólida. El mensaje fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Washington acompañará al Gobierno boliviano para que las medidas “rindan frutos para el pueblo boliviano lo antes posible”.

Estados Unidos reconoció que el proceso de reformas no será sencillo, dado el contexto de estancamiento económico, corrupción y mala gestión heredado. No obstante, valoró el cambio de rumbo como un paso indispensable para construir un futuro más próspero y seguro, enfatizando que la gestión económica responsable y el respeto al Estado de derecho son condiciones esenciales para desarrollar el potencial del país.

El respaldo estadounidense se produjo luego de que el presidente Paz declarara una “emergencia económica y social” y anunciara un decreto con medidas estructurales para estabilizar la economía. Entre ellas se incluye el retiro de la subvención a los combustibles, la liberalización de exportaciones, un régimen extraordinario de repatriación de capitales con 0% de impuestos y acciones para facilitar la importación de diésel.

El mandatario justificó estas decisiones señalando que recibió un país con reservas agotadas, sin dólares, con inflación creciente y un Estado debilitado tras 20 años de políticas del Movimiento al Socialismo (MAS). En ese contexto, subrayó la necesidad de “sincerar” los precios de los hidrocarburos, cuyo subsidio representaba un costo anual superior a US$2.000 millones para el Estado.

El decreto establece incrementos temporales en los precios de gasolinas, diésel y combustibles de aviación por un periodo de seis meses, manteniendo el precio del Gas licuado de petróleo (GLP) subsidiado. Paralelamente, el Gobierno anunció un aumento del salario mínimo nacional del 20%, así como incrementos en bonos sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables.

Las medidas generaron reacciones inmediatas en el país, con largas filas en gasolineras y advertencias de movilizaciones sociales contra el retiro del subsidio. En paralelo, el Ejecutivo creó una comisión para investigar presunta corrupción en el sector hidrocarburífero durante los gobiernos anteriores y denunció un daño económico millonario asociado a empresas estatales inviables.

EE. UU. SANCIONA A DOS JUECES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL POR INVESTIGAR A CIUDADANOS ISRAELÍES

Estados Unidos impuso sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por su participación en decisiones judiciales relacionadas con investigaciones contra ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel. La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó al tribunal de incurrir en acciones politizadas que, a juicio de Washington, vulneran la soberanía tanto de Estados Unidos como de Israel.

Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Según el Departamento de Estado, ambos magistrados votaron a favor de rechazar la apelación presentada por Israel el 15 de diciembre, una decisión que confirmó la competencia de la CPI para investigar presuntos crímenes cometidos en el contexto del conflicto en Palestina.

La sanción se produce días después de que la CPI cerrara una de las principales vías legales de Israel para frenar la investigación abierta en 2021, al ratificar que el tribunal tiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos antes y después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de la posterior ofensiva militar israelí en Gaza. La Sala de Apelaciones concluyó que la investigación, solicitada inicialmente por la Autoridad Palestina en 2018, cubre de forma integral el periodo en cuestión.

Washington reiteró que ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma y, por tanto, no reconocen la jurisdicción de la CPI. En ese sentido, el comunicado oficial advirtió que el Gobierno estadounidense continuará respondiendo con “consecuencias significativas y tangibles” a lo que considera extralimitaciones legales abusivas por parte del tribunal internacional.

La CPI respondió con dureza a las sanciones, calificándolas como “un ataque flagrante contra la independencia” del organismo y alertando de que este tipo de medidas socavan el Estado de derecho internacional. El episodio ocurre en un momento de alta sensibilidad, con órdenes de arresto vigentes contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant, y revive el precedente de sanciones previas del Gobierno Trump que ya habían tenido un fuerte impacto personal y profesional en funcionarios del tribunal.

GOBIERNO DE TRUMP RESTRINGE LA ATENCIÓN MÉDICA PARA MENORES TRANSGÉNERO

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas y severas restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, una medida que busca cortar el financiamiento federal a hospitales y proveedores de salud que ofrezcan este tipo de tratamientos. La decisión fue presentada como parte de una serie de acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump desde su regreso al poder en enero.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que el Ejecutivo está tomando “seis acciones decisivas” para proteger a los niños de lo que calificó como “mutilación química y quirúrgica”, señalando que las medidas están guiadas por una orden ejecutiva firmada durante la primera semana del segundo mandato de Trump. Según explicó, estas políticas se enmarcan en un endurecimiento general de la postura oficial frente a la población transgénero.

Kennedy Jr. informó que firmó una declaración oficial que rechaza los procedimientos de reasignación de sexo en menores, al considerar que “no son un tratamiento seguro ni efectivo” para niños con disforia de género. Asimismo, indicó que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid propusieron nuevas normas para prohibir el uso de fondos federales en este tipo de atenciones, lo que bloquearía pagos a hospitales y médicos que las practiquen.

Entre las medidas adicionales se incluyen advertencias a doce fabricantes de fajas para el pecho, utilizadas médicamente en casos de mastectomías por cáncer, para impedir su comercialización a menores con disforia de género. Kennedy Jr. advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones severas, incluida la incautación de productos, y señaló que el Gobierno busca revertir la inclusión de la disforia de género dentro de la definición de discapacidad promovida por la administración anterior.

El Departamento de Salud sostuvo en un comunicado que la evidencia disponible no respalda la seguridad ni la efectividad de bloqueadores de la pubertad, hormonas o cirugías en niños y adolescentes. Las nuevas normativas han sido duramente criticadas por especialistas y organizaciones LGTBIQ, que alertan sobre un deterioro significativo en el acceso a la atención pediátrica. Actualmente, 27 estados ya prohíben la atención médica de afirmación de género para menores, una tendencia que la nueva orden ejecutiva de Trump refuerza a nivel federal.

LLAMADO DE ESTADOS UNIDOS A UN ESCRUTINIO TRANSPARENTE EN HONDURAS EN MEDIO DE UN ESCENARIO POLITICO TENSIONADO

Honduras atraviesa días decisivos en la consolidación de los resultados de sus elecciones presidenciales, en un escenario marcado por la estrechez del margen entre candidaturas, la expectativa ciudadana y la necesidad de fortalecer la confianza en el proceso. En este contexto, distintos actores internacionales han subrayado la importancia de que las autoridades electorales avancen con los procedimientos establecidos para despejar dudas y ofrecer certezas dentro de los tiempos previstos por la normativa.

En un pronunciamiento público, Estados Unidos instó a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicie de manera inmediata el escrutinio especial, considerado un paso clave para atender cuestionamientos sobre actas con inconsistencias y para avanzar hacia la publicación de resultados oficiales. El mensaje reiteró la relevancia de preservar el trabajo de la autoridad electoral y de respetar la voluntad expresada en las urnas por millones de votantes, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias frente a intentos de alterar el orden público o interferir con la labor institucional.

El proceso se desarrolla en medio de un clima de alta polarización política y movilizaciones en las calles. Desde el CNE se ha señalado que las concentraciones y bloqueos han afectado el normal desarrollo de las tareas vinculadas al escrutinio especial, incluyendo el acceso de funcionarios y delegados a instalaciones donde se resguarda material electoral. Paralelamente, el organismo ha reiterado su disposición a revisar, bajo procedimientos definidos, las actas que presenten inconsistencias, con el fin de reforzar la credibilidad del conteo.

La coyuntura ha estado acompañada por acusaciones cruzadas entre sectores políticos, así como por llamados a realizar un recuento más amplio. En respuesta, la autoridad electoral ha enfatizado que la legislación vigente no contempla de forma automática un conteo total “voto por voto” sin causales debidamente acreditadas, y que cualquier decisión de ese alcance debe sujetarse a los criterios y mecanismos previstos para salvaguardar la validez del proceso.

Organismos de observación internacional han insistido, por su parte, en la necesidad de evitar confrontaciones y de encauzar los reclamos por vías institucionales. En sus mensajes, han llamado a mantener un ambiente de respeto, a garantizar la seguridad de los recintos y del material electoral, y a permitir que los procedimientos técnicos y legales se desarrollen sin presiones ni hechos que incrementen la tensión social.

A la espera de los resultados definitivos, el país se mantiene pendiente de la ejecución del escrutinio especial y de la capacidad institucional para concluir el proceso dentro del plazo legal. En ese marco, las próximas horas y días serán determinantes para reducir la incertidumbre, fortalecer la gobernabilidad y reafirmar el compromiso democrático mediante una conclusión transparente, verificable y ampliamente aceptada.